Drug War Chronicle

comprehensive coverage of the War on Drugs since 1997

Penas: No Hay Socorro para los Condenados a Prisión Perpetua por Heroína de Luisiana

En un golpe contra los presos sentenciados según la legislación antidroga severa de los años 1970, la Corte Suprema de Luisiana ha decidido que una ley de 2001 que reduce las sentencias para distribución de heroína no es retroactiva. Eso significa que cerca de 90 “heroin lifers" restantes que fueron condenados según la ley antigua quedarán en la prisión – y, en por lo menos en un caso, regresará a la prisión después de ser puesto en libertad por un juez.

La corte tomó una decisión la semana pasada en el caso de Wesley Dick, que había sido libertado por un juez en julio tras cumplir años de una sentencia de prisión perpetua por vender heroína a un oficial encubierto. Dick obtuvo un empleo, empezó a pagar la pensión a sus dos hijos y ahorró dinero suficiente para comprarse una furgoneta, pero ahora será devuelto a la prisión para terminar de cumplir su sentencia, quizá hasta el 20 de marzo, cuando una audiencia ha sido programada.

La corte alta del estado también decidió contra la puesta en libertad del heroin lifer Melvin Smith, que fue sentenciado a prisión perpetua en 1977 por tenencia con intención de distribuir heroína. Smith no logró vivir fuera de la prisión.

Las decisiones fueron aclamadas por los fiscales, que habían sido contrarios a conceder socorro a los heroin lifers que envejecen. “Nuestra interpretación de la ley ha sido sostenida nuevamente por la Corte Suprema de Luisiana”, dijo el Fiscal de Justicia de la Parroquia de Orleáns, Eddie Jordan.

“La sentencia de prisión perpetua original para este crimen era un fuerte disuasivo y tengo la satisfacción de que la Corte Suprema de Luisiana haya mantenido la condenación y las penas impuestas según la ley en la época de la condenación”, dijo el Fiscal de Justicia de la Parroquia de St. Tammany, Walter Reed.

La ley que ordena una sentencia de prisión perpetua para la distribución de heroína fue enmendada en 2001, cuando la legislatura estableció una nueva sentencia que va de cinco a 50 años por la infracción, pero no estaba claro si podía aplicarse retroactivamente. Dick y Smith fueron a juicio debatiendo que la ley debería aplicarse a ellos. Cada uno de ellos venció en el juzgado de distrito, pero los tribunales de apelación del estado se dividieron en la cuestión. Ahora, la Corte Suprema del estado la ha solucionado.

“Creemos que la legislatura no pretendió, ni tampoco legisló, que estos infractores puedan buscar nuevas condenaciones en los tribunales después que una sentencia ha sido impuesta”, escribió la Desembargadora Jeannette Knoll en el fallo mayoritario de 6 contra 1.

Pero no todo está perdido para los heroin lifers. La misma ley de 2001 que redujo las sentencias también creó el Panel de Revisión de Riesgos de Luisiana, que puede recomendar la liberación de reos elegibles de la prisión si determina que no son una amenaza a la sociedad. Los reos que busquen socorro deben pasar por ese proceso, no los tribunales, sostuvo la Corte Suprema.

Imposición de la Ley: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana

He aquí un nuevo giro para ustedes: Esta semana, hay una guardia presa por contrabandear drogas AFUERA de una prisión. Por supuesto, hay muchos más acusados de contrabandear drogas adentro, así como un policía militar adolescente que se corrompió, un ex policía jubilado que también se corrompió y otro oficial de Nashville declarado culpable de corrupción relacionada con las drogas. Vamos a ello:

En White Plains, Nueva York, una guardia de la Policía de Yonkers fue arrestada el 25 de enero por ayudarle a un interno a contrabandear drogas afuera de la Cárcel de la Calle Alexander. Patricia Streams-Correa, 39, es acusada de venta y tenencia de drogas y de promover contrabando en la prisión en primer grado. Cuando un nuevo preso fue traído a la cárcel por tener ocho bolsas de heroína, ella presuntamente tenía otras 36 bolsas escondidas con ella. Un amigo trajo un cambio de ropas a la cárcel y Streams-Correa es acusada de ayudar a esconder las 36 bolsas de heroína en las ropas sucias del preso y dejar que el amigo se llevara las ropas y la heroína de la cárcel. Streams-Correa fue atrapada después que la Unidad de Narcóticos y la División de Asuntos Internos del departamento “produjeron informaciones” sobre el incidente. La heroína fue recuperada. Ahora, Streams-Correa puede recibir hasta nueve años de prisión.

En Phoenix, una oficial de detención del Gabinete del Sherif de la Comarca de Maricopa es acusada de contrabandear drogas para dos presos con los cuales ella tuvo una relación personal. La Oficial Michele Samaniego, 27, se enfrenta acusaciones de promover el contrabando en la prisión y de tenencia de drogas y pertrechos peligrosos después que los oficiales del sherif la descubrieron con marihuana, metanfetamina y una aguja y jeringa sospechosas. Los detectives también buscaron la casa de Samaniego y arrestaron a su compañera de habitación por acusaciones relacionadas de formación de cuadrilla.

En Darlington, Carolina del Sur, un empleado de la Secretaría de Corrección fue arrestado el sábado por acusaciones de delitos de drogas, contrabando e improbidad. Adrián Concepción, 20, supuestamente le dijo a un agente encubierto que él traería marihuana a un interno en la Institución Correccional de Lee, donde él trabajaba. Ahora está siendo detenido en una cárcel distinta.

En Stateline, Nevada, un oficial de la policía militar de 17 años fue arrestado en el estacionamiento de un casino el 25 de enero por acusaciones de venta de cocaína. El Guardia Nacional de Nevada, Elliot Paul Liebowitz, usaba el uniforme militar en su auto en el momento de su arresto. El Equipo de Represión Callejera del Sherif de la Comarca de Douglas dijo que Liebowitz vendió por lo menos 83 gramos de cocaína durante el mes de investigación que le hizo. Las autoridades dicen que buscarán enjuiciarlo como adulto y, si es condenado, él puede recibir pena de 25 años a prisión perpetua. Mientras tanto, él ha sido actuado en una instalación de detención juvenil.

En Wilmington, Carolina del Norte, un ex policía de Long Beach (ahora Oak Island) fue arrestado el viernes pasado por acusaciones de ventas de drogas después que la policía ejecutó una orden de búsqueda en su casa. William Sisk Jr., 71, es acusado de tenencia con intención de fabricar, vender y entregar cocaína y demás sustancias controladas, así como de mantener vivienda para guardar sustancia controlada. Él fue allanado tras una investigación de un año de duración y la policía encontró crack, 109 pastillas de hidrocodona, 57 pastillas de alprazolam, 28 pastillas de diazepam, una escopeta calibre .410 y $6.277 en efectivo, y también pertrechos para consumo de drogas. Sisk, que se jubiló en 1996, es un ex candidato a sherif y registrador en la Comarca de Brunswick. Él salió bajo fianza el sábado y negó cualquier malhecho.

En Nashville, un oficial de la Policía Metropolitana de Nashville que no informó el comprometimiento de un colega en un atraco de cocaína fue declarado culpable en tribunal federal el lunes. El Oficial Charles Williams III, con 16 años de servicios prestados, fue condenado por ocultación de un crimen por conspirar con el colega oficial Ernest Cecil y el sobrino de Cecil, Corey, para arrestar a un hombre que llevaba tres kilogramos de cocaína y dejar que Corey Cecil se diera a la fuga con el alijo. El Oficial Cecil está aguardando juicio por acusaciones de narcotráfico y falsa detención. Williams, que dimitió de la fuerza el miércoles, puede recibir hasta tres años de prisión.

Imposición de la Ley: Agentes de Jacksonville Matan a Dos Hombres en Incidentes Distintos con Ocho Días de Diferencia

Los oficiales encubiertos de narcóticos en Jacksonville, Florida, mataron a dos personas en incidentes distintos a fines de enero. Los dos hombres eran negros y ninguno de ellos era narcotraficante. Ahora, los líderes negros locales están pidiendo una investigación federal y el fiscal municipal está cuestionando el valor de dichos operativos.

El 20 de enero, oficiales encubiertos que fingían ser narcotraficantes durante un montaje antidroga mataron a tiros a Douglas Woods de 18 años. La policía afirmó que Woods estaba armado con una pistola y que intentaba robar a los que él creía que eran narcotraficantes. Pero, familiares y testigos dijeron que Woods no tenía arma y que estaba sujetando un celular.

“Él estaba parado en el estacionamiento, como siempre lo hacen, y la policía paró. Todos salieron corriendo, excepto mi hijo, y puso sus manos para arriba. Ellos dijeron que le dispararon unas ocho veces”, dijo la madre de Woods, Machealle Woods. “¿Por qué? Quiero saber por qué”.

La testigo Tyronnie Dennis, que estaba sentada en sus peldaños fumando un cigarrillo cuando Woods fue muerto a balazos en el patio de su complejo habitacional, dijo que Woods estaba sujetando un teléfono celular, no un arma. “Oí el estallido de los disparos y el cuerpo cayó. Hubo sólo el disparo de un arma. Él no les disparó de vuelta. Él estaba con un celular. No tenía un arma”, dijo Dennis.

“Queremos una investigación completa sobre esto del lado federal para asegurar que esto sea hecho con ecuanimidad y justicia. No aceptamos a los criminales. No aceptamos a los narcotraficantes y nunca los aceptaremos”, dijo el Rev. RL Gundy de la Jacksonville Leadership Coalition. “Queremos asegurarnos. Se han contado demasiadas historias de demasiadas maneras diferentes y queremos asegurar que la madre y el padre tengan una investigación completa sobre esto”,

El Sherif de la Comarca de Jacksonville, John Rutherford, estaba defendiendo el tiroteo a principios de la semana pasada. “A esta altura en la investigación, estoy seguro que el oficial disparó en autodefensa después de ser abordado por alguien que estaba intentando robarlo con un arma”, dijo Rutherford. “Puedo decirles que tenemos declaraciones de testigos que estaban en la escena y que nos están diciendo una cosa – que nos dijeron una cosa la noche en que ello sucedió – y la tarde siguiente estaban diciendo otra cosa a los medios electrónicos”. Rutherford dijo que su gabinete no divulgaría una declaración a menos que estuviera seguro que era verdad. “No vamos a divulgar eso hasta que sepamos – era un arma y puedo decirles que era un arma que estaba al costado del individuo, no un celular”, dijo Rutherford.

Entonces, el día en que Woods fue enterrado, los oficiales encubiertos de narcóticos mataron a tiros a Isaac Singletary de 81 años en su patio después que la figura constante del barrio los confundió con narcotraficantes y los enfrentó. “Un individuo se aproximó de entre dos casas blandiendo un arma. Los oficiales dieron varias órdenes de bajar el arma, él no lo hizo, entonces se dispararan el uno al otro”, dijo el Jefe Dwain Senterfitt.

“El hombre salió tres veces y dijo: quítate de mi patio. Entonces, después de la tercera vez él salió con una 357 y empezó a disparar contra los individuos”, les dijo un testigo que no quiso ser identificado a los medios locales.

El sobrino de Singletary, Gary Evans, dijo que su tío era un hombre respetado en el barrio. “Él sentía placer en sentarse bajo un árbol y ver sus hojas verdes de berza y sus repollos crecer”, dijo Evans. “La única vez que alguien oía algo de mi tío es si paraban enfrente de su casa e intentaba hacer cualesquier negocios que quisieran hacer”, añadió Evans.

“Nunca habría pensado que él sería muerto a tiros por un policía”, dijo la sobrina Sheree Bea. “Creía que, si él recibiera un tiro un día, sería en confronto con un narcotraficante”.

Ahora, no son sólo las organizaciones comunitarias que están planteando cuestiones sobre las prácticas policíacas. El Fiscal de la Comarca de Jacksonville, Harry Shorstein, dijo en pos de las dos matanzas que cuestionaba el valor de los montajes antinarcóticos secretos. “Si solamente estamos vendiendo drogas a adictos, no sé lo que estamos logrando”, dijo Shorstein. “Esto puede terminar siendo la muerte trágica de un niño – se podría decir un niño malo – y de un señor que tenía el derecho de proteger su propiedad”.

La Segunda Conferencia Nacional Sobre Metanfetamina, VIH y Hepatitis Está en Curso en Salt Lake City

Cerca de mil personas, incluso algunos de los expertos más destacados del país en tratar, investigar y desarrollar respuestas al consumo de metanfetamina, se reunieron en el Hotel Hilton en el centro de Salt Lake City mientras la Ciencia y Respuesta: La 2ª Conferencia Anual sobre Metanfetamina, VIH y Hepatitis se ponía en andamiento el jueves. Auspiciada por el Harm Reduction Project sedeado en Salt Lake City, la conferencia visaba desarrollar las “mejores prácticas” probadas para responder a la metanfetamina y daba énfasis a la prevención y al tratamiento en vez de la prisión para los infractores por metanfetamina.

La conferencia de este año no fue polémica – un cambio destacado de la primera, también realizada en Salt Lake City, que fue atacada por el archiguerrero antidroga del Congreso, el Dip. Mark Souder (R-IN), porque los presentadores discutieron abiertamente el impacto de la metanfetamina sobre los homosexuales. Souder también quedó indignado que el Ministerio de Sanidad y Servicios Humanos de los EE.UU. proveyeran apoyo financiero limitado a la conferencia y fue autor de una enmienda exitosa al proyecto de asignaciones que financia el Gabinete de Política Nacional de Control de las Drogas de la Casa Blanca que pide una investigación de la conferencia y de las políticas del HHS.

“El hecho de no haber ninguna polémica este año indica más que un cambio en el liderazgo en el Congreso. Muestra que nuestro abordaje – reunir a todos los interesados y las familias afectadas por la metanfetamina – es el correcto”, dijo el director ejecutivo del Harm Reduction Project, Luciano Colonna, en una declaración en vísperas de la conferencia.

Aunque Colonna pareciera optimista en la declaración arriba, lo estaba menos cuando inauguró la conferencia el jueves por la mañana. Visiblemente emocionado a veces mientras tocaba la canción de la conferencia de este año, “500 Days Later” [500 Días Después], él observó que desde la primera conferencia en agosto de 2005, “miles se han muerto o han sido presos”. Y Colonna no pudo resistir a una referencia a Souder y a los aliados ideológicos en el Congreso. “No hay que mencionar los nombres de los filibusteros baratos porque su partido perdió”, dijo para largos aplausos.

“Estoy cansado de ver usuarios de metanfetamina presos en virtud de teorías y prácticas fracasadas seguidas por muchos proveedores de tratamiento, grupos de fe y demás organizaciones”, dijo Colonna. “Buscamos el sistema de justicia penal para solucionar nuestros problemas y su participación ha sido el resultado de nuestro fracaso. Como con los desabrigados, los veteranos y los enfermos mentales, hemos fracasado como sistema de salud y como país. Tenemos la audacia de atacar el sistema de justicia penal como si los hilos de este lío pudieran ser separados, pero somos todos culpables”.

Si Colonna no iba a dar nombres, el alcalde de Salt Lake City, Rocky Anderson, no tuvo dichos cuidados. Mientras daba las bienvenidas a los participantes a la ciudad, Anderson devolvió el golpe. “Diré el nombre de Souder”, proclamó. “No deberíamos olvidar a las personas que han causado tanto perjuicio. A ellos no le importa que los programas de cambio de jeringas ayuden a los usuarios de drogas inyectables a evitar el VIH; ellos mantienen la conducta de que si las personas usan drogas, merecen lo que reciben. Personas como Mark Souder prefieren hacer un alboroto político de una tragedia en vez de tener la integridad de lidiar con las cuestiones con base en hechos y pesquisas”.

Citando los sondeos sobre el consumo de drogas que situaron los números de personas que consumieron metanfetamina el año pasado en la casa del 1,3 millón y el número que usó dentro del último mes en los 500.000, Anderson señaló que, “Si dependiera de Souder, estarían todos en la prisión”.

El alcalde Anderson, un fuerte partidario de la reforma de las políticas de drogas, tuvo una idea mejor. “Esos datos son la mejor defensa de la reducción de daños”, discutió. “Sabemos que hay personas que consumirán drogas y que podemos reducir el daño, no sólo para ellas y sus familias, sino para todos nosotros. El abordaje actual es muy disipador y poco rentable. Y gracias a ustedes, los programas de tratamiento están mucho más disponibles, pero en demasiadas áreas, hay que ser preso para recibir tratamiento asequible. Ya es hora de volver el tratamiento bajo demanda disponible para todos”, dijo él para aclamaciones y aplausos sostenidos.

Dado el tópico de la conferencia, no es sorprendente que los participantes sean una mezcla diferente de la que se esperaría en una conferencia estrictamente de reforma de las políticas de drogas. Aunque los reformadores de las políticas de drogas estuvieran presentes en números respetables – la Drug Policy Alliance en particular tenía un contingente grande -, están en minoría con relación a los reduccionistas de daños, proveedores de tratamiento y asistentes sociales. Similarmente, con el énfasis del evento sobre “La Ciencia y la Razón”, los paneles estaban llenos de resultados de pesquisa y presentaciones que llevaban nombres como “Adaptando la Afirmativa Homosexual, Intervenciones Probadas para Uso en una Clínica Comunitaria de Tratamiento Químico”, “Inyectores de Estimulantes de Tres Ciudades de Ucrania” y “El Impacto del Consumo de Metanfetamina Sobre las Instalaciones de Internamiento para Tratamiento Químico para los Jóvenes en Canadá”.

La mezcla de intereses y orientaciones resultó en algunas chispas en la primera conferencia, especialmente en torno de la cuestión de la terapia de manutención con estimulantes o de proveer un sucedáneo estimulante a los usuarios de metanfetamina, como la dextroanfetamina, así como los usuarios de heroína reciben prescripciones de metadona. Dichas cuestiones pueden causar polémica de nuevo este año, pero un panel del día de la inauguración sobre el tópico ocasionó solamente algunas sorpresas – no arrobos de indignación. La polémica probablemente ocurrirá en Vancouver, donde el alcalde Sam Sullivan anunció recientemente que quería implementar un programa piloto de manutención con anfetamina con unos 700 pacientes.

Con tres días llenos de plenarias, paneles, sesiones intercalares y talleres, la conferencia del fin de semana pasado no sólo proporcionó informaciones sobre las mejores prácticas para educadores, trabajadores de la prevención y proveedores de tratamiento, sino también ayudó a ampliar el coro creciente de voces que piden políticas más esclarecidas sobre la metanfetamina. Además, la conferencia señaló a la Crónica una serie de cuestiones relacionadas con la metanfetamina que merecen recibir más cobertura, de la difusión de la legislación represiva en los estados, el esfuerzo para expandir las terapias de manutención con drogas a las drogas estimulantes como la metanfetamina al recurso de algunos estados de penalizar a las madres embarazadas que consumen drogas. Busque informes sobre estos tópicos en la Crónica en las semanas venideras.

Reportaje: La condenación que sigue perjudicando – Los infractores por delitos de drogas y los beneficios federales

Unas 15 a 20 millones de personas han sido arrestadas por acusaciones de delitos de drogas y sometidas a la merced del sistema de justicia penal en las dos últimas décadas. Pero, gracias a los guerreros antidrogas del Congreso, los castigos que los infractores de la legislación antidroga frecuentemente se enfrentan se extienden mucho más allá de los muros de la prisión o del gabinete del oficial de la condicional. Una serie de leyes federales que buscan ostensiblemente reducir el consumo de drogas impide que las personas con condenaciones por delitos de drogas de logren acceso a los beneficios y servicios federales. Estas leyes causan un impacto desproporcionado sobre los miembros más débiles de la sociedad – los pobres, la gente de color, las mujeres y los niños – y, en algunos casos, ni siquiera se requiere que una persona sea condenada realmente por un delito de drogas para ser castigada.

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no es necesaria una condenación para ser desalojado de las viviendas públicas por drogas – aun por las ajenas
Una serie creciente de grupos e individuos que va del Colegio de Abogados de EE.UU., organizaciones de los derechos a la asistencia social, grupos de la salud pública y que tratan de la adicción, organizaciones de reforma de las políticas de drogas a oficiales electos han pedido cambios en estas leyes o su total revocación, diciendo que son crueles, inhumanas, contraproducentes y que equivalen a “doble enjuiciamiento” para los infractores de la legislación antidroga que intentan volverse miembros productivos de la sociedad.

“Sentimos que estas leyes son discriminatorias y tienden a concentrarse en una enfermedad a diferencia de un crimen”, dijo Alexa Eggleston del Legal Action Center, uno de los principales grupos en el movimiento para ajustar aquellas leyes. “También creemos que si tienes una condenación, deberías poder cumplir tu sentencia, salir y reanudar tu vida. Decimos que queremos que la gente se abstenga, reciba tratamiento, conquiste un trabajo, logre vivienda, pero entonces armamos todas estas barreras y vallas que parecen hechas para impedirla de seguir adelante. Estas prohibiciones para toda la vida destruyen mucho el poder de las personas de reintegrarse a la sociedad y de seguir adelante con sus vidas como ciudadanas productivas”.

“Estas leyes discriminatorias representan barreras increíbles en términos de personas que están dando proseguimiento a sus vidas, por eso son parte de nuestra plataforma por el cambio”, dijo Pay Taylor, directora de Faces and Voices of Recovery, una alianza nacional de individuos y organizaciones comprometidos a asegurar los derechos de las personas con adicciones. “Si no se puede lograr vivienda, conseguir un empleo, es muy difícil arreglar la vida”.

“Uno de los problemas que enfrentamos constantemente es el de ayudar a las personas que han sido condenadas por un delito de drogas”, dijo Linda Walker de All of Us or None, una iniciativa de California que organiza a presos, ex presos y criminales a combatir la discriminación que ellos experimentan a causa de sus condenaciones por delitos de drogas. “¿Por qué hacen preguntas sobre eso en las postulaciones a préstamos estudiantiles? ¿Por qué se enfrentan prohibiciones contra la vivienda pública para toda la vida? Son personas que cumplieron sus sentencias, pagaron su restitución, han seguido adelante y madurado, y ahora, a causa de algo que hicieron cuando tenían veinte años no pueden acceder a la vivienda para ciudadanos mayores”.

Walker sabe un poquito sobre la situación del ex condenado. Ella fue condenada no por un delito de drogas, sino por un crimen cometido en el esfuerzo para lograr el dinero para comprar drogas. Aunque el estatus de Walker como infractora que no tienen nada que ver con los delitos de drogas signifique que ella no está impedida de recibir cupones alimenticios ni de acceder a la vivienda pública, ella aun usa la letra escarlata del ex condenado. “Actualmente, trabajo en un gabinete municipal y toda vez que postulo a un cargo superior, esto se vuelve un problema”, explicó. “He estado fuera del sistema de justicia penal por 14 años, pero aún me dicen que en razón de mis antecedentes criminales no puedo ser considerada para éste o aquel empleo”.

Estas leyes de “doble enjuiciamiento” han sido formuladas en los últimos 20 años como parte del avance de la guerra contra las drogas e incluyen:

La Ley Antiabuso Químico de 1988 [The Anti-Drug Abuse Act of 1988], según la cual las agencias municipales de vivienda y otras que supervisen la vivienda provista por la Unión tienen la discreción de negar abrigo cuando cualquier miembro del lugar consuma alcohol de manera que interfiera en la “salud, seguridad o el derecho al gozo pacífico” de las dependencias de los otros inquilinos, use drogas ilegalmente o sea condenado por actividad criminosa relacionada con las drogas. La gente que sea desalojada o que reciba un no de acuerdo con la ley es cortada del beneficio federal de vivienda por tres años.

De acuerdo con un informe de GAO sobre el funcionamiento de las leyes hechas para negar beneficios a los infractores por delitos de drogas, unos 500 individuos o familias fueron desalojados según la ley en 13 grandes agencias de vivienda pública que la GAO pesquisó en 2003 y cerca de 1.500 fueron rechazadas por 15 agencias en el mismo año. La agencia informó que las agencias de vivienda pública en todo el país desalojaron a cerca de 9.000 personas y negaron admisión a otras 49.000 en función de condenaciones criminales en 2003, con las condenaciones por delitos de drogas consistiendo en un subconjunto desconocido, pero considerable, de aquéllas. Aunque datos concretos sean difíciles de conseguir, parece claro que decenas de miles de personas son afectadas adversamente por las leyes que impiden a los infractores por delitos de drogas de recibir beneficios como la vivienda pública o la asistencia de la Sección 8.

Los cambios subsiguientes en las leyes federales y las reglas conjuntas han consagrado la discreción de las autoridades de los programas de vivienda y fueron más solidificados en una decisión de 2002 de la Corte Suprema. En ese caso, la corte alta sostuvo el derecho de las autoridades del programa de vivienda pública de Oakland a usar su discreción para desalojar a la antigua inquilina Pearlie Rucker de 64 años, su hija adolescente con problemas mentales, sus dos nietos y un bisnieto después que la hija fue atrapada con cocaína a tres cuadras del edificio.

Sólo una clase de infractor por delito de drogas es específicamente prohibida de obtener vivienda pública – las personas que han sido condenadas por preparar metanfetamina. Ellos, junto con el otro grupo demonizado favorito de la sociedad, los infractores sexuales registrados, son los únicos grupos de infractores destacados para las prohibiciones.

La Negación del Programa de Beneficios Federales de 1990 [The 1990 Denial of Federal Benefits Program], que les permite a los jueces estaduales y federales negarles a los infractores de la legislación antidroga beneficios federales como subvenciones, contractos y licencias. De acuerdo con el GAO, unas 600 personas al año son afectadas por este programa en los tribunales federales.

La Sección 115 de la Ley de Responsabilidad Personal y de Reconciliación con la Oportunidad de Trabajo de 1996 [Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996], según la cual las personas condenadas por una infracción criminosa estadual o federal por vender o consumir drogas son sometidas a una prohibición de recibir asistencia en dinero y cupones alimenticios para toda la vida. Las condenaciones por los demás crímenes, incluso el asesinato, no resultan en pérdidas de beneficios. La Sección 115 afecta a una estimativa de 92.000 mujeres y de 135.000 niños.

La ley de reforma de la asistencia social contiene una disposición que les permite a los estado escoger no hacerlo, pese a que aun si ellos no actúan, las prohibiciones para toda la vida siguen en vigor. En 14 estados en que los legisladores no han actuado, los criminales por drogas aún se enfrentan la prohibición federal, aunque sus sentencias puedan haberse terminado hace mucho y sus infracciones tengan décadas de edad. Pero, en 36 estados, los legisladores han tomado medidas para limitar la prohibición de alguna manera, permitiéndoles a los infractores de la legislación antidroga recibir la asistencia pública si cumplen ciertas condiciones, como participar de programas de desintoxicación química o alcohólica, cumplir un período de espera, si sus condenaciones fue sólo por tenencia, u otras condiciones.

La Ley Pública 104-121, que impide el acceso a la Renta Suplementar de la Seguridad Social (SSI) y la Renta de Seguridad Social por Invalidez (SSDI) para las personas cuyas incapacitaciones principales fueron por alcoholismo o dependencia química. Esta ley de 1996 reemplazó un programa de “Abuso Químico y Alcoholismo” de la SSI de 1972 que les permitía a las personas en tratamiento químico, que era obligatorio, designar a un beneficiario para administrar los beneficios a fin de asegurar que no fueran usados para comprar drogas o alcohol. La Administración de la Seguridad Social estima que más de 123.000 personas perdieron los beneficios cuando esta ley entró en vigor, en tanto que otras 86.000 lograron retenerlos en virtud de la edad o por ser reclasificadas en una categoría distinta de incapacitación principal.

El dispositivo antidroga de la Ley de Enseñanza Superior (HEA) de 1998 [The 1998 Higher Education Act's drug provisión] (también conocida como la “Pena de Eliminación del Auxilio”), que declara que las personas con condenaciones por delitos de drogas no pueden recibir auxilio financiero federal durante un período de tiempo determinado por el tipo y número de las condenaciones. Esta ley no se aplica a los otros con condenaciones, incluso las infracciones por conducción ebria, delitos de sangre y otras infracciones criminales. El año pasado, la disposición fue reformada para limitar su aplicabilidad a las infracciones cometidas en tanto que un estudiante está matriculado en la facultad y está recibiendo auxilio financiero. Desde que la ley entró en vigor en 2000, se ha negado el auxilio financiero estudiantil a unas 200.000 personas.

El Crédito de Becas, que estipula deducciones en el impuesto de renta para las personas que pagan cuotas de matrícula y tarifas. El crédito les permite a los contribuyentes tomar un crédito máximo de $1.000 para la cuota de matrícula y créditos adicionales para gastos relacionados. Específicamente, excluye el crédito para los estudiantes que fueron condenados por un delito de drogas durante el año fiscal en cuestión o que tuvieron sus cuentas pagadas por sus padres.

Aunque el GAO observe que “se negaron beneficios postsecundaria, vivienda pública o licencias y contractos selectos a miles de personas como consecuencia de las leyes federales que estipulan la negación de beneficios a los infractores por delitos de drogas”, eso es disminuir el dato real, que, de acuerdo con sus propios números, está en la casa de los cientos de miles. Además, el informe de GAO no calcula el número de personas que simplemente no postularon a los beneficios de vivienda, asistencia social o a los préstamos estudiantiles porque sabían o creían que eran inelegibles.

“El enfoque de todos estos dispositivos es el de castigar a las personas que han cometido un error a diferencia de ayudarlas a encontrar tratamiento”, dijo Donovan Kuehn, vocero de la NAADAC, la Association of Addiction Professionals, el agrupamiento más grande de consejeros, educadores y profesionales de la salud que tratan de las cuestiones de la adicción del país. “Como profesionales del tratamiento de la adicción, tenemos muchas esperanzas que, con un cambio en el liderazgo en el Congreso, podamos empezar a ayudar a las personas a encontrar soluciones personales para sus problemas a diferencia de penalizarlas”.

A Kraig Selken, un estudiante del último año del curso de historia en la Universidad Estadual Norteña en Aberdeen, Dakota del Sur, le gustaría ver que eso pasara. Él conoce en primera mano el escozor de la disposición antidroga de la HEA. Tras ser arrestado con una pequeña cantidad de marihuana, Selken pagó su multa y pasó por el tratamiento químico ordenado por el tribunal. Él pensaba que había pagado su deuda con la sociedad. No fue sino hasta que Selken empezó a estudiar la disposición antidroga de la HEA después de su condenación que se percató que su castigo no se había acabado. En razón de su condenación por delito menor relacionado marihuana, él devino inelegible para la asistencia financiera estudiantil por dos años.

“Irónicamente, hoy día era el día de pagamiento en la facultad. Tuve que dar mi propio cheque en vez de pagarlo con los préstamos estudiantiles”, le dijo Selken a la Crónica la semana pasada. “La falta de acceso a los préstamos estudiantiles me afectó mucho”, dijo. “El semestre pasado, la única razón por la cual pude sufragar la facultad sin los préstamos fue porque mi bisabuela se murió y me dejó un poquito de dinero. De lo contrario, yo no habría podido hacer el curso”.

Selken dijo que planea ingresar a la facultad de derecho, pero aunque sea elegible para el auxilio financiero de nuevo, aún tendrá que pagar. “Aún tendré que contestar ‘sí’ en el formulario del auxilio financiero federal y tendré que pasar por toda la desventura de proveer la documentación para mostrar que soy elegible nuevamente”.

La disposición antidroga de la HEA, de autoría del importante guerrero antidroga del Congreso, el Dip. Mark Souder (R-IN), puede ser la primera barrera a la reintegración de los infractores por delitos de drogas a caer. La disposición entró en vigor en 2000, pero en vista de la oposición creciente liderada por la Coalition for Higher Education Act Reform (CHEAR), Souder se batió en retirada y la ley fue enmendada el año pasado para contar solamente las infracciones cometidas mientras el estudiante estaba en la facultad y recibía el auxilio financiero. Pero, esa acción no silenció los pedidos de revocación total, y con la mayoría demócrata en el Congreso, los defensores esperan finalmente hacer lo que desean.

”Estamos muy optimistas que esta pena perjudicial y discriminatoria finalmente será revocada por este Congreso”, dijo Tom Angell, director de comunicación del Students for Sensible Drug Policy, uno de los grupos más activos en la coalición CHEAR.

“Hay tanta cosa equivocada en la disposición antidroga de la HEA que ni siquiera sé por donde empezar”, dijo el director adjunto de la Red Coordinadora de la Reforma de las Políticas de Drogas, David Guard, coordinador de la CHEAR. “El dispositivo antidroga perjudica desproporcionadamente a los hijos de las familias de baja y mediana rentas – las mismísimas personas que la HEA debería asistir - y afecta desproporcionadamente a las minorías, que, aunque usen drogas en índices iguales a los de los blancos, tienen mucho más probabilidades de ser arrestadas. Los estudiantes que son forzados a salir de la facultad por perder su auxilio financiero tienen menos chances de regresar a la facultad”, dijo Guard. “Vamos a esperar que el Congreso tome providencias para revocarla este año”, dijo.

La disposición antidroga de la HEA también perjudica a los estudiantes que buscan auxilio financiero estadual. Aunque los estados no sean obligados a seguir ciegamente las normas federales de auxilio financiero cuando se trata de los infractores de la legislación antidroga, muchos lo hacen, a menudo simplemente porque es conveniente. En por lo menos un estado, Maryland, trámites legislativos están en curso para terminar el eco reflejo de la pena federal del estado.

También hay una posibilidad de progreso este año en el programa de cupones alimenticios, el cual, como parte de la aprobación del proyecto sobre los alimentos, será ponderado a principios de este año. De acuerdo con el Food Research and Action Center, los Comités de Agricultura de la Cámara y del Senado empezarán pronto las audiencias sobre el Título IV del proyecto sobre los alimentos, que incluye los cupones alimenticios, y el centro está abriendo paso para la renovación de las discusiones acerca de la ayuda a los estados que no han descartado la prohibición.

Aunque fuera políticamente oportuno intentar castigar más a algunos de los individuos más despreciados de la sociedad – los usuarios e infractores de la legislación antidroga –, estudios serios sobre el impacto de estas medidas han llevado a pedidos de su reforma o revocación. En 2003, la coalición Join Together, que, apoya los esfuerzos comunitarios para avanzar las políticas eficientes para el alcohol y las drogas, la prevención y el tratamiento, reunió un panel prestigioso sobre las políticas, dirigido por el ex alcalde de Baltimore, Kurt Schmoke, para examinar las formas de terminar la discriminación contra los usuarios de drogas.

En su informe final, ese panel hizo una serie de recomendaciones. Ellas incluyen:

  • La gente con condenaciones por delitos de drogas, pero sin consumo actual de drogas, no debería enfrentar ningún obstáculo para recibir los préstamos estudiantiles, otras subvenciones, becas o acceso a los programas de entrenamiento del gobierno;
  • Las personas con condenaciones no-violentas por drogas, pero sin consumo actual de drogas, no deberían ser prohibidas de recibir asistencia en efectivo y cupones alimenticios;
  • Las agencias de viviendas públicas y los proveedores de la Sección 8 y demás programas de vivienda proporcionada por la Unión deberían usar la discreción dada a ellos en la ley de vivienda pública para ayudar a las personas a tratarse, en vez de impedirlas a ellas y sus familias permanentemente de lograr abrigo;
  • Las personas que son inválidas en consecuencias de su enfermedad con el alcohol o otras drogas deberían ser elegibles para la Renta de Seguridad Social por Invalidez y la Renta Suplementar de la Seguridad Social.

El Colegio de Abogados de los Estados Unidos también ha dado su contribución en contra de la doble penalización de los infractores de la legislación antidroga y de los consumidores de drogas. En una resolución de 2004, el grupo adoptó recomendaciones con base en aquéllas del panel de políticas de la Join Together. Como la Join Together, la ABA pidió que el alcoholismo y la dependencia química fueran considerados como enfermedades crónicas tratables y cuestiones de salud pública. También instó que “la gente que busca tratamiento o recuperación del alcohol o demás enfermedades por drogas no debería estar sujeta a prohibiciones legalmente impuestos o demás barreras con base solamente en sus adicciones. Dichas interdicciones deberían ser identificadas y eliminadas”.

Aunque un movimiento para deshacer las leyes y programas federales que penalizan doblemente a los infractores de la legislación antidroga o a los usuarios de drogas esté creciendo y cuente con apoyo considerable entre algunos congresistas demócratas, con la excepción de la HEA, poco progreso ha sido hecho en su reducción, pese a que eso pueda cambiar ahora que los demócratas tienen el control del Congreso.

Para un sentido de cómo los congresos liderados por los republicanos se han sentido acerca de repensar estas leyes y programas punitivos, hay solamente que echar un vistazo al destino del proyecto presentado por el Dip. Bobby Scott (D-VA) y propuesto conjuntamente por otros 10 legisladores, incluso el único diputado republicano, Ron Paul de Tejas, en pos del Huracán Katrina. Ese proyecto, que habría suspendido temporalmente las disposiciones que niegan beneficios federales a los consumidores e infractores de la legislación antidroga en las áreas afectadas por la tempestad, no llegó a ningún lugar.

Medical Marijuana: Bills Introduced in Minnesota, Moving in New Mexico

Minnesota senators introduced a bill last Monday to allow terminal and chronically ill patients to use marijuana without fear of state prosecution. Meanwhile, a New Mexico bill that has made it to the brink of passage in the last two years is moving again.

In Minnesota, SF345 is sponsored by state Sen. Steve Murphy (DFL-Red Wing), who told reporters he warmed to the idea after his father died of cancer two years ago after suffering months of intense pain. "We're talking about quality of life issues," said Murphy. "This isn't for everybody. This is another tool in the doctor's toolbox, if the patient feels it's appropriate and they're willing to give it a try."

Under the bill, anyone suffering from a "chronic or debilitating disease" would be able to qualify for a registration card. Registered patients or caregivers could possess up to 12 plants or 2.5 ounces of marijuana. Similar bills have been introduced the past two years in Minnesota, but have gone nowhere.

It's a slightly different picture in New Mexico, where in the past two years, a medical marijuana bill has made it to the very brink of passage only to be derailed largely for reasons having much to do with legislative politics and little to do with medical marijuana. This year, SB523, the Lynn and Erin Compassionate Use of Medical Marijuana Act, is again rolling.

The bill passed its first legislative hurdle last week when it sailed through the Senate Public Affairs Committee despite the objections of law enforcement. But while New Mexico Gov. Bill Richardson (D) last year publicly supported the bill, this year, as he embarks on a run for the Democratic presidential nomination, he has been silent. Health Department spokespersons at a hearing on the bill declined to take a position either for or against.

Sentencing: No Relief for Louisiana's Heroin Lifers

In a blow to prisoners sentenced under a tough 1970s drug law, the Louisiana Supreme Court has ruled that a 2001 law cutting sentences for heroin distribution is not retroactive. That means an estimated 90 remaining "heroin lifers" sentenced under the old law will stay in prison -- and, in at least one case -- go back to prison after being released by a judge.

The court ruled last week in the case of Wesley Dick, who had been released by a judge in July after serving years of a life sentence for selling heroin to an undercover officer. Dick got a job, began paying child support for his two children, and saved enough money to buy a pick-up truck, but now he will be returned to prison to finish serving his sentence, perhaps as early as March 20, when a hearing has been set.

The state high court also ruled against release for heroin lifer Melvin Smith, who was sentenced to life in 1977 for possession with intent to distribute heroin. Smith never made it outside the prison walls.

The rulings were hailed by prosecutors, who had opposed granting relief to the aging heroin lifers. "Our interpretation of the law has again been upheld by the Louisiana Supreme Court," Orleans Parish District Attorney Eddie Jordan said.

"The original life sentence for this crime was a strong deterrent, and I am pleased that the Louisiana Supreme Court has maintained the conviction and the penalties imposed under the law at the time of conviction," St. Tammany Parish District Attorney Walter Reed said.

The law mandating a life sentence for heroin distribution was amended in 2001, when the legislature set new a new sentence of from five to 50 years for the offense, but it was unclear whether it could be applied retroactively. Dick and Smith each went to court arguing that the law should apply to them. Each won in district court, but state appellate courts split on the issue. The state Supreme Court has now settled the question.

"We find the legislature did not intend, nor did it legislate, that these offenders may seek resentencing in the courts after a sentence has become final," Justice Jeannette Knoll wrote in the 6-1 majority opinion. The court has long held that the law in effect at the time of the crime sets the penalty, Knoll wrote, adding that only the governor has the power to commute sentences.

But all is not lost for the heroin lifers. The same 2001 law that cut sentences also created the Louisiana Risk Review Panel, which can recommend eligible defendants be released from prison if it determines they are not a threat to society. Defendants seeking relief should go through that process, not the courts, the Supreme Court held.

Feature: The Conviction That Keeps On Hurting -- Drug Offenders and Federal Benefits

Some 15 to 20 million people have been arrested on drug charges and subjected to the tender mercies of the criminal justice system in the past two decades. But, thanks to congressional drug warriors, the punishments drug offenders face often extend far beyond the prison walls or the parole officer's office. A number of federal laws ostensibly aimed at reducing drug use block people with drug convictions from gaining access to federal benefits and services. These laws have a disproportionate impact on society's most vulnerable or marginalized members -- the poor, people of color, and women with children -- and in some cases, do not even require that a person actually be convicted of a drug offense to be punished.

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No conviction is needed to be evicted from public housing for drugs -- even someone else's.
A growing number of groups and individuals ranging from the American Bar Association to welfare rights organizations, public health and addiction groups, drug reform organizations, and elected officials have called for changes in these laws or their outright repeal, saying they are cruel, inhumane, counterproductive, and amount to "double jeopardy" for drug offenders trying to become productive members of society.

"We feel that these laws are discriminatory and tend to focus on an illness as opposed to a crime," said Alexa Eggleston of the Legal Action Center, one of the key groups in the movement to adjust those laws. "We also think that if you have a conviction, you should be able to serve your time and come out and resume your life. We say we want people to get sober, get treatment, get a job, get housing, but then we set up all these barriers and roadblocks that seem designed to stop them from moving forward. These lifetime bans are very destructive of people's ability to reintegrate into society and move forward with their lives as productive citizens."

"These discriminatory laws represent incredible barriers in terms of people getting on with their lives, which is why they are part of our platform for change," said Pat Taylor, director of Faces and Voices of Recovery, a national alliance of individuals and organizations committed to securing the rights of people with addictions. "If you can't get housing, can't get a job, it's really hard to get your life back on track."

"One of the problems we constantly face is helping people who have been convicted of a drug crime," said Linda Walker of All of Us or None, a California-based initiative organizers prisoners, ex-prisoners, and felons to fight the discrimination they face because of their criminal convictions. "Why do they ask about that on the student loan applications? Why do they face lifetime bans on public housing? These are people did their time, paid their restitution, they've moved on and matured, and now, because of something they did in their twenties, they can't get into senior housing."

Walker knows a bit about the plight of the ex-con. She was convicted not a drug offense, but for a crime committed in an effort to get money to buy drugs. While Walker's status as a non-drug offender means she is not barred from receiving food stamps or public housing, she still wears the scarlet letter of the ex-con. "I currently work for a county office, and each time I go up for a position or promotion, this becomes a problem," she explained. "I've been out of the criminal justice system for 14 years now, but I'm still being told that because of my criminal history I can't be considered for this job or that."

These "double jeopardy" laws have been formulated in the last 20 years as part of the ratcheting-up of the war on drugs and include:

The Anti-Drug Abuse Act of 1988, under which local housing agencies and others who supervise federally assisted housing have the discretion to deny housing when any household member uses alcohol in a way that interferes with the "health, safety or right to peaceful enjoyment" of the premises by other tenants, illegally uses drugs, or is convicted of drug-related criminal activity. People who are evicted or denied housing under the law are cut off from federal housing assistance for three years.

According to a GAO report on the working of laws designed to deny benefits to drug offenders, some 500 individuals or families were evicted under the act in 13 large public housing agencies GAO surveyed in 2003 and about 1,500 were denied admission by 15 agencies in the same year. The agency reported that public housing agencies nationwide evicted about 9,000 people and denied admission to another 49,000 because of criminal convictions in 2003, with drug convictions consisting of some unknown but significant subset of those. While concrete numbers are hard to come by, it seems clear that tens of thousands of people are adversely affected by laws barring drug offenders from receiving public housing or Section 8 assistance.

Subsequent changes in federal laws and accompanying regulations have enshrined housing authorities' discretion and it was further solidified in a 2002 Supreme Court decision. In that case, the high court upheld an Oakland public housing authorities right to use its discretion to evict 64-year-old long-time tenant Pearlie Rucker, her mentally disabled teenage daughter, two grandchildren, and a great-grandchild after the daughter was caught with cocaine three blocks from the building.

Only one class of drug offender is specifically prohibited from obtaining public housing -- persons who have been convicted of manufacturing methamphetamines. They, along with society's other favorite demonized group, registered sex offenders, are the only groups of offenders singled out for prohibitions.

The 1990 Denial of Federal Benefits Program, which allows state and federal judges to deny drug offenders federal benefits such as grants, contracts, and licenses. According to the GAO, some 600 people a year are affected by this program in the federal courts.

Section 115 of the Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (more familiarly known as the welfare reform act), under which persons convicted of a state or federal felony offense for selling or using drugs are subject to a lifetime ban on receiving cash assistance and food stamps. Convictions for other crimes, including murder, do not result in the loss of benefits. Section 115 affects an estimated 92,000 women and 135,000 children.

The welfare reform act contains a provision allowing states to opt out, although if they fail to act, the lifetime bans remain in effect. In 14 states where legislators have not acted, drug felons still face the federal ban, even though their sentences may be long-finished and their offenses decades old. But in 36 states, legislators have acted to limit the ban in some fashion, allowing drug offenders to get public assistance if they meet certain conditions, such as participating in drug or alcohol treatment, meeting a waiting period, if their conviction was for possession only, or other conditions.

Public Law 104-121, which blocks access to Supplemental Security Income (SSI) and Social Security Disability Income (SSDI) for people whose primary disability was alcohol or drug dependence. This 1996 law replaced a 1972 SSI "Drug Abuse and Alcoholism" program that allowed people in drug treatment, which was mandatory, to designate a payee to manage benefits to ensure they would not be used to purchase drugs or alcohol. The Social Security Administration estimates that more than 123,000 people lost benefits when this law went into effect, while another 86,000 managed to retain them by virtue of age or by being reclassified into a different primary care disability category.

The 1998 Higher Education Act's (HEA) drug provision (also known as the "Aid Elimination Penalty"), which states that people with drug convictions cannot receive federal financial aid for a period of time determined by the type and number of convictions. This law does not apply to others with convictions, including drunk-driving offenses, violent crimes, or other criminal offenses. Last year, the provision was reformed to limit its applicability to offenses committed while a student is enrolled in college and receiving federal aid. Since the law went into effect in 2000, some 200,000 have been denied student financial aid.

The Hope Scholarship Credit, which allows for income tax deductions for people paying college tuition and fees. The credit allows taxpayers to take up to a $1,000 credit for tuition and additional credits for related expenses. It specifically excludes the credit for students who were convicted of a drug offense during the tax year in question, or their parents paying the bills.

While GAO notes that "thousands of persons were denied postsecondary education benefits, federally assisted housing, or selected licenses and contracts as a result of federal laws that provide for denying benefits to drug offenders," it is low-balling the real figure, which, according to its own numbers, is in the hundreds of thousands. Additionally, the GAO report does not factor in the number of people who simply did not apply for housing, welfare benefits, or student loans because they knew or believed they were ineligible.

"The focus of all of those provisions is punishing people who've made a mistake as opposed to helping people find treatment," said Donovan Kuehn, a spokesman for NAADAC, the Association of Addiction Professionals, the nation's largest grouping of counselors, educators, and health care professionals dealing with addiction issues. "As addiction treatment professionals, we're very hopeful that with a change in leadership in the Congress, we could move toward helping people find personal solutions to their problems as opposed to criminalizing them."

Kraig Selken, a senior studying history at Northern State University in Aberdeen, South Dakota, would like to see that happen. He knows first-hand the sting of the HEA drug provision. After being arrested with a small amount of marijuana, Selken paid his fine and sat through court-ordered drug treatment. He thought he had paid his debt to society. It was not until Selken began reading up on the HEA drug provision after his conviction that he realized his punishment wasn't over. Because of his misdemeanor marijuana conviction, he became ineligible for student financial assistance for two years.

"Ironically, today was fee payment day at school. I had to write my own check instead of paying for it with student loans," Selken told the Chronicle last week. "The lack of access to student loans hit me hard," he said. "Last semester, the only reason I could afford to go to school without loans was because my great-grandmother died and left me a little bit of money. Otherwise, I would not have been able to attend."

Selken said he plans to go on to law school, but even though he will be eligible for financial assistance again, he will still have to pay a price. "I'm still going to have to answer 'yes' on the federal financial aid form and I will have to go through the whole rigamorale of providing documentation to show that I am again eligible."

The HEA drug provision, authored by leading congressional drug warrior Rep. Mark Souder (R-I), may be the first barrier to drug offenders' reintegration to fall. The provision took effect in 2000, but in the face of rising opposition led by the Coalition for Higher Education Act Reform (CHEAR), Souder retreated, and the act was amended last year to count only offenses committed while a student was in school and receiving financial aid. But that move failed to quiet the calls for outright repeal, and with a Democratic majority in the Congress, advocates hope to finally get their way.

"We are very optimistic that this harmful and discriminatory penalty will finally be repealed by this Congress," said Tom Angell, communications director for Students for Sensible Drug Policy, one of the most active groups in the CHEAR coalition.

"There is so much wrong with the HEA drug provision, I hardly know where to begin," said Drug Reform Coordination Network associate director David Guard, CHEAR's coordinator. "The drug provision disproportionately hurts the children of low- and middle-income families -- the very people the HEA is designed to assist -- and it disproportionately affects minorities, who, even though they use drugs at the same rate as whites, are much more likely to be arrested. Students who are forced out of college by losing their financial aid are less likely to come back to school," Guard said. "Let's hope Congress moves to repeal it this year," he said.

The HEA drug provision also hurts students seeking state financial aid. While states are under no obligation to blindly follow the federal financial aid guidelines when it comes to drug offenders, many do so, often merely because it is convenient. In at least one state, Maryland, legislative efforts are under way end the state's reflexive echo of the federal penalty.

There is also a chance of progress this year on the food stamp program, which, as part of the passage of the food bill, will be up for consideration early this year. According to the Food Research and Action Center, the House and Senate Agriculture Committees will soon begin hearings on Title IV of the food bill, which includes food stamps, and the center is preparing the way for renewed discussions on relief for states which have not opted out of the ban.

While it was politically expedient to attempt to further punish some of society's most despised individuals -- drug users and offenders -- serious studies of the impact of these measures have led to calls for their reform or repeal. In 2003, the Join Together coalition, which supports community-based efforts to advance effective alcohol and drug policy, prevention, and treatment, put together a prestigious policy panel, headed by former Baltimore Mayor Kurt Schmoke to examine ways of ending discrimination against drug users.

In its final report, that panel made a number of recommendations. Those included:

  • People with drug convictions but no current drug use should face no obstacles getting student loans, other grants, scholarships, or access to government training programs.
  • Persons with nonviolent drug convictions but no current drug use should not be subject to bans on receiving cash assistance and food stamps.
  • Public housing agencies and providers of Section 8 and other federally assisted housing should use the discretion given to them in the public housing law to help people get treatment, rather than permanently barring them and their families from housing.
  • People who are disabled as a result of their alcohol or other drug disease should be eligible for Social Security Disability Income and Supplemental Security Income.

The American Bar Association has also weighed in against doubly penalizing drug offenders and drug users. In a 2004 resolution, the group adopted recommendations based on those of the Join Together policy panel. Like Join Together, the ABA called for alcoholism and drug addiction to be considered as a chronic treatable disease and public health matter. It also urged that "people seeking treatment or recovery from alcohol or other drug diseases should not be subject to legally imposed bans or other barriers based solely on their addiction. Such bans should be identified and removed."

While a movement to undo federal laws and programs that doubly penalize drug offenders or users is growing and has significant support among some Democratic members of Congress, with the exception of the HEA, little progress has been made in cutting them back, although that could change now that Democrats are in control of the Congress.

For a sense of how previous Republican-led congresses have felt about rethinking these punitive laws and programs, one need only look at the fate of the bill filed by Rep. Bobby Scott (D-VA) and cosponsored by 10 other legislators, including sole Republican Rep. Ron Paul of Texas, in the wake of Hurricane Katrina. That bill, which would have temporarily waived provisions denying federal benefits to drug users or offenders in areas affected by the storm, went nowhere.

Southwest Asia: British Conservatives Call for Afghan Opium to Be Licensed, Converted to Pharmaceuticals, Not Destroyed

As they prepare for pending elections, British Conservatives have joined the call for licensing of the Afghan opium crop. The move comes just days after the British Medical Association called for Afghan opium to be processed into heroin and prescribed to addicts.

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the opium trader's wares (photo by Chronicle editor Phil Smith during September 2005 visit to Afghanistan)
The US and its NATO allies in Afghanistan have an official policy of eradicating the country's poppy crop, but given the potential dangers of pushing opium farmers into the waiting arms of the Taliban, politicians and officials across Europe are increasingly seeking other options. A 2005 proposal by the European defense and drug policy think tank the Senlis Council to license the crop and divert into the legitimate medicinal market has proved to be a convenient starting off point for those seeking alternatives to eradication.

Conservative leader Lord Howell told parliament last week that the "very dangerous" policy of eradication was "just not working." He said alternatives like licensing the crop needed to be looked at. "The more we try to eradicate, the more poppies seem to get grown," he said. "Trying to stop poor farmers growing poppies to survive and live and feed their families is going to be almost impossible," he said.

Lord Howell's comments came just days after the British Medical Association argued that Afghan opium could be used to help deal with a shortage of prescription heroin, or diamorphine, Dr Vivienne Nathanson, the BMA's head of science and ethics, told the BBC. "If we actually were harvesting this drug from Afghanistan rather than destroying it, we'd be benefiting the population of Afghanistan as well as helping patients and not putting people at risk," said Nathanson. "There must be ways of harvesting it and making sure that the harvest safely reaches the drug industry which would then refine it into diamorphine," she suggested. "It should be possible, and really Government and the international groups that are in Afghanistan should be looking at this and saying how can we convert it from being an illicit crop to a legal crop that is medicinally useful."

Law Enforcement: Jacksonville Narcs Kill Two Men in Separate Incidents Eight Days Apart

Undercover narcotics officers in Jacksonville, Florida, killed two people in separate incidents in late January. Both men were black, and neither is alleged to be a drug dealer. Now, local black leaders are calling for a federal investigation, and the local prosecutor is questioning the value of such operations.

On January 20, undercover officers posing as drug dealers during a drug sting shot and killed 18-year-old Douglas Woods on January 20. Police claimed that Woods was armed with a pistol and attempted to rob what he thought were drug dealers. But family members and witnesses said Woods had no weapon and was holding only a cell phone.

"He was standing in the parking lot, like they always do, and the police pulled up on them. Everybody ran away except my child, and he threw his hands up. They said they shot him about eight times," Woods' mother, Machealle Woods said. "Why? I want to know why."

Witness Tyronnie Dennis, who was sitting on her steps smoking a cigarette when Woods was shot in her apartment complex courtyard, said Woods was holding a cell phone, not a gun. "I heard the shots ring out, and the boy hit the ground. There was only one gun fired. He didn't shoot back. He had a cell phone. He did not have a gun," said Dennis.

"We want a thorough investigation on this from the federal side to make sure that this is done fair and justly. We do not condone criminals. We do not condone drugs dealers and we never will," said Rev. RL Gundy of the Jacksonville Leadership Coalition. "We just want to make sure. Too many stories have been told too many different ways, and we want to make sure that the mother and the father get a thorough investigation about this."

Jacksonville County Sheriff John Rutherford was defending the shooting early last week. "At this point in the investigation, I am confident that the officer fired in self-defense after being approached by someone who was trying to rob him with a gun," Rutherford said. "I can tell you that we have statements from witnesses who were at the scene and are telling us one thing -- that told us one thing the night it occurred -- and the next afternoon were telling the electronic media something else." Rutherford said his office wouldn't put out a statement unless it was confident it was true. "We are not going to put that out there until we know -- it was gun, and I can tell you that it was a gun that was lying beside that individual not a cell phone," Rutherford said.

Then, on the day that Woods was buried, undercover narcotics officers shot and killed 81-year-old Isaac Singletary in his yard after the neighborhood fixture apparently mistook them for drug dealers and confronted them. "An individual approached from between two houses brandishing a handgun. The officers gave several commands to drop the gun, he did not, so they exchanged gunfire," said Chief Dwain Senterfitt.

"The man came out three times and said move out of my yard. So after the third time he came out with a 357 and started shooting at the individuals," one witness who did not want to be identified told local media.

Singletary's nephew, Gary Evans, said his uncle was a respected man in the neighborhood. "He got his enjoyment from sitting under a tree and watching his collard greens and cabbages grow," said Evans. "The only time anybody would hear anything out of my uncle is if they stopped in front of his house and tried to do whatever deals they wanted to do," Evans added.

"I never would have thought he would have gotten shot by a police officer," said niece Sheree Bea. "I thought if he ever got shot it would have been in a confrontation with a drug dealer."

Now, it isn't only community organizations raising questions about police practices. Jacksonville County States Attorney Harry Shorstein said in the wake of the two killings he questioned the value of undercover narcotics stings. "If we're just selling drugs to addicts, I don't know what we're accomplishing," Shorstein said. "This could wind up being the tragic death of one kid -- arguably a bad kid -- and a gentleman who had the right to protect his property."

Methamphetamine: Epidemic, What Epidemic? Meth Use Down, SAMHSA Says

Despite the methamphetamine mania rampant among the media and law enforcement officials, annual national drug use surveys show that meth use levels were stagnant between 2002 and 2004, and declined dramatically in 2005. According to an analysis of data from the National Survey on Drug Use and Health by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), first-time meth users declined from 318,000 in 2004 to 192,000 in 2005.

The number of people who admitted using methamphetamine within the last year was also on the decline during the years between 2002 and 2005. In 2002, 0.7% of the population above age 12 admitted past year use; in 2005, that figure had declined to 0.5%. Past year use was highest in the West (1.2%), followed by the South and Midwest (0.5%), with the Northeast trailing with 0.1%.

According to the study, about 1.3 million people used meth during 2005. Some 500,000 used it at least once a month. Despite all the hoopla about meth addiction, methamphetamine users accounted for only 8% of all drug treatment admissions.

"Methamphetamine is a very destructive drug that can do serious harm to families and entire communities," said SAMHSA Administrator Terry Cline, Ph.D. "We are pleased to see these decreases in use, and SAMHSA is continuing to provide funding opportunities so that communities can fight the use of this insidious drug and provide treatment to those who need it."

Second National Conference on Methamphetamine, HIV, and Hepatitis Underway in Salt Lake City

Around a thousand people, including some of the nation's foremost experts in treating, researching and developing responses to methamphetamine use, gathered at the Hilton Hotel in downtown Salt Lake City as Science and Response: The 2nd Annual Conference on Methamphetamine, HIV and Hepatitis got underway Thursday. Sponsored by the Salt Lake City-based Harm Reduction Project, the conference aimed at developing evidence-based "best practices" for responding to meth and emphasized prevention and treatment instead of prison for
meth offenders.

This year's conference was uncontroversial -- a marked change from the first one, also held in Salt Lake City, which was attacked by congressional arch-drug warrior Rep. Mark Souder (R-IN) because presenters openly discussed the impact of meth on the gay community. Souder was also incensed that the US Department of Health and Human Services provided limited financial support for the conference, and authored a successful amendment to the appropriations bill funding the White House Office of National Drug Control Policy calling for an investigation of the conference and HHS policy.

"The fact that there is absolutely no controversy this year indicates more than just a leadership change in Congress. It shows that our approach -- bringing together all the stakeholders and families affected by meth -- is the right one," said Harm Reduction Project executive director Luciano Colonna in a statement on the eve of the conference.

While Colonna sounded sanguine in the statement above, he was less so as he opened the conference Thursday morning. Visibly choking up at times as he sounded the theme of this year's conference, "500 Days Later," he noted that since the first conference in August 2005, "thousands have died or been incarcerated." And Colonna could not resist a reference to Souder and ideological allies in Congress. "There's no need to mention the names of cheap mudslingers because their party lost," he said to loud applause.

"I'm tired of seeing meth users incarcerated because of failed theories and practices followed by many treatment providers, faith-based groups and other organizations," Colonna said. "We look to the criminal justice system to solve our problems, and its participation has been a result of our failure. Just as with the homeless, veterans, and the mentally ill, we have failed as a system of care and as a country. We have the audacity to attack the criminal justice system as if the strands of this mess can be separated out, but we are all culpable."

If Colonna wasn't going to name names, Salt Lake City Mayor Rocky Anderson had no such compunctions. As he welcomed attendees to his city, Anderson hit back. "I will say Souder's name," Anderson proclaimed. "We shouldn't ever forget the people who caused so much damage. They don't care that needle exchange programs help injection drug users avoid HIV; they have the attitude that if people use drugs, they deserve what they get. People like Mark Souder would rather make political hay out of tragedy rather than having the integrity to deal with issues based on facts and research."

Citing drug use surveys that put the number of people who used meth within the last year at 1.3 million and the number who used within the last month at 500,000, Anderson pointed out that, "If it were up to Souder, they would all be in prison."

Mayor Anderson, a strong drug reform proponent, had a better idea. "Those numbers are the purest case for harm reduction," he argued. "We know there are people who will use drugs and we can reduce the harm, not only for them and their families, but for all of us. The current approach is so wasteful and cost ineffective. And thanks to you, treatment programs are much more available, but in too many areas, you have to get busted to get affordable treatment. It is time to make treatment on demand available for everybody," he said to sustained cheering and applause.

Given the topic of the conference, it is not surprising that attendees are a different mix than what one would expect at a strictly drug reform conference. While drug reformers were present in respectable numbers -- the Drug Policy Alliance in particular had a large contingent -- they are outnumbered by harm reductionists, treatment providers and social service agency workers. Similarly, with the event's emphasis on "Science and Reason," the panels were heavy with research results and presentations bearing names like "Adapting Gay-Affirmative, Evidence-Based Interventions for Use in a Community-Based Drug Treatment Clinic," "Stimulant Injectors From Three Ukraine Cities," and "The Impact of Meth Use on Inpatient Substance Abuse Treatment Facilities for Youth in Canada."

The mix of interests and orientations led to some fireworks at the first conference, especially around the issue of stimulant maintenance therapy, or providing meth users with a substitute stimulant, such as dextroamphetamine, much as heroin users are prescribed methadone. Such issues may excite controversy again this year, but an opening day panel on the topic caused only a few raised eyebrows -- not any outbursts of indignation. The controversy is likely to come in Vancouver, where Mayor Sam Sullivan recently announced he wanted to implement an amphetamine maintenance pilot program with some 700 subjects.

With three full days of plenaries, panels, breakout session, and workshops, last weekend's conference not only provided information on best practices for educators, prevention workers, and treatment providers, but also helped broaden the rising chorus of voices calling for more enlightened methamphetamine policies. In addition, the conference pointed the Chronicle to a number of meth-related issues that bear further reporting, from the spread of repressive legislation in the states to the effort to expand drug maintenance therapies to stimulant drugs like meth and the resort of some states to criminalizing pregnant drug-using mothers. Look for reports on these topics in the Chronicle in coming weeks.

Weekly: This Week in History

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February 8, 1914: In an example of the role of racial prejudice in the genesis of US drug laws, The New York Times publishes an article entitled "Negro Cocaine 'Fiends' New Southern Menace."

February 7, 1968: In a move likely spurred on by the Nixon campaign's "law and order" rhetoric, President Lyndon Johnson creates the Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD) by combining the Federal Bureau of Narcotics (FBN) with the Bureau of Drug Abuse Control. By 1972, the BNDD is 1,361 agents strong.

February 7, 1985: Enrique Camarena, an aggressive DEA agent stationed in Mexico who discovered that drug traffickers there were operating under the protection of Mexican police officials, is kidnapped outside of his office in Guadalajara. His body is found several weeks later bearing marks of brutal torture.

February 3, 1987: Carlos Lehder is captured by the Colombian National Police at a safe house owned by Pablo Escobar in the mountains outside of Medellin. He is extradited to the US the next day. On May 19, 1988 Lehder is convicted of drug smuggling and sentenced to life in prison without parole, plus an additional 135 years.

February 5, 1988: A federal grand jury in Miami issues an indictment against Panamanian General Manuel Noriega for drug trafficking. Noriega had allowed the Medellin cartel to launder money and build cocaine laboratories in Panama.

February 4, 1994: An unpublished US Department of Justice report indicates that over one-third of the drug felons in federal prisons are low-level nonviolent offenders.

February 7, 2001: After a contentious confirmation process, new Attorney General John Ashcroft declares, "I want to escalate the war on drugs. I want to renew it. I want to refresh it, re-launch it, if you will." He said this despite the fact that under President Clinton's two terms in office the number of jail sentences nationwide for marijuana offenders was 800% higher than under the Reagan and Bush administrations combined.

February 4, 2003: Jurors who had convicted Ed Rosenthal on federal marijuana cultivation charges hold a press conference, saying they were deceived by the withholding of information about Rosenthal's involvement in medical marijuana, that they would not have convicted him had they known, and calling for a new trial.

February 4, 2003 -- The New York Times publishes an editorial defending Ed Rosenthal and medical marijuana. It says, in part: "The Bush administration's war on medical marijuana is not only misguided but mean-spirited. Doctors have long recognized marijuana's value in reducing pain and aiding in the treatment of cancer and AIDS, among other diseases. A recent poll found that 80 percent of Americans support legalized medical marijuana. The reasons the government gives for objecting to it do not outweigh the good it does. And given the lack of success of the war on drugs in recent years, there must be better places to direct law enforcement resources."

February 2, 2004: A congressional budget rider known as the "Istook Amendment," after its sponsor, US Rep. James Istook (R-OK), takes effect. The law penalizes any transit system that accepts advertising "promot[ing] the legalization or medical use" of illegal drugs such as marijuana by cutting off all federal financial assistance, which often amounts to millions of dollars. Four months later US District Court Judge Paul Friedman rules that Istook's law violates the First Amendment by infringing on free speech rights, and is thus unconstitutional.

February 6, 2004: The US Court of Appeals for the Ninth Circuit rejects the DEA's ban on hemp foods.

Anúncio: Novo Formato para o Calendário do Reformador

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Com o lançamento da nossa nova página, O Calendário do Reformador não aparecerá mais como parte do boletim Crônica da Guerra Contra as Drogas, mas será mantido como seção de nossa nova página:

O Calendário do Reformador publica eventos grandes e pequenos de interesse para os reformadores das políticas de drogas ao redor do mundo. Seja uma grande conferência internacional, uma manifestação que reúna pessoas de toda a região ou um fórum na universidade local, queremos saber para que possamos informar os demais também.

Porém, precisamos da sua ajuda para mantermos o calendário atualizado, então, por favor, entre em contato conosco e não suponha que já estamos informados sobre o evento ou que vamos saber dele por outra pessoa, porque isso nem sempre acontece.

Ansiamos por informá-lo de mais matérias novas de nossa nova página assim que estiverem disponíveis.

Anúncio: Os Feeds RSS da DRCNet Estão Disponíveis

Os feeds RSS são uma onda do futuro – e a DRCNet os oferece agora! A última edição da Crônica da guerra Contra as Drogas está disponível usando RSS em http://stopthedrugwar.org/chronicle/feed.

Temos muitos outros feeds RSS disponíveis também, sobre cerca de cem subtópicos diferentes das políticas de drogas que começamos a rastrear desde o relançamento da nossa página neste verão – relacionando não somente os artigos da Crônica da Guerra Contra as Drogas, mas também as publicações no Bar Clandestino, as listas de eventos, os links a notícias externas e mais – e para as nossas publicações diárias nos blogs e em seus diferentes subendereços. Visite o nosso Mapa do Sítio para ler a série completa.

Obrigado por se sintonizar na DRCNet e na reforma das políticas de drogas!

Anúncio: Agora os Feeds de Agregação de Conteúdo da DRCNet Estão Disponíveis para a SUA Página!

Você é fã da DRCNet e tem uma página que gostaria de usar para difundir a mensagem com mais força do que um único link ao nosso sítio pode conseguir? Temos o prazer de anunciar que os feeds de agregação de conteúdo da DRCNet estão disponíveis. Tanto se o interesse dos seus leitores está na reportagem investigativa quanto na Crônica da Guerra Contra as Drogas, o comentário corrente nos nossos blogs, a informação sobre subtópicos específicos da guerra às drogas, agora podemos dar-lhes códigos personalizáveis para que você os ponha nos lugares adequados no seu blog ou página e atualizem automaticamente os links ao conteúdo de conscientização da DRCNet.

Por exemplo, se você for um grande fã da Crônica da Guerra Contra as Drogas e acha que os seus leitores tirariam benefícios dela, pode ter as manchetes da última edição, ou uma porção delas, aparecendo e atualizando-se automaticamente quando sair cada nova edição.

Se a sua página é dedicada às políticas de maconha, pode publicar o nosso arquivo temático, com links a todos os artigos que publicamos na nossa página acerca da maconha – os artigos da Crônica, as publicações nos blogs, a lista de eventos, links a notícias externas e mais. O mesmo vale para a redução de danos, o seqüestro de bens, a violência do narcotráfico, os programas de troca de seringas, o Canadá, as iniciativas eleitorais, quase cem tópicos diferentes que rastreamos correntemente. (Visite o portal da Crônica, na coluna direita, para ver a lista atual completa.)

Se você gosta especialmente da nossa nova seção do Bar Clandestino, há conteúdo novo todos os dias lidando com todas as questões e você pode colocar links a essas publicações ou a subseções do Bar Clandestino.

Clique aqui para ver uma amostra do que está disponível - por favor, note que a extensão, a aparência e demais detalhes de como isso aparecerá na sua página podem ser personalizados para se adequarem às suas necessidades e preferências.

Por favor, note também que ficaremos felizes em fazer-lhe mais permutas do nosso conteúdo disponível sob pedido (apesar de não podermos prometer o cumprimento imediato de tais solicitações já que, em muitos casos, a oportunidade dependerá da disponibilidade do nosso web designer). Visite o nosso Mapa do Sítio para ver o que está disponível atualmente – qualquer feed RSS disponível ali também está disponível como feed de javascript para a sua página (junto com o feed da Crônica que não aparece ainda, mas que você já pode encontrar na página de feeds relacionada acima). Experimente o nosso gerador automático de feeds aqui.

Entre em contato conosco se quiser assistência ou informe-nos sobre o que está relacionando e aonde. E obrigado de antemão pelo seu apoio.

Esta Semana na História

01 de fevereiro de 1909: A Comissão Internacional do Ópio se reúne em Xangai. O Dr. Hamilton Wright e o bispo episcopal Henry Brent dirigem a delegação e tentaram convencer a delegação internacional dos efeitos imorais e maus do ópio.

31 de janeiro de 1945: Um artigo do New York Times informa um aumento no tráfico de maconha e menciona que um oficial no Ministério do Tesouro diz que o tráfico em alguns casos atinge "a proporção de conspiradores nacionais e internacionais bem financiados". Uma das gangues nova-iorquinas que foram investigadas foi a "Máfia da Rua 107", dirigida anteriormente pelo notável mafioso "Lucky" Luciano.

28 de janeiro de 1972: O governo Nixon cria o Gabinete de Imposição da Lei Sobre o Abuso Químico (ODALE) para estabelecer forças-tarefa federais/municipais conjuntas para combater o narcotráfico na rua. Myles Ambrose é nomeado diretor.

28 de janeiro de 1982: O presidente Ronald Reagan cria uma força-tarefa de gabinete, a Força-Tarefa do Vice-Presidente na Baixa Flórida. Dirigida por George Bush, combina agentes da DEA, Alfândegas, ATF, a Receita, o Exército e a Marinha para se mobilizarem contra os narcotraficantes.

27 de janeiro de 1995: O recorde internacional de apreensão de haxixe é estabelecido - 290.400 libras ou 131ton841kh600g - na Agência Khyber, Paquistão.

30 de janeiro de 1997: O editor do New England Journal of Medicine, o Dr. Jerome Kassirer, opina a favor dos médicos que receberam autorização para prescreverem maconha para fins medicinais, chamando a ameaça de sanções governamentais de "equivocada, severa e desumana".

29 de janeiro de 1998: A Juíza Nancy Gertner, uma juíza distrital em Boston, critica a guerra às drogas por gastar verbas federais demais enquanto priva os estadunidenses da liberdade em um fórum organizado pelo Comitê Voluntário de Advogados.

26 de janeiro de 2000: A prisioneira pela lei Rockefeller sobre as drogas, Elaine Bartlett, assunto do livro "Life on the Outside: the Prison Odyssey of Elaine Bartlett” [A Vida do Lado de Fora: A Odisséia Prisional de Elaine Bartlett], é solta após dezesseis anos na prisão de Bedford Hill por uma infração primária menor de venda de cocaína.

América Latina: O Narco-Santo Mexicano Entra em Ação

Em Culiacán, a capital do estado de Sinaloa no noroeste mexicano, há muito um germinal de cultivo e tráfico de drogas, durante décadas os narcotraficantes se juntaram aos mexicanos comuns para a adoração no santuário de São Malverde (ou São João Malverde ou São Jesus Malverde). Malverde, um bandido do século XIX que pode ter existido ou não e que pode ter sido enforcado ou não em 1909, é uma figura como Robin Hood na cultura mexicana e o santo padroeiro não-oficial dos bandidos e narcotraficantes.

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a imagem de São Malverde à venda por $6.95, nicoworldbotanica.com
Não está claro quando o santuário de São Malverde começou, mas as provas da sua popularidade remontam a décadas atrás. Quando os funcionários municipais de Culiacán tomaram medidas para derrubá-lo para abrirem passo para os novos prédios municipais nos anos 1970, estouraram os protestos até que os funcionários prometeram substituí-lo por um santuário novo e melhorado.

Enquanto se difundia a "narco-cultura" do noroeste do México - se a globalização existe em algum setor da economia é no narcotráfico - o mesmo fazia o rosto de São Malverde. A imagem do seu semblante bigodudo, enfeitado com um pano, uma corrente de ouro com um amuleto em forma de pistola no seu pescoço e uma fivela frande com uma pistola na sua cintura pode ser encontrada agora para venda nas botânicas nas Carolinas e pendurada nos espelhos retrovisores de carros estacionados em Utah.

A imagem de São Malverde também aparece nas celas de prisão de todo o México, em santuários privados nas casas e tatuada nas costas de muitos homens. Um segundo santuário menor do que esse apareceu em Tijuana há alguns anos. Agora, o primeiro santuário público a São Malverde surgiu na Cidade do México.

María Alicia Pulido Sánchez, uma dona de casa no bairro carente de Doutores da cidade, construiu um santuário de vidro em uma calçada perto da casa dela. Para Pulido Sánchez, não foi o socorro de São Malverde aos narcos que a inspirou, mas porque ele ajuda os pobres.

"Ele não era traficante. Era o que se poderia chamar de ladrão, mas ajudou a comunidade dele", disse. Embora São Malverde não seja reconhecido pela Igreja Católica, Pulido Sánchez não estava preocupada. "Fazemos os nossos santos pelo poder da nossa crença", disse. "Podemos acreditar em qualquer um que cumprir as nossas súplicas".

Pulido Sánchez disse que decidiu construir o santuário depois que o filho dela se recuperou de seus ferimentos em um acidente de carro de 2005 poucos dias depois de ter rezado a uma estátua de São Malverde que pertencia a um amigo. Embora Pulido Sánchez possa adorar São Malverde pela sua ajuda aos pobres e oprimidos, algumas das pessoas que vêm prestar-lhe homenagem podem ter outras coisas em mente. Ela disse que advogados, policiais e "homens com muitas jóias" freqüentam o santuário, junto com donas de casa, secretárias e "gente de todos os ofícios".

Announcement: DRCNet Content Syndication Feeds Now Available for YOUR Web Site!

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Are you a fan of DRCNet, and do you have a web site you'd like to use to spread the word more forcefully than a single link to our site can achieve? We are pleased to announce that DRCNet content syndication feeds are now available. Whether your readers' interest is in-depth reporting as in Drug War Chronicle, the ongoing commentary in our blogs, or info on specific drug war subtopics, we are now able to provide customizable code for you to paste into appropriate spots on your blog or web site to run automatically updating links to DRCNet educational content.

For example, if you're a big fan of Drug War Chronicle and you think your readers would benefit from it, you can have the latest issue's headlines, or a portion of them, automatically show up and refresh when each new issue comes out.

If your site is devoted to marijuana policy, you can run our topical archive, featuring links to every item we post to our site about marijuana -- Chronicle articles, blog posts, event listings, outside news links, more. The same for harm reduction, asset forfeiture, drug trade violence, needle exchange programs, Canada, ballot initiatives, roughly a hundred different topics we are now tracking on an ongoing basis. (Visit the Chronicle main page, right-hand column, to see the complete current list.)

If you're especially into our new Speakeasy blog section, new content coming out every day dealing with all the issues, you can run links to those posts or to subsections of the Speakeasy.

Click here to view a sample of what is available -- please note that the length, the look and other details of how it will appear on your site can be customized to match your needs and preferences.

Please also note that we will be happy to make additional permutations of our content available to you upon request (though we cannot promise immediate fulfillment of such requests as the timing will in many cases depend on the availability of our web site designer). Visit our Site Map page to see what is currently available -- any RSS feed made available there is also available as a javascript feed for your web site (along with the Chronicle feed which is not showing up yet but which you can find on the feeds page linked above). Feel free to try out our automatic feed generator, online here.

Contact us for assistance or to let us know what you are running and where. And thank you in advance for your support.

Announcement: DRCNet RSS Feeds Now Available

Posted in:

RSS feeds are the wave of the future -- and DRCNet now offers them! The latest Drug War Chronicle issue is now available using RSS at http://stopthedrugwar.org/chronicle/feed online.

We have many other RSS feeds available as well, following about a hundred different drug policy subtopics that we began tracking since the relaunch of our web site this summer -- indexing not only Drug War Chronicle articles but also Speakeasy blog posts, event listings, outside news links and more -- and for our daily blog postings and the different subtracks of them. Visit our Site Map page to peruse the full set.

Thank you for tuning in to DRCNet and drug policy reform!

Announcement: New Format for the Reformer's Calendar

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With the launch of our new web site, The Reformer's Calendar no longer appears as part of the Drug War Chronicle newsletter but is instead maintained as a section of our new web site:

The Reformer's Calendar publishes events large and small of interest to drug policy reformers around the world. Whether it's a major international conference, a demonstration bringing together people from around the region or a forum at the local college, we want to know so we can let others know, too.

But we need your help to keep the calendar current, so please make sure to contact us and don't assume that we already know about the event or that we'll hear about it from someone else, because that doesn't always happen.

We look forward to apprising you of more new features of our new web site as they become available.

Europa: Prefeito de Moscou Pede Leis Severas com as Drogas que Incluam a Pena de Morte

Na segunda-feira, o prefeito de Moscou, Yury Luzhkov, pediu que os traficantes de drogas fossem "destruídos" durante um discurso aos oficiais da lei e aos funcionários municipais na sede moscovita do Serviço Federal de Controle das Drogas, de acordo com um relato no Moscow Times. Luzhkov sugeriu que a Rússia implementasse leis sobre as drogas como as de Cingapura, onde os narcotraficantes podem ser executados.

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"Em Cingapura, não há dependência química", disse. "Vamos fazer o mesmo". Luzhkov observou com melancolia que "atualmente, um governo democrático não aceita" políticas de drogas duríssimas como as de Cingapura, mas acrescentou que a Rússia deveria "aceitar algo próximo a elas".

Mas, a Rússia tem tomado outra direção nos últimos anos. Desde 2004, quando uma nova lei descriminalizou o simples porte de drogas, as políticas de drogas oficiais foram perseguir os traficantes e vendedores, mas não os usuários. Aparentemente, o aumento das penas para os traficantes de drogas segundo a lei de 2004 não é o suficiente para Luzhkov e a descriminalización do porte de drogas obstrui o caminho dos agentes russos. O Serviço Federal de Controle das Drogas lutou amargamente para reinstaurar as penas contra os pequenos portadores, primeiro tentando subverter a intenção da nova lei ao definir as quantidades de uso pessoal em níveis ridiculamente baixos, como 0,01 grama de heroína. Em troca, a quantidade de consumo pessoal foi estabelecida em um grama, mas em uma pequena vitória para os guerreiros antidrogas, aquilo foi reduzido para meio grama no ano passado.

O consumo de drogas esteve baseado na alta na Rússia e outras repúblicas da ex-União Soviética desde a sua dissolução. O país registra diversas centenas de milhares de "dependentes químicos" todos os anos, com o número real provavelmente sendo muito maior. Estimados 70.000 russos morrem de overdose de drogas todos os anos e o consumo de drogas injetáveis está envolvido em grande parte das centenas de milhares de casos de AIDS do país.

Embora funcionários como o prefeito Luzhkov vejam só mais repressão como resposta, organizações não-governamentais como a New Drug Policy buscam contrabalançar os extremistas fazendo pressão por políticas razoáveis de redução de danos. "Consumir uma droga não é uma infração criminal", disse Lev Levinson do grupo em resposta aos comentários do prefeito. "É punível apenas por uma multa". O prefeito, disse Levinson, estivera dando uma olhada invejosa nas políticas severas de Cingapura durante pelo menos uma década.

Europa: Confusão com a Cannabis na Grã-Bretanha Continua Enquanto Políticas de Policiamento Evoluem

Na semana passada, a Associação de Comissários da Polícia (ACPO) da Grã-Bretanha lançou as novas normas para deter ou emitir advertências aos portadores de maconha que criariam uma regra de três strikes para reincidentes, mas dá aos oficiais a discrição para decidirem se vão deter ou não os infratores adolescentes. A ação acontece quase quatro anos depois que a Grã-Bretanha reclassificou a maconha como droga menos séria de Classe C, dando aos oficiais a discrição de ou realizar a detenção ou emitir advertências.

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os membros do Parlamento Europeu Chris Davies (UK) e Marco Cappato (Itália) depois da detenção de desobediência civil pela cannabis, delegacia de Manchester, dezembro de 2001 (radicalparty.org/antiprohibition/brief.htm)
De acordo com a ACPO, "Estas normas não encorajam o mesmo infrator que é advertido várias vezes por porte de cannabis. Quando se verificar que um infrator recebeu duas advertências anteriores pela cannabis, então mais uma advertência não deveria ser considerada".

Mas, para as pessoas que não receberam duas advertências anteriores pela cannabis, a ACPO disse, "Um oficial da polícia que descobrir uma pessoa de 18 anos ou mais em porte de uma substância que possa identificar como cannabis e que está satisfeito que a droga servirá para o consumo próprio da pessoa não deveria ter que deter a pessoa normalmente".

Ao mesmo tempo, as orientações da ACPO disseram que a polícia pode encontrar "formas menos intrometidas" de lidar com os adolescentes pegos com maconha do que prendê-los. O grupo sugeriu que os oficiais levem o garoto para a casa dos seus pais e mantenham um registro do incidente.

Una política similar de tres strikes fue ponderada por la ACPO en 2002, pero fue descartada antes que el sistema de advertencia estuviera a puestos. Esta más reciente norma de la ACPO responde las preocupaciones difusas de que la situación actual lleva a la incertidumbre entre los policías y el público. La policía ha reclamado que muchas personas que encuentra creen que la marihuana ha sido legalizada, en tanto que los consumidores de marihuana se quejan que aún están siendo arrestados.

Uma política similar de três strikes foi ponderada pela ACPO em 2002, mas foi descarta antes que o sistema de advertências estivesse a postos. Esta mais recente norma da ACPO responde as preocupações difusas de que a situação atual leva à incerteza entre os policiais e o público. A polícia tem reclamado que muitas pessoas que encontra acham que a maconha foi legalizada, enquanto que os consumidores de maconha se queixam que ainda estão sendo presos.

Então, quando alguém provavelmente será preso em vez de ser advertido por porte de maconha? De acordo com a ACPO, uma detenção pode ser emitida quando:

  • O nome e/ou o endereço do suspeito não forem conhecidos ou existam fundamentos razoáveis para duvidar da veracidade do nome dado;
  • For necessário impedir o infrator de sofrer ferimentos físicos ou de fazer mal a alguém;
  • Se um local foi identificado através do Modelo Nacional de Inteligência como um no qual exista temor de desordem pública associada ao uso de cannabis que não possa ser tratado efetivamente por outros meios, como um lugar em que um mercado aberto de drogas (cannabis) faça mal às comunidades;
  • For necessário proteger uma criança ou uma pessoa vulnerável do infrator;
  • For necessário permitir a investigação pronta e efetiva da infração.

Um relatório emitido nesta semana pelo Institute for Criminal Justice Policy Research da Fundação Joseph Rowntree, "Policing Cannabis as a Class C Drug" [Policiando a Cannabis Como Droga de Classe C], sugere que grande parte da incerteza e inconsistência está na própria polícia. De acordo com esse relatório, nas quatro áreas policiais estudadas, a polícia prendeu portadores e fumantes de maconha entre 78% e 58% das vezes. A decisão de deter ou não dependia de uma variedade de fatores, inclusive a conduta do oficial, a conduta do infrator, as políticas locais e a quantidade de maconha confiscada.

"Quando a cannabis foi reclassificada como droga de Classe C, as normas foram lançadas para avisar os oficiais a darem advertências de rua para a maior parte das infrações por porte, detendo só em circunstâncias agravadas", observou o relatório. "Descobrimos que as advertências de rua eram emitidas para menos da metade das infrações por porte. Mais da metade dos oficiais era contra o rebaixamento e muitos disseram que as detenções por cannabis levavam freqüentemente à detecção de crimes mais sérios. Na verdade, descobrimos que isto aconteceu em menos de um por cento dos casos".

Quase metade dos oficiais da polícia reclamou da injustiça de terem que prender adolescentes - uma política que mudou agora. Um oficial da polícia entrevistado para o estudo disse: "Só parece um pouco injusto que um garoto de 16 anos seja pego por isso e outro de 18 no mesmo grupo receba um puxão de orelhas e pronto".

O estudo também descobriu que a polícia parecia achar os infratores de maconha mais freqüentemente entre os membros das minorias étnicas da Grã-Bretanha. "As pessoas dos grupos étnicos minoritários e negros estavam representadas demais entre os infratores em três dos lugares e um pouco representada em demasia nas localidades restantes", informou o estudo. "Embora o estudo não consiga desemaranhar os fatores que poderiam explicar esta representação exagerada, isso ressalta claramente a necessidade que as polícias sentem em monitorar as tendências estreitamente no combate às infrações por porte".

HEA: Senado Discente da UC Berkeley Aprova Projeto para Dar Bolsas a Estudantes com Solicitações de Auxílio Negadas por Causa de Condenações por Delitos de Drogas

O senado discente da Universidade da Califórnia em Berkeley não vai esperar que o Congresso ache tempo para revogar a disposição antidrogas da Lei de Ensino Superior [Higher Education Act]. Segundo esse dispositivo, os estudantes que são condenados por delitos de drogas perdem o acesso ao auxílio financeiro federal durante períodos específicos de tempo. Embora a medida tenha sido emendada pelo seu autor, o Dep. Mark Souder (R-IN), para contar somente as infrações cometidas enquanto o estudante cursava a faculdade e recebia o auxílio financeiro, espera-se muito que o novo Congresso democrata a revogue em sua totalidade.

Na quarta-feira à noite, o senado discente da UC Berkeley aprovou uma medida que concederá becas de $400 a estudantes que não podem receber auxílio financeiro por causa da disposição antidrogas. O projeto de bolsas Tirando Impedimentos ao Ensino dos Estudantes [Removing Impediments to Students' Education] da ASUC foi aprovado sem objeção e pode entrar em vigor neste semestre. Para receber as bolsas, os estudantes devem ter uma média de 2,5 e comprometer-se a cumprir 20 horas de serviço comunitário.

O governo discente de Berkeley se une a uma série que tomou tal "ação direta" para reduzir as conseqüências da disposição antidrogas. Em 2000, o ano em que vigorou pela primeira vez a disposição antidroga, os estudantes na Faculdade Hampshire votaram em um referendo organizado por uma das primeiras sucursais do Students for Sensible Drug Policy para compensarem a perda do auxílio financeiro por causa de condenações por delitos de drogas com o fundo de atividades estudantis. A administração da Universidade de Yale adotou uma política similar em 2002 depois de ser pressionada pelos estudantes ativistas. A Faculdade Swarthmore seguiu o exemplo pouco tempo depois. Também desde 2002, o Fundo John W. Perry, patrocinado pela DRCNet (que publica este boletim informativo), tem proporcionado bolsas a estudantes que perderam o auxílio em razão de condenações por delitos de drogas em todo o país.

Os estudantes que buscam a bolsa de Berkeley devem escrever uma declaração pessoal que será avaliada por um comitê de seleção que consiste em quatro senadores discentes e o vice-presidente de assuntos estudantis da universidade. Os beneficiários da bolsa devem prometer a devolução do auxílio ao programa de bolsas quando tiverem as possibilidades financeiras. O projeto também ordena que o senado discente escreva uma carta ao chanceler da universidade, o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, e ao presidente Bush, instando-os a revogarem a disposição antidrogas da HEA.

A medida foi apresentada pelo senador discente David Wasserman. De acordo com o jornal estudantil The Daily Californian, Wasserman argumentou com sucesso que o dispositivo antidrogas da HEA é contraproducente. "É uma maneira ruim de travar a guerra contra as drogas. Não está certo que o governo federal ache os meios para privar os estudantes com uma condenação por delito de drogas do ensino", disse Wasserman.

Até os republicanos do campus concordavam. "O ensino é o meio para o sucesso, é o meio para um futuro, é o meio para uma meta na vida. De fato, negar isso não é justo", disse a senadora republicana da Faculdade de Berkeley, Victoria Mitchell.

"Houve a preocupação (entre alguns senadores) que o projeto pudesse encorajar o consumo de drogas", disse o senador Taylor Allbright. "Mas incentiva o ensino. Incentiva as pessoas que podem ter tido dificuldades para escolherem um futuro melhor mediante o ensino".

A UC Berkeley esteve durante muito tempo na vanguarda da mudança progressista e, com esta medida, o senado discente ajuda a manter essa reputação intacta. "A UC Berkeley é um farol na comunidade do ensino", disse Mitchell. "Os legisladores prestam atenção ao que acontece. Estamos encabeçando um movimento".

Imposição da Lei: Agressão com Bomba de Impacto Moral da Equipe da SWAT Fere Suspeito de Delito de Drogas

Em mais outro exemplo de policiamento à SWAT exagerado e relacionado à guerra às drogas, a equipe da SWAT de Gary, Indiana, atirou uma bomba de impacto moral na casa de um suspeito de delito de drogas, deixando-o hospitalizado com queimaduras graves. Era apenas a mesma história de sempre, de acordo com o comandante da unidade da SWAT.

Os detetives da Unidade de Repressão a Narcóticos-Vício do departamento tinham obtido um mandado de busca para a casa de Darrell Newburn após fazerem uma série de compras de drogas ali. A polícia cercou a casa e um membro da equipe da SWAT, liderada pelo Comandante Anthony Stanley, atirou uma bomba de impacto moral na casa. Os aparelhos são designados para explodirem com um estouro alto e um estalido de luz clara, distraindo os alvos da polícia.

Newburn foi atingido nas costas e recebeu uma queimadura de cerca de 30 centímetros de diâmetro. Ele está hospitalizado sob custódia da polícia em um hospital local.

"Não tenho certeza do jeito que aconteceu", disse o Sargento John Jelks, comandante da unidade antidrogas um dia depois. "É uma prática normal que eles atirem o aparelho de distração primeiro".

A polícia recuperou um contrabando relativamente pequeno: $400 em espécie, trinta gramas de maconha e pouco mais de 15 gramas de crack, junto com uma pistola.

"Sabíamos que estava ali e que estava armado", disse Jelks.

Ao invés de investigar se o uso de equipes da SWAT e os disparos de bombas de impacto moral são um comportamento adequado para a polícia em pequenos reides antidrogas, o jornal municipal se limitou a fazer comentários espertos sobre o nome do homem ferido. "Com uma ajudinha da equipe da SWAT da polícia de Gary, Darrell Newburn obteve um nome muito apropriado na segunda-feira", foi assim que a repórter do Post-Tribune, Lori Caldwell, começou o artigo dela sobre o incidente.

Drug War Issues

Criminal JusticeAsset Forfeiture, Collateral Sanctions (College Aid, Drug Taxes, Housing, Welfare), Court Rulings, Drug Courts, Due Process, Felony Disenfranchisement, Incarceration, Policing (2011 Drug War Killings, 2012 Drug War Killings, 2013 Drug War Killings, 2014 Drug War Killings, 2015 Drug War Killings, 2016 Drug War Killings, 2017 Drug War Killings, Arrests, Eradication, Informants, Interdiction, Lowest Priority Policies, Police Corruption, Police Raids, Profiling, Search and Seizure, SWAT/Paramilitarization, Task Forces, Undercover Work), Probation or Parole, Prosecution, Reentry/Rehabilitation, Sentencing (Alternatives to Incarceration, Clemency and Pardon, Crack/Powder Cocaine Disparity, Death Penalty, Decriminalization, Defelonization, Drug Free Zones, Mandatory Minimums, Rockefeller Drug Laws, Sentencing Guidelines)CultureArt, Celebrities, Counter-Culture, Music, Poetry/Literature, Television, TheaterDrug UseParaphernalia, Vaping, ViolenceIntersecting IssuesCollateral Sanctions (College Aid, Drug Taxes, Housing, Welfare), Violence, Border, Budgets/Taxes/Economics, Business, Civil Rights, Driving, Economics, Education (College Aid), Employment, Environment, Families, Free Speech, Gun Policy, Human Rights, Immigration, Militarization, Money Laundering, Pregnancy, Privacy (Search and Seizure, Drug Testing), Race, Religion, Science, Sports, Women's IssuesMarijuana PolicyGateway Theory, Hemp, Marijuana -- Personal Use, Marijuana Industry, Medical MarijuanaMedicineMedical Marijuana, Science of Drugs, Under-treatment of PainPublic HealthAddiction, Addiction Treatment (Science of Drugs), Drug Education, Drug Prevention, Drug-Related AIDS/HIV or Hepatitis C, Harm Reduction (Methadone & Other Opiate Maintenance, Needle Exchange, Overdose Prevention, Pill Testing, Safer Injection Sites)Source and Transit CountriesAndean Drug War, Coca, Hashish, Mexican Drug War, Opium ProductionSpecific DrugsAlcohol, Ayahuasca, Cocaine (Crack Cocaine), Ecstasy, Heroin, Ibogaine, ketamine, Khat, Kratom, Marijuana (Gateway Theory, Marijuana -- Personal Use, Medical Marijuana, Hashish), Methamphetamine, New Synthetic Drugs (Synthetic Cannabinoids, Synthetic Stimulants), Nicotine, Prescription Opiates (Fentanyl, Oxycontin), Psilocybin / Magic Mushrooms, Psychedelics (LSD, Mescaline, Peyote, Salvia Divinorum)YouthGrade School, Post-Secondary School, Raves, Secondary School