Drug War Chronicle

comprehensive coverage of the War on Drugs since 1997

Imposición de la Ley: La Guerra a las Drogas le Quita la Vida a Otro Oficial

Un oficial de narcóticos de Beckley, Virginia Occidental, fue muerto a tiros el martes por la mañana en una compra encubierta de drogas que salió mal, informó el Beckley Register-Herald el miércoles. El Detective Charles “Chuckie” Smith, 29, fue albeado por numerosos tiros mientras intentaba realizar una detención tras una compra de crack.

Dos hombres del área fueron presos y acusados de homicidio calificado en la muerte de Smith y están en la Cárcel Regional del Sur aguardando una audiencia de fianzas en el Tribunal del Circuito de la Comarca de Raleigh.

De acuerdo con la parte abierta contra el par, Smith contactó a uno de ellos para hacer una compra de crack, de ahí se encontró con el par cerca de un salón de fiestas de Beckley. Cuando uno de los hombres le entregó algunas piedras a Smith, él exhibió su distintivo. Un hombre se fue corriendo, pero el otro sacó un arma y hizo varios disparos contra Smith.

De acuerdo con el National Law Enforcement Officer Memorial Fund, en la última década, los oficiales de la ley han sido muertos en un índice de cerca de 165 por año, con poco más de la mitad de aquellas muertes debida a accidentes. La guerra a las drogas quita las vidas de cerca de una docena de oficiales a cada año.

Imposición de la Ley: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana

Otra semana, otra canasta de manzanas podridas. Vemos tantas manzanas podridas que empezamos a imaginar si no hay un problema en el barril. De cualquier manera, esta semana tenemos un desempeño repetido de un juez de Alabama con una mala costumbre seria, algunos policías de Chicago aceptan acuerdos por robar a traficantes de drogas, un par de aviadores estadounidenses siendo condenados por actuar como entregadores de drogas y un comisario de una pequeña ciudad de Tejas buscando trabajo después que le hicieron demasiadas preguntas sobre el paradero de algún dinero de transacciones de drogas. Vamos a ello:

En Carollton, Alabama, el Juez Distrital Ira Colvin de la Comarca de Pickens está metido nuevamente en problemas por su consumo de anfetamina. Los lectores antiguos quizá se recuerden que el Juez Colvin fue preso hace dos semanas bajo acusaciones relacionadas con la metanfetamina y los precursores de la metanfetamina en la vecina Comarca de Lowndes, Mississippi. Él fue preso nuevamente el sábado por la mañana en Alabama bajo acusaciones de tenencia de metanfetamina con base en la descubierta de metanfetamina en su oficina en el Centro Judicial de la Comarca de Pickens el 15 de Agosto. Su oficina fue buscada bajo las órdenes del Juez James Moore del Tribunal del Circuito un día después de su detención en Mississippi. De acuerdo con el Tuscaloosa News, los funcionarios de la Comarca de Pickens dijeron que ellos habían estado investigando al supuesto consumo de drogas de Colvin desde Mayo. Él ha sido suspenso como juez y está libre bajo fianza por las acusaciones abiertas tanto en Mississippi como en Alabama. En una vuelta tardía e inesperada en la historia, Colvin dimitió el miércoles.

(Éste no es un ejemplo de corrupción – a veces es difícil decidir si cualquier caso de problemas legales que involucren a impositores de la ley debe entrar en esta columna – el Juez Colvin presumiblemente juzga a los demás acusados de consumo de drogas, entonces decidimos incluirlo.)

Esta semana en Chicago, dos ex oficiales de la policía de Chicago se confesaron culpables de acusaciones de robar millares de dólares en marihuana y cocaína de traficantes de drogas, informó la Associated Press. Los ex oficiales Derek Haynes, un veterano de nueve años, y Broderick Jones fueron parte de una pandilla de cinco ex oficiales de la policía de Chicago acusados de detener a traficantes de drogas y quitarles sus drogas en el Cono Sur de la ciudad. Los cinco fueron acusados de conspiración para tener y distribuir cocaína; ahora, Haynes y Jones ya se han confesado culpables de esas acusaciones. Ellos pueden recibir una sentencia de entre 15 y 40 años de prisión.

En Houston, dos aviadores estadounidenses atrapados mientras tramaban contrabandear cocaína usando sus cargos para burlar la seguridad del aeropuerto fueron condenados a prisión el martes, informó la Reuters. Shawn Nguyen, 38, y Burlie Sholar, 33, fueron arrestados en febrero en un montaje del FBI tras estar de acuerdo en llevar casi 15 kilos de cocaína en un vuelo de Houston a Las Vegas. Ellos iban a recibir $75.000 por sus esfuerzos. El par cayó después que un informante les dijo a los investigadores que Nguyen, un ex agente antidroga federal, estaba involucrado en el tráfico. Nguyen recibió siete años, en tanto que Sholar recibió nueve. Ellos podían recibir pena de prisión perpetua.

En Troy, Tejas, el Comisario de la Policía, David Seward, fue despedido en una reunión del consejo municipal el lunes por la noche tras ser suspenso el 11 de Julio a causa de una investigación corriente del trato del dinero confiscado después que se encontraron drogas en un vehículo durante una batida de tránsito. De acuerdo con la KWTX-TV 10 en Waco, los regidores le hicieron preguntas sobre cómo gastó ese dinero. Seward admitió que gastó algún dinero inadecuadamente, pero debatió que él no debería ser dimitido. El consejo municipal no aceptó eso, a pesar de todo. Votó unánimemente para despedirlo.

Llamado: ¡Por Favor, Envíe Publicaciones, Noticias y Eventos a la Nueva Página Web de DRCNet!

Entre las características disponibles en la nueva página web de DRCNet están las posibilidades interactivas para que usted sea parte del equipo electrónico. Para empezar hay los Blogs de los Lectores, una sección del nuevo proyecto blogosférico “El Bar Clandestino de Stop the Drug War”. ¡Visite http://stopthedrugwar.org/speakeasy/reader para chequearlo y empezar a publicar! (Si usted ya lo ha intentado y ha tenido problemas, por favor, inténtelo nuevamente – hemos arreglado algunos de los problemas técnicos iniciales, pese a que no todos todavía.) Vamos a dedicar cada vez más atención con el tiempo que pasa a los Blogs del Lector -- ¡esto es apenas el comienzo!

Usted puede informarnos sobre noticias importantes o interesantes al enviarlas directamente a nuestra nueva sección de Últimas Noticias – visite http://stopthedrugwar.org/node/add/content-recent_news para enviar sus sugerencias de enlaces de noticias a nuestros moderadores.

La DRCNet sigue publicando listados de eventos grandes o pequeños que estén relacionados con la causa, pero ahora los publicamos en un listado que aparece en la mayoría de las páginas en nuestra página web y que tiene enlace para el calendario completo. Si usted está involucrado o sabe de algún evento relevante, puede publicarlo directamente – no apenas una descripción corta como las que hemos hecho anteriormente, sino el anuncio completo – en nuestra página de eventos en http://stopthedrugwar.org/node/add/event.

Ahora, los artículos de la Crónica de la Guerra Contra las Drogas tienen secciones de comentarios debajo de ellos, otra manera de entrar en la discusión.

A continuación: publicaciones agenciadas que usted puede publicar en su página web, una base de datos considerable con enlaces de políticas de drogas y contenido geográficamente objetivado para su consulta personalizada a la página web. Para conseguir ese contenido geográficamente objetivado, usted tendrá que conectarse a nuestras nuevas cuentas (la misma dirección electrónica que usted nos dio antes, si es suscriptor) y darnos su ubicación, si ya no ha hecho eso. Visite http://stopthedrugwar.org/user para conectarse, registrarse o actualizar su información. (Por favor, díganos si le aparece cualquier mensaje de error o si tiene cualquier problema con las cuentas – hemos arreglado algunos de los problemas, pero queremos llegar lo más cerca posible de la perfección.)

Reportaje: Presidente Brasileño Firma Nueva Ley Sobre las Drogas – Los Usuarios Ya No Serán Presos

La semana pasada, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmó un proyecto que crea una nueva ley sobre las drogas en el país más grande y populoso de Sudamérica. Según la nueva ley, los consumidores y portadores de drogas ya no serán arrestados y encarcelados, sino citados y recibirán rehabilitación y tendrán que prestar servicio comunitario. La nueva ley marca un cambio importante en las políticas brasileñas de drogas, con los usuarios de drogas siendo vistos oficialmente no como criminales, sino como gente carente de ayuda médica y psiquiátrica.

“Un usuario de drogas no es un caso de policía, es un drogadicto”, le dijo Elias Murad, el congresista que defendió al proyecto, al Christian Science Monitor después que Lula transformó el proyecto en ley. “Es más un problema médico y social que un problema de policía y así se piensa hoy día, no apenas aquí en Brasil, sino en todo el mundo. Creemos que no se puede mandar alguien que está enfermo a la cárcel”.

“Fumar marihuana no es crimen”, estuvo de acuerdo Paulo Roberto Uchôa, que dirige la Secretaría Nacional Antidroga de Brasil. “Un usuario de drogas es... alguien que necesita asesoramiento e información. Los que trafican drogas son los criminales”.

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cartelera de Psicotropicus que promueve la legalización de la marihuana (maconha)
Con 170 millones, Brasil ha emergido como gran mercado de drogas. El consumo de marihuana (o “maconha”) es común y Brasil reclama la distinción ambigua de ser el segundo mercado más grande de cocaína del mundo, detrás de los Estados Unidos. Tradicionalmente, Brasil ha encarcelado los consumidores de drogas, pero eso es caro y plantea el riesgo de que serán expuestos y se juntarán a las pandillas violentas y fuertemente armadas del tráfico drogas o “comandos”.

Antes, los portadores de pequeñas cantidades se enfrentaban a una sentencia de entre seis meses y dos años de prisión, pero según la nueva ley, ellos se enfrentan a una o más de las siguientes: tratamiento, servicio comunitario, multas o suspensión de sus licencias de conducir. Las penas para traficantes y vendedores de drogas, con todo, han sido ligeramente aumentadas. Según la ley antigua, los traficantes recibían entre tres o 15 años de prisión; ahora, ellos pueden recibir entre cinco y 15. La ley también crea el crimen nuevo de ser un “capitalista del narcotráfico”, punible por entre ocho y 20 años de prisión.

Aunque los funcionarios del gobierno brasileño se feliciten por su abordaje progresista, ni todos estaban contentos. “No nos engañemos, el consumo de drogas aún es crimen”, dijo Martín Arangurí Soto, estudiante de post-graduación en ciencia política que investiga el encarcelamiento en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (y que también trabaja como traductor de DRCNet). “Sí, el nuevo mantra es el de que esto ha cambiado de ser un caso de policía para un problema de salud pública”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “Pero las personas aún andan siendo castigadas por las opciones que hicieron y si no obedecen las ‘medidas socioeducativas’ que la ley menciona – cualesquiera que sean --, aún pueden ser presas de seis a 24 meses. Como si se debiera algo a la sociedad por consumir drogas o hubiera la necesidad de ser ‘educado’ o ‘corregido’”.

Y aunque los funcionarios brasileños estén mostrando las penas alternativas como un abordaje mejor, Arangurí Soto sugirió que el motivo principal era el de desahogar las prisiones superpobladas y sobrecalentadas de Brasil, hogar de algunos de los narcotraficantes más duros del país (que coordinan el tráfico tras rejas) y la escena de varias rebeliones violentas, que han estado ocurriendo desde Mayo, en las que más de 160 personas fueron muertas en revueltas en las prisiones y en combates armados organizados por los comandos del narcotráfico.

“El gran argumento para apoyar las penas alternativas es el de que ellas van a aliviar la superpoblación en las prisiones”, dijo. “También hay la retórica sobre evitar la ‘contaminación moral’ – la misma fórmula antigua repetida por los criminólogos durante casi 200 años”.

El Fiscal Ricardo de Oliveira Silva, que defendió la nueva ley, apoyó al argumento de Arangurí Soto, diciéndole al Christian Science Monitor que la nueva ley puede significar un corte de un tercio en el número de personas enviadas a la cárcel por los jueces. Eso reduciría enormemente la superpoblación, dijo.

“Esta ley no despenaliza el consumo de drogas”, denunció Arangurí Soto. “Sigue castigando a los usuarios, pero ahora los trata como si fueran enfermos. Activa la justicia terapéutica y legitima el papel moralizador del estado cuando se trata de la conducta individual”, debatió. “La nueva ley es una trampa, una trampa ‘moderna’, compasiva, curativa y terapéutica”.

Arangurí y sus colegas brasileños se han juntado a un debate que ha creado alboroto en los círculos estadounidenses de la reforma durante años, pero que fue intensificado con la campaña por, y la aprobación de, la Proposición 36 de California en las elecciones de Noviembre de 2000. Un punto de vista más esperanzado fue asumido en una entrevista de 2003 concedida a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas por el director del Proyecto de Políticas de Drogas del Colegio de Abogados de la Comarca de King, Roger Goodman. “La reforma siempre se da con dos pasos hacia delante, un paso hacia atrás”, dijo Goodman, “pero ahora toda esta idea de tratamiento en vez del encarcelamiento se ha pasado a la corriente principal. Ya no es más radical. El próximo paso es la reglamentación gubernamental de las drogas en vez de la reglamentación gubernamental del comportamiento humano. Eso es mucho más radical”.

De cualquier manera, la nueva ley de Brasil ha sido esperada durante largo tiempo. Presentada por primera vez por el Congresista Murad en 1991, el proyecto demoró cinco años para ser aprobado por la cámara de los diputados y otros cinco para pasar por el Senado. Entonces, languideció durante otros cinco años antes que el gobierno Lula se dispusiera a firmarlo.

Ahora, Brasil ha dado un paso hacia delante. La pregunta es cómo la nueva ley será implementada y si servirá como piedra angular o obstáculo a políticas de drogas más progresistas.

Reportaje: Victoria de la Marihuana Medicinal en Tribunal de Dakota del Sur por Texto Electoral

La iniciativa de marihuana medicinal de Dakota del Sur y sus organizadores, la South Dakotans for Medical Marijuana, lograron una importante victoria legal el viernes pasado cuando un juez del tribunal del circuito ordenó que los funcionarios estaduales descartasen la explanación electoral redactada por el enemigo de la marihuana medicinal, el Fiscal General Larry Long (R). Los organizadores de la iniciativa habían abierto una acción que desafiaba a la explanación electoral de Long por ser desesperadamente sesgada en contra de la iniciativa, y en su decisión el viernes pasado, el Juez Max Gors del Tribunal del Circuito de Pierre, la capital del estado, estuvo de acuerdo con eso.

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Ni siquiera se es dejado en paz en Dakota del Sur...
De acuerdo con la ley de Dakota del Sur, el fiscal general está encargado de escribir un “sumario objetivo, claro y sencillo” de las medidas electorales. Pero el original del Fiscal General Long ni se aproximó de eso. Aun antes de hacer el propio sumario electoral, él decidió cambiar el propio nombre de la medida. Conocida desde el principio y cursada junto al estado como “Una ley para proporcionar el acceso seguro a la marihuana medicinal a ciertas personas calificadas”, Long decidió que estaría mejor intitulada si se llamara “Una Iniciativa para autorizar el consumo de marihuana para adultos y niños con enfermedades específicas”. El texto completo de su explanación electoral original es el siguiente:

Actualmente, la tenencia, consumo, distribución o cultivo de marihuana es crimen tanto de acuerdo con la ley estadual como con la federal. La ley propuesta legalizaría el consumo o tenencia de marihuana para cualquier adulto o niño que tenga una de las diversas enfermedades listadas y que esté registrado en el Departamento de Salud. La ley propuesta también proporcionaría una defensa a las personas que cultivan, transportan o distribuyen marihuana solamente para personas registradas. Aun si esta iniciativa es aprobada, la tenencia, el consumo o la distribución de marihuana sigue siendo un crimen federal. Las personas contempladas por la ley propuesta aún estarían sujetas a proceso federal por infracción de las leyes federales de control de las drogas. Los médicos que den certificaciones escritas pueden estar sujetos a la pérdida de sus licencias federales para dispensar drogas prescriptibles.

En su decisión el viernes pasado, el Juez Gors ordenó que el Fiscal General Long rescribiera el sumario electoral o usara el texto que el propio Juez Gors redactó:

Esta iniciativa permitirá que las personas, incluso menores con autorización de sus padres, que tengan una enfermedad debilitante cultiven (no más de seis plantas), tengan (no más de treinta gramos) y usen pequeñas cantidades de marihuana para fines medicinales. La “enfermedad debilitante” es definida para incluir a cáncer, glaucoma, VIH, SIDA o una dolencia crónica y debilitante que incluya a caquexia, síndrome debilitante, dolores intensos o crónicos, náuseas crónicas, convulsiones, incluso las convulsiones epilépticas, espasmos musculares crónicos o persistentes, incluso aquellos causados por heridas en la columna, esclerosis múltiple, Mal de Chrohn, fibromialgia o cualquier otra enfermedad aprobada por el Departamento de la Salud. La certificación puede ser lograda al enviar los registros médicos al Departamento de Salud o enviando la recomendación de un médico. Una persona no puede manejar mientras esté intoxicada con marihuana ni puede fumar marihuana en cualquier lugar en que el fumo de tabaco sea prohibido. El cultivo, la tenencia y el consumo de marihuana aún serán ilegales según la ley federal, pero la certificación es una defensa contra el proceso criminal de acuerdo con la ley estadual.

Sarah Raeburn, vocera de la fiscalía general, le dijo a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas el miércoles que Long había decidido aceptar la versión de juez como está. “Ésa es la que usaremos”, dijo ella. “Los únicos cambios son dos errores de pronuncia que hemos corregido”.

“Nos quedamos muy satisfechos con la decisión del juez”, dijo el abogado de Hurón, Ron Volesky, que debatió el caso a favor de la principal demandante, Valerie Hanna, de la South Dakotans for Medical Marijuana, una ex enfermera del ejército que padece de males neurológicos relacionados con su exposición a químicos durante la Guerra del Golfo. “Sentimos que es una victoria para la justicia en las urnas. El tribunal del circuito expuso un remedio con un texto nuevo que es justo en su esencia”, le dijo él a la Crónica.

Volesky, un ex legislador estadual que es el indicado demócrata al cargo de fiscal general este año, era el hombre perfecto para el trabajo. No apenas él está entre los pocos políticos de Dakota del Sur interesados en la marihuana medicinal – él presentó un proyecto que no llegó a ningún lugar en la legislatura en 2002 --, él tuvo experiencia anterior en desafiar a las explanaciones electorales del Fiscal General Long en 2004.

La demandante Hanna también se pronunció satisfecha. “Estoy muy contenta y satisfecha con la decisión”, le dijo ella a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “Éste es un buen día para la gente enferma en Dakota del Sur”.

El Marijuana Policy Project, sedeado en Washington, DC, que ayudó a financiar el esfuerzo de colecta de firmas para poner la iniciativa en la votación, también se satisfizo. “Gracias a esta decisión sensible, Dakota del Sur tendrá ahora una descripción justa de la iniciativa de marihuana medicinal en las urnas y los habitantes de Dakota del Sur pueden tomar una decisión que no sea sesgada sobre si quieren proteger a los pacientes de marihuana medicinal de Dakota del Sur de detención y proceso criminal por usar el medicamento que les da más resultados”, le dijo la vocera del MPP, Rebecca Greenberg, a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.

Ahora, con el problema del texto electoral en el pasado, los defensores de la marihuana medicinal en Dakota del Sur volverán sus atenciones hacia la victoria en las urnas en Noviembre. El estado socialmente conservador será un gran desafío, pero los organizadores están optimistas.

“Seguiremos haciendo presión”, dijo Hanna. “Estamos hablando con la prensa y estoy contactando a miembros del clero ahorita mismo. Con suerte, encontraremos algunos que tengan el coraje para pronunciarse públicamente, pero es bien asustador defender algo así por aquí. Pero tengo mucha esperanza que la gente va a responder positivamente a esta iniciativa”.

“Ya es hora de que la gente se pronuncie”, dijo Volesky. “Cuando la legislatura no actúa, tenemos el poder del pueblo a través de medidas electorales y referendos para pasar la legislatura. En vez de intentar lograr a un puñado de legisladores controlados por el gobierno, el pueblo puede tomar su propia decisión”.

Si la campaña es exitosa, Dakota del Sur se volverá el 12º estado a legalizar la marihuana medicinal y el noveno a hacerlo a través del proceso de iniciativas.

Anúncio: Novo Formato para o Calendário do Reformador

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A partir desta edição, O Calendário do Reformador não aparecerá mais como parte do boletim Crônica da Guerra Contra as Drogas, mas será mantido como seção de nossa nova página:

O Calendário do Reformador publica eventos grandes e pequenos de interesse para os reformadores das políticas de drogas ao redor do mundo. Seja uma grande conferência internacional, uma manifestação que reúna pessoas de toda a região ou um fórum na universidade local, queremos saber para que possamos informar os demais também.

Porém, precisamos da sua ajuda para mantermos o calendário atualizado, então, por favor, entre em contato conosco e não suponha que já estamos informados sobre o evento ou que vamos saber dele por outra pessoa, porque isso nem sempre acontece.

Ansiamos por informá-lo de mais matérias novas de nossa nova página assim que estejam disponíveis.

Anuncio: Nuevo Formato para el Calendario del Reformador

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A partir de esta edición, El Calendario del Reformador ya no aparecerá como parte del boletín Crónica de la Guerra Contra las Drogas, pero será mantenido como sección de nuestra nueva página web:

El Calendario del Reformador publica eventos grandes y pequeños de interés para los reformadores de las políticas de drogas alrededor del mundo. Ya sea una gran conferencia internacional, una manifestación que reúna a personas de toda la región o un foro en la universidad local, queremos saber para que podamos informar a los demás también.

Pero necesitamos su ayuda para mantener el calendario actualizado, entonces por favor contáctenos y no suponga que ya estamos informados sobre el evento o que vamos a saber de ello por otra persona, porque eso ni siempre sucede.

Ansiamos por informarlo a usted de más reportajes nuevos de nuestra nueva página web así que estén disponibles.

Apresentando: O Bar Clandestino da Stop the Drug War

A DRCNet tem o prazer de anunciar uma atualização importantíssima no sítio da DRCNet e o lançamento dentro dele de “O Bar Clandestino da Stop the Drug War”. Por favor, visite http://stopthedrugwar.org -- todos os dias – para lê-lo e obter uma escrita original sobre uma variedade de tópicos que tratam da questão em um formato de blog.

O Bar Clandestino, entre outras coisas, servirá como ponto de lançamento para uma campanha, como diz o nosso slogan, de conscientização das conseqüências da proibição. Fique ligado para alguns chamados à ação sobre como se envolver. O Bar Clandestino também servirá como nosso caixote no qual tratamos brevemente dos últimos acontecimentos importantes nas políticas de drogas (sem termos que esperar até as explicações em profundidade da sexta-feira de manhã na Crônica) e no qual também estendemos a nossa tradição de apoio ao trabalho de todos os grupos diferentes no movimento. Já que falamos da Crônica, ela continuará também, e o editor da Crônica, Phil Smith, também escreverá no blog dele, compartilhando as visões “de dentro” sobre a guerra às drogas e o processo de informar sobre ela, assim como oferecendo observações sobre os tipos de matérias que não entram usualmente na Crônica.

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foto de reide anticerveja da era da lei seca no Distrito de Colúmbia, dos arquivos da Biblioteca do Congresso
O Bar Clandestino também pode ser o seu caixote diário, através da nossa seção nova chamada "Reader Blogs". Comece o seu próprio blog na DRCNet para nos ajudar a pregar aos não-convertidos através da blogosfera – as publicações especialmente excelentes serão exibidas no portal da DRCNet!

Se você tomar uma momento para ver o nosso novo sítio – mais uma vez, http://stopthedrugwar.org --, verá que há muitas outras novas matérias e razões para visitá-lo diariamente, não apenas o Bar Clandestino. Uma série extensa de categorias divididas em tópicos sobre as questões da guerra às drogas, as conseqüências da proibição e a relação dos artigos com a política e a defesa; a publicação de “Últimas Notícias”, conteúdo em Espanhol e Português, links para os artigos mais populares ou artigos que são similares aos que você está lendo; páginas para ver os importantes vídeos da Law Enforcement Against Prohibition e BUSTED; uma página de “rastreamento” na qual você pode lembrar das páginas que visitou antes; um Calendário do Reformador melhorado; mais. E ainda mais em breve.

Por favor, enviem-nos as suas idéias e sugestões enquanto continuamos adicionando coisas a este novo endereço eletrônico. Para o alto e avante, com a sua ajuda!

Muito obrigado à empresa de design gráfico Antinomia Solutions por superar e ir além do chamado do dever neste projeto.

Presentando: El Bar Clandestino de Stop the Drug War

La DRCNet tiene la satisfacción de anunciar una actualización importantísima en la página web de DRCNet y el lanzamiento dentro de ella de "El Bar Clandestino de Stop the Drug War". Por favor, visite http://stopthedrugwar.org -- todos los días -- para leerlo y obtener una escrita original sobre una variedad de tópicos que tratan de la cuestión en un formato de blog.

El Bar Clandestino, entre otras cosas, servirá como punto de lanzamiento para una campaña, como dice nuestro eslogan, de concienciación de las consecuencias de la prohibición. Esté atento para algunas convocaciones a la acción sobre cómo involucrarse. El Bar Clandestino también servirá como nuestro cajón en que tratamos brevemente de los últimos sucesos importantes en las políticas de drogas (sin tener que esperar hasta las explicaciones con profundidad del viernes por la mañana en la Crónica) y en el cual también extendemos nuestra tradición de apoyo al trabajo de todos los grupos distintos en el movimiento. Ya que hablamos de la Crónica, ella también seguirá, y el editor de la Crónica, Phil Smith, también escribirá en su blog, compartiendo sus visiones "desde adentro" sobre la guerra a las drogas y el proceso de informar sobre ella así como ofreciendo observaciones sobre los tipos de reportajes que no entran usualmente en la Crónica.

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foto de allanamiento anticerveza de la era de la ley seca en el Distrito de Columbia, de los archivos de la Biblioteca del Congreso
El Bar Clandestino también puede ser su cajón diario, a través de nuestra sección nueva llamada "Reader Blogs". Empiece su propio blog en DRCNet para ayudarnos a predicar a los no-convertidos a través de la blogosfera - ¡las publicaciones especialmente excelentes serán exhibidas en la página principal de DRCNet!

Si usted toma un momento de su tiempo para ver nuestra nueva página web -- más una vez, http://stopthedrugwar.org --, usted verá que hay muchos otros nuevos reportajes y razones para visitarla diariamente, no apenas el Bar Clandestino. Una serie extensa de categorías divididas en tópicos sobre las cuestiones de la guerra a las drogas, las consecuencias de la prohibición y la relación de los artículos con la política y la defensa; la publicación de "Últimas Noticias"; contenido en Español y Portugués; enlaces a los artículos más populares o artículos que son similares a los que usted está leyendo; páginas para ver los importantes vídeos de Law Enforcement Against Prohibition y BUSTED; una página de "rastreamiento" en que usted se puede recordar de las páginas que ha visitado antes; un Calendario del Reformador mejorado; más. Y aún más muy pronto.

Por favor, envíenos sus ideas y sugerencias mientras seguimos agregando cosas a esta nueva dirección electrónica. Hacia arriba y adelante, ¡con su ayuda!

Muchas gracias a la empresa de diseño de páginas web Antinomia Solutions por superar e ir más allá del llamado del deber en este proyecto.

Reportaje: Viviendo en la Época del Katrina – Perdidos en el Gulag Fangoso de Luisiana

La residente de Nueva Orleáns, Pearl Bland, fue presa y encarcelada por acusaciones de tenencia de pertrechos para consumo de drogas en agosto de 2005, pocas semanas antes que el Huracán Katrina devastara la ciudad. Ella se confesó culpable el 11 de agosto y su juez ordenó que fuera libertada al día siguiente para que fuera puesta en un programa de rehabilitación química. Reconociendo que Bland era indigente, él suspendió las multas y tasas, pero Bland no fue puesta en libertad al día siguiente. La Prisión Parroquial de Orleáns (OPP) la mantuvo presa porque ella debía $398 en multas y tasas de una detención anterior. Ella tenía una audiencia judicial en Agosto y otra programada para el 20 de septiembre en la cual las multas y tasas muy probablemente habrían sido suspendidas.

Pearl no pudo comparecer a la audiencia de septiembre. En vez de eso, cuando llegó el Katrina, ella se juntó a los millares de prisioneros atascados en el purgatorio. Tras ser golpeada por sus compañeras en la OPP mientras los adjuntos se encogían de hombros, Bland fue evacuada, primero a la prisión estadual de seguridad máxima en Angola y, por fin, a una cárcel en la Parroquia de Avoyelles. En junio, ella contactó desesperadamente a la American Civil Liberties Union (ACLU), que por su vez contactó a abogados junto a la Clínica de Derecho Penal de la Universidad de Tulane, los cuales lograron ponerla en libertad el 28 de junio. Bland no pudo comparecer a su audiencia de puesta en libertad, así como no pudo estar presente en las cuatro audiencias de las semanas anteriores, porque sus carceleros no querían entregarla al tribunal.

“Pearl Bland pasó 10 meses en prisiones por todo el estado en razón de $398 en multas y tasas que su juez probablemente habría suspendido si ella hubiese comparecido al tribunal”, dijo Tom Javits, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. “Pero, a causa de la tempestad y de la respuesta a ella, Bland tuvo que esperar meses para que le tocara su vez en la corte, y apenas porque buscó ayuda”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.

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el informe de la ACLU
Ya sería una gran desgracia si Pearl Bland fuera una excepción, pero infelizmente, su caso es típico de lo que le pasó a mucha gente desdichada para estar tras rejas cuando el Katrina llegó o para ser arrestada poco tiempo después de la tempestad. Como documentaron el Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y la ACLU de Luisiana en su informe de principios de Agosto, "Abandoned and Abused: Orleans Parish Prisoners in the Wake of Katrina” [Abandonados y Abusados: Los Prisioneros de la Parroquia de Orleáns Después del Katrina], millares de ciudadanos de Nueva Orleáns bajo custodia cuando la tempestad atingió la costa fueron dejados a su merced mientras los guardias se escapaban del nivel creciente de las aguas. Desde entonces, aquellos presos han sido esparcidos al viento, se los ha dejado sin defensa, los guardias han abusado de ellos y han sido abandonados por un sistema de justicia que parece estar satisfecho al olvidarse de ellos. Y con la reconstrucción post-Katrina llevando una fuerte marca de imposición de la ley, a ellos se sumaron millares, muchos de ellos presos por crímenes triviales como escupir en la vereda, embriaguez en público y tenencia simple de drogas.

Un año después del Katrina, millares de presos no han visto un abogado ni tampoco han sido citados, ni siquiera han comparecido ante un juez. Escandalosamente, nadie tiene un cómputo firme – o si lo tienen, no lo dicen. “Nadie sabe los números”, dijo la profesora de derecho Pamela Metzger, que dirige la Clínica de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Tulane y aquellos estudiantes han ido a las cárceles y prisiones de Luisiana en busca de los presos del Katrina. “Cuando le pedimos a la fiscalía que nos ayude con esto, para que las personas puedan tener abogados, ellos dicen que no es su trabajo. Sólo desde Junio, mis estudiantes han logrado rastrear y libertar cerca de 95 personas”, dijo Metzger. “Pero no tenemos ninguna manera de saber cuántos están en la cárcel”.

Cuando la Crónica le hizo la misma pregunta al director ejecutivo de la ACLU de Luisiana, Joe Cook, él dio la misma respuesta. “Yo no sé cuál es el número. Pregúntele al fiscal”, dijo.

La fiscalía de Nueva Orleáns no contestó las muchas llamadas en busca de información sobre el número de personas arrestadas antes o después del Katrina que aún tienen que ver un abogado o tener una audiencia judicial. Igualmente, y eso quizá sea un indicio del estado de las cosas en la defensoría pública, nadie contestó el teléfono a pesar de diversas llamadas. (Ésa no es toda la verdad. En una ocasión, una mujer contestó, pero ella dijo que era contadora y que no había nadie en la oficina.)

Las estimativas publicadas del número de presos de Nueva Orleáns a los que se negó sus derechos básicos a defensa legal y a un juicio ligero han estado entre los 3.000 y 6.000.

Parte del problema es el colapso casi total del sistema de defensa de los indigentes en la ciudad. Ya estaba en pésima forma antes de la tempestad, y entró en colapso junto con el resto del sistema de justicia criminal después de la tormenta. Pero aunque las autoridades fueran rápidas en arreglar el aparato de represión legal, fue necesario esperar hasta junio para que los tribunales criminales empezaran a funcionar, y la defensoría pública, que depende de los réditos de las multas para financiar sus operaciones, no tenía dinero. Ahora, casi tres cuartos de los defensores públicos simplemente se han ido aun a pesar de ser necesarios para representar a casi 85% de los reos criminales en la ciudad.

La situación llamó la atención del Departamento de Justicia de los EE.UU., que en un informe lanzado en abril concluyó que: “La gente espera en la cárcel sin ninguna acusación y los juicios no pueden ser realizados; aun los reos que desean confesarse culpables deben tener un abogado para que el juez acepte el acuerdo. Sin los abogados de defensa de los indigentes, actualmente Nueva Orleáns tiene falta de un verdadero proceso de defensa, el proceso para asegurar que aun la persona arrestada más pobre reciba un acuerdo justo, que el gobierno simplemente no puede enclaustrar a sospechosos y olvidarse de ellos... para la vasta mayoría de los individuos arrestados”, descubrió el estudio, “la justicia simplemente no está disponible”.

La situación también está empezando a irritar a los jueces de Nueva Orleáns. En mayo, el Juez Jefe de la Corte Criminal del Distrito, Calvin Johnson, emitió una orden que exigía que todos los acusados de infracciones de tránsito o del código municipal fuesen citados, en vez de encarcelados. La ciudad tiene “un número limitado de espacios en la cárcel y no podemos llenarlos con gente acusada de infracciones menores como la perturbación del orden, la invasión de propiedad o por escupir en la vereda... No estoy exagerando. Había gente en la cárcel por escupir en la vereda”, reclamó.

La semana pasada, otro juez de corte distrital de Nueva Orleáns, Arthur Hunter, fue noticia cuando amenazó empezar a realizar audiencias esta semana para poner en libertad a algunos de los presos detenidos durante meses sin abogados ni audiencias judiciales. Eso debería haber pasado el martes, pero no sucedió. En vez de eso, el Juez Hunter postergó la audiencia después que los fiscales plantearon sus preocupaciones.

Aunque los disturbios en el sistema fueran inevitables después del Katrina, Metzger de la Universidad Tulane puso parte de la culpa en la fiscalía. “Ellos tomaron muy malas decisiones y son impedidos por una especie de respuesta refleja de que todo tiene que ser procesado totalmente. Ellos no buscan esclarecer los casos; en vez de eso, ellos dejan que las personas esperen sin abogados hasta que estén dispuestas a confesarse culpables”, dijo. “Es una forma de extorsión acusatoria”.

No son apenas las personas que estaban en la cárcel cuando llegó el Katrina, sino muchos de aquellos arrestados desde entonces que han desaparecido en el gulag fangoso, dijo Metzger. “La semana pasada, encontramos un hombre que había estado detenido en la prisión de seguridad máxima de Angola desde enero. Él fue atrapado por tenencia de drogas, su único antecedente era por marihuana y él ha estado aguardando en una de las peores prisiones en el país sin ni siquiera consultar a un abogado durante ocho meses”, exclamó ella. “Logramos una orden para su puesta en libertad. Él debería haber salido el martes, pero aún está en la cárcel. Simplemente no sabemos cuántos más hay como él”.

La fiscalía no solamente no está cooperando, sino que está muy obstinada, denunció Metzger. “Entramos con un pedido de derecho a juicio ligero en nombre de un hombre llamado Gregory Lewis que ya había cumplido 10 meses de una contravención de drogas con un máximo de seis meses. La fiscalía combatió eso y su moción decía en verdad que, voy a citarla, ‘No es irrazonable detener a supuestos adictos a las drogas en la cárcel durante más tiempo que las otras personas; ello permite que las drogas mortíferas salgan de sus metabolismos’”, dijo ella.

La moción de la fiscalía se refería oblícuamente a la desintoxicación, lo que es irónico dado que no existe dicha instalación en Nueva Orleáns. “No hay ningún lecho de desintoxicación en toda la ciudad”, dijo Samantha Hope de la Hope Network, un grupo que busca financiación privada para abrir un centro de tratamiento y recuperación en el corazón de la ciudad. “La mayoría de las personas en la OPP ahora es gente que no pudo tener acceso al tratamiento de un problema con el alcohol o las drogas. Así han sido las cosas desde el principio”, le dijo ella a la Crónica. “En vez de penalizar a la gente que tiene problemas con el alcohol o las drogas, necesitamos encontrar una manera de darles apoyo. Confrontar nuestro sistema correccional devorador de dinero, nuestra red conservadora y el racismo, eso es difícil de hacer”.

Los estudiantes de Tulane han entrado con algunos casos de juicio ligero, pero ni todos fueron lo suficientemente dichosos para tener un estudiante de derecho de Tulane trabajando en su caso para que puedan abrir un pedido de juicio ligero. “A fin de entrar con una moción para juicio ligero, hay que tener un abogado y millares aún no tienen defensa”, explicó Cook de la ACLU de Luisiana. “El sistema de defensa de los indigentes estaba en la quiebra mucho antes del Katrina y ahora es un completo desastre”, le dijo a la Crónica.

Los presos de la guerra a las drogas son un número considerable, pero desconocido, de aquellos que cumplen “Katrina time”, dijo Cook. “Definitivamente, es una proporción considerable de ellos”, dijo, “pero muchos de ellos ni siquiera han sido acusados formalmente. En Nueva Orleáns, como en la mayor parte de las grandes áreas urbanas, probablemente es seguro decir que una pluralidad de detenciones criminales está relacionada con las drogas”.

Hay soluciones, pero no vendrán fácilmente. “Tenemos que tener una defensoría pública que sea financiada con dinero seguro y previsible”, recomendó Metzger. “Tenemos que ir más allá de la confianza en las multas para financiar esa oficina. Si hubiéramos tenido defensores públicos, habría habido alguien atento para registrar los abusos”, dijo ella.

“Segundo, necesitamos tener fiscales que comprendan sus obligaciones con la comunidad”, prosiguió Metzger. “Su trabajo no es simplemente conseguir condenaciones, sino hacer justicia, y lo que eso significa variará de acuerdo con los hechos y circunstancias individuales. Lo que la justicia post-Katrina exige no es lo que la justicia exigía antes del Katrina. Si usted estuviera viviendo en Nueva Orleáns en el otoño de 2005 y si no estuviera borracho o dopado, probablemente tenía un problema. Todos estaban medicados o automedicándose”.

Cook tenía su propia serie de recomendaciones para un arreglo. “Primero, prendemos la calefacción. Hice una visita al fiscal esta mañana y le pedí que acelerase los procesos”, reveló. “Queremos asegurar que exista un plan coordinado de evacuación de emergencia para todas las prisiones y cárceles y le hemos pedido a la división de derechos civiles del Departamento de Justicia que eche un vistazo a lo que pasó en la OPP y desde entonces. Parte de ella examinará por qué estas personas no tuvieron abogados de defensa ni su turno en la corte”.

Prender la calefacción es precisamente lo que un grupo comunitario recién formado está intentando hacer. Y no están objetivando solamente a los fiscales y el sistema de defensa pública. “La policía ha adoptado un nuevo punto de vista de lo que pertenece a la ciudad ahora y ese punto de vista no incluye a los negros pobres”, dijo Ursula Price de Safe Streets, Strong Communities, un grupo que organiza a las personas que estuvieron en la cárcel o fueron brutalizadas de cualquier otra forma por la policía. La Safe Streets, Strong Communities está administrando dos campañas, una para fortalecer la defensoría pública de indigentes y otra para mejorar las condiciones en la propia cárcel. “Ellos les dicen a nuestros miembros que ‘no deberías haber regresado, no queremos tu laya aquí’”, le dijo ella a la Crónica. “La raza es un problema, la economía es un problema y nuestros adolescentes están aguantando lo peor de ello. Ellos siempre son asediados por la policía”.

Es una cuestión de opciones, dijo Price. “Tenemos tantos policías como antes de la tempestad y mitad del total de personas y justo les hemos dado un aumento. El departamento municipal de finanzas gasta deliberadamente la vasta mayoría de su dinero en la seguridad pública, y, entonces, ya no resta nada para los servicios sociales, que están siendo sacrificados de propósito”, dijo ella. “Pero estoy alentada porque la comunidad está empezando a darse cuenta. Cuando las personas descubran que estábamos gastando medio millón de dólares por semana en la Guardia Nacional sin tener ningún impacto, ellas empezarán a movilizarse”.

Cook tenía una lista completa de reformas necesarias, que van de la disminución de la población carcelaria a parar la práctica de usarla para detener a presos estaduales y federales, crear programas adecuados de salud y tratamiento dentro de la cárcel y disminuir el número de personas presas como detenidas pret-juicio. “Necesitamos encaminamiento antes del juicio, la reforma de las fianzas y citar y emitir políticas para disminuir la población carcelaria”, debatió. “Se necesita voluntad política para hacer esto. Es un crimen encarcelar a un niño cuando hay una opción y hay muchas otras opciones. Y debemos tratar el abuso químico como cuestión de salud pública, no como una cuestión de represión legal”.

Los prospectos parecen sombríos. “Va a ser necesario un liderazgo esclarecido y veo apenas muy poca esperanza de eso”, dijo Cook. “Pero no vamos a desistir. El sistema estadual de juzgado de menores está finalmente pasando por reformas a causa de la presión de las familias y los activistas y creo que será necesario el mismo tipo de esfuerzo para arreglar las cosas a nivel de adultos y aquí en Nueva Orleáns, a nivel parroquial. Eso ya está pasando aquí con la Coalición de Reforma de la OPP, la gente de Safe Streets y todo eso”.

Pero falta muchísimo para que eso pase en Nueva Orleáns.

Marijuana: DEA Steps in Deep Doo-doo in Denver With Abortive Bid to Defeat November Legalization Initiative

Jeff Sweetin, the DEA special agent in charge in Denver, probably wishes he had just kept his mouth shut. It was bad enough that the University of Colorado newspaper the Daily Camera reported Sunday that one of his special agents had sent out an e-mail on a Department of Justice account seeking a campaign manager for “Colorado’s Marijuana Information Committee,” an apparent astroturf organization being set up to defeat the Colorado marijuana legalization initiative. That initiative would legalize the possession of up to an ounce of marijuana by adults.

But then Sweetin really stepped in it, telling the Daily Camera that the law "allows his agency to get involved in the process to tell voters why they shouldn’t decriminalize pot" and that the committee had raised $10,000 from "private donations, including some from agents' own accounts."

That was enough to draw out the initiative's sponsor, SAFER Colorado, which criticized the agency for unwarranted interference in a state electoral matter. "Taxpayer money should not be going toward the executive branch advocating one side or another," the group's executive director, Steve Fox, told the Daily Camera. "It's a wholly inappropriate use of taxpayer money."

But SAFER Colorado wasn’t alone in taking offense at the untoward DEA actions. The state's two largest and most influential newspapers, the Rocky Mountain News and the Denver Post, both condemned the move in editorials. The News' position was clear from its headline: "DEA Should Keep Out of State Politics."

The Post took a more concerned approach, worrying that the DEA politicking might pass the bounds of propriety, if not legality. "Providing facts to people who want them is one thing," the Post wrote. "Using the agency as a platform to influence elections is another. Sweetin says he clearly understands the difference. We certainly hope that's the case."

If Sweetin hoped the story would just go away, he didn’t help matters any when he further clouded the waters when KMGH-TV in Denver Tuesday reported that: "Sweetin said, despite reports to the contrary, his office is not campaigning against it or fundraising. When asked about the committee and the $10,000 mentioned in the E-mail, Sweetin said, 'There is no $10,000 in money that I've ever heard of.'"

That led SAFER Colorado to raise a whole series of questions about which version of the DEA activism was true, which they kindly sent to Colorado media. "We think it's really fishy that the same DEA agent who made it clear the committee had funds from private donors and agents is now saying he's never heard of this money," said campaign coordinator Mason Tvert. "We think DEA thought they could actively campaign against us, but then got told by some sort of legal counsel it couldn’t happen that way. In any case, we're just trying to spin this into the biggest story we can," he told Drug War Chronicle.

Callout: Please Submit Blog Posts, News and Events on New DRCNet Web Site!

Among the features available on DRCNet's new web site are interactive possibilities for you to be a part of the web team. First and foremost are Reader Blogs, a section of the new "Stop the Drug War Speakeasy" blogosphere project. Visit http://stopthedrugwar.org/speakeasy/reader to check it out and start posting! (If you tried already and had trouble, please try again -- we have worked out some of the initial technical issues, though probably not yet all.) We will be devoting an increasing amount of attention over time to the Reader Blogs -- this is just the beginning!

You can now let us know about important or interesting news items of relevance by submitting them directly to our new Latest News section -- visit http://stopthedrugwar.org/node/add/content-recent_news to send your suggested news links to our moderators.

DRCNet continues to publish listings of events large and small that relate to the cause, but now we feature them in a listing that appears on most of the pages on our site and which links to a full calendar. If you are involved with or know of a relevant event, you can post it directly -- not just a short description as we have done previously, but the full announcement -- at our add event page at http://stopthedrugwar.org/node/add/event online.

Drug War Chronicle articles now have comments sections at the bottom of them, another way you can join in the discussion.

Coming soon: syndication feeds you can post on your web site, a substantial drug policy links database, and geographically-targeted content for your personalized web site view. To get that geographically-targeted content, though, you'll need to be logged to our new user accounts (same e-mail address you gave us previously, if you're a subscriber) and provide us with your location if you haven't already. Visit http://stopthedrugwar.org/user to log in or register or update your information. (Please let us know if you experience any error messages or problems with the user accounts -- we have gotten some of the issues fixed but we want to get it as close to perfect as we can.)

Introducing: The Stop the Drug War Speakeasy

DRCNet is pleased to announce a major upgrade to DRCNet's web site and the launching within it of "The Stop the Drug War Speakeasy." Please visit http://stopthedrugwar.org -- each day -- to check it out and for original writing on a range of tracks dealing with the issue in a blog format.

The Speakeasy, among other things, will serve as the launching point for a campaign, as our slogan expresses it, to raise awareness of the consequences of prohibition. Stay tuned for some calls to action on how you can be involved. The Speakeasy will also serve as our daily soapbox where we briefly address the latest important developments in drug policy (without waiting until Friday morning's in-depth treatments in the Chronicle) and in which we also extend our tradition of supporting the work of all the different groups in the movement. Speaking of the Chronicle, that will continue too, and Chronicle editor Phil Smith will also be blogging, sharing his "inside" insights on the drug war and the process of reporting on it as well as offering observations on the kinds of stories that don't usually make the Chronicle.

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photo of prohibition-era beer raid in the District of Columbia, from the Library of Congress archive
The Speakeasy can also be your daily soapbox, via our new "Reader Blogs" section. Start your own blog on DRCNet to help us preach to the unconverted via the blogosphere -- especially excellent posts will get displayed on the DRCNet home page!

If you take a moment to check out the new site -- again, http://stopthedrugwar.org -- you will see that there are many other new features and reasons to visit daily besides the Speakeasy. An extensive set of topical categories on drug war issues, consequences of prohibition and articles' relation to politics & advocacy; a "Latest News" feed; content in Spanish and Portuguese; links to the most popular articles or to articles that are similar to the one you're reading; pages to watch the important Law Enforcement Against Prohibition and BUSTED videos; a "tracking" page where you can remind yourself of pages you've visited before; an improved Reformer's Calendar; more. And even more coming soon.

Please send us your thoughts and suggestions as we continue to add to this new web site direction. Onward and upward, with your help!

Special thanks to Antinomia Solutions web site design for going above and beyond the call of duty on this project.

Announcement: New Format for the Reformer's Calendar

Posted in:

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With the launch of our new web site, The Reformer's Calendar no longer appears as part of the Drug War Chronicle newsletter but is instead maintained as a section of our new web site:

The Reformer's Calendar publishes events large and small of interest to drug policy reformers around the world. Whether it's a major international conference, a demonstration bringing together people from around the region or a forum at the local college, we want to know so we can let others know, too.

But we need your help to keep the calendar current, so please make sure to contact us and don't assume that we already know about the event or that we'll hear about it from someone else, because that doesn't always happen.

We look forward to apprising you of more new features of our new web site as they become available.

Announcement: ASA Seeking Patients Who Did Not Use Medical Marijuana Because of Government's Claims

Americans for Safe Access is conducting a nationwide research study and is looking for patients in the US (any state) who for some period of time did not use cannabis because of the federal government's claim that it's not medicine.

PLEASE REVIEW THE CRITERIA LIMITATIONS BELOW TO DETERMINE WHETHER YOU OR SOMEONE YOU KNOW MEETS THE ELEGIBILTY REQUIREMENTS TO PARTICPATE IN THIS STUDY.

PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MESSAGE UNLESS YOU SATISFY ALL OF THE FOLLOWING CRITERIA:

1. Did a patient NOT consume marijuana for some period of time within the past 5 years BECAUSE THE FEDERAL GOVERNMENT SAID IT HAD NO MEDICAL VALUE?

2. Can patient demonstrate, THROUGH VERIFIABLE MEDICAL RECORDS, that after beginning medical marijuana use, it improved their health or relieved symptoms?

3. Patient MUST possess (or be able to obtain) DOCUMENTED EVIDENCE BY HEALTH PROFESSIONALS that shows harmful effects from their medical condition prior to using cannabis and evidence of relief or diminished effects as a result of cannabis use.

4. Their medical records must document a change in condition within the past 5 years.

5. In addition to DOCUMENTED MEDICAL EVIDENCE, it would be helpful, but not necessary, if their doctor were willing to testify to their improved health condition as a result of cannabis use.

A sample scenario would look something like this:

Jon Smith (who is HIV+) refused to use cannabis until two years ago because the federal government says it has no medical value. As a result, Jon suffered some physical harm (nausea, pain, weight loss, etc). Finally, Jon decides to use cannabis at the encouragement of his friend(s), doctor(s) or other individual. As a result of his NEW use of cannabis, Jon was able to demonstrate with MEDICAL RECORDS that his health has improved.

It is important to understand that you will incur no financial obligations or benefits for your participation in this study.

If you or someone you know meets the criteria mentioned above and would be interested in participating in this very important and timely research study, please contact Americans for Safe Access (ASA) as soon as possible.

Please send all inquiries to [email protected] or contact ASA by phone at (510) 251-1856 ext. 306.

Job Listing: Administrative Assistant, NORML

Immediate opening at a progressive drug law reform nonprofit organization, full time, college graduate preferred, prior office experience, with computer skills (dbase) a must.

Duties include phones, daily data entry, processing mail & organize/maintain volunteers.

Salary $20-25K, send cover letter with resume to: NORML, c/o Executive Director, (202) 483-0057 (f), [email protected]. No calls or visits please.

Web Scan: Mark Fiore, Tony Papa, Dean Kuipers

Mark Fiore animation: The United States of Incarceration

former prisoner turned activist Anthony Papa knocks narcotics prosecutor for Rockefeller reform distortion in NYT letter to the editor

"Burning Rainbow Farm" author Dean Kuipers on "The Spirit of Tommy Chong," posted on Alternet's Drug Reporter

Weekly: This Week in History

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September 1, 2003: In an effort to save over $30 million in general revenue in five years, Texas implements a new law that requires mandatory community supervision for first time drug offenders adjudged guilty of possession of less than one gram of certain controlled substances or less than one pound of marijuana. Under previous law, such offenders were only eligible for state jail community supervision or incarceration in a state jail facility.

September 2, 1994: In Detroit, Judge Helen E. Brown sentences Lazaro Vivas to life in prison for possession of over 650 grams of cocaine. Judge Brown tells Vivas, “I don’t think it’s fair. It is not a sentence I would give you, if I had any choice. But I have to give you this sentence, because I have to follow the law. So, your sentence is life.”

September 4, 1991: US District Judge Juan Burciaga says, “The fight against drug traffickers is a wildfire that threatens to consume those fundamental rights of the individual deliberately enshrined in our Constitution.”

September 4, 2001: Two prominent Michigan marijuana law reform activists are shot dead, following a week-long standoff at their 34-acre "Rainbow Farm" compound in Vandalia, Michigan. The confrontation followed a two-year investigation into allegations of marijuana use at the campground.

September 5, 1989: In his first nationally-televised address from the Oval Office, President George Bush declares that narcotics are “the gravest threat facing our nation,” and that he is stepping up the war on drugs. Bush waves a packet of seized “crack” cocaine around on national television and declares, “This is crack cocaine, seized a few days ago by Drug Enforcement Agents in a park just across the street from the White House,” a claim that is later debunked. During the same address, Bush also demands the death penalty for kingpins like Pablo Escobar and calls for the largest budget increase to date in the history of the drug war by pledging $2 billion in aid to the Andean nations.

September 5, 1990: Los Angeles Police Chief Daryl F. Gates testifies before the US Senate Judiciary Committee that casual drug users should be taken out and shot. He does not mention his own son's casual drug use.

September 5, 2002: DEA agents arrest Valerie and Michael Corral of the Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana (WAMM) and destroy 150 marijuana plants intended for use by WAMM's members, most of whom are terminally ill.

September 6, 1988: After two hearings, DEA administrative law judge Francis Young recommends shifting marijuana to Schedule II so it can be prescribed as medicine. He says, “It would be unreasonable, arbitrary, and capricious for DEA to continue to stand between those sufferers and the benefits of this substance in light of the evidence in this record.” Judge Young notes that marijuana is safe and has a “currently accepted medical use in treatment” and that “marijuana, in its natural form, is one of the safest therapeutically active substances known to man.”

September 6, 1999: Jorge Castaneda, who later becomes Mexico's foreign minister during the Vicente Fox administration, writes in Newsweek: “In the end, legalization of certain substances may be the only way to bring prices down, and doing so may be the only remedy to some of the worst aspects of the drug plague: violence, corruption, and the collapse of the rule of law.”

September 6, 2000: The Ottawa Citizen reports that Jaime Ruiz, the Colombian president’s senior adviser, said, “From the Colombian point of view [legalization] is the easy solution. I mean, just legalize it and we won’t have any more problems. Probably in five years we wouldn’t even have guerrillas. No problems. We [would] have a great country with no problems.”

September 7, 2001: Thirteen current and former Miami police officers are accused by US authorities of shooting unarmed people and then conspiring to cover it up by planting evidence. The indictment is the latest scandal for the city's trouble-plagued police force. All of those charged are veterans assigned to SWAT teams, narcotics units or special crime-suppression teams in the late 1990s.

Feature: Living on Katrina Time -- Lost in Louisiana's Gumbo Gulag

New Orleans resident Pearl Bland was arrested and jailed on drug paraphernalia charges in August 2005, just weeks before Hurricane Katrina devastated the city. She pleaded guilty on August 11, and her judge ordered her released the next day for placement in a drug rehabilitation program. Recognizing Bland was indigent, he waived the fines and fees. But Bland was not released the next day. The Orleans Parish Prison (OPP) instead held her because she owed $398 in fines and fees from an earlier arrest. She had one more court hearing in August and a September 20 status hearing was set where in all probability the fines and fees would have been waived.

Pearl Bland never got her September hearing. Instead, once Katrina hit, she joined thousands of prisoners stuck in purgatory. After suffering beatings from her fellow inmates in the OPP as deputies shrugged their shoulders, Bland was evacuated, first to the maximum security state prison at Angola and eventually to a jail in Avoyelles Parish. In June, she desperately contacted the American Civil Liberties Union (ACLU), which in turn contacted attorneys with the Tulane University Criminal Law Clinic, who managed to win her release on June 28. Bland wasn’t there for her release hearing, just as she hadn’t been present at four previous hearings in the preceding weeks, because her jailers couldn’t be bothered to deliver her to court.

"Pearl Bland spent 10 months in prisons around the state because of $398 in fines and fees that her judge would most likely have waived if she had ever gotten to court," said Tom Javits, an attorney with the ACLU's National Prison Project. "But because of the storm and the the response to it, she didn’t get her day in court for months, and then only because she sought out help," he told the Drug War Chronicle.

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ACLU report
It would be bad enough if Pearl Bland were a fluke, but sadly, her case is typical of what happened to people unfortunate enough to be behind bars when Katrina hit or to be arrested in the storm's aftermath. As the ACLU National Prison Project and the ACLU of Louisiana documented in their early August report, "Abandoned and Abused: Orleans Parish Prisoners in the Wake of Katrina," thousands of New Orleanians in custody when the storm hit were left on their own as guards fled the rising waters. Since then, those prisoners have been scattered to the winds, left without counsel, abused by guards, and left to rot by a justice system that is seemingly content to forget all about them. And with post-Katrina reconstruction bearing a very heavy law enforcement imprint, they have been joined by thousands more, many of them imprisoned for trivial crimes like spitting on the sidewalk, public drunkenness and simple drug possession.

A year after Katrina, thousands of prisoners have never seen an attorney, never been arraigned, never appeared before a judge. Scandalously, no one has a firm count -- or if they do, they're not telling. "Nobody knows the numbers," said law professor Pamela Metzger, who heads the Tulane Law School Criminal Law Clinic and whose students have been going into Louisiana jails and prisons in search of the Katrina prisoners. "When we ask the district attorney's office to assist us with this, just so people can get lawyers, they say it's not their job. Just since June, my students have been able to track down and get released about 95 people," said Metzger. "But we just have no one of knowing how many are in jail."

When the Chronicle asked ACLU of Louisiana executive director Joe Cook the same question, he had a similar answer. "I don't know what the number is. Ask the district attorney," he said.

The New Orleans district attorney's office did not return repeated calls seeking information on the number of people arrested before or after Katrina who have yet to see a lawyer or have a court hearing. Similarly, and perhaps indicative of the state of affairs at the public defenders office, no one there even answered the phone despite repeated calls. (That's not quite true. On one occasion, a woman answered, but she said she was an accountant and no one else was in the office.)

Published estimates of the number of New Orleans prisoners denied their basic rights to counsel and speedy trial have ranged between 3,000 and 6,000.

Part of the problem is the nearly total collapse of the indigent defender system in the city. It was in terrible shape before the storm hit, and collapsed along with the rest of the criminal justice system in the storm's wake. But while authorities were quick to get law enforcement up and running, it took until June for the criminal courts to begin to operate, and the public defenders' office, which depends on revenue from fines to finance its operations, was running on fumes. Now, nearly three-quarters of the public defenders have simply left even though they are needed to represent about 85% of all criminal defendants in the city.

The situation aroused the attention of the US Department of Justice, which in a report released in April concluded that: "People wait in jail with no charges, and trials cannot take place; even defendants who wish to plead guilty must have counsel for a judge to accept the plea. Without indigent defense lawyers, New Orleans today lacks a true adversarial process, the process to ensure that even the poorest arrested person will get a fair deal, that the government cannot simply lock suspects [up] and forget about them... For the vast majority of arrested individuals," the study found, "justice is simply unavailable."

The situation is also beginning to grate on the nerves of New Orleans judges. In May, Chief Judge of the Criminal District Court Calvin Johnson issued an order requiring everyone charged with traffic or municipal offenses to be cited instead of jailed. The city has "a limited number of jail spaces, and we can’t fill them with people charged with minor offenses such as disturbing the peace, trespassing or spitting on the sidewalk... I’m not exaggerating: There were people in jail for spitting on the sidewalk," he complained.

Last week, another New Orleans criminal court judge, Arthur Hunter, made the news when he threatened to begin holding hearings this week to release some of the prisoners held for months without attorneys or court hearings. That was supposed to happen Tuesday, but it didn't. Instead, Judge Hunter postponed the hearing after prosecutors raised concerns.

While disruptions in the system were inevitable in the wake of Katrina, Tulane's Metzger laid part of the blame on the district attorney's office. "They have made some poor resourcing choices and they are hampered by a sort of knee-jerk response that everything has to be prosecuted to the fullest extent. They are not really looking to clear cases; instead they let people sit without lawyers until they're willing to plead guilty," she said. "It's a form of prosecutorial extortion."

It is not just people who were in jail when Katrina hit, but many of those arrested since who have vanished into the gumbo gulag, said Metzger. "Last week we found a man who had been jailed at the Angola maximum security prison since January. He was picked up for drug possession, his only prior was for marijuana, and he's been sitting in one of the meanest prisons in the country without even seeing a lawyer for eight months," she exclaimed. "We won an order for his release. He was supposed to get out Tuesday, but he's still in jail. We just don’t know how many more there are like him."

The district attorney's office is not only uncooperative, it is downright obstinate, Metzger complained. "We filed a right to speedy trial claim on behalf of a man named Gregory Lewis who had already served 10 months on a drug misdemeanor with a six-month maximum. The district attorney's office fought that, and their motion actually said, and I quote, 'It's not unreasonable to hold alleged drug addicts in jail longer than other people; it allows the deadly drugs to leave their system,'" she said.

The district attorney's office motion referred obliquely to detoxification, which is ironic given that there is now no such facility in New Orleans. "There is not a single detox bed in the whole city," said Samantha Hope of the Hope Network, a group that is seeking private funding to open a treatment and recovery center in the heart of the city. "Most folks in OPP right now are people who couldn’t get access to treatment for an alcohol or drug problem. That's the way it's been since day one," she told the Chronicle. "Rather than criminalize people with an alcohol or drug problem, we need to find a way to give them support. Confronting our money-eating corrections system, our good ol' boy network, and racism, that is hard to do."

The Tulane students have filed some speedy trial cases, but not everyone is fortunate enough to have a Tulane law student working his case so he can file a speedy trial claim. "In order to file a motion for a speedy trial, you have to have a lawyer, and thousands still do not have counsel,' explained ACLU of Louisiana's Cook. "The indigent defense system was broken long before Katrina hit, and now it is just a disaster," he told the Chronicle.

Drug war prisoners make up a significant but unknown number of those doing "Katrina time," said Cook. "It is definitely a significant proportion of them," he said, "but many of them have not even been formally charged. In New Orleans, as in most large urban areas, it's probably safe to say that a plurality of felony arrests are drug-related."

There are solutions, but they won't come easily. "We have to have a public defender's office that is funded with secure, predictable funding," Metzger recommended. "We have to get beyond relying on fines to fund that office. If we had had public defenders, there would have been someone watching to catch the abuses," she said.

"Second, we need to have prosecutors who understand their obligations to the community," Metzger continued. "Their job is not simply to get convictions but to do justice, and what that means will vary according to the individual facts and circumstances. What post-Katrina justice requires is not what justice required before Katrina. If you were living in New Orleans in the fall of 2005 and you weren’t drunk or high, there was probably something wrong with you. Everyone was medicated or self-medicating."

Cook had his own set of recommendations for a fix. "First, we turn up the heat. I just visited the DA this morning and asked him to speed up processing," he revealed. "We want to ensure there is a coordinated emergency evacuation plan for all the prisons and jails and we've asked the Justice Department's civil rights division to look at what happened at OPP and since. Part of that will be looking at why these people didn’t get defense counsel or have their day in court."

Turning up the heat is precisely what one recently formed community group is trying to do. And it's not just the prosecutors and public defender system it is targeting. "The police department has taken a new view of who belongs in the city now, and that view doesn’t include poor black people," said Ursula Price of Safe Streets, Strong Communities, a group organizing people who were in the jail or otherwise brutalized by police. Safe Streets, Strong Communities is running two campaigns, one to strengthen the indigent defender system and one about improving conditions at the jail itself. "They tell our members 'you shouldn’t have come back, we don't want your kind here,'" she told the Chronicle. "Race is an issue, economics is an issue, and our teenage boys are bearing the brunt of it. They are harassed all the time by the police."

It is a matter of choices, said Price. "We have as many cops as before the storm, and half as many people, and we just gave the cops a raise. The city finance department deliberately spends the vast majority of its money on public safety, and then there is nothing left for social services, which are deliberately being sacrificed," she said. "But I'm encouraged because the community is starting to take note. When people found out we were spending half a million dollars a week on the National Guard without it having any impact, they started to get mobilized."

Cook had a full list of needed reforms, ranging from downsizing the jail population by stopping the practice of using it to hold state and federal prisoners, to creating adequate programming for health care and treatment within the jail, to decreasing the number of people held as pretrial detainees. "We need pretrial diversion, bail reform, and cite and release policies to hold down the jail population," he argued. "There needs to be the political will to do this. It's a crime to jail a kid when there is a choice, and there are many other choices. And we ought to be treating drug abuse as a public health issue, not a law enforcement issue."

The prospects look gloomy. "It is going to take enlightened leadership, and I see only a glimmer of hope for that," said Cook. "But we are not giving up. The state juvenile justice system is finally undergoing reforms because of pressure from families and activists, and I think it will take the same sort of effort to fix things at the adult level and here in New Orleans, at the parish level. That is already happening here with the OPP Reform Coalition, the Safe Streets people, and all that."

But there is a long, long way to go in New Orleans.

Feature: Brazilian President Signs New Drug Law -- No Jail for Users

Brazilian President Luis Inacio "Lula" da Silva last week signed a bill creating a new drug law in South America's largest and most populous nation. Under the new law, drug users and possessors will not be arrested and jailed, but cited and offered rehabilitation and community service. The new law marks an important shift in Brazilian drug policy, with drug users now being officially viewed not as criminals but as people in need of medical and psychological help.

"A drug user is not a case for the police, he's a drug addict," Elias Murad, the congressman who sponsored the bill, told the Christian Science Monitor after Lula signed the bill into law. "He's more of a medical and social problem than a police problem, and that's the way thinking is going these days, not just here in Brazil but the world over. We believe that you can't send someone who is ill to jail."

"Smoking marijuana is not a crime," agreed Paulo Roberto Uchoa, who heads Brazil's National Antidrug Secretariat. "A drug user is... someone who needs counseling and information. The ones who traffic drugs are the criminals."

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Psicotropicus banner promoting marijuana (maconha) legalization
With 170 million, Brazil has emerged as a major drug market. Marijuana (or "maconha") use is common, and Brazil claims the dubious distinction of being the world's second largest cocaine market, behind the United States. Brazil has traditionally imprisoned drug users, but that is expensive and it raises the risk they will be exposed to and join the country's well-armed and violent drug trafficking gangs or "commands."

Previously, small-time drug possessors faced between six months and two years in prison, but under the new law, they face only one or more of the following: treatment, community service, fines, or suspension of their drivers' licenses. Penalties for drug traffickers and sellers, however, have been increased slightly. Under the old law, dealers face three to 15 years in prison; now they face five to 15. The law also creates a new crime of being a "narcotrafficking capitalist," punishable by between eight and 20 years in prison.

While Brazilian government officials congratulated themselves on their progressive approach, not everyone saw the glass as half full. "Let's not fool ourselves, drug use is still a crime," said Martin Aranguri Soto, a post-graduate political science student studying imprisonment at the Pontificia Universidade Catolica in Sao Paulo (and who also serves as DRCNet's translator). "Yes, the new mantra is that this has shifted from being a police matter to a public health matter," he told Drug War Chronicle. "But people are still being punished for the choices they made, and if they don’t comply with the 'socio-educational measures' the law mentions -- whatever those are -- they can still be imprisoned for six to 24 months. As if they owed society something for using drugs or needed to be 'educated' or 'corrected.'"

And while Brazilian officials are touting the alternative penalties as a better approach, Aranguri Soto suggested their primary motivation was to cool off Brazil's overcrowded and overheated prisons, home to some of the country's toughest drug overlords (who operate from behind bars) and the scene of repeatedly violent rebellions, most recently in May, when more than 160 people were killed in prison riots and street-fighting organized by the drug commands.

"The big argument supporting the alternative penalties is that it will alleviate overcrowding in the prisons," he said. "You also hear rhetoric about avoiding 'moral contamination' -- the same old formula repeated by criminologists for almost 200 years now."

Prosecutor Ricardo de Oliveira Silva, who advocated for the new law, supported Aranguri Soto's contention, telling the Christian Science Monitor the new law could mean judges send one-third fewer people to jail. That would greatly reduce overcrowding, he said.

"This law does not decriminalize drug use," complained Aranguri Soto. "It keeps punishing users, but now it treats them like sick people. It activates therapeutic justice and legitimizes the state's moralizing role when it comes to individual conduct," he argued. "The new law is a trap, a modern, compassionate, healing, therapeutic trap."

Soto and his Brazilian colleagues have now joined a debate that has swirled in US reform circles for years but which intensified with the campaign for, and passage of, California's Proposition 36 in the November 2000 election. A more hopeful view was taken in a 2003 interview with Drug War Chronicle by King County Bar Association Drug Policy Project chief Roger Goodman. "Reform is always two steps forward, one step back," Goodman said, "but now this whole idea of treatment over incarceration has been mainstreamed. It's no longer radical. The next step is government regulation of drugs instead of government regulation of human behavior. That's much more radical."

Either way, Brazil's new law has been a long time coming. First introduced by Congressman Murad in 1991, the bill took five years to pass the lower house and another five years to pass the Senate. It then languished for another five years before the Lula government got around to signing it.

Now, Brazil has taken a half-step forward. The question now is how the new law will be implemented and whether it will serve as a stepping stone to an even more progressive drug policy or an obstacle to an even more progressive drug policy.

Feature: Medical Marijuana Victory in South Dakota Court Battle Over Ballot Language

The South Dakota medical marijuana initiative and its organizers, South Dakotans for Medical Marijuana, won an important legal victory last Friday when a circuit court judge ordered state officials to throw out the ballot explanation drafted by medical marijuana foe Attorney General Larry Long (R). Initiative organizers had filed suit challenging Long's ballot explanation as hopelessly biased against the initiative, and in his ruling last Friday, Circuit Court Judge Max Gors of Pierre, the state capital, agreed.

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Can't even be left alone in South Dakota...
Under South Dakota law, the attorney general is charged with writing an "objective, clear, and simple summary" of ballot measures. But Attorney General Long's original didn’t even come close. Before he even got to the ballot summary itself, he decided to change the very name of the measure. Known from the beginning and filed with the state as "An act to provide safe access to medical marijuana for certain qualified persons," Long decided it would be better titled as "An Initiative to authorize marijuana use for adults and children with specified medical conditions." The complete text of his original ballot explanation is as follows:

Currently, marijuana possession, use, distribution, or cultivation is a crime under both state and federal law. The proposed law would legalize marijuana use or possession for any adult or child who has one of several listed medical conditions and who is registered with the Department of Health. The proposed law would also provide a defense to persons who cultivate, transport or distribute marijuana solely to registered persons. Even if this initiative passes, possession, use, or distribution of marijuana is still a federal crime. Persons covered by the proposed law would still be subject to federal prosecution for violation of federal drug control laws. Physicians who provide written certifications may be subject to losing their federal license to dispense prescription drugs.

In his ruling last Friday, Judge Gors ordered Attorney General Long to either rewrite the ballot summary or use language Judge Gors himself drafted:

This initiative will allow persons, including minors with parental consent, with a debilitating medical condition, to grow (not more than six plants), possess (not more than one ounce), and use small amounts of marijuana for medical purposes. "Debilitating medical condition" is defined to include cancer, glaucoma, HIV, AIDS, or a chronic, debilitating condition that includes cachexia, wasting syndrome, severe or chronic pain, severe nausea, seizures, including epileptic seizures, severe or persistent muscle spasms, including those caused by spinal injury, multiple sclerosis, Chrohn's Disease, fibromyalgia, or any other medical condition approved by the Department of Health. Certification may be accomplished by submitting medical records to the Department of Health or by submitting a doctor's recommendation. A person may not drive while impaired by marijuana or smoke marijuana anyplace tobacco smoking is prohibited. Growth, possession, and use of marijuana will still be illegal under federal law, but certification is a defense to criminal prosecution under state law.

Sarah Raeburn, a spokesperson for the attorney general's office, told Drug War Chronicle Wednesday that Long had decided to accept the judge's version as is. "That is what we will use," she said. "The only changes were two misspellings that we have corrected."

"We were very pleased with the judge's decision," said Huron attorney Ron Volesky, who argued the case for lead plaintiff Valerie Hanna of South Dakotans for Medical Marijuana, a former army nurse who suffers neurological disorders related to exposure to chemicals during the Gulf War. "We feel it is a victory for fairness at the ballot box. The circuit court put forth a remedy with new language that is fair in its substance," he told the Chronicle.

Volesky, a former state legislator who is the Democratic nominee for attorney general this year, was the perfect man for the job. Not only is he among the few South Dakota politicians interested in medical marijuana -- he introduced a bill that went nowhere in the legislature in 2002 -- he had previous experience challenging Attorney General Long's ballot explanations in 2004.

Plantiff Hanna also pronounced herself gratified. "I'm very happy and pleased with the decision," she told Drug War Chronicle. "It's a good day for sick people in South Dakota."

The Washington, DC-based Marijuana Policy Project, which helped bankroll the signature gathering drive to get the initiative on the ballot, was also pleased. "Thanks to this sensible ruling, South Dakota will now have a fair description of the medical marijuana initiative on the ballot and South Dakota residents can make an unbiased decision about whether they want to protect South Dakota medical marijuana patients from arrest and prosecution for using the medicine that works best for them," MPP spokesperson Rebecca Greenberg told Drug War Chronicle.

Now, with the ballot language issue behind them, South Dakota medical marijuana proponents are turning their attention to winning at the ballot box in November. The socially conservative state will be a tough nut to crack, but organizers are optimistic.

"We will keep pressing forward," said Hanna. "We are reaching out to the press, and I'm contacting clergy members right now. Hopefully, we will find some that have the gumption to stand up publicly, but it's pretty scary to advocate for this here. But I'm really hopeful people will respond positively to this initiative."

"It's time for the people to speak," said Volesky. "When the legislature fails to act, we do have the power of the people through initiative measures and referendums to get past the legislature. Instead of trying to win over a handful of legislators controlled by the administration, the people can make their own decision."

If the campaign is successful, South Dakota will become the 12th state to legalize medical marijuana and the ninth to do so through the initiative process.

Anúncio: Novo Formato para o Calendário do Reformador

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A partir desta edição, O Calendário do Reformador não aparecerá mais como parte do boletim Crônica da Guerra Contra as Drogas, mas será mantido como seção de nossa nova página:

O Calendário do Reformador publica eventos grandes e pequenos de interesse para os reformadores das políticas de drogas ao redor do mundo. Seja uma grande conferência internacional, uma manifestação que reúna pessoas de toda a região ou um fórum na universidade local, queremos saber para que possamos informar os demais também.

Porém, precisamos da sua ajuda para mantermos o calendário atualizado, então, por favor, entre em contato conosco e não suponha que já estamos informados sobre o evento ou que vamos saber dele por outra pessoa, porque isso nem sempre acontece.

Ansiamos por informá-lo de mais matérias novas de nossa nova página assim que estejam disponíveis.

Semanal: Esta Semana na História

27 de Agosto de 2002: A Canadian Press, o serviço nacional de notícias do Canadá, informa que a Ministra da Saúde, Anne McLellan, disse que o governo federal não vai descumprir o seu plano de oferecer maconha aos pacientes. Encolerizando-se com informes anteriores de que o projeto fora engavetado, McLellan disse, “Na verdade, longe de engavetá-lo, o que estamos fazendo é implementar o segundo estágio”.

28 de Agosto de 1964: Os Beatles são apresentados à maconha.

28 de Agosto de 1995: A Organização Mundial da Saúde (OMS) publica o "WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use" [Projeto da OMS sobre as Implicações do Consumo de Cannabis na Saúde: Uma Avaliação Comparativa das Conseqüências Psicológicas e de Saúde do Consumo de Álcool, Cannabis, Nicotina e Opiáceos]. A versão original – não a oficial – declara, “... há bons motivos para dizer que [os riscos da cannabis] provavelmente não seriam [comparados] seriamente aos riscos do álcool e do tabaco sobre a saúde pública mesmo se muitas pessoas consumissem cannabis como bebem álcool ou fumam tabaco agora”.

29 de Agosto de 2001: O Dallas Morning News informa que Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia, disse, “O problema é que a lei do mercado está tomando a lei do estado... Temos que nos perguntar, a legalização é a saída para isto? Não podemos continuar lutando esta guerra sozinhos. Se os países consumidores não fizerem nada para diminuir a demanda, controlar a lavagem de dinheiro, deter o fluxo de químicos que são oferecidos aos laboratórios de produção de drogas, então, em poucos anos o mundo vai ver a legalização como a resposta”.

30 de Agosto de 1996: O Washington Post informa que o candidato à presidência, Bob Dole, golpeou o Presidente Clinton pelas políticas de drogas dele e tornou a guerra contra as drogas um dos seus temas principais de campanha. Declarando que o Presidente Clinton se “rendera” na guerra contra as drogas, Dole pediu a expansão do papel da Guarda Nacional e que os serviços militares e da inteligência combatessem as drogas.

América Latina: Brasileiros Se Opõem à Legalização da Maconha por Ampla Margem, Descobre Pesquisa

Uma pesquisa de adultos brasileiros conduzida pelo jornal Folha de São Paulo descobriu que esmagadores 79% acham que o fumo de maconha deveria continuar sendo crime. Apenas 18% favoreceram a legalização do consumo de maconha.

A maconha é cultivada no nordeste brasileiro e também é importada das plantações paraguaias. A droga é amplamente consumida no Brasil, com o Escritório da ONU Contra Drogas e Crime estimando que quase dois milhões de brasileiros fumaram maconha pelo menos uma vez no ano passado.

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out-door da Psicotropicus que promove a legalização da maconha.
Tem havido pedidos de liberalização das leis sobre a maconha do país, não apenas nas marchas anuais pró-maconha, mas também de alguns dos políticos importantes do país. No ano passado, o Ministro da Cultura (e músico extraordinário), Gilberto Gil, foi a público com o seu consumo de maconha, dizendo que a fumara durante anos. “Eu acho que as drogas deveriam ser tratadas como os remédios, legalizadas, embora sob as mesmas normas e supervisão que os medicamentos”, disse na época.

Mas parece que os brasileiros estão um pouco conservadores atualmente. A pesquisa pediu aos entrevistados que se identificassem politicamente e descobriu que 47% se diziam de direita, 23% de centro e 30% de esquerda. A tendência conservadora foi ainda mais forte nas questões morais e da justiça criminal, com 63% opondo-se ao aborto, 84% apoiando a redução da maioridade penal e 51% apoiando a pena de morte.

Os observadores brasileiros culparam bastante os Estados Unidos. O ex-secretário nacional antidrogas, Walter Maierovitch, disse à Folha que os resultados mostram “uma falta de informação generalizada” entre a população. “O brasileiro é muito mal-informado sobre esses temas polêmicos e acabam se alinhando com posições que emanam dos Estados Unidos, onde estas discussões são mais profundas e conservadoras”, disse ele à Folha.

O cientista político estadunidense, David Fleischer, professor na Universidade de Brasília, concordou com isso. “A televisão é a grande fonte de informação do brasileiro. O imperialismo estadunidense cultural e de costumes, que ficou muito conservador nos últimos 20 anos, é uma forte referência”.

(Os brasileiros que quiserem ajudar a mudar as coisas devem se unir à Psicotropicus.)

Ásia: China Começa Debate Sobre Primeira Lei Compreensiva Sobre as Drogas

Apesar da China ter declarado há muito tempo uma guerra contra os consumidores e traficantes de drogas, nunca teve estatutos que objetivassem especificamente o tráfico de drogas e o trato dos consumidores de drogas. Isso está prestes a mudar. Na terça-feira, os legisladores chineses começaram a debater um novo projeto que expandiria os poderes da polícia para realizar operações contra o tráfico de drogas nas fronteiras e estabelecer padrões para o tratamento químico, informou a agência de notícias do Estado Chinês, Xinhua.

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cartaz antidrogas chinês
“É importante apresentar tal lei já que a China enfrenta agora uma situação grave no controle das drogas”, disse Zhang Xinfeng, vice-ministro de segurança pública, ao presente comitê do parlamento da China. As drogas do Afeganistão e do Triângulo Dourado estão “se derramando” sobre a China e “apresentando uma ameaça grave aos esforços de controle das drogas da China”, acrescentou Zhang.

As autoridades chinesas estimam que o país tenha mais de 1.1 milhão de consumidores de drogas, incluindo 700.000 viciados em heroína. Além da heroína e do ópio, as autoridades relatam problemas com o consumo de metanfetamina e êxtase.

A parte do projeto proposto que trata do tráfico de drogas expandiria os poderes da polícia, de acordo com a Xinhua. “O projeto também dará permissão à polícia para que procure drogas ilegais nas pessoas e nas bagagens delas em lugares públicos importantes como as estações ferroviárias, rodoviárias de longa distância e fronteiras”.

A polícia também teria o poder de forçar os suspeitos de consumo de drogas a se submeterem a amostras urinárias ou sanguíneas – uma prática limitada até agora a lugares primitivos como Dakota do Sul – e os donos de bares e danceterias teriam que publicar propaganda antidrogas nas suas dependências.

Mas, embora o projeto proposto assuma uma linha dura contra o tráfico, é mais indulgente quando se trata dos consumidores e dependentes de drogas. Inclui disposições que impediriam os centros de tratamento de punir fisicamente ou humilhar verbalmente os dependentes e exige que lhes paguem pelo trabalho que fazem. O projeto também estipula que as pessoas em tratamento forçado o recebam em suas comunidades em vez de forçá-las a irem a centros de tratamento. As admissões a centros de tratamento estariam limitadas aos usuários de drogas injetáveis, as pessoas que recusam a ajuda comunitária ou às pessoas que vivem em comunidades sem recursos de tratamento.

“Os consumidores de drogas são infratores da lei, mas também são pacientes e vítimas. O castigo é necessário, mas a educação e a assistência são mais importantes”, disse Zhang.

Drug War Issues

Criminal JusticeAsset Forfeiture, Collateral Sanctions (College Aid, Drug Taxes, Housing, Welfare), Court Rulings, Drug Courts, Due Process, Felony Disenfranchisement, Incarceration, Policing (2011 Drug War Killings, 2012 Drug War Killings, 2013 Drug War Killings, 2014 Drug War Killings, 2015 Drug War Killings, 2016 Drug War Killings, 2017 Drug War Killings, Arrests, Eradication, Informants, Interdiction, Lowest Priority Policies, Police Corruption, Police Raids, Profiling, Search and Seizure, SWAT/Paramilitarization, Task Forces, Undercover Work), Probation or Parole, Prosecution, Reentry/Rehabilitation, Sentencing (Alternatives to Incarceration, Clemency and Pardon, Crack/Powder Cocaine Disparity, Death Penalty, Decriminalization, Defelonization, Drug Free Zones, Mandatory Minimums, Rockefeller Drug Laws, Sentencing Guidelines)CultureArt, Celebrities, Counter-Culture, Music, Poetry/Literature, Television, TheaterDrug UseParaphernalia, ViolenceIntersecting IssuesCollateral Sanctions (College Aid, Drug Taxes, Housing, Welfare), Violence, Border, Budgets/Taxes/Economics, Business, Civil Rights, Driving, Economics, Education (College Aid), Employment, Environment, Families, Free Speech, Gun Policy, Human Rights, Immigration, Militarization, Money Laundering, Pregnancy, Privacy (Search and Seizure, Drug Testing), Race, Religion, Science, Sports, Women's IssuesMarijuana PolicyGateway Theory, Hemp, Marijuana -- Personal Use, Marijuana Industry, Medical MarijuanaMedicineMedical Marijuana, Science of Drugs, Under-treatment of PainPublic HealthAddiction, Addiction Treatment (Science of Drugs), Drug Education, Drug Prevention, Drug-Related AIDS/HIV or Hepatitis C, Harm Reduction (Methadone & Other Opiate Maintenance, Needle Exchange, Overdose Prevention, Pill Testing, Safer Injection Sites)Source and Transit CountriesAndean Drug War, Coca, Hashish, Mexican Drug War, Opium ProductionSpecific DrugsAlcohol, Ayahuasca, Cocaine (Crack Cocaine), Ecstasy, Heroin, Ibogaine, ketamine, Khat, Kratom, Marijuana (Gateway Theory, Marijuana -- Personal Use, Medical Marijuana, Hashish), Methamphetamine, New Synthetic Drugs (Synthetic Cannabinoids, Synthetic Stimulants), Nicotine, Prescription Opiates (Fentanyl, Oxycontin), Psilocybin / Magic Mushrooms, Psychedelics (LSD, Mescaline, Peyote, Salvia Divinorum)YouthGrade School, Post-Secondary School, Raves, Secondary School