Drug War Chronicle

comprehensive coverage of the War on Drugs since 1997

Marihuana medicinal: Programa de Rhode Island tiene inicio

Los ciudadanos de Rhode Island están inscribiéndose en el nuevo programa de marihuana medicinal del estado en un índice de apenas menos de uno por día, de acuerdo con las autoridades sanitarias. Por lo menos 131 pacientes han obtenido los carnés de registro del estado desde que el programa entró en funcionamiento en abril y otras 129 personas han sido certificadas como proveedoras.

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la importante paciente y activista de RI, Rhonda O’Donnell, en una protesta en DC
Rhode Island se volvió el 11º estado a legalizar el consumo medicinal de marihuana en enero. De acuerdo con la legislación de Rhode Island, los pacientes con una de diversas enfermedades crónicas, incluso el cáncer y el SIDA, deben proveer documentación de un médico de que los beneficios de consumir marihuana por su dolencia superan los riesgos. La Secretaría de Sanidad del estado emite entonces un carné de registro. Los pacientes y sus proveedores designados pueden tener hasta 12 plantas o 75 gramos de la hierba.

La ley de Rhode Island no estipula ningún dispositivo para la manera por la cual los pacientes obtendrán las semillas o la marihuana y los funcionarios de la salud del estado no quieren ni saber, ni tampoco van a dar consejos sobre dónde conseguirla. “Yo no hago preguntas”, dijo Charles Alexandre, director de reglamentación de las profesiones sanitarias, el departamento que administra el programa. “Me preguntan con frecuencia dónde conseguirla. Tengo que explicarles un poco”, le dijo él al Providence Journal.

De acuerdo con Alexandre, 89 médicos han firmado recomendaciones de marihuana medicinal, aliviando los temores de que los pacientes terminarían yendo a un pequeño número de “médicos de la marihuana”.

Ahora, Rhode Island se junta a las filas de estados en que los pacientes en estado grave pueden tomar sus remedios en paz – por lo menos, con tanto que los federales no aparezcan.

Imposición de la Ley: Policías Usaron Alta Tecnología en Frecuentadores de Festival de Rock de Kansas

La Crónica de la Guerra Contra las Drogas informó en Junio sobre “los puntos de sobriedad y represión en el tránsito” hechos para atrapar a las personas que comparecieron al Festival de Música de Wakarusa en las afueras de Lawrence, Kansas. Poco sabíamos nosotros que eso fue lo mínimo que la ley hizo. Ahora, parece que los oficiales de la ley estadual y municipal hicieron un trabajo en equipo con una empresa de vigilancia y seguridad con tecnología de punta de California para poner al festival y sus 50.000 participantes bajo vigilancia constante en vídeo de alta resolución.

En lo que fue esencialmente una estrategia de marketing auspiciada por el estado de la NS Microwave, Inc., la fabricante de la tecnología, los miembros del FBI, la DEA, la Agencia de Investigación de Kansas, la Policía de Lawrence y el Gabinete del Sherif de la Comarca de Douglas comparecieron todos al festival para ver el equipo de $250.000 aumentar la imagen de las compras de drogas, de la confección de pitillos y de actividades similarmente íntimas. (La NS Microwave, una subsidiaria del licitante de defensa, el Allied Defense Group, se jactó de este golpe en un comunicado de prensa agresivamente descortés que indudablemente reveló el secreto.)

El montaje incluyó cámaras escondidas, aparatos de visión nocturna y un remolque de comando de más de 6 metros establecido en el medio del festival y disfrazado como remolque de una emisora de radio. De acuerdo con un artículo alabador en la publicación comercial Government Security News, “Cuando los oficiales de la ley vieron los monitores de vigilancia en el remolque de comando, se sorprendieron al descubrir que el sistema de la NS Microwave estuviera mostrando detalles nunca esperados. En las pantallas, los aparatos exhibían una gama enorme de actividades ilegales, incluso mucho narcotráfico, uso de vehículos para almacenar los narcóticos de los traficantes y transacciones entre traficantes y mulas”.

“Fue una gran sorpresa”, le dijo el Ten. Doug Woods, comandante de la patrulla del Gabinete del Sherif de la Comarca de Douglas, al News. “Tuvimos resultados muy buenos”.

De acuerdo con los informes de la policía y la prensa, unos 140 arrestos relacionados con las drogas fueron realizados. Pero, no está claro cuántos ocurrieron como resultado de la vigilancia escondida. De acuerdo con Woods, 15 oficiales patrullaron durante el turno vespertino y 20 en el nocturno, con 50 a mano para el clímax de la noche de sábado del festival.

El aparato judiciario-legal de Kansas jamás le contó a alguien sobre la vigilancia secreta con tecnología de punta y el espionaje no habría sido percibido sin la publicación del comunicado de prensa de la NS y el artículo positivo de la Government Security News, pero después que eso pasó, el Lawrence Journal-World informó el reportaje localmente y la reacción adversa empezó a aparecer. El Journal-World citó a frecuentadores que decían que las cámaras escondidas eran “una vergüenza y medio embarazosas”. La asistente Ali Mangan le dijo al periódico local, “Siento que fue realmente un gran error porque las personas en el festival estaban intentando pasarla bien y relajarse. Estaría dispuesta a apostar que la mayoría de las personas no aceptaría eso si hubiera sabido”.

Por vuelta de esta semana, el periódico de la Universidad de Kansas, el Daily Kansan, estaba denunciando el espionaje en su página editorial. En un editorial intitulado francamente “Cámaras Secretas Infringieron la Privacidad” ["Secret Cameras Violated Privacy”], el periódico castigó al aparato judiciario-legal municipal y estadual. “Las ganancias económicas les ganaron a la privacidad en el festival. Si el aparato judiciario-legal hubiera publicado carteles que declararan la presencia de vigilancia electrónica, el tráfico de drogas podría haber disminuido desde el principio”, notó el periódico. “En vez de eso, el dinero sospechoso de venir de las drogas que fue confiscado y las multas colectadas serán añadidas a los cofres de la ciudad, que aún no ha dicho lo que va a hacer con el dinero”.

“Lo que es más perturbador”, prosiguió el editorial, “es que la ley probablemente nunca habría revelado su esquema secreto de facturación si el artículo de la GSN no hubiera aparecido. ¿El aparato legal municipal ha instalado secretamente cámaras en otros lugares públicos? Quizá no lo sabremos hasta que otro artículo sea publicado en un oscuro periódico comercial”.

El martes, el organizador del festival Wakarusa, Brent Mosiman, dio su opinión en la página web de Wakarusa con un pedido de disculpas a los asistentes y una crítica de la ley. “No podemos ni decirles cómo lo sentimos que estos problemas [de espionaje] hayan ocurrido en el Wakarusa de este año y, sinceramente, les pedimos disculpas a todos por cualquier infracción de sus derechos y de su privacidad. Para darles algunos antecedentes, fuimos informados que habría un aumento en la presencia de la ley en el evento de este año. Inicialmente, lo apoyamos cuando fue presentado como esfuerzo para aumentar la seguridad de todos en la platea. Con todo, se hizo aparente que la represión, no la seguridad y la protección, era la verdadera misión del incremento en la imposición de la ley. Debemos dejar perfectamente claro que no sabíamos de ninguna de las medidas, tácticas o instrumentos específicos que las varias agencias de la ley usaron en el evento. Lo más importante es que Wakarusa no cree que dichas tácticas y aparatos fueran necesarios y no apoya su uso. Si no hay garantías considerables de que procedimientos similares no se materializarán en el futuro, no vamos a hacer otro Festival Wakarusa de Música y Campamento”, escribió Mosiman.

Imposición de la Ley: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana

Gracias a Dios los agentes penales están manteniendo su parte en el trato, porque la policía se ha comportado muy bien esta semana. El único reportaje sobre policías corruptos que tenemos esta semana apareció en verdad la semana pasada y estaba basado en sucesos que ocurrieron el mes pasado. Vamos a ello:

En Baltimore, por segunda vez este año, la Policía de Baltimore ha desbandado a uno de sus “Equipos Especiales de Represión” y ha lanzado una investigación interina de sus actividades, poniendo en riesgo a docenas de casos criminales pendientes, informó el Baltimore Sun la semana pasada. El departamento desbandó al escuadrón el mes pasado, pero no lo anunció hasta la semana pasada. De acuerdo con el vocero del departamento, Matt Jablow, la investigación involucra “alegaciones de improbidad”. “Fuentes próximas a la investigación” les dijeron al Sun que los oficiales son acusados de mentir en los documentos de la acusación, cuya mayoría involucra arrestos por delitos de drogas. Los “Equipos Especiales de Represión” de Baltimore deberían ser “desplegados rápidamente para responder a los problemas emergentes de criminalidad violenta por toda Baltimore”, de acuerdo con el informe anual de 2005 del departamento, pero de los más de 7.000 arrestos que hizo junto al SET del sureste, la mayor parte fue de casos de drogas y perturbación del orden. Entre Diciembre y Enero pasados, un “escuadrón flexible” de la policía de Baltimore en el suroeste fue desbandado tras alegaciones de que una mujer fue violada por los oficiales. Aquellos oficiales también fueron acusados de robar y plantar pruebas. Ellos se enfrentan a un juicio en Diciembre. Ningún oficial ha sido arrestado todavía en el último escándalo que surgió.

En Malone, Nueva York, un agente penal veterano ha sido preso por supuestamente vender heroína a internos en la Instalación Correccional de Bare Hill, informó la North Country Gazette el lunes. Michael Bradish, 43, oficial durante 16 años, cayó tras meses de investigación de la Inspectoría General del Departamento de Correcciones. Él es acusado de tenencia de sustancia controlada, corrupción pasiva, tentativa de tenencia de contrabando, recibir recompensa por improbidad oficial y conspiración. Él está en la Cárcel de la Comarca de Franklin hasta y a menos que consiga los $100.000 de la fianza.

En Douglas, Arizona, un oficial del Departamento de Corrección de Arizona fue arrestado el viernes pasado bajo acusaciones de tenencia y ventas de cocaína. El agente penal Renee Días, 29, fue arrestado en el complejo de la Prisión de Douglas, informó el Douglas Dispatch. Los oficiales que entregaron una orden de búsqueda en el hogar de Días encontraron poco más de 100 gramos de cocaína estimados en más de $5.000, de acuerdo con la Policía de Douglas. Días es acusado de tenencia de narcóticos, tenencia de narcóticos para venta y tenencia de pertrechos de drogas. Actualmente, reside en la Cárcel de la Comarca de Cochise en la cercana Bisbee.

Reportaje: Los EE.UU. Usan Informe Anual de Certificación Sobre las Drogas para Atacar a Bolivia y Venezuela

El lunes, el gobierno Bush lanzó su informe anual “Determinación Presidencial sobre los Grandes Países Productores o de Tránsito de Drogas” y tanto el propio informe como los voceros del gobierno Bush usaron la ocasión para lanzar ataques contra Bolivia y Venezuela. El ataque contra Bolivia está relacionado con el cambio de la erradicación forzada de los cultivos de coca bajo la política “cero cocaína, no cero coca” del Presidente Evo Morales, pero el ataque contra Venezuela, que no es ni un gran país productor de drogas ni atípico en la región en ser usado como punto de transferencia para la cocaína colombiana, parece tener poco que ver con su adhesión a las metas de las políticas estadounidenses de drogas y mucho que ver con la relación cada vez más contraria entre el Presidente de Venezuela Hugo Chávez y el gobierno Bush.

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la coca boliviana (fuente: Departamento de Estado de los EE.UU.)
Chávez y Morales son aliados próximos en un eje izquierdista y antiimperialista emergente en Latinoamérica. Bolivia anunció esta semana que acepta la asistencia venezolana para construir nuevas instalaciones militares cerca de la frontera paraguaya.

La lista de grandes países productores o traficantes de drogas sigue la misma desde el año pasado. Están incluidos Afganistán, las Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Birmania, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Apenas dos países – Birmania y Venezuela – estaban determinados a haber “fracasado demostrablemente” en cumplir sus obligaciones según los tratados internacionales de control de las drogas. Birmania ha reducido la producción de adormideras, pero sigue siendo una dictadura militar aislada. Las sanciones contra Venezuela fueron suspendidas a pesar de todo, a causa de una creencia del gobierno de que “los programas para ayudar a las instituciones democráticas de Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos” (pese a que muchos en el hemisferio tengan sospechas sobre lo que eso realmente significa desde el apoyo tácito del gobierno Bush a una tentativa de golpe contra Chávez en Abril de 2002 y en razón del destino del dinero).

“La importancia de Venezuela como punto de transferencia de drogas destinadas a los Estados Unidos y Europa ha seguido creciendo en los últimos 12 meses, una situación tanto permitida como explorada por funcionarios venezolanos corruptos”, acusó el secretario de prensa Snow.

El gobierno Bush podría tener un poco más de tracción con dichas acusaciones si no destacara a Venezuela. México, por ejemplo, no es mencionado en el texto del informe anual, excepto en la lista de los grandes países traficantes a pesar de la corrupción incontrolada, la violencia relacionada con el narcotráfico en niveles récordes y una respuesta gubernamental que es curiosamente débil. Guatemala tampoco es mencionada, a pesar del hecho de que el director de su agencia antidroga, Adam Castillo, se confesó culpable en tribunal federal en Washington hace apenas dos semanas por conspirar para contrabandear cocaína al país.

“Ésta es la misma farsa por la cual pasan todos los años”, dijo Sanho Tree, director del Proyecto de Políticas de Drogas del Institute for Policy Studies. “Esencialmente, son determinaciones políticas”. La suspensión para seguir canalizando dinero a grupos antichavistas es una señal clara de eso, dijo Tree. “Si ellos quitaran la certificación de Venezuela sin la suspensión, no pueden canalizar todo ese dinero a través de la llamada oposición pro democracia”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.

El gobierno venezolano, de su parte, rechazó su designación como colaborador fracasado en la guerra contra las drogas y acusó al gobierno de los EE.UU. de “politizar” las políticas internacionales antidrogas. En una declaración oficial emitida el lunes, el gobierno dijo que “Venezuela denuncia la seguida politización de importantes cuestiones bilaterales por el Departamento de Estado de los EE.UU. El gobierno Bush sigue practicando conscientemente una política de reemplazar los hechos por declaraciones infundadas, motivadas por simples diferencias políticas cuyo propósito explícito es el de aislar a Venezuela”.

La declaración siguió observando que Venezuela había confiscado más de 35.000 quilogramos de drogas el año pasado y que sus esfuerzos antidrogas habían recibido elogios internacionales. En comentarios a principios de este mes, los funcionarios británicos elogiaron la “tremenda cooperación” de Venezuela en el combate a las drogas, en tanto que los franceses hablaron de la “intensa cooperación” y dijeron que las autoridades españolas y venezolanas “son eficientes en registrar y detener individuos que pueden estar transportando drogas”.

La declaración venezolana también llevaba una amenaza implícita. El gobierno Chávez echó a la DEA de Venezuela el año pasado en medio de acusaciones de que estaba espionando al gobierno venezolano, y, desde entonces, los dos países han estado negociando un nuevo acuerdo que permita el funcionamiento de la agencia allí. “Acusaciones infundadas, como aquellas contenidas en el informe del gobierno Bush, no ayudarán a finalizar un acuerdo tan importante como éste”, advirtió la declaración.

Aunque el ataque de Bush contra los antecedentes antidrogas de Venezuela tenga indicios de política de las potencias globales, sus críticas de Bolivia están basadas en preocupaciones estadounidenses más tradicionales con las políticas de drogas. “Mi gobierno está preocupado con la caída de la cooperación antinarcóticos boliviana desde Octubre de 2005”, dijo Bush en el informe. “Bolivia, el tercer productor más grande de cocaína del mundo, ha llevado a cabo políticas que han permitido la expansión del cultivo de la coca y desacelerado el paso de la erradicación hasta mediados del año, cuando la retomó. La política del Gobierno de Bolivia de ‘cero cocaína, pero no cero coca’ se ha concentrado principalmente en la interdicción, para la casi exclusión de sus complementos necesarios, la erradicación y el desarrollo alternativo”.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, amplificó aquellos comentarios en una rueda de prensa el lunes. “A pesar del aumento en la interdicción de las drogas, Bolivia ha llevado a cabo políticas que han permitido la expansión del cultivo de la coca y han disminuido considerablemente la erradicación”, dijo. Snow advirtió que el gobierno de los EE.UU. está esperando para ver si el gobierno boliviano va a erradicar el número mínimo de hectáreas, hacer los cambios en la ley boliviana deseados por los EE.UU. y controlar estrictamente la venta de la hoja de la coca. Los EE.UU. van a revisar la observancia boliviana a las metas de las políticas de drogas de los EE.UU. en seis meses, dijo.

Los bolivianos respondieron solamente con un poco menos de rispidez que los venezolanos. “El gobierno de los Estados Unidos ha cometido un error de lectura respecto de las políticas antidrogas bolivianas”, dijo el vocero del gobierno Alex Contreras en una declaración oficial el lunes. “Bolivia invita a los EE.UU. a juntarse a la política de la cocaína cero y recuerda que son los principales productores de precursores químicos para transformar la coca en cocaína. Además, tienen el mercado más grande de consumidores de drogas ilegales”.

El gobierno boliviano logrará su meta de erradicar 5.000 hectáreas de coca este año, dijo Contreras, añadiendo que esa marca “habrá sido suavemente ultrapasada, no por la imposición del gobierno de los EE.UU., sino por nuestra propia voluntad y sin usar gas lacrimógeno, ni hablar de la represión y las confrontaciones”, una clara referencia a los conflictos sangrientos entre los cocaleros y los gobiernos bolivianos pasados que intentaron imponer las políticas de erradicación forzada a la estadounidense.

La erradicación voluntaria está sucediendo de veras, dijo Kathryn Ledebur de la Andean Information Network sedeada en Bolivia, que cuestionó los plazos estrictos del gobierno Bush. “Creo que es irónico que la erradicación forzada haya llevado nueve meses durante el gobierno Banzer y ahora quieran resultados radicales en seis meses. Ningún país puede cumplir eso”, le dijo ella a la Crónica. “La cuestión verdaderamente difícil es el plazo de seis meses para eliminar las plantaciones personales de coca de los agricultores. Eso puede llevar el gobierno boliviano al extremo. Esto sugiere que el gobierno Bush no tiene la menor idea sobre lo que debería ser hecho, pero quiere una reprimenda firme oficialmente”.

Ledebur también encontró ironía en las denuncias de los EE.UU. acerca de la falta de progreso en el desarrollo alternativo. “Eso es financiado y motivado por los EE.UU.”, señaló ella.

Tanto Ledebur como Tree estuvieron de acuerdo que Bolivia está abordando enérgicamente al tráfico de cocaína. “La interdicción de la cocaína es un resultado concreto que el gobierno boliviano puede señalar”, dijo Tree. “La coca no se iguala a la cocaína y hasta que se vuelva cocaína, la coca debería ser un problema doméstico y no algo en la agenda de los EE.UU. Si Bolivia puede reglamentar con éxito el destino de la coca, ello no debería ser un problema. Evaluar a Bolivia sobre cuántas hectáreas de coca erradica es una métrica insignificante”.

Reportaje: Cámara Vota en la Exigencia de Políticas de Búsquedas Aleatorias y Arbitrarias Permitidas por los Distritos Escolares

En una votación oral el martes por la noche, la Cámara de los Diputados de los EE.UU. votó en la aprobación de una medida que forzaría a los distritos escolares de todo el país a adoptar políticas que permiten que los profesores y funcionarios escolares realicen búsquedas aleatorias y arbitrarias de todos los estudiantes a cualquier momento con base en la “sospecha razonable” de que un estudiante pueda estar portando drogas o armas. Defendida por el Dip. Geoff Davis (R-KY), la Ley de Seguridad de los Estudiantes de 2006 [Student Safety Act of 2006 (H.R. 5295)] no tuvo ninguna audiencia y fue acelerada por la Cámara.

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espere más de esto si el proyecto Davis es aprobado
"Las drogas y la violencia no pertenecen a nuestras escuelas”, dijo el Dip. Davis durante el debate el martes. “Creo firmemente en nuestra Constitución y nuestra Carta de Derechos y esta legislación no ofrece carta blanca a cualquiera para conducir búsquedas aleatorias y arbitrarias. La Corte Suprema ha sostenido que los profesores y funcionarios escolares pueden usar su juicio para tomar decisiones que ayudarán a controlar sus clases y proteger a sus estudiantes. Es una ley sencilla de buen sentido”.

En verdad, el proyecto no da carta blanca para búsquedas, hace que los distritos escolares se la traguen. De acuerdo con un análisis del proyecto hecho por el Servicio de Pesquisa del Congreso, ello “requiere que los estados, las agencias educacionales y los distritos escolares municipales consideren razonable la búsqueda de un estudiante menor de edad en el terreno escolar público y permisible si conducida por un profesor o funcionario escolar de tiempo integral, actuando sobre cualquier sospecha plausible [cambiada en la versión final para “razonable”] con base en la experiencia y juicio profesionales para asegurar que la escuela siga libre de todo y cualquier tipo de armas, materiales peligrosos o narcóticos ilegales”. Y para asegurarse que los distritos escolares entendieron el mensaje, observa el análisis, el proyecto “niega los fondos Escuelas Seguras y Educación Ciudadana, proporcionados de acuerdo con la Ley de Educación Elementar y Secundaria de 1965 [Elementary and Secondary Education Act of 1965], a estados, agencias educacionales y distritos escolares municipales que no consideren dichas búsquedas razonables y permisibles”.

Algunos demócratas de la Cámara se levantaron para oponerse al proyecto. “Este proyecto retiraría la financiación de cualquier distrito escolar que decida que los profesores y administradores municipales saben más que el Congreso cómo volver sus escuelas seguras”, dijo la Dip. Lynn Woolsey (D-CA). “Es un error suponer que todo estudiante es tan culpable como alguna persona problemática. Detendremos cualquier nuevo programa que quiera rotular a toda la juventud como culpable”, prometió.

“Como alguien que enseñó durante seis años en una de las escuelas y comunidades más duras en el país, tengo serias reservas en cuanto a lo que esta legislación hace de verdad”, dijo el Dip. Danny Davis (D-IL). “No estoy solo. La Asociación Estadounidense de Administradores de Escuelas, la Asociación Nacional de Consejos Escolares, la Asociación de Padres y Maestros, la ACLU, la Federación Estadounidense de Profesores y mi propio distrito escolar de Chicago están todos preocupados. Estamos preocupados que esta legislación invalide las políticas de búsquedas en las escuelas que ya fueron promulgadas por una política única. Este proyecto establece una política que da a los profesores la autoridad de realizar búsquedas cuando esa autoridad debe estar con el consejo escolar. Y ello penaliza a las escuelas por no obedecer al negarles los fondos de la Ley de Escuelas Seguras y Libres de las Drogas [Safe and Drug-Free Schools Act]. Aunque todos nosotros queramos que nuestras escuelas sean lugares seguros y protegidos, este proyecto es dubio, innecesario y quita los derechos que deberían ser reservados a las comunidades locales”.

Aunque los demócratas se pronunciaran contra el proyecto en debate el martes por la noche, ninguno de ellos dio el paso sencillo de pedir una votación abierta, lo que podría haber resultado en la derrota de la medida. Ya que el proyecto fue acelerado, exigía la votación de dos tercios en la Cámara y no está claro que el proyecto pudiera haber ultrapasado esa valla si los congresistas hubieran sido forzados a votar abiertamente. Ahora, el proyecto se dirige hacia el Senado para ser ponderado.

“Estamos decepcionados no solamente con la Cámara al aprobar este proyecto, sino con la cobardía demostrada por los demócratas al no pedir una votación abierta para hacer que los legisladores fueran a público”, dijo Tom Angell, director de comunicación del Students for Sensible Drug Policy (SSDP). “Cualquier miembro podía haber pedido votación abierta, pero nadie lo hizo y eso puede haber hecho la diferencia. Ningún congresista sintió que era lo suficientemente importante hacer que sus colegas fueran a público respecto de esta cuestión”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.

Junto con la DRCNet y la Drug Policy Alliance, el SSDP trabajó casi sin aviso previo para movilizar a la oposición al proyecto, el cual se creía haber tenido una muerte pacífica, pero que fue revivido en el último momento como maniobra de campaña del Dip. Davis. La ACLU y una serie de otros grupos de concienciación se unieron a los grupos de reforma que se oponían al proyecto. El único grupo grande de concienciación que apoyaba al proyecto era la Asociación Nacional de la Educación.

“Hicimos un análisis muy bueno cuando recibimos la legislación y lo que nos dejó intrigados de verdad era la manera que ellos definían las búsquedas como una actividad desempeñada por un profesor o un funcionario de la escuela pública de tiempo integral”, dijo Tor Cowan, director de legislación de la Federación Estadounidense de Profesores, que se opuso al proyecto. “No creemos que los profesores deban ser entrenados para ser policías. Si un profesor cree que un estudiante está llevando un arma o tiene drogas, debería encaminarlo al vicedirector o supervisor de disciplina, que ha sido entrenado por el distrito respecto de lo que es permisible y él determinaría cuál sería el próximo paso. Eso es preferible a tener 50 profesores, todos con una comprensión distinta de lo que significaba sospecha razonable, intentando hacer esto”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.

“Desde la perspectiva de un administrador”, prosiguió Cowan, “ellos sienten que tienen políticas a puestos que pueden ser puestas en peligro por este proyecto. Ya tenemos requerimientos y órdenes federales suficientes y esto puede llevar a desafíos de políticas que ya han sido establecidas por la Corte Suprema. La corte da condiciones a los distritos escolares cuando se trata de establecer la sospecha razonable”.

El martes, pese a que los legisladores le hayan dado al tema de que el proyecto protegería la seguridad de los profesores y estudiantes igualmente, Cowan se encolerizó con la implicación de que los opositores del proyecto no estaban preocupados con la seguridad. “Es un argumento falso decir que a las personas que no apoyan esto no les importa la seguridad escolar”, dijo. “Ya es muy claramente de interés del profesor – no apenas en sí mismo, sino en el interés de sus estudiantes y de su escuela – informar sus sospechas de que un estudiante está llevando un arma o usando drogas al administrador adecuado en la escuela. Ya existen los medios para garantizar la seguridad y asegurar que las escuelas sigan libres de las drogas y de la violencia”.

“Tenemos un par de problemas con este proyecto también”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance, uno de los grupos de reforma de las políticas de drogas que lidera la oposición. “Primero, el Congreso está diciendo que si no se establece una política que permita que los profesores y administradores pasen a los estudiantes en revista, entonces no se recibirá dinero federal. Los autores del proyecto dicen que están intentando mantener el estatus quo, pero es absurdo. Ahora, los distritos escolares pueden establecer sus propias políticas y deberían poder establecer sus propias políticas. Si quieren proteger los derechos de privacidad de los estudiantes, deberían poder hacerlo sin miedo de perder la financiación federal”, le dijo él a la Crónica.

“Segundo, de la manera que este proyecto está redactado, implica fuertemente que la política del distrito escolar tiene que ser una en que ellos puedan realizar búsquedas masivas y aleatorias”, prosiguió Piper. “Si el director escucha el rumor de que alguien está vendiendo marihuana, puede buscar a todos los estudiantes en el edificio, y quien sabe si esos tipos de buscas son constitucionales. Nuestra gran preocupación es que los administradores escolares tengan la idea equivocada sobre los límites de sus poderes constitucionales”.

“En los casos controladores de la Corte Suprema sobre estas búsquedas, la corte sostuvo que los administradores escolares no necesitaban causa probable para pasar a los estudiantes en revista, solamente la ‘sospecha razonable’, la cual es un estándar menor”, dijo Jesselyn McCurdy, consultora legislativa en el Gabinete Legislativo de Washington de la ACLU. “Pero, la corte no decidió específicamente sobre si tiene que haber o no la sospecha individualizada; en realidad, en su decisión, dijo específicamente que no estaba expresando un fallo sobre las búsquedas masivas”, le dijo ella a la Crónica.

“Estamos preocupados que el texto vago en el proyecto lleve a los administradores a pensar que pueden hacer buscas masivas y completas como la que hicieron en Goose Creek”, el local de un ahora notorio allanamiento antidroga en que la policía blandió armas y los sabuesos invadieron un colegio secundario de Carolina del Sur, dijo McCurdy. “Sin tener en cuenta si el proyecto realmente permite eso, es medio tonto. Se puede aprobar cualquier proyecto que se quiera, pero si es inconstitucional, alguien lo desafiará y forzará a la Corte Suprema a determinar su constitucionalidad. Dado que la mayor parte de los distritos escolares ya tienen políticas sobre las búsquedas en las escuelas a puestos, esto apenas causará más confusión respecto de lo que las escuelas pueden y no pueden hacer”.

“Nos oponemos a esta legislación porque es una política única ordenada desde Washington”, explicó Angell del SSDP. “Envía el mensaje de que el Congreso sabe más que los administradores escolares cómo mantener las drogas fuera de las escuelas, y eso es ofensivo, por eso todos estos grupos de concienciación se pronunciaron contra ello. Si se vuelve ley, corremos peligro de ver más allanamientos a la Goose Creek. Muchas escuelas ya permiten las búsquedas con base en el estándar bien frágil de sospecha razonable, pero actualmente tienen una opción. Ahora, el Congreso está intentando hacer que lo hagan bajo la amenaza de perder la financiación federal”.

Ahora, el proyecto va al Senado, donde los reformadores esperan que sea derribado. Si no, están preparados para clavarle una estaca en su corazón. “Vamos a observar al Senado para asegurar que no intenten transformar este proyecto en ley”, dijo Angell. “Muchas veces al final de la sesión las cosas son atadas a proyectos totalmente no-relacionados y estamos muy cansados de eso. Vamos a alertar a las masas y pedirle a la gente que llame al Senado si somos informados que este proyecto está pasando”, dijo.

Aunque el esfuerzo de oposición no haya logrado detener el proyecto en la Cámara, las organizaciones lograron entregar miles de correos-e y hacer innumerables llamadas telefónicas a los diputados en menos de una semana. Y ellos van a observar lo que sucede a continuación.

Reportaje: Detenciones por Drogas Atingen Otra Alza Récord, Más de 786.000 Detenciones por Marihuana Apenas en 2005

El FBI lanzó su Informe Uniforme Sobre la Criminalidad el lunes y mostraba que a pesar de casi dos décadas de esfuerzos de reforma de las políticas de drogas, la guerra a las drogas sigue irreducible, por lo menos cuando medida por las detenciones. De acuerdo con el informe, el total de arrestos por drogas atingió un récord de 1,8 millón el año pasado, respondiendo por 13,1% de todas las detenciones en el país. Los arrestos por marihuana totalizaron 786.545, otra alza histórica.

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redada de drogas en Bristol, Virginia
Más personas fueron arrestadas por delitos de drogas el año pasado que por cualquier otra infracción. Cerca de 1,6 millón de personas fueron arrestadas por crímenes contra el patrimonio, 200.000 menos que las que fueron arrestadas bajo acusaciones de delitos de drogas. El número de personas arrestadas bajo acusaciones de delitos de drogas fue más que tres veces más grande que las 603.500 personas arrestadas por crímenes violentos.

Las personas arrestadas por tráfico, fabricación o cultivo de drogas respondían por apenas 18% de todas las detenciones por drogas, lo que significa que aproximadamente 1,5 millón de personas estuvo a la merced del sistema de justicia criminal meramente porque tuvieron la sustancia equivocada. Cuando se trata de los arrestos por marihuana, apenas 12% fueron por venta o cultivo, lo que quiere decir que unas 696.000 personas fueron presas por tenencia de marihuana.

Las detenciones por marihuana fueron 42,6% de todos los arrestos por drogas, lo que sugiere que si la hierba fuera legal, la guerra a las drogas se reduciría a casi la mitad. La heroína y la cocaína respondieron por otros 30,2% de los arrestos por drogas, en tanto que las drogas sintéticas y “otras drogas no-narcóticas peligrosas” respondieron por 27,2%.

Los arrestos por marihuana han más que doblado desde 1993, cuando estuvieron en 380.000. Por vuelta del comienzo del gobierno Bush en 2001, el número era 723.000. El dato cayó para 697.000 en 2002, pero ha aumentado a cada año desde entonces.

“Estos números desmienten la falacia de que la policía no objetiva ni arresta a los pequeños infractores por marihuana”, dijo el director ejecutivo de la National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML), Allen St. Pierre, que observó que en los índices actuales, un fumador de marihuana es arrestado a cada 40 segundos en los Estados Unidos. “Este esfuerzo es un tremendo desperdicio de recursos de la justicia criminal que desvía al personal legal de concentrarse en la criminalidad seria y violenta, incluso la guerra contra el terrorismo”, debatió.

“Un arresto por marihuana a cada 40 segundos”, suspiró Tom Angell, director de comunicación del Students for Sensible Drug Policy (SSDP).”Yo creo que los números muestran que la mayoría de las personas arrestadas por tenencia de marihuana es joven, y presumiblemente muchas de ellas son estudiantes. Cuanto más los jóvenes sean arrestados por delitos de marihuana, tanto más son condenados y pierden su auxilio financiero”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “Las consecuencias de un arresto por delito de drogas no terminan con las esposas y las celdas de la cárcel; es importante recordar eso cuando salen estos datos todos los años. Aun si las personas no están siendo enviadas a la cárcel por largos períodos, aún sufren mucho al perder el acceso a los beneficios públicos y tener antecedentes criminales que los cazarán por el resto de sus vidas”.

“Éste es un rompecabezas interesante”, dijo Bruce Mirken, director de comunicación del Marijuana Policy Project. “Siempre escuchamos que la policía no está haciendo de la marihuana una prioridad, pero los números siguen subiendo. Se podría empezar a pensar que algunos de esos agentes de la ley que hacen esas afirmaciones pueden no estar diciendo la verdad”, le dijo él a la Crónica.

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porcentajes de arrestos por drogas, 1994-2003 (fuente: FBI)
Los datos enormes de arrestos por marihuana son detectados de alguna forma, dijo Mirken. “Cuando conversé con los reporteros sobre estos números, se quedaron consternados. Muchas personas parecen no saber que durante tres años hemos arrestado a más de tres cuartos de millón de personas por marihuana, casi 90% de ellas por tenencia. Me gustaría poder decir que era un choque que el número haya subido nuevamente, pero simplemente sigue aumentando”.

“Arrestar innecesariamente a centenas de millares de estadounidenses que fuman marihuana responsablemente destruye las vidas de ciudadanos obedientes a la ley”, dijo St. Pierre, añadiendo que más de 8 millones de estadounidenses han sido arrestados por acusaciones de delitos de marihuana en la última década. Durante este mismo tiempo, los arrestos por cocaína y heroína han caído pronunciadamente, implicando que el aumento en la imposición de las leyes sobre la marihuana está siendo realizado a costa de la imposición de las leyes contra la tenencia y el tráfico de drogas más peligrosas.

“Imponer la prohibición de la marihuana cuesta a los contribuyentes entre $10 y $12 billones anualmente y ha llevado al arresto de casi 18 millones de estadounidenses”, concluyó St. Pierre. “Sin embargo, unos 94 millones de estadounidenses reconocen haber usado marihuana durante sus vidas. No tiene sentido seguir tratando a los estadounidenses como criminales por el consumo de una sustancia que no presenta más riesgos – y, cuestionablemente, mucho menos – a la salud que el alcohol o el tabaco. Una solución más sensible sería tasar y reglamentar el cannabis de una manera similar al alcohol y al tabaco”.

“Estos tipos de números muestran los desafíos que el movimiento de reforma de las políticas de drogas sigue enfrentándose”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Comparado con 20 ó 30 años atrás, estamos haciendo un buen trabajo de mantener a las personas fuera de la cárcel. La mayoría de las personas es arrestada por acusaciones de delitos de drogas, por lo menos por tenencia, probablemente reciben libertad vigilada, y eso es importante”, le dijo él a la Crónica. “Dicho eso, el desafío para nosotros es desconstruir las instituciones que lo apoyan. Aunque la mayor parte de las detenciones ocurra en los niveles estadual y municipal, la financiación que el gobierno federal proporciona al aparato judiciario-legal está relacionada con las detenciones, entonces las corporaciones estadual y municipal de la policía tienen un incentivo muy fuerte para seguir arrestando a los infractores de la legislación antidroga”.

Editorial: ¿Ahora Les Importa lo Correcto?

David Borden, Director Ejecutivo

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David Borden
Uno de los reportajes informados por la mayoría de las redes de noticias esta semana fue sobre el arresto en los EE.UU. del famoso cazador de recompensas Duane “Dog” Chapman, buscado para extradición por México por lo que las autoridades dijeron que era una detención ilegal. Chapman y los miembros de su equipo habían capturado a un heredero rico de una empresa de cosméticos, Andrew Luster, que era buscado en los EE.UU. por acusaciones de estupro (y que ahora está cumpliendo una sentencia de 124 años). Los mexicanos querían que Luster les fuese entregado, arrestó a los cazadores de recompensas después que se rehusaron y, entonces, los libertaron bajo fianza hasta la audiencia, a la cual Chapman y compañía no comparecieron.

Chapman y su mujer Beth son figuras supremamente excéntricas. Son especialmente famosos en su estado natal de Hawai, pero tienen un público nacional a través del programa popular de la tele basado en su trabajo, “Dog the Bounty Hunter”. A principios de este año, estuve literalmente a pocos minutos de aparecer con Chapman en un programa nacional por cable discutiendo la metanfetamina, antes que un cambio en el formato lo frustrara.

Los tipos de la fiscalía que aparecieron en los noticieros esta semana fueron bien simpáticos con relación a Chapman y hallé uno de sus argumentos bien desconcertante. Básicamente, su abordaje era el de que aunque él pudiera haber infringido la ley mexicana y aunque la infracción pudiera o no ser extraditable por los EE.UU. según la ley estadounidense, lo importante – ésta es la parte desconcertante – es lo que es “correcto” que hacer. No es correcto extraditar a Chapman a México porque la cosa por la cual se metió en problemas era buena e importante.

Lo desconcertante no es la idea en sí – tengo mucha simpatía por la idea de que lo que es correcto y justo tiene mayor importancia que lo que es legalmente prescrito cuando están en conflicto. No todos están de acuerdo con esto, pero ello no es un argumento desconocido.

Lo desconcertante es quién estaba usando ese argumento. ¿Los mismos fiscales también dirían que los jueces que ignoran las sentencias mínimas obligatorias por delitos de drogas si ellos creen que los términos de encarcelamiento requeridos son injustamente largos – por ejemplo -- están “equivocados”? ¿Se opusieron a los pedidos de extradición del gobierno de los EE.UU. para recobrar a refugiados por marihuana medicinal como Steve Kubby y Renee Boje – por sentencias de prisión que muchos temían en la época que serían durísimas o por la negación del acceso al medicamento – porque que Canadá les diera abrigo en vista de dichas sentencias sería “correcto”? ¿Ellos darían su apoyo a las ciudades y corporaciones de la policía que permiten la operación de programas ilegales de trueque de jeringas, porque es crítico detener la diseminación de la Hepatitis y del VIH, y la gente que entrega las jeringas dignas de elogios por hacerlo?

Quizá lo hicieran. Pero, creo que hay chances de que no lo hicieran, en algunos o todos estos casos. Para la mayoría, los fiscales y sus aliados profesan el punto de vista de que la ley es la ley, trabaje políticamente para cambiarla si usted no está de acuerdo con ella, pero si la infringe usted sabía que corría el riesgo de castigo y no tiene nada que reclamar.

No es que yo esté defendiendo la extradición en este caso. Los defensores de Chapman tienen buenos argumentos. El individuo que él capturó era acusado de un crimen serio y vil y las autoridades mexicanas no habían logrado aprehenderlo. Si pudiera permanecer forajido, él podía haber cometido los mismos crímenes contra mujeres en México. La captura de Luster hecha por Chapman hizo un servicio a los mexicanos y a sus víctimas aquí en los EE.UU. No tengo en alta cuenta su “detención ciudadana” aleatoria de usuarios de metanfetamina, aun cuando él los lleva a clínicas de tratamiento en vez de llevarlos a la policía, pero ésta no es la cuestión aquí. Y por lo menos es a favor de la legalización de la marihuana.

Pero, no es como si no hubiera argumentos del otro lado. Chapman no compareció a su cita en la corte. Él infringió las leyes de un país que lo había autorizado como invitado. Si Chapman puede ignorar las leyes y los procedimientos de un país, otros pueden ignorarlos también – posiblemente victimando personas sin querer o aun causando daño o pérdidas de vidas en el proceso. Si los EE.UU. pueden ignorar los tratados de extradición de los cuales son signatarios, otros países con gente bajo custodia que nosotros queremos también pueden ignorarlos. Los cuerpos legislativos democráticamente elegidos de México redactaron ciertas reglas que gobiernan esta área de actividad. Aquellas reglas pueden ser sabias o no, pero presumiblemente el cuerpo legislativo que las promulgó tuvo más tiempo para ponderar sus implicaciones, beneficios y costos que Chapman en el calor del momento cuando desobedeció las órdenes de la policía mexicana.

Entonces, porque hay argumentos del otro lado – ya estén de acuerdo con ellos o no – es revelador ver que las personas que sirven efectivamente como voceras de la procuraduría se pronuncien por alguien que a ellos les gusta, pero de una manera que probablemente contestarían en la mayor parte de los otros casos.

Sea lo que fuere lo correcto en este caso, lo correcto que los fiscales tienen que empezar a hacer es comenzar a honrar sus juramentos de buscar justicia en vez de buscar solamente lo máximo posible de condenaciones con lo máximo posible de duración en las sentencias de prisión, como sucede comúnmente ahora. Si justicia es tener prioridad sobre el texto de la ley para sus amigos, ellos también deberían defender la justicia real para todos.

Eche un Vistazo: Muchos Nuevos Comentarios y Noticias Diarias y Más en DRCNet

Caro lector de la Crónica de la Guerra Contra las Drogas:

En la mayoría de las semanas yo escribo un editorial para este boletín. Hoy día, pensé que sería mejor llamar su atención al nuevo y extenso contenido que está entrando en nuestra página web diariamente desde el relanzamiento de nuestra página web.

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El enfoque de nuestros nuevos esfuerzos expandidos (pese a que no la totalidad de ellos) es el proyecto blogosférico del “Bar Clandestino de Stop the Drug War”, usted puede leer las noticias diarias, comentarios, comunicados de prensa y anuncios de nuestros muchos grupos aliados en el movimiento, enlaces a artículos interesantes en otros blogs, el punto de vista de DRCNet sobre lo que es nuevo e importante en la cuestión sin tener que esperar hasta el viernes.

Algunas de las publicaciones más recientes incluyen las siguientes:

También, hay un fomento de enlaces Últimas Noticias para reportajes sobre las políticas de drogas en los medios, una sección actualizada Los Policías Contra la Guerra a las Drogas y mucho más pronto.

¡Gracias por juntarse a nosotros! Por favor, si puede, haga una donación para apoyar a éste y otros trabajos.

Sinceramente,


David Borden
Director Ejecutivo

Anuncio: Nuevo Formato para el Calendario del Reformador

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A partir de esta edición, El Calendario del Reformador ya no aparecerá como parte del boletín Crónica de la Guerra Contra las Drogas, pero será mantenido como sección de nuestra nueva página web:

El Calendario del Reformador publica eventos grandes y pequeños de interés para los reformadores de las políticas de drogas alrededor del mundo. Ya sea una gran conferencia internacional, una manifestación que reúna a personas de toda la región o un foro en la universidad local, queremos saber para que podamos informar a los demás también.

Pero necesitamos su ayuda para mantener el calendario actualizado, entonces por favor contáctenos y no suponga que ya estamos informados sobre el evento o que vamos a saber de ello por otra persona, porque eso ni siempre sucede.

Ansiamos por informarlo a usted de más reportajes nuevos de nuestra nueva página web así que estén disponibles.

Editorial: Now They Care About What's Right?

David Borden, Executive Director

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David Borden
One of the stories carried by major news networks this week was the arrest in the US of famed bounty hunter Duane "Dog" Chapman, sought for extradition by Mexico over what authorities there said was an illegal detention. Chapman and members of his team had captured a wealthy cosmetics company heir, Andrew Luster, who was wanted in the US on rape charges (and who is now serving a 124-year sentence). The Mexicans wanted Luster turned over to them, arrested the bounty hunters after they refused, then released them on bond pending a court hearing, which Chapman and company skipped.

Chapman and his wife Beth are supremely colorful figures. They are especially well-known in their home state of Hawaii, but have a national following through a popular reality TV show based on his work, "Dog the Bounty Hunter." I was literally minutes away from appearing with Chapman on a national cable show earlier this year, discussing methamphetamine, before a format change nixed it.

Prosecutor-types appearing on news talk programs this week were fairly sympathetic to Chapman, and I found one of their arguments rather stunning. Basically, their take was that while he might have violated Mexican law, and while the violation might or might not be extraditable by the US under US law, the important issue -- this is the stunning part -- is what the "right" thing to do is. It's not right to extradite Chapman to Mexico, because the thing he got into trouble doing was good and important.

What's stunning is not the idea itself -- I am fairly sympathetic to the idea that that which is right and just is ultimately of greater importance than that which is legally prescribed when they are in conflict. Not everyone agrees with this, but it's not an unknown argument.

What's stunning is who was making that argument. Would the same prosecutors also say that judges should ignore mandatory minimum sentences for drug offenses if they believe the terms of imprisonment required are unjustly long -- e.g., are "wrong"? Did they oppose the extradition requests by the US government to get back medical marijuana refugees like Steve Kubby and Renee Boje -- for prison terms many feared at the time would be draconian, or for denial of access to medicine -- because for Canada to give them safe harbor in the face of such sentences would be "right"? Would they lend their support to cities and police forces who allow illegal needle exchange programs to operate, because it's critical to stop the spread of Hepatitis and HIV and the people handing out the needles are praiseworthy for doing so?

Maybe they would. But I am guessing there is a good chance they would not, in some or all of these cases. For the most part, prosecutors and their allies profess the view that the law is the law, work politically to change it if you disagree with it, but if you break the law you knew you were risking punishment and you have nothing to complain about.

Not that I am rooting for extradition in this case. Chapman's supporters have some good arguments. The individual he captured was accused of a serious and vile crime, and Mexican authorities had failed to apprehend him. If allowed to stay on the loose, he could have committed the same crimes against women in Mexico. Chapman's capture of Luster did Mexicans, and his victims here in the US, a service. I don't think much of his random "citizen arrests" of meth users, even when he takes them to treatment instead of police, but that's not the issue here. And at least he's in favor of marijuana legalization.

But it's not as if there aren't arguments on the other side. Chapman did skip out on a court date. He violated the laws of a country that had allowed him in as a guest. If Chapman can ignore a nation's laws and enforcement procedures, others can ignore them too -- possibly victimizing innocent people by mistake or even causing harm or loss of life in the process. If the US can ignore the extradition treaties to which it's a signatory, other countries with people in custody who we want can also ignore them. Mexico's democratically-elected legislative bodies laid out certain rules governing this area of activity. Those rules may be wise or unwise, but presumably the legislative body that enacted them took more time to consider their implications, their benefits and costs, than Chapman did in the heat of the moment when he disobeyed the orders of Mexican police.

And so because there are arguments on the other side -- agree with them or not -- it is revealing to see people who effectively serve as spokespersons for the prosecutorial profession speak up for someone they like, but in a way they would likely argue against in most other cases.

Whatever the right thing is in this case, the right thing for prosecutors to start doing is to begin to honor their oaths to seek justice instead of just seeking as many convictions as they can, with the longest prison terms that they can, as is commonly the case now. If justice is to take priority over the letter of the law for their friends, they should also stand up for real justice for all.

Web Scan

commentary on pregnancy and drug use, from Women's Enews

Maryland criminal justice reform page, including report on treatment and imprisonment, from the Justice Policy Institute

historic anti-drug address of Ronald and Nancy Reagan

Cultural Baggage for 09/15/06, including Judge Arthur L. Burnett & Vincent Hayden of the National African American Drug Policy Coalition and Howard Wooldridge of Law Enforcement against Prohibition

Announcement: New Format for the Reformer's Calendar

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With the launch of our new web site, The Reformer's Calendar no longer appears as part of the Drug War Chronicle newsletter but is instead maintained as a section of our new web site:

The Reformer's Calendar publishes events large and small of interest to drug policy reformers around the world. Whether it's a major international conference, a demonstration bringing together people from around the region or a forum at the local college, we want to know so we can let others know, too.

But we need your help to keep the calendar current, so please make sure to contact us and don't assume that we already know about the event or that we'll hear about it from someone else, because that doesn't always happen.

We look forward to apprising you of more new features of our new web site as they become available.

Take a Look: Extensive New Daily News, Commentary and More on DRCNet

Dear Drug War Chronicle reader:

DRCNet now has extensive new content that is now going onto our web site on a daily basis since the re-launch of our web site.

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The focus of our new expanded efforts (though not the totality of them) is the "Stop the Drug War Speakeasy" blogosphere project. In the Speakeasy, you can read daily news, commentary, press releases and announcements from our many allied groups in the movement, links to interesting articles in other blogs, DRCNet's take on what's new and important in the issue without having to wait until Friday.

Some of the latest posts include the following:

There is also a Latest News feed of links to drug policy stories in the media, an updated Cops Against the Drug War section, and much more coming soon.

Thanks for joining us! Please if you're able to make a donation to support this and other work.

Sincerely,


David Borden
Executive Director

Feature: Drug Arrests Hit Another Record High, More than 786,000 Marijuana Arrests Alone in 2005

The FBI released its annual Uniform Crime Report Monday, and it showed that despite nearly two decades of drug reform efforts, the drug war continues unabated, at least when measured by arrests. According to the report, overall drug arrests hit a record 1.8 million last year, accounting for 13.1% of all arrests in the country. Marijuana arrests totaled 786,545, another all-time high.

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drug bust in Bristol, Virginia
More people were arrested for drug offenses last year than for any other offense. Some 1.6 million people were arrested for property crimes, 200,000 fewer than were arrested on drug charges. The number of people arrested on drug charges was more than three times greater than the 603,500 people arrested for violent crimes.

People arrested for drug dealing, manufacture, or cultivation accounted for only 18% of all drug arrests, meaning nearly 1.5 million people were subjected to the tender mercies of the criminal justice system merely because they possessed the wrong substance. When it comes to marijuana arrests, only 12% were for sale or cultivation, meaning some 696,000 people were busted for pot possession.

Marijuana arrests made up 42.6% of all drug arrests, suggesting that if the weed were legal, the drug war would shrink by roughly half. Heroin and cocaine accounted for another 30.2% of drug arrests, while synthetic and "other dangerous non-narcotic drugs" accounted for 27.2%

Marijuana arrests have more than doubled since 1993, when they sat at 380,000. By the beginning of the Bush administration in 2001, the number was 723,000. The figure declined to 697,000 in 2002, but has increased each year since then.

"These numbers belie the myth that police do not target and arrest minor marijuana offenders," said National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML) executive director Allen St. Pierre, who noted that at current rates, a marijuana smoker is arrested every 40 seconds in America. "This effort is a tremendous waste of criminal justice resources that diverts law enforcement personnel away from focusing on serious and violent crime, including the war on terrorism," he argued.

"One marijuana arrest every 40 seconds," sighed Tom Angell, communications director for Students for Sensible Drug Policy (SSDP). "I think the numbers show that most people arrested for marijuana possession are young people, and presumably many of them are students. The more young people arrested for marijuana offenses, the more get convicted and lose their financial aid," he told Drug War Chronicle. "The consequences of a drug arrest don't end with handcuffs and jail cells; it's important to remember that when these numbers come out every year. Even if people aren't being sent to jail for long periods, they still suffer a great deal by losing access to public benefits and having criminal records that will haunt them for the rest of their lives."

"This is an interesting puzzle," said Bruce Mirken, communications director for the Marijuana Policy Project. "We hear all the time that police aren't making marijuana a priority, and yet the numbers keep going up. One might begin to think that some of these law enforcement people making these claims may not be telling the truth," he told the Chronicle.

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drug arrest percentages, 1994-2003 (source: FBI)
The massive marijuana arrest figures somehow come in under the radar, Mirken said. "When I talk to reporters about these numbers, they are shocked. A lot of people don't seem to know that for three years running now, we've arrested more than three-quarters of a million people for marijuana, almost 90% of them for possession. I wish I could say it was a shock that the number has gone up again, but it just keeps increasing."

"Arresting hundreds of thousands of Americans who smoke marijuana responsibly needlessly destroys the lives of otherwise law abiding citizens," St. Pierre said, adding that over 8 million Americans have been arrested on marijuana charges in the past decade. During this same time, arrests for cocaine and heroin have declined sharply, implying that increased enforcement of marijuana laws is being achieved at the expense of enforcing laws against the possession and trafficking of more dangerous drugs.

"Enforcing marijuana prohibition costs taxpayers between $10 billion and $12 billion annually and has led to the arrest of nearly 18 million Americans," St. Pierre concluded. "Nevertheless, some 94 million Americans acknowledge having used marijuana during their lives. It makes no sense to continue to treat nearly half of all Americans as criminals for their use of a substance that poses no greater -- and arguably far fewer -- health risks than alcohol or tobacco. A better and more sensible solution would be to tax and regulate cannabis in a manner similar to alcohol and tobacco."

"These sorts of numbers show the challenges the drug reform movement continues to face," said Bill Piper, director of national affairs for the Drug Policy Alliance. "Compared to 20 or 30 years ago, we're doing a good job of keeping people out of jail. Most people arrested on drug charges, at least for possession, probably get probation, and that's important," he told the Chronicle. "That said, the challenge for us is to deconstruct the institutions that support this. While most arrests are at the state and local level, the funding that the federal government provides to law enforcement is all tied to arrests, so state and local police forces have a very strong incentive to keep arresting drug offenders."

Feature: US Uses Annual Drug Certification Report to Attack Bolivia, Venezuela

The Bush administration released its annual "Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries" report Monday, and both the report itself and Bush administration spokesmen used the occasion to launch attacks on Bolivia and Venezuela. The attack on Bolivia is related to the shift away from the forced eradication of coca crops under the "zero cocaine, not zero coca" policy of President Evo Morales, but the attack on Venezuela, which is neither a major drug producing country nor unusual in the region in being used as a transshipment point for Colombian cocaine, appears to have little to do with its adherence to US drug policy goals and much to do with the increasingly adversarial relationship between Venezuelan President Hugo Chavez and the Bush administration.

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Bolivian coca (source: US State Dept.)
Chavez and Morales are close allies in an emerging left-leaning, anti-imperialistic axis in Latin America. Bolivia announced this week it is accepting Venezuelan assistance to construct new military facilities near the Paraguayan border.

The list of major drug producing or trafficking nations remains unchanged from last year. Included are Afghanistan, the Bahamas, Bolivia, Brazil, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Haiti, India, Jamaica, Laos, Mexico, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru and Venezuela.

Only two nations -- Myanmar and Venezuela -- were determined to have "failed demonstrably" to meet their obligations under international drug control treaties. Myanmar has reduced opium production, but remains an isolated military dictatorship. Sanctions against Venezuela were nevertheless waived, because of a belief by the administration "programs to aid Venezuela's democratic institutions are vital to the national interests of the United States" (though many in the hemisphere have suspicions about what that really means since the administration's tacit support for an attempted coup against Chavez in April 2002 and because of where the money is going).

"Venezuela's importance as a transshipment point for drugs bound for the United States and Europe has continued to increase in the past 12 months, a situation both enabled and exploited by corrupt Venezuelan officials," press secretary Snow charged.

The Bush administration might have a little more traction with such charges if it did not single out Venezuela. Mexico, for instance, is not mentioned in the text of the annual report except in the list of major trafficking nations despite rampant corruption, drug trade-related violence at record levels, and a government response that is curiously supine. Nor is Guatemala mentioned, despite the fact that the head of its anti-drug agency, Adam Castillo, pleaded guilty in federal court in Washington just two weeks ago to conspiring to smuggle cocaine into the country.

"This is the same charade they go through every year," said Sanho Tree, head of the Institute for Policy Studies Drug Policy Project. "These are essentially political determinations." The waiver to continue funneling money to anti-Chavez groups is a clear sign of that, Tree said. "If they decertify Venezuela without the waiver, they can't funnel all that money through the so-called pro-democracy opposition," he told Drug War Chronicle.

The Venezuelan government, for its part, rejected its designation as a failed partner in the war on drugs and accused the US government of "politicizing" international anti-drug policy. In an official statement issued Monday, the government said, "Venezuela denounces the continued politicization of important bilateral issues by the US State Department. The Bush administration consciously continues to practice a policy of substituting facts by unfounded statements, driven by simple political differences, the explicit purpose of which is to isolate Venezuela."

The statement went on to note that Venezuela had seized more than 35,000 kilograms of drugs last year and that its anti-drug efforts had won international praise. In comments earlier this month, British officials praised Venezuela's "tremendous cooperation" in fighting drugs, while the French talked of "intense cooperation" and the Spanish said Venezuelan authorities "are efficient in registering and detaining individuals that could be transporting drugs."

The Venezuelan statement also carried an implicit threat. The Chavez government threw the DEA out of Venezuela last year amid accusations it was spying on the Venezuelan government, and since then, the two countries have been negotiating a new agreement allowing the agency to operate there. "Baseless accusations, such as those contained in the Bush administration's report, will not help finalize an agreement as important as this one," the statement warned.

While the Bush attack on Venezuela's anti-drug record stinks of global power politics, its criticism of Bolivia is based on more traditional US drug policy concerns. "My administration is concerned with the decline in Bolivian counternarcotics cooperation since October 2005," Bush said in the report. "Bolivia, the world's third largest producer of cocaine, has undertaken policies that have allowed the expansion of coca cultivation and slowed the pace of eradication until mid-year, when it picked up. The Government of Bolivia's (GOB) policy of 'zero cocaine, but not zero coca' has focused primarily on interdiction, to the near exclusion of its necessary complements, eradication and alternative development."

White House press secretary Tony Snow amplified those remarks at a Monday press conference. "Despite increased drug interdiction, Bolivia has undertaken policies that have allowed the expansion of coca cultivation and have significantly curtailed eradication," he said. Snow warned that the US government is waiting to see whether the Bolivian government will eradicate minimum acreages, make changes to Bolivian law desired by the US, and tightly control the sale of coca leaf. The US will review Bolivia's compliance with US drug policy goals in six months, he said.

The Bolivians responded with only slightly less asperity than the Venezuelans. "The administration of the United States has a mistaken reading with respect to Bolivian anti-drug policy," said government spokesman Alex Contreras in an official statement Monday. "Bolivia invites the United States to join the policy of zero cocaine and to recall that it is the principal producer of precursor chemicals to transform coca into cocaine. Also, it has the largest market of illegal drug consumers."

The Bolivian government will accomplish its goal of eradicating 5,000 hectares of coca this year, Contreras said, adding that that benchmark "will have been smoothly surpassed, not by the imposition of the US government, but by our own will and without using any tear gas, let alone repression and confrontations," a clear reference to the bloody conflicts between coca growers and former Bolivian governments that attempted to impose US-style forced eradication policies.

Voluntary eradication is indeed going on, said Kathryn Ledebur of the Bolivia-based Andean Information Network, who questioned the Bush administration's strict timelines. "I find it ironic that forced eradication took nine months during the Banzer administration and now they want radical results in six months. No nation can comply with that," she told the Chronicle. "The real sticking point is the six-month deadline to eliminate farmers' personal coca plots. That could push the Bolivian government to the breaking point. This suggests the Bush administration has no real idea what should be done, but it wants a firm scolding on the record."

Ledebur also found irony in the US complaints about the lack of progress with alternative development. "That is funded and driven by the US," she pointed out.

Both Ledebur and Tree agreed that Bolivia is energetically tackling the cocaine trade. "The interdiction of cocaine is a concrete result the Bolivian government can point to," said Tree. "Coca does not equal cocaine, and until it does become cocaine, coca should be a domestic matter and not something on the US agenda. If Bolivia can successfully regulate where the coca goes, it should not be an issue. Evaluating Bolivia on how many hectares of coca it eradicates is a meaningless metric."

Feature: House Votes to Require School Districts to Allow Random, Warrantless Mass Search Policies

In a voice vote Tuesday night, the US House of Representatives voted to approve a measure that would force school districts across the country to adopt policies allowing teachers and school officials to conduct random, warrantless searches of all students at any time based on the "reasonable suspicion" that one student may be carrying drugs or weapons. Sponsored by Rep. Geoff Davis (R-KY), the Student Safety Act of 2006 (H.R. 5295) had no committee hearings and was fast-tracked to the House floor.

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Expect more of this if the Davis bill passes.
"Drugs and violence don't belong in our schools," said Rep. Davis during floor debate Tuesday. "I am a firm believer in our Constitution and our Bill of Rights, and this legislation doesn't offer a blank check to anyone to conduct random arbitrary searches. The Supreme Court has held that teachers and school officials can use their judgment to make decisions that will help control their classrooms and protect their students. This is simple, commonsense legislation."

Actually, the bill does not offer a blank check for searches, it forces it down school districts' throats. According to an analysis of the bill by the Congressional Research Service, it "requires states, local educational agencies, and school districts to deem a search of any minor student on public school grounds to be reasonable and permissible if conducted by a full-time teacher or school official, acting on any colorable [changed in the final version to "reasonable"] suspicion based on professional experience and judgment, to ensure that the school remain free of all weapons, dangerous materials, or illegal narcotics." And just to make sure school districts get the message, the analysis notes, the bill "denies Safe Schools and Citizenship Education funds, provided under the Elementary and Secondary Education Act of 1965, to states, local educational agencies, and school districts that fail to deem such searches reasonable and permissible."

Some House Democrats stood up to oppose the bill. "This bill would strip funding from any school district that decides local teachers and administrators know better than Congress how to make their schools safe," said Rep. Lynn Woolsey (D-CA). "It is a mistake to assume that every student is as guilty as some troubled person. We will stop any new program that would label all youth as guilty," she vowed.

"As someone who taught for six years in one of the toughest schools and communities in the country, I have serious reservations about what this legislation actually does," said Rep. Danny Davis (D-IL). "I am not alone. The American Association of School Administrators, the National School Boards Association, the PTA, the ACLU, the American Federation of Teachers, and my own Chicago school district all have concerns. We are concerned that this legislation overrides already enacted school search policies for a one-size-fits-all policy. This bill establishes a policy that gives teachers the authority to conduct searches when that authority should rest with the school board. And it penalizes schools for noncompliance by withholding Safe and Drug-Free Schools Act funds. While we all want our schools to be safe and secure places, this bill is duplicative, unnecessary, and takes away rights that should be reserved to local communities."

While Democrats spoke against the bill in debate Tuesday night, none took the simple step of asking for a roll-call vote, which might have resulted in a defeat for the measure. Since the bill was fast-tracked, it required a two-thirds vote in the House, and it is not clear that the bill could have reached that hurdle had members been forced to vote on the record. The bill now moves to the Senate for consideration.

"We're disappointed not only with the House in passing this bill, but with the cowardice displayed by the Democrats in not calling for a roll call vote to get legislators on the record," said Tom Angell, communications director for Students for Sensible Drug Policy (SSDP). "Any member could have called for a roll call vote, but nobody did, and that could have made a difference. Not a single member of Congress felt it was important enough to get their colleagues on the record on this issue," he told Drug War Chronicle.

Along with DRCNet and the Drug Policy Alliance, SSDP worked with extremely short notice to mobilize opposition to the bill, which was thought to have died a peaceful death but was revived at the last minute as a campaign maneuver by Rep. Davis. The drug reform groups opposing the bill were joined by the ACLU and a number of education groups. The only major education group supporting the bill is the National Education Association.

"We did pretty good analysis when we got the legislation, and the thing that really hung us up was the way they defined searches as an activity performed by a full-time teacher or public school official," said Tor Cowan, director of legislation for the American Federation of Teachers, which opposed the bill. "We don't think teachers are trained to be police officers. If a teacher believes a student is carrying a weapon or in possession of drugs, they should direct that to the vice-principal or dean of discipline, who has been trained by the district as to what's allowable, and he would determine what the next step should be. That is preferable to having 50 school teachers, all with a different understanding of what reasonable suspicion meant, try to do this," he told Drug War Chronicle.

"From an administrator's perspective," Cowan continued, "they feel like they have policies in place that could be jeopardized by this bill. We already have enough federal requirements and mandates, and this could lead to challenges of policies that have already been settled by the Supreme Court. The court gives a pretty wide berth to school districts when it comes to establishing reasonable suspicion."

Although Republican legislators Tuesday night hammered away at the theme that the bill would protect the safety of teachers and students alike, Cowan bristled at the implication that bill opponents were not concerned with security. "It is a false argument to say that people who didn't support this don't care about school safety," he said. "It is already very clearly in a teacher's self-interest -- not only in herself, but in her students', and her school's -- to report her suspicions that a student is carrying a weapon or using drugs to the appropriate administrator in the school. The means are already there to ensure security and make sure schools remain drug- and violence-free."

"We have a couple of issues with this bill, too" said Bill Piper, director of national affairs for the Drug Policy Alliance, one of the drug reform groups leading the opposition. "First, Congress is saying if you don't set a policy allowing teachers and administrators to search students, then you won't get federal money. The bill's authors say they are just trying to maintain the status quo, but that's absurd. School districts now can set their own policies and they should be able to set their own policies. If they want to protect the privacy rights of students, they should be able to do so without fear of losing federal funding," he told the Chronicle.

"Second, the way this bill is worded, it strongly implies that the school district's policy has to be one where they can conduct random mass searches," Piper continued. "If the principle hears a rumor that someone is selling marijuana, he could search every student in the building, and whether those kinds of searches will be constitutional is anybody's guess. Our big concern is that school administrators will get the wrong idea about the limits of their constitutional powers."

"In the controlling Supreme Court cases on these searches, the court held that school administrators did not need probable cause to search students, only 'reasonable suspicion,' which is a lesser standard," said Jesselyn McCurdy, legislative counsel at the ACLU's Washington Legislative Office. "But the court did not specifically rule on whether or not there has to be individualized suspicion; in fact, in its decision, it specifically said it was not expressing an opinion on mass searches," she told the Chronicle.

"We worry that the vague language in the bill will lead administrators to think they can do massive, sweeping searches like they did at Goose Creek," the site of a now notorious drug raid where police with drawn weapons and police dogs invaded a South Carolina high school, McCurdy said. "Regardless of whether the bill actually allows that, it is kind of silly. You can pass any bill you want, but if it's unconstitutional, someone will challenge it and force the Supreme Court to determine its constitutionality. Given that most school districts already have policies on school searches in place, this will only cause more confusion about what schools can and cannot do."

"We oppose this legislation because it is a one-size-fits-all blanket policy mandated from Washington," SSDP's Angell explained. "It sends the message that Congress knows better than school administrators how to keep drugs out of schools, and that is offensive, which is why all those education groups spoke out against it. If this becomes law, we're in danger of seeing more Goose Creek-style raids. A lot of schools already allow searches based on the rather flimsy reasonable suspicion standard, but they currently have a choice. Now Congress is trying to make them do that under the threat of losing federal funding."

Now the bill moves to the Senate, where reformers hope it dies a quiet death. If not, they are prepared to put a stake through its heart. "We'll be keeping a watchful eye on the Senate to ensure they don't try to sneak this bill into law," said Angell. "Lots of times at the end of the session things get tacked onto totally unrelated bills, and we're very wary of that. We'll be alerting the masses and asking people to call the Senate if we get word this bill is moving," he said.

While the opposition effort didn't manage to stop the bill in the House, organizations managed to deliver thousands of e-mails and countless phone calls to representatives in less than a week. And they'll be watching what happens next.

Erramos: A Verdadeira UISCE Pode Nos Fazer o Favor de Se Levantar?

Na nossa matéria da semana passada sobre Jerry Cameron da Law Enforcement Against Prohibition causando comoção quando apareceu em uma conferência na Irlanda, identificamos erradamente um dos patrocinadores da conferência. A UISCE que co-patrocinou a conferência é um grupo irlandês de usuários de drogas (cujo nome verdadeiro ainda não sabemos), não o grupo gaélico de desenvolvimento da juventude que relacionamos na matéria.

Oportunidades de Emprego: Marijuana Policy Project, DC e LA

O Marijuana Policy Project tem as seguintes oportunidades de emprego:

Vice-Diretor de Comunicação:

O MPP está contratando um Vice-Diretor de Comunicação para trabalhar em Washington, DC. O Vice-Diretor de Comunicação promove a mensagem do MPP para a mídia e escreve e edita folhetos e outro material para distribuição pública. Este cargo é uma excelente oportunidade de trabalhar nas linhas de frente de uma organização de advocacia que aparece e é citada regularmente nos noticiários – tanto local quanto nacionalmente.

Os candidatos devem ter excelentes habilidades de comunicação oral, redação impecável, boas habilidades em edição e a capacidade de realizar entrevistas e emissoras de rádio (e eventualmente dar entrevistas na tevê).

Diretor de Relações VIP:

O MPP também está procurando um Diretor de Relações VIP para aumentar a rede de celebridades que estão dispostas a ajudar o MPP a acabar com a proibição da maconha nos EUA. (Por favor, visite www.mpp-vip.org para saber mais sobre o esforço de contato com as celebridades do MPP.) O Diretor de Relações VIP – que é responsável por coordenar o contato do MPP com as celebridades, manter as relações com as celebridades e outras pessoas muito especiais e organizar eventos de alta visibilidade – deve ser persistente e conhecedor dos modos de Hollywood, altamente organizado e localizado em Los Ângeles.

Para ambos os cargos, por favor visite http://www.mpp.org/jobs para a descrição completa dos trabalhos, informação salarial e instruções sobre como se candidatar.

Semanal: Esta Semana na História

21 de Setembro de 1969: Em uma tentativa de reduzir o contrabando de maconha oriundo do México, o Departamento de Alfândegas, sob a direção do Comissário Myles Ambrose, agindo sob as ordens do Presidente Richard Nixon, lança a Operação Intercepte [Operation Intercept], submetendo todo veículo que cruzar a fronteira mexicana a uma inspeção de três minutos, o que, para muitos observadores, marca o começo da guerra moderna contra as drogas. A operação dura duas semanas e desordena a economia em ambos os lados da fronteira, mas não consegue impactar seriamente o fluxo de maconha para os EUA.

19 de Setembro de 1986: O Juiz Federal H. Lee Sarokin diz, “O exame toxicológico é uma forma de vigilância, embora tecnológica. Não obstante, ele informa sobre as atividades extra-oficiais de uma pessoa com tanta segurança como se alguém houvesse estado presente e observando. É o nascimento da sociedade do Grande Irmão de George Orwell”.

17 de Setembro de 1998: 93 congressistas votam sim na primeira votação sobre a maconha medicinal a acontecer na Câmara.

20 de Setembro de 1999: O público é finalmente informado sobre os resultados da Iniciativa 59 de Washington, DC, a Iniciativa de Legalização da Maconha para Tratamento Médico de 1998 [ Legalization of Marijuana for Medical Treatment Initiative of 1998], depois que o Juiz Richard Roberts ordena o lançamento da conta anteriormente suprimida pelo Congresso. Os eleitores tinham apoiado a maconha medicinal por 69-31%.

17 de Setembro de 2002: Os funcionários de Santa Cruz, Califórnia permitem uma entrega de maconha medicinal no Paço Municipal em protesto contra os reides federais.

19 de Setembro de 2002: O Guardian (UK) informa que Mo Mowlam, a ex-ministra responsável pelas políticas de drogas, está pedindo a legalização internacional do tráfico de drogas como parte de um esforço mais eficiente de combate ao terrorismo.

16 de Setembro de 2003: Os eleitores de Seattle aprovam a Iniciativa 75 por 57,8% a 42,2%. A I-75 instriu que a polícia e os promotores municipais tornem o porte adulto de maconha a menor prioridade deles.

21 de Setembro de 2004: Em um discurso, o Presidente da Câmara dos Deputados Federais, Dennis Hastert (R-IL), diz, “O tráfico ilegal de drogas é o motor financeiro que fomenta muitas organizações terroristas ao redor do mundo, inclusive Osama bin Laden”.

Oportunidades de Emprego: Três Cargos na Drug Policy Alliance

O escritório de Washington, DC da Drug Policy Alliance está fazendo contratações para três cargos:

Vice-Diretor de Assuntos Nacionais:

O Vice-Diretor de Assuntos Nacionais trabalha com o Diretor de Assuntos Nacionais para promover a reforma das políticas de drogas no capitólio nacional, influenciar a legislação e as normas federais e mudar o debate nacional acerca das políticas de drogas. As responsabilidades do emprego incluem rastrear e analisar a legislação federal e as políticas do poder executivo; trabalhar com os departamentos de comunicação por Internet e filiação para mobilizar os defensores a agirem; redigir documentos, comunicados e outros materiais de pressão legislativa; administrar o trabalho dos estagiários do escritório; planejar sessões informativas no Congresso e demais eventos; e comunicar as posições da Alliance com as pessoas e representantes do Congresso das outras organizações.

As qualificações incluem: Pelo menos 3 anos de experiência em advocacia ou políticas públicas; experiência na coordenação de campanhas legislativas (pressão, mídia, mobilização de base, etc.); conhecimento do processo legislativo federal (a experiência no capitólio, especialmente na saúde, no judiciário ou nas apropriações, é um bônus); boas habilidades de pesquisa, escrita e oratória; forte atenção ao detalhe.

As responsabilidades incluem:

Rastreamento Legislativo: Usa CQ, Thomas e outros serviços para rastrear o status da legislação federal relacionada às drogas; lê, resume e analisa a legislação e as políticas executivas e mantém uma base de dados legislativa; monitora as audiências dos comitês, mantém arquivos sobre o Congresso; avalia e recomenda vários serviços legislativos, como os sistemas de busca de projetos, ferramentas ativistas e envio de faxes.

Pesquisa e Escrita: Escreve, desenvolve e difunde circulares, históricos, abaixo-assinados, informes sobre políticas e outros tipos de material de pressão; pesquisa e escreve sobre as questões fundamentais de políticas; fala sobre as questões de reforma das políticas de drogas nas conferências.

Supervisão dos Estagiários: Administra o programa de estágios, inclui fazer propaganda do programa, leitura de candidaturas, entrevista com candidatos e contratação e gerência dos estagiários.

Pressão e Contato: Conscientiza os empregados do Congresso e os demais sobre a legislação e as políticas executivas; representa a Alliance em conferências, reuniões e eventos de rede e constrói relações com as outras organizações; planeja sessões do Congresso e outros eventos; organiza as reuniões de coalizão da Alliance, inclusive manter listas de convidados e recrutar novos membros.

Bases de Apoio: Trabalha com o departamento de comunicação pela Internet e com o departamento de filiação para mobilizar os defensores a ligar/escrever/enviar faxes aos representantes deles; redige avisos, conteúdo na rede e textos de fax para o componente Ação da nossa página; trabalha com outros grupos para fazer que enviem os alertas e ponham anúncios nas suas páginas a respeito das campanhas da DPA.

A DPA oferece um pacote excelente de benefícios que inclui seguro de saúde, plano odontológico, oftalmológico e de invalidez, além de seguro de vida; um plano 403(b) generoso; e quatro semanas de férias remuneradas.

Este cargo está disponível até que seja preenchido. Envie uma carta que descreve o seu interesse e contenha currículo e amostra escrita (que não seja editada por terceiros) para: Bill Piper, Drug Policy Alliance, 925 15th Street NW, 2º Andar, Washington, DC 20005 fax: (202) 216-0803, e-mail: [email protected]. Incentivam-se os envios de mensagens eletrônicas (por favor, use “Vice-Diretor” no campo assunto) – não ligue, por favor.

Assistente Legislativo:

O Assistente Legislativo é responsável por rastrear e analisar a legislação federal e as políticas do poder executivo que pertençam à guerra contra as drogas, desenvolve materiais de pressão, pesquisa as questões, planeja eventos, assiste os outros empregados e coordena projetos especiais.

As qualificações incluem: Alguma experiência com leis ou advocacia; excelentes habilidades de pesquisa e redação; forte atenção ao detalhe.

A DPA oferece um pacote excelente de benefícios que inclui seguro de saúde, plano odontológico, oftalmológico e de invalidez, além de seguro de vida; um plano 403(b) generoso; e quatro semanas de férias remuneradas.

Este cargo está disponível até que seja preenchido. Envie uma carta que descreve o seu interesse e contenha currículo e amostra escrita (que não seja editada por terceiros) para: Bill Piper, Drug Policy Alliance, 925 15th Street NW, 2º Andar, Washington, DC 20005 fax: (202) 216-0803, e-mail: [email protected]. Incentivam-se os envios de mensagens eletrônicas (por favor, use “Assistente Legislativo” no campo assunto) – não ligue, por favor.

Gerente/Recepcionista de Meio-Período:

O gerente administrativo supervisiona as operações diárias do escritório da Alliance em Washington, DC. Os deveres incluem, mas não estão limitados a, atender o telefone, encontrar-se com os visitantes e cumprimentá-los, procurar e pedir os suplementos do escritório, processar a correspondência, lidar com os problemas de manutenção do escritório e assistir o pessoal. Os candidatos devem ser organizados, amigáveis, ponderados e falar bem ao telefone. Dá-se preferência ao compromisso com a reforma das políticas de drogas, mas isso não é essencial.

O cargo de Gerente Administrativo é de meio-período (25 horas por semana) e paga $12 por hora sem benefício nenhum.

Este cargo está disponível até que seja preenchido. Envie uma carta que descreve o seu interesse e contenha currículo e amostra escrita (que não seja editada por terceiros) para: Bill Piper, Drug Policy Alliance, 925 15th Street NW, 2º Andar, Washington, DC 20005 fax: (202) 216-0803, e-mail: [email protected]. Incentivam-se os envios de mensagens eletrônicas (por favor, use “Gerente Administrativo” no campo assunto) – não ligue, por favor.

A missão principal da Drug Policy Alliance (DPA), a importante organização de reforma das políticas de drogas do país, é avançar aquelas políticas e condutas que reduzam da melhor maneira os danos tanto do abuso químico quanto da guerra contra as drogas e proteger a soberania dos indivíduos sobre as suas mentes e os seus corpos. Entre outras coisas, a DPA trabalha para acabar com a proibição da maconha; revogar a condenação mínima obrigatória; promulgar alternativas ao encarceramento para os infratores não-violentos da legislação antidrogas; reduzir a dependência química, as overdoses de drogas e a disseminação do HIV/AIDS e da hepatite; e cortar os gastos dissipadores da guerra às drogas. (Para maiores informações sobre a Drug Policy Alliance, visite http://www.drugpolicy.org.)

A DPA está localizada na Cidade de Nova Iorque e mantém sete outros escritórios em quatro estados e o Distrito de Colúmbia. A DPA tem 46 empregados e é sustentada por 26.000 membros e 107.000 membros eletrônicos.

A Drug Policy Alliance é uma Empregadora de Oportunidade Igual. Mulheres, pessoas de cor e deficientes são incentivados a se candidatar.

Medical Marijuana: Rhode Island Program Begins to Kick In

Rhode Islanders are registering under the state's new medical marijuana program at a rate of just under one a day, according to health authorities. At least 131 patients have obtained state registration cards since the program got under way in April, and another 129 people have been certified as caregivers.

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leading RI patient activist Rhonda O'Donnell, at DC protest
Rhode Island became the 11th state to legalize the medicinal use of marijuana in January. Under the Rhode Island law, patients with one of several chronic illnesses, including cancer and AIDS, must provide documentation from a doctor that the benefits of using marijuana for their condition outweigh the risks. The state Health Department then issues a registry card. Patients or their appointed caregivers may then possess up to 12 plants or 2.5 ounces of the weed.

Rhode Island law makes no provision for how patients are to obtain seeds or marijuana, and state health officials don't want to know, nor will they provide advice on where to get it. "I don't ask," said Charles Alexandre, chief of health professions regulation, the department that operates the program. "They frequently ask me where to get it. I have to do a bit of explaining," he told the Providence Journal.

According to Alexandre, 89 doctors have signed medical marijuana recommendations, alleviating fears that patients would end up going to a small number of "pot doctors."

Rhode Island is now joining the ranks of states where seriously ill patients may take their medicine in peace -- at least as long as the feds don't show up.

Southwest Asia: Proposal for Turning Afghan Opium Into Legal Morphine Gains Support

A proposal to license Afghanistan's illegal opium production and turn it into morphine for the legitimate global medicinal market picked up more support this week as the Italian Red Cross and the Afghan Red Crescent launched a campaign to promote the idea. While so-far scoffed at by the governments of Afghanistan, the US, and the NATO countries, the carefully researched licensing proposal from the Senlis Council, a European security, development, and drug policy think tank, has already won backing from some political figures in England and from the Italian government.

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the opium trader's wares (photo by Chronicle editor Phil Smith during September 2005 visit to Afghanistan)
The United Nations reported less than three weeks ago that despite ongoing eradication efforts, Afghan opium cultivation had increased a whopping 60% and would produce an all-time record 6,100 tons of opium this year. Afghanistan currently accounts for 92% of illicit opium production worldwide.

According to the UN, some 2.9 million Afghans are involved in opium growing, representing more than 12% of the population. The crop will bring in an estimated $3 billion this year, with farmers pocketing about $750 million and the rest going to traffickers and their allies, who range from the Taliban and Al Qaeda to government ministers, members of parliament, and provincial governors and warlords.

In a Monday press conference, the Italian Red Cross joined the campaign for the Senlis Council proposal. "This system we advocate provides for one part of the Afghan opium to be used to make legal morphine, rather than illegal heroin," Massimo Barra, president of the Italian Red Cross told reporters in Rome. To transform illicit poppy fields into licit ones would "reduce the importance of illegal practices in Afghanistan and would address the pain crisis in developing countries," where opium-based painkillers are needed to treat patients with cancer, AIDS and other diseases, Barra said.

The Afghan Red Crescent is also joining the call to adopt the Senlis proposal. The Crescent, the Italian Red Cross, and the Senlis Council also used the Monday press conference to announce the opening of a 50-bed hospital wing in Kabul for the treatment of drug addicts.

For Senlis Council executive director Emmanuel Reinert, who also addressed the press conference, eradication has proven ineffective and counterproductive because it is taking livelihoods away from hard-pressed farmers.

"Farmers right now do not have a choice; if they could, they'd want to do the right thing," he said, adding that it wouldn't be difficult to pay licensed farmers the equivalent of their net income from illegal cultivation. "The farmers will have the same financial incentive," Reinert said.

Europe: London Police More Likely to Arrest Blacks Than Whites for Marijuana Possession

A report from Scotland Yard, headquarters for London's Metropolitan Police, on race and marijuana arrests is leading to charges of racism. The report found that people from an African or Caribbean background made up 40% of all marijuana arrests in London, despite making up only 12% of the population. To make matters worse, once someone was stopped by police for violating the marijuana laws, he was more likely to be arrested if he was black.

The report looked at all 24,916 marijuana possession offences in the city between January and April of this year. It came as part of a broader study of marijuana policing since the weed was downgraded to a Class C drug in 2004. Since then, police have retained the power to arrest people for simple possession, but also have the option of issuing them a formal caution or giving them an informal "street warning."

They appear to be wielding that discretionary power in a discriminatory way. While 18.5% of blacks were arrested, only 14% of whites were. The numbers flipped when it came to those given a caution, with 19.3% of whites receiving them, compared to 14.2% of blacks.

Scotland Yard refused to blame racism in the ranks -- a sensitive topic in the Metropolitan Police in recent years -- and said "no remedial action is planned" pending further research. "We are undertaking further research of these figures in order to understand what the reason for the over-representation is," a police spokeswoman said. "It is not possible to reach a conclusion without this further work being conducted. The decision to arrest and charge will vary on a case by case basis and is often dependent on a complex variety of factors."

But George Rhoden, chairman of the Yard's Black Police Association, wasn't buying it. "It has got to be about racism. These figures show that racism plays a significant part in the way police deal with people of color," he told The Guardian. He said the police had been aware of the problem of disproportionality for many years. "So why are we still at this stage?"

Rhoden's criticism was joined by that of Dr. Richard Stone, who chaired an earlier commission looking at racism within the Metropolitan Police. Stone had "great sympathy" with Rhoden, he told The Guardian. "Where there is a disproportion of any kind you try to exclude any other possible reasons but none justify the continuing disproportion. You have to think the color of the suspect's skin is a significant factor. But the word racism has dropped off the agenda," he said.

Scotland Yard may not want to say the word, but the numbers speak for themselves.

Law Enforcement: This Week's Corrupt Cops Stories

Thank goodness the prison guards are keeping up their end of the bargain, because the police have been pretty well behaved this week. The one bad cops story we have this week actually appeared last week and was based on events that occurred last month. Let's get to it:

In Baltimore, the Baltimore Police Department has for the second time this year disbanded one of its "Special Enforcement Teams" and launched an internal investigation into its activities, jeopardizing dozens of pending criminal cases, the Baltimore Sun reported last week. The department disbanded the squad last month, but didn't announce it until last week. According to department spokesman Matt Jablow, the investigation involves "allegations of misconduct." "Sources close to the investigation" told the Sun the officers are accused of lying in charging documents, mostly involving drug arrests. Baltimore's "Special Enforcement Teams" are supposed to be "deployed in a rapid manner to respond to emerging violent crime problems throughout Baltimore," according to the department's 2005 annual report, but of the more than 7,000 arrests made by the Southeast-side SET, most were drug and nuisance cases. At the end of last December and into January, a Baltimore police "flex squad" on the Southwest side was disbanded after allegations that a woman was raped by officers. Those officers were also accused of stealing and planting evidence. They face trial in December. No officers have yet been arrested in the latest emerging scandal.

In Malone, New York, a veteran prison guard has been arrested for allegedly selling heroin to inmates at the Bare Hill Correctional Facility, the North Country Gazette reported Monday. Michael Bradish, 43, a 16-year officer, went down after a months-long investigation by the state Department of Corrections Inspector General's Office. He is charged with possession of a controlled substance, receiving a bribe, attempted possession of prison contraband, receiving a reward for official misconduct, and conspiracy. He is in the Franklin County Jail until and unless he comes up with $100,000 bail.

In Douglas, Arizona, an Arizona Department of Corrections officer was arrested last Friday on cocaine possession and sales charges. Prison guard Renee Dias, 29, was arrested at the Douglas Prison complex, the Douglas Dispatch reported. Officers serving a search warrant at Dias' home found a half-pound of cocaine valued at more than $5,000, according to the Douglas Police. Dias is charged with possession of narcotics, possession of narcotics for sale, and possession of drug paraphernalia. He is currently residing at the Cochise County Jail in nearby Bisbee.

Law Enforcement: Jackson, Mississippi's Mad Mayor Melton Indicted for Drug Enforcement Crimes

Jackson, Mississippi, Mayor Frank Melton was indicted last Friday on six felony counts related to the partial destruction of a suspected drug house last month. He was also charged with three gun violations, one of them a felony, and faces up to 50 years in prison. Two Jackson police detectives who acted as Melton's bodyguards were also indicted in the drug house attack.

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Frank Melton as drug czar, with Gov. Ronnie Musgrove, 2002
Melton is a television executive who entered public service as Mississippi's "drug czar" in December 2002. He quickly made his mark, running illegal drug checkpoints and participating in busts even though he was not a certified law enforcement officer before being told to cease and desist by real law enforcement officials. He also made waves the following spring when he vowed to use unconstitutional means to go after meth cooks, with whom he was apparently obsessed.

As mayor of Jackson since July 2005, Melton has continued his vigilante-style drug warrior and crime-fighter antics. He kicked off his mayoralty with a three-day crime sweep "just to let people know we're out there," as he put it at the time. Those periodic sweeps, complete with Mayor Melton riding around in the Jackson Police Mobile Command Unit in a police commando uniform, continued throughout his tenure, including one last December that netted dozens of truant school children.

Melton's wannabe cop activities sparked community outrage and concern earlier this year, prompting Hinds County District Attorney Faye Peterson to investigate whether he had committed any crimes. The DA came up short in the spring, but when Melton, his bodyguards, and some of the teenage boys he typically has staying with him broke their way into what Melton called "a crack house" last month, he went too far.

Melton and his wrecking crew attacked the front of the home with sledgehammers, knocking down part of the front wall of a home rented by a man named Evans Welch. There was no evidence of cocaine trafficking, but Welch was arrested for misdemeanor marijuana possession and possession of drug paraphernalia. He has since been released from jail.

Melton and his gang were acting without a search warrant or any apparent probable cause. Now, he will get to try to convince a court that he should not be sent to prison for violating the law in his fevered enthusiasm for supporting it.

Although there is now a growing chorus of calls for his resignation, the crime-fighting mayor still has support within the city, including the poor Virden Addition neighborhood where the sledgehammer attack occurred. The Jackson Courier-Ledger reported Tuesday night that some 150 Melton supporters carrying signs reading things like "Find Frank Melton Not Guilty" converged on a Jackson city council meeting that evening to demonstrate their support.

Drug War Issues

Criminal JusticeAsset Forfeiture, Collateral Sanctions (College Aid, Drug Taxes, Housing, Welfare), Court Rulings, Drug Courts, Due Process, Felony Disenfranchisement, Incarceration, Policing (2011 Drug War Killings, 2012 Drug War Killings, 2013 Drug War Killings, 2014 Drug War Killings, 2015 Drug War Killings, 2016 Drug War Killings, 2017 Drug War Killings, Arrests, Eradication, Informants, Interdiction, Lowest Priority Policies, Police Corruption, Police Raids, Profiling, Search and Seizure, SWAT/Paramilitarization, Task Forces, Undercover Work), Probation or Parole, Prosecution, Reentry/Rehabilitation, Sentencing (Alternatives to Incarceration, Clemency and Pardon, Crack/Powder Cocaine Disparity, Death Penalty, Decriminalization, Defelonization, Drug Free Zones, Mandatory Minimums, Rockefeller Drug Laws, Sentencing Guidelines)CultureArt, Celebrities, Counter-Culture, Music, Poetry/Literature, Television, TheaterDrug UseParaphernalia, Vaping, ViolenceIntersecting IssuesCollateral Sanctions (College Aid, Drug Taxes, Housing, Welfare), Violence, Border, Budgets/Taxes/Economics, Business, Civil Rights, Driving, Economics, Education (College Aid), Employment, Environment, Families, Free Speech, Gun Policy, Human Rights, Immigration, Militarization, Money Laundering, Pregnancy, Privacy (Search and Seizure, Drug Testing), Race, Religion, Science, Sports, Women's IssuesMarijuana PolicyGateway Theory, Hemp, Marijuana -- Personal Use, Marijuana Industry, Medical MarijuanaMedicineMedical Marijuana, Science of Drugs, Under-treatment of PainPublic HealthAddiction, Addiction Treatment (Science of Drugs), Drug Education, Drug Prevention, Drug-Related AIDS/HIV or Hepatitis C, Harm Reduction (Methadone & Other Opiate Maintenance, Needle Exchange, Overdose Prevention, Pill Testing, Safer Injection Sites)Source and Transit CountriesAndean Drug War, Coca, Hashish, Mexican Drug War, Opium ProductionSpecific DrugsAlcohol, Ayahuasca, Cocaine (Crack Cocaine), Ecstasy, Heroin, Ibogaine, ketamine, Khat, Kratom, Marijuana (Gateway Theory, Marijuana -- Personal Use, Medical Marijuana, Hashish), Methamphetamine, New Synthetic Drugs (Synthetic Cannabinoids, Synthetic Stimulants), Nicotine, Prescription Opiates (Fentanyl, Oxycontin), Psilocybin / Magic Mushrooms, Psychedelics (LSD, Mescaline, Peyote, Salvia Divinorum)YouthGrade School, Post-Secondary School, Raves, Secondary School