Drug War Chronicle

comprehensive coverage of the War on Drugs since 1997

Anuncio: Nuevo Formato para el Calendario del Reformador

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A partir de esta edición, El Calendario del Reformador ya no aparecerá como parte del boletín Crónica de la Guerra Contra las Drogas, pero será mantenido como sección de nuestra nueva página web:

El Calendario del Reformador publica eventos grandes y pequeños de interés para los reformadores de las políticas de drogas alrededor del mundo. Ya sea una gran conferencia internacional, una manifestación que reúna a personas de toda la región o un foro en la universidad local, queremos saber para que podamos informar a los demás también.

Pero necesitamos su ayuda para mantener el calendario actualizado, entonces por favor contáctenos y no suponga que ya estamos informados sobre el evento o que vamos a saber de ello por otra persona, porque eso ni siempre sucede.

Ansiamos por informarlo a usted de más reportajes nuevos de nuestra nueva página web así que estén disponibles.

Marihuana: Tribunal Superior de Idaho Decide que los Funcionarios No Pueden Impedir Iniciativa de Legalización Solamente Porque No Les Gusta

Hace dos años en Sun Valley, Idaho, Ryan Davidson quería empezar una petición en favor de una iniciativa municipal que habría permitido que los habitantes de Sun Valley tuvieran, cultivaran y vendieran marihuana dentro de los límites de la ciudad de la comunidad de las montañas. Pero, los funcionarios municipales, en vez de meramente confirmar que la petición inicial de Davidson con 22 firmas estaba formatada correctamente, como específicamente en el código municipal, rechazaron su petición propuesta de una vez, diciendo que contradecía las legislaciones estadual y federal y que, así, estaba fuera del alcance del proceso de iniciativas de la ciudad.

Davidson entró con una acción y perdió en tribunal distrital, de ahí recurrió al Tribunal Superior de Idaho. En una decisión dada el 27 de Septiembre, el tribunal superior estuvo de acuerdo unánimemente con Davidson. “La Ciudad protesta que si el Escribano no puede detener las iniciativas inconstitucionales, cualquier grupo puede enviar peticiones en favor de cualquier número de causas rarísimas”, escribió el Desembargador Roger Burdick por el tribunal. “Aunque sea verdad que muchas de dichas iniciativas puedan ser propuestas, ordenar a través de la sustancia de las iniciativas propuestas para separar el trigo de la paja no es el papel del Escribano Municipal. Los contrapesos adecuados en contra del poder de la iniciativa son el público votante y los tribunales, y un consejo municipal retiene el poder de revocar o enmendar ordenanzas equivocadas aprobadas por la legislación directa”.

Además de permitir el consumo y comercio reglamentados de marihuana, la iniciativa de Davidson habría ordenado que la ley municipal convirtiera las leyes sobre la marihuana su menor prioridad. También habría ordenado que la ciudad presionara a los funcionarios estaduales a cambiar las leyes sobre la marihuana del estado.

El tribunal no decidió si dicha iniciativa sería constitucional bajo la ley de Idaho, diciendo que la decisión podía aguardar la aprobación de dicha iniciativa. En un fallo concurrente, el Desembargador Jefe Gerald Schroeder debatió que partes de ella infringirían la ley estadual y, por lo tanto, serían inválidas. “Tiempo, esfuerzo y dinero habrán sido gastados, excepto hasta el punto en que los legisladores tendrán la opinión de un pequeño segmento de los electores clasificados del estado”, escribió Schroeder. “Sin embargo, la decisión para permitir que el proceso ocurra por sí mismo sin la intervención judicial es apropiada”.

No se sabe aún si Davidson empezará una nueva petición ahora, pese a que sea razonable creer que alguien que ha ido a la corte más alta en el estado para ganar ese derecho probablemente lo ejercerá pronto.

Semanal: Esta Semana en la Historia

06 de Octubre de 2000: El ex Presidente de los EE.UU., Bill Clinton, es citado en la Rolling Stone: “Yo creo que la mayoría de las pequeñas cantidades de marihuana ha sido despenalizada en algunos lugares, y debería serlo”.

07 de Octubre de 1989: El ex Secretario de Estado de los EE.UU., George P. Schultz, le dice a los alumnos reunidos en la Facultad de Administración de Empresas de Stanford, “Me parece que no vamos a llegar a ningún lugar hasta que quitemos la criminalidad del negocio de las drogas y los incentivos a la criminalidad de ello. Francamente, la única manera que puedo pensar de lograr esto es posibilitar que los adictos compren drogas en algún lugar reglamentado a un precio que se aproxime a su costo... Necesitamos por lo menos pensarlo y examinar formas de legalización controlada de las drogas... Ningún político quiere decir lo que he acabado de decir, ni siquiera por un segundo”.

07 de Octubre de 2003: El cómico Tommy Chong empieza una sentencia de nueve meses de prisión federal por administrar una tienda de narguiles que vendía pipas a los fumadores de marihuana.

08 de Octubre de 1932: La Ley Estadual Uniforme de Narcóticos [Uniform State Narcotics Act] es aprobada y endosada por la Agencia de Narcóticos federal como alternativa a las leyes federales. Por vuelta de 1937, todos los estados prohíben el consumo de marihuana.

09 de Octubre de 2000: La PBS empieza un programa especial de dos días intitulado “Drug Wars”. La serie examina los esfuerzos incesantes de los Estados Unidos durante las tres últimas décadas para detener el flujo de drogas ilegales que entran al país y muestra cómo la guerra a las drogas desperdicia centenas de billones de dólares, altera el sistema de justicia criminal, pone a millones de personas en la cárcel y permite el florecimiento del crimen organizado.

10 de Octubre de 2002: El Secretario Antidroga John Walters viaja a Las Vegas, Nevada y empieza dos días de apariciones alrededor del estado haciendo presión ilegalmente en contra de la Cuestión 9, una propuesta para enmendar la constitución estadual legalizando la tenencia de 90 gramos o menos de marihuana para adultos. La medida es derrotada en las urnas al mes siguiente.

12 de Octubre de 1984: La Ley Comprehensiva de Control de la Criminalidad [Comprehensive Crime Control Act] se vuelve ley, estableciendo normas federales de condenación “mínima obligatoria” que no les dan a los jueces ninguna discreción en la imposición de las sentencias de prisión. Durante los dos próximos años, las sentencias por delitos de drogas aumentan 71% en todo el país.

Condenación: Iniciativa Legislativa de Arizona Haría Retroceder las Reformas Cuando Se Trata de los Infractores de la Legislación Antidroga

Hace una década, los electores en Arizona aprobaron una iniciativa innovadora, la Proposición 200, “La Ley de Medicalización, Prevención y Control de las Drogas de 1996” [The Drug Medicalization, Prevention, and Control Act of 1996], que impediría a los jueces de enviar a infractores primarios o secundarios por tenencia de drogas a la prisión. Pero, ahora, la legislatura de Arizona, preocupada con la droga demoníaca del día, quiere tratar a aquellos condenados por tenencia de metanfetamina distintamente – ser mandados a la cárcel o a la prisión en vez de recibir régimen de libertad vigilada y tribunal de drogas.

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Complejo Penal del Estado de Arizona - Safford
En la votación de Noviembre está la Proposición 301, una iniciativa auspiciada no por los electores, sino por la legislatura estadual. Si los legisladores de Arizona quisieran ir a público para deshacer parcialmente la Prop. 200, ellos podían haber votado en su enmienda. En vez de eso, ellos redactaron esta proposición y dejaron que los electores lo decidieran.

“La metanfetamina es altamente adictiva y destructiva”, escribió el Fiscal de la Comarca de Maricopa (Phoenix), Andrew Thomas, en un argumento electoral a favor de la medida. “Hay una fuerte relación entre el abuso de metanfetamina y el robo de identidad. Phoenix tiene el segundo índice más alto de abuso de metanfetamina de todas las ciudades del país, como evidenciado por los exámenes toxicológicos realizados en los arrestados... Esta proposición cambiará la ley para que las personas presas por tenencia de metanfetamina puedan ser sentenciadas a la cárcel o a la prisión después de sus primeras condenaciones por tenencia de drogas. Actualmente, los usuarios de metanfetamina pueden ser encarcelados solamente después de su segunda o tercera condenación por tenencia de drogas, o si ellos se rehúsan a participar del tratamiento. El tiempo en la cárcel es frecuentemente la única cosa que le ofrece a los adictos a la metanfetamina un ambiente seguro y libre de las drogas y una oportunidad para reflexionar sobre su situación”.

La Proposición 301 destaca a los infractores de la legislación antimetanfetamina para tratamiento especial, y lo hace con base en un texto electoral equívoco – texto que sobrevivió a un desafío judicial no por mérito propio, sino porque el desafío ocurrió demasiado tarde. En el análisis de la iniciativa hecho por el Consejo Legislativo de Arizona, el cual es parte del proceso, el consejo le informa a los electores que: “Este cambio en la ley permitirá que los jueces usen una sentencia de cárcel como condición de libertad vigilada para forzar a los usuarios de metanfetamina a obedecer el tratamiento y rehabilitación químicos ordenados por la corte”.

El texto es equívoco, a lo mejor. Aunque de acuerdo con la ley actual, los jueces no puedan sentenciar a las personas a la cárcel o a la prisión por infracciones primarias o secundarias de la legislación antidroga, pueden ponerlas en libertad vigilada y mandarlas a la cárcel por infringirla, como en caso de inobservancia a los programas de tratamiento químico ordenados por el tribunal, por ejemplo”.

“Su punto de vista es el de que esto es simplemente una herramienta para forzar a la gente a permanecer en el tratamiento”, dijo Caroline Isaacs de Meth Free Arizona – “No” en 303. “Eso contradice completamente al texto real del proyecto”, le dijo ella al Tucson Weekly la semana pasada. “Todos están preocupados con el tamaño del consumo de metanfetamina en nuestra comunidad. Pero, la Proposición 301 nos llevaría exactamente en la dirección equivocada, en términos de tratar de nuestro problema de metanfetamina. Decir que la solución no es proporcionar tratamiento a la gente es hacer las cosas absolutamente al revés”.

No son apenas activistas como Isaacs que se oponen a la medida. La Jueza del Tribunal Superior de la Comarca de Pima, Barbara Sattler, que preside el programa de tribunal de drogas de la comarca, le dijo al Weekly que “hay muchos malentendidos en lo tocante a la Proposición 301... Es verdad que los infractores primarios y secundarios que tengan pequeñas cantidades de drogas (ya sea metanfetamina, cocaína, heroína etc.) no pueden ser inicialmente mandados a la prisión o a la cárcel. Con todo, si ellos infringen las órdenes de tratamiento o son arrestados por otros crímenes o delitos de drogas, pueden ser enviados a la cárcel o a la prisión. Los infractores secundarios pueden recibir una sentencia de prisión directamente como condición para la libertad vigilada (pese a que, más una vez, ellos no pueden ir a la prisión directamente). Infringir una orden de tratamiento significa no dar examen toxicológico, sacar positivo para drogas o no comparecer al tratamiento o al asesoramiento o no vivir en un abrigo de apoyo a los consumidores de drogas”, escribió la Jueza Sattler. “También se puede ir a la cárcel o a la prisión si se rechaza el régimen de libertad vigilada o en caso de rechazo del tratamiento químico”.

Una victoria para la Proposición 301 sería un desastre, escribió la Jueza Sattler. “Prender a las personas las mantiene fuera de circulación, pero cuando salen, si no han tenido tratamiento, empezarán a usarla nuevamente. Si esta proposición es aprobada, costará a los contribuyentes montones de dinero y llenará las prisiones de adictos no-violentos. Aunque haya algún tratamiento químico, en la cárcel o en la prisión, es mínimo y está disponible apenas para un pequeño porcentaje de los presos”.

“Yo creo que el proyecto es muy limitado al objetivar solamente la metanfetamina”, prosiguió ella. “Aunque la metanfetamina sea seguramente una droga horrible y altamente adictiva, los adictos pueden ser tratados. Los tribunales de drogas y otros programas han tenido éxito. En el pasado, otras drogas como la heroína y el crack eran la ‘metanfetamina’ de sus épocas. La solución no es objetivar una droga. En algunos años, habrá una nueva droga que reemplazará la metanfetamina”.

Cáñamo: Gobernador de California Veta Proyecto de Cáñamo Industrial

El viernes pasado, el Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger (R), vetó un proyecto que habría permitido que los agricultores californianos cultivaran cáñamo industrial. Defendido por el Asambleísta Mark Leno (D-San Francisco), el Proyecto de la Asamblea 1147 [Assembly Bill 1147] habría definido el cáñamo industrial como cultivo agrícola, habría limitado su contenido de THC para menos de 0,3% y habría ordenado el examen anual de los campos para asegurar el cumplimiento de los límites al contenido.

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(cortesía Centro de Medios Independientes)
En su mensaje de veto, Schwarzenegger dijo que la medida entraba en conflicto con la ley federal y habría vuelto más difícil la supervisión legal de los cultivos ilícitos de marihuana. Aunque reconociera las recientes batallas jurídicas exitosas trabadas por la industria del cáñamo, Schwarzenegger dijo que “ninguna corte ha decidido específicamente que una planta viva de cannabis es una sustancia no-controlada o que la agricultura de estas plantas no es una actividad reglamentada. Consecuentemente, sería inadecuado aprobar una medida que entra directamente en conflicto con los estatutos y las decisiones jurídicas federales actuales. Esto apenas sirve para causar confusión y reducir la confianza pública en nuestro sistema de gobierno”.

Schwarzenegger creyó en el pretexto padrón de la policía estadounidense de que permitir la producción de cáñamo dificultaría el paro de los cultivos externos de marihuana: “Por ende”, dijo, “la ley californiana ha expresado preocupaciones de que la implementación de esta medida puede gastar sus recursos y causar problemas considerables en las actividades de represión a las drogas. Esto es preocupante dadas las necesidades de erradicación y prevención a la producción de drogas en este estado”.

Curiosamente, la policía en países en que el cultivo de cáñamo es una parte legal y productiva de la economía no parece tener ningún problema en la distinción entre el cáñamo industrial y la marihuana.

La industria del cáñamo no quedó contenta. “El veto del Gob. Schwarzenegger es un desaliento a miles de agricultores, negociantes y consumidores que quieren traer de vuelta el cáñamo industrial a California para crear empleos, aumentar la recaudación de impuestos y beneficiar al medio ambiente”, dijo Eric Steenstra, fundador y Presidente de la Vote Hemp, el principal grupo de defensa de la agricultura del cáñamo industrial del país, en un comunicado de prensa el lunes denunciando el veto. “El veto no estaba basado en hechos, sino en un temor irracional de parecer indulgente con las drogas en un año electoral. Su mensaje de veto muestra que él sabía que el cáñamo industrial es un problema de desarrollo económico y de agricultura, pero se acobardó ante los lobistas confusos de la guerra a las drogas. El AB 1147 habría refrenado el exagero de las autoridades federales que ha impedido las variedades de cáñamo industrial que no son drogas de ser cultivadas en suelo estadounidense para tener fibra y semillas. Es poco ingenioso citar las restricciones federales cuando los lobistas de la guerra a las drogas se rehúsan a discutir con la amplia coalición de agricultores, negociantes y ambientalistas que redactaron la legislación sobre el cáñamo industrial. El cáñamo industrial seguirá siendo el único cultivo que es legal importar, vender y consumir, pero ilegal cultivar, en California”.

“Es una infelicidad que el Gobernador Schwarzenegger haya vetado el AB 1147. Habíamos ansiado por el cultivo y producción de aceite y semillas de cáñamo en nuestros productos aquí en California”, dijo David Bronner, presidente del Comité de Alimentos y Aceites de la Hemp Industries Association y presidente de Alpsnack/Dr. Bronner's Magic Soaps. “Los agricultores aquí en California, como los agricultores por todos los Estados Unidos, están siempre buscando cultivos lucrativos como el cáñamo para añadir a su rotación. Este veto claramente demuestra por qué el HR 3037, la Ley de Agricultura del Cáñamo Industrial de 2005 [Industrial Hemp Farming Act of 2005], necesita ser aprobado a nivel federal”.

Ahora, siete estados (Hawai, Kentucky, Maine, Maryland, Montana, Dakota del Norte y Virginia Occidental) han cambiado sus leyes para darles a los agricultores el derecho afirmativo a cultivar cáñamo industrial comercialmente o para fines de pesquisa. Pero, el proyecto que el Gob. Schwarzenegger vetó difiere de aquellas leyes. En aquellos siete estados, las leyes exigen una autorización de la DEA para cultivar la planta, autorización que la agencia vacila históricamente en dar. El proyecto de California habría estipulado explícitamente que el gobierno federal no tiene ninguna base ni ningún derecho de meterse con el cáñamo industrial en California.

Condenación: Gobernador de California Firma Proyecto para Disminuir la Condicional para Infractores que Reciban Tratamiento Químico

El sábado, el Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger (R), firmó silenciosamente un proyecto de ley que permitirá que los infractores no-violentos salgan de la condicional antes si completan un programa intensivo de tratamiento químico. Según la nueva ley, los condenados bajo libertad condicional que deseen participar serán enviados directamente a un programa de tratamiento residencial de cinco meses. Después de la graduación, saldrán de la condicional.

La nueva ley entrará en vigor en Enero. Solamente los infractores no-violentos serán elegibles y deben haber cumplido por lo menos seis meses de tratamiento químico mientras estaban en la prisión.

La condicional post-liberación ha probado ser onerosa para muchos infractores. De acuerdo con la Secretaría de Corrección y Rehabilitación de California, 47% de los condenados bajo condicional son devueltos a la prisión como infractores de la condicional. Son personas que cometieron faltas administrativas – no notificar la nueva dirección o el nuevo empleo al oficial de la condicional, sacar positivo en un examen toxicológico --, no nuevas infracciones criminales. Más 15% de los presos bajo libertad condicional son devueltos a la prisión bajo nuevas acusaciones criminales. Actualmente, hay más de 116.000 personas en libertad condicional en California.

Defendido por la Senadora Jackie Speier (D-Hillsborough), el proyecto logró el apoyo de una variedad de grupos, incluso del poderoso sindicato de los agentes penales. “Los presos bajo condicional que demuestren el nivel de compromiso con el tratamiento merecen el reconocimiento por sus esfuerzos”, le dijo el vocero del sindicato, Lance Corcoran, al Los Angeles Times el miércoles. “Es un concepto que vale la pena apoyar”, dijo. “La única cuestión es cómo van a conseguir un número suficiente de lechos de tratamiento químico para todos los que se califiquen”.

La Senadora Speier le dijo al Times que ella defendía la medida porque cerca de tres cuartos de los 172.000 presos del estado tienen problemas con las drogas o con el alcohol. “Si podemos ayudarlos a derrotar sus adicciones y quitarlos de esta desgracia de regresar a la prisión, ahorraremos centenas de millones de dólares de los contribuyentes”, dijo Speier.

Ahora, la cuestión es de donde va a salir el dinero. El estado ahorrará $4.340 por año por cada ex condenado si no tiene que hacer la supervisión. El proyecto firmado esta semana no destina ningún fondo a la expansión del tratamiento, pero Speier sugirió que los ahorros en los costos de la condicional podían sufragar los nuevos lechos.

Condenación: Proyecto Federal para Crear Registro Criminal de Traficantes de Drogas Es Presentado

Era apenas una cuestión de tiempo. Primero, vinieron las leyes que ordenaban que los criminales demonizados favoritos de la sociedad, los criminales sexuales, debían registrar sus paraderos junto al estado aun después de haber cumplido sus sentencias. Después, varios estados empezaron a aprobar legislación que exigía que los preparadores de metanfetamina condenados hicieran lo mismo. Ahora, un congresista republicano de Nuevo México, el Dip. Steve Pearce, ha entrado con legislación federal que crearía un registro electrónico nacional de “narcotraficantes criminales” y exigiría que los estados hagan lo mismo o corran el riesgo de perder el auxilio federal.

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¿queremos ayudar a nuestros hijos a encontrar narcotraficantes?
El mes pasado, Pearce presentó otro acrónimo llamativo de un proyecto, HR 6155, la “Ley Comunidades Liderando a Todos para Alejarse de los Narcóticos a través de Advertencias Electrónicas” [Communities Leading Everyone Away From Narcotics through Online Warning Notification Act] o la “Ley CIUDAD LIMPIA” [CLEAN TOWN Act]. De acuerdo con el proyecto propuesto, cualquiera condenado por infracción de distribución, conspiración o tenencia de drogas con intención de distribuirlas sería obligado a registrarse junto a las autoridades anualmente y darles su nombre, dirección, empleador y/o información escolar, número de seguro social, antecedentes criminales, descripción física, copia de identificación oficial y demás informaciones personales. La duración del registro variaría de cinco años desde el fin de la sentencia para los reos primarios y 10 años para los reos secundarios a registro perpetuo para los reincidentes de tercera ocasión.

El proyecto exigiría que tanto el fiscal general de los EE.UU. como varios estados establecieran dichos registros. Los estados que no obedecieran serían penalizados mediante la suspensión de un porcentaje de los fondos federales de control de la criminalidad que reciben a través de la Ley Abarcadora de Control de la Criminalidad y Calles Seguras [Omnibus Crime Control and Safe Streets Act]. Los narcotraficantes condenados pueden ser exentos de registro si se vuelven delatores, o, en el texto anódino del proyecto, si dan “asistencia considerable en la investigación o proceso de otra persona que haya cometido una infracción”.

El proyecto ordena que los estados aprueben leyes penalizando la inobservancia al registro. Dichas leyes deben tener sentencias de duración superior a un año. En otras palabras, deben ser crímenes.

En un comunicado de prensa alardeando su nuevo bebe legislativo, Pearce presentó su defensa del proyecto en términos de protección de los niños y le dio a sus bases de apoyo el crédito por la idea. “Durante nuestra gira de concienciación sobre la metanfetamina por todo el 2º Distrito en Agosto, escuché varias veces que deberíamos tratar a los narcotraficantes condenados como tratamos a los infractores sexuales”, dijo el Dip. Pearce. “Ambos tienen la lisura de violentar a nuestros hijos y destruir sus vidas. Nuestras comunidades necesitan más herramientas para proteger a nuestros niños. En particular, los padres y maestros tienen el derecho de saber cuando alguien que puede envenenar a su hijo o hija vive en el barrio”.

Hasta ahora, ningún otro legislador ha dado su apoyo al proyecto. Ha sido enviado al Comité Judiciario de la Cámara.

Imposición de la Ley: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana

Los tenemos en cada estadio del proceso de la justicia criminal esta semana, de la detención, pasando por los acuerdos de confesión de culpabilidad, a la condenación. Para un par de policías gananciosos y traficantes de San Luis y Miami, el pasaje por la casa de diversiones de la justicia criminal está apenas empezando. Un ex policía de St. Paul ha aceptado un acuerdo y ahora ex policías en Connecticut y Hawai están dirigiéndose a la prisión. Vamos a ello:

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parche de la Policía de Miami-Dade (o artículo # 180033018469 en ebay)
En Miami, un oficial de la policía de la Comarca de Miami-Dade fue preso el viernes pasado bajo acusaciones de tráfico de cocaína, anunció la Fiscalía del Distrito Meridional de Florida en un comunicado de prensa al mismo día. El Oficial Errol Benjamin es acusado de vender 5kg902g de cocaína mientras usaba uniforme. Él es acusado de tenencia de cocaína con intención de distribuir y puede recibir hasta pena de prisión perpetua y una multa de $4 millones, observaron los federales.

En San Luis, un oficial de la policía de la suburbana Hillsdale, Missouri fue incriminado en una conspiración elaborada de distribución de cocaína, anunció la Fiscalía del Distrito Oriental de Missouri en un comunicado de prensa el viernes pasado. El Sargento de la Policía de Hillsdale, Christopher Cornell, conspiró con un dependiente de una empresa de coches grúas para robar a traficantes de drogas y revender su cocaína, acusaron los federales. El operador de grúas hacía que los entregadores de drogas entregaran cocaína en Hillsdale y notificaba a Cornell, que los detenía y prendía por pequeñas infracciones, dejando sus autos al borde de la carretera. Entonces, la empresa de coches grúas se llevaba los autos, robaba las drogas y las revendía. La Fiscal de la Unión Catherine Hanaway estimó que el esquema había rendido $2,4 millones en lucros. La incriminación busca la confiscación de las propiedades de Cornell, incluso un Mercedes Benz y otros autos.

En St. Paul, Minnesota, un oficial jubilado de la policía de St. Paul se confesó culpable el viernes pasado de tener metanfetamina con la intención de distribuirla, informó el St. Paul Pioneer Press. Clemmie Howard Tucker, veterano de 23 años que se jubiló en 1998, fue preso intentando recoger casi 10 kilos de cocaína y aproximadamente 5,5kg de metanfetamina en el Almacén de la Greyhound Bus en la vecina Minneapolis. La policía estimó las drogas confiscadas en $4 millones. Pese a que Tucker estuviera lloroso y arrepentido durante su acuerdo, no importaba: Él se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión. Las acusaciones pendientes por cocaína probablemente serán retiradas en la condenación, dijo el abogado de Tucker.

En Bridgeport, Connecticut, un ex oficial de la policía de Bridgeport fue sentenciado a 45 meses de prisión por revender oxicodona, el ingrediente activo en el analgésico popular Oxycontin. El ex Oficial Jeffrey Streck, 40, con 10 años de servicios prestados, se confesó culpable en Enero de conspirar para tener oxicodona con intención de distribuirla tras ser arrestado por el FBI en 2005. De acuerdo con la Associated Press, Streck fue arrestado como parte de una investigación de tres meses del tráfico de cocaína y marihuana en gran escala y había preparado una compra de Oxycontin.

En Honolulú, un oficial de la Policía de Honolulú que se confesó culpable de vender más de $5.000 en metanfetamina a un informante encubierto fue sentenciado a cinco años y cinco meses de prisión el 28 de Septiembre, informó el Honolulu Star-Bulletin. Robert Henry Sylva, 50, podía haber recibido tres acusaciones de distribución de metanfetamina durante 2004, pero aceptó una acusación en un acuerdo hecho en Diciembre. Pese a que Sylva se enfrentara a una variación penal de 7 a 12 años de acuerdo con las normas accesorias federales, el Juez Distrital de los EE.UU., David Ezra, le ayudó un poco a pedido de los fiscales federales después que ellos dijeron que él había cooperado con los investigadores tras ser atrapado.

Documental: Waiting to Inhale

Caro lector de la Crónica de la Guerra Contra las Drogas:

Muchos entusiastas de la reforma de las políticas de drogas leyeron hace dos semanas sobre nuestro nuevo blog acerca de un nuevo documental, Waiting to Inhale: Marijuana, Medicine and the Law [Esperando para Inhalar: La Marihuana, la Medicina y la Ley], y un debate emocionante aquí en Washington entre dos de mis colegas y un representante de la secretaría antidroga de los EE.UU. que ocurrió después de la exhibición de la película. Tengo el placer de anunciar que la DRCNet está disponibilizándole este film como nuestro más reciente premio de membresía – done $30 o más a DRCNet y puede recibir una copia de Waiting to Inhale como nuestro agradecimiento por su apoyo.

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He sabido de Waiting to Inhale durante algunos años y estoy muy feliz por verlo divulgado y causando repercusiones. La gente que aparece en la película – los proveedores de marihuana medicinal Mike y Valerie Corral y Jeff Jones, la vocera de los pacientes Yvonne Westbrook, el científico Don Abrams – son héroes cuyas historias merecen ser contadas y cuyas entrevistas en esta película deberían ser exhibidas a como de lugar. ¡Usted puede ayudar al pedir una copia y hacer una exhibición privada en su hogar! O usted y sus amigos activistas pueden simplemente verlo en casa como inspiración. (Haga clic aquí para más informaciones, incluso un avance en la Internet.)

Su donación ayudará a DRCNet mientras hacemos lo que creemos que será un plan increíble de dos años para avanzar considerablemente la reforma de las políticas de drogas y la causa de terminar la prohibición globalmente y en los EE.UU. ¡Por favor, haga una donación generosa hoy día para ayudar a la causa! Sé que usted sabrá que el dinero fue bien gastado después de ver lo que la DRCNet está preparando. Nuestro formulario de donación electrónica le permite donar por tarjeta de crédito, por PayPal o imprimir un formulario para enviar juntamente con su cheque u orden de pago por correo. Por favor, fíjese que las contribuciones a la Red Coordinadora de la Reforma de las Políticas de Drogas o Drug Reform Coordination Network, nuestra entidad de presión política, no son deducibles del impuesto a la renta. Las donaciones deducibles pueden ser hechas a la Fundación DRCNet, nuestra ala de concienciación. (Escoger un regalo como Waiting to Inhale reducirá la parte de su donación que usted puede deducir por el costo del artículo.) Ambos grupos reciben cartas de los miembros en la siguiente dirección: DRCNet, P.O. Box 18402, Washington, DC 20036.

Gracias por su apoyo. Si usted no ha visto nuestra nueva página web, espero que tenga un momento para hacerlo – está buenísimo, si se me permite decirlo. :)

Cuídese bien y espero tener noticias suyas.

Sinceramente,


David Borden
Director Ejecutivo

Reseña: "De los Maras a los Zetas: Los secretos del narcotráfico, de Colombia a Chicago", por Jorge Fernández Menéndez y Víctor Ronquillo (México DF: Editorial Grijalbo, 2006, 290 pp. PB)

Si se desea una lección sobre las consecuencias involuntarias de la prohibición de las drogas, hay que volver la mirada al otro lado del Río Grande. Como todas las fronteras, la frontera EE.UU.-México siempre ha sido la escena de un contrabando vivaz. Pese a que los autores de “De los Maras a los Zetas: Los secretos del narcotráfico, de Colombia a Chicago” no se metan en la prehistoria de las poderosas organizaciones mexicanas del narcotráfico, antes en aquellos días tranquilos de los años 1960 y 1970, un montón de marihuana cruzó esa frontera, pero era más un comercio pacífico, frecuentemente cosa de familia.

En 1982, cuando el Presidente Ronald Reagan, habiendo declarado una nueva guerra contra las drogas, mandó al Vicepresidente George H.W. Bush a Miami para dirigir un nuevo esfuerzo de bloqueo del flujo de cocaína colombiana que cruzaba del Caribe a Florida, los colombianos se ajustaron cambiando las rutas del contrabando a través de México. Los colombianos usaron las redes existentes de contrabando, que desde entonces se han transformado en un monstruo, no solamente a los ojos de sus homónimos colombianos, que se han visto excluidos de la distribución final a los EE.UU. y de los lucros enormes que rendía.

Fomentados por la cocaína colombiana, los dólares y el armamento estadounidenses, en los últimos 20 años, los llamados “carteles” de México – una designación incorrecta para estas organizaciones brutalmente competitivas del narcotráfico – han corrompido legiones de policías, soldados y políticos mexicanos, y han asesinado a muchos otros. Todas las veces que el Estado Mexicano, perseguido por su compañero norteño, intenta desmantelar los carteles, el resultado no es la tranquilidad social o el fin del narcotráfico, sino las guerras sangrientas entre pandillas mientras las distintas organizaciones luchan por posiciones – y el flujo de drogas parece nunca ser afectado.

En los últimos dos años, los carteles se han fortalecido tanto y el número de bajas de los constantes ajustes de cuentas se ha puesto tan horrendo – más de 1.500 muertos el año pasado y un número parecido hasta ahora este año – que parecen estar actuando con impunidad.

Entran los periodistas de Ciudad de México, Jorge Fernández Menéndez y Víctor Ronquillo. Con los grupos del narcotráfico decapitando a policías y metiéndose en batallas callejeras con personas disfrazadas en Acapulco y causando estragos mortales a lo largo de la frontera con EE.UU., su oportunidad no podía ser mejor, porque ellos buscan explicar los procedimientos oscuros del narcotráfico mexicano. Ellos estudian e informan sobre Mara Salvatrucha, la pandilla tan propalada que surgió de los hijos de los refugiados salvadoreños en Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses (otra lección sobre las consecuencias involuntarias) que aprendieron demasiado bien los trámites de la vida bandida y entonces la reexportaron de vuelta a Centroamérica. De acuerdo con Fernández y Ronquillo, Mara Salvatrucha controla gran parte del tráfico en inmigrantes ilegales y drogas – en la frontera meridional de México. Pero, como las verdaderas organizaciones criminosas de México, sus tentáculos se extienden hasta el norte también.

Ellos también dan informaciones sobre los Zetas, la ex fuerza antidroga de elite entrenada por los Estados Unidos que cambió de lado y ahora actúa como las fuerzas armadas de Osiel Cárdenas y el Cartel del Golfo – otra lección sobre las consecuencias involuntarias. Gracias a las habilidades paramilitares de los Zetas, Cárdenas ha logrado confrontar directamente al Estado Mexicano, como cuando sus hombres mataron a seis empleados de la prisión en Matamoros a principios de 2005 en retaliación por una operación del gobierno federal contra los capos presos del cartel.

Hay muchas, muchas cosas más en medio de todo eso. Fernández y Ronquillo avisan que los líderes presos del cartel pasan parte de su tiempo tras rejas amigándose con las guerrillas izquierdistas en la prisión y pueden estar aprendiendo lecciones tácticas o forjando alianzas preocupantes con ellas. A pesar de las diferencias ideológicas aparentes entre los rebeldes marxistas y los narcotraficantes, los carteles mexicanos han mostrado que cuando se trata de negocios ellos son apartidarios. Ellos corrompen a políticos de cualquier partido, hacen negocios con quienquiera que pueda beneficiarles y matan a aquellos que se meten en su camino.

Los carteles giran en torno del poder. Cuando el antiguo PRI administraba el gobierno, los carteles corrompían al PRI. Cuando el gobierno del Presidente Vicente Fox del PAN llegó al poder, ellos intentaron corromperlo, y como demuestran Fernández y Ronquillo, han tenido algún éxito. Los políticos panistas han sido atrapados yendo a los funerales de narcos importantes, las administraciones municipales panistas han sido compradas y los narcos aun lograron poner un socio en el círculo interno del Presidente Fox antes que la mácula del escándalo lo quitara.

Pero aunque Fernández y Ronquillo sean muy buenos en desvelar los misterios de los carteles y explicar los resultados de décadas de políticas proibicionistas de drogas, ellos no dan el salto al próximo nivel. Para ellos, “De los Maras a los Zetas” es un despertar desesperado para el público y la clase política mexicanos, un aviso de que el poder de los carteles amenaza la integridad del Estado Mexicano. Ellos no dan el paso siguiente para preguntar si no hay una manera mejor. Pero, más una vez, no tienen que hacerlo – el propio libro es un testimonio elocuente del legado corrupto y sangriento de la prohibición en México.

Sí, el libro está apenas en español. No será de gran valía para muchos de nuestros lectores norteamericanos, pero la Crónica de la Guerra Contra las Drogas también es publicada en español y portugués, y quizá si podemos despertar algún interés aquí en la Gringolandia, una editora estadounidense o canadiense publicará una traducción. Sabemos muy bien que recibimos poquísimos reportajes serios sobre la guerra mexicana a las drogas.

Mientras tanto, para ustedes hispanohablantes que leen este tópico con interés, les recomiendo el informe reciente del Washington Office on Latin America, "State of Siege: Drug-Related Violence and Corruption in Mexico" [Estado de Sitio: La Violencia y la Corrupción Relacionadas con las Drogas en México].

Reportaje: Casos de inmigrantes deportados por pequeños delitos de drogas son vistos esta semana por la Corte Suprema

El martes, la Corte Suprema de los EE.UU. oyó los argumentos orales en dos casos consolidados que cuestionan si los inmigrantes que son residentes legales de los EE.UU. deben enfrentarse a deportación obligatoria por pequeñas infracciones como la tenencia de drogas. Miles de inmigrantes se enfrentan a una punición tan perturbadora y de acuerdo con la National Network for Immigrant and Refugee Rights, más de un millón y medio de personas han sido deportadas desde la presentación de la deportación obligatoria por “crímenes agravados” según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 [1996 Immigration and Nationality Act] que está siendo desafiada en estos casos.

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la Corte Suprema de los EE.UU.
Esa ley expandió la definición de “crímenes agravados” – crímenes por los cuales la deportación es obligatoria – más allá de los crímenes violentos graves, que habían sido el estándar anterior. Los casos delante de la Corte Suprema esta semana giran en torno de si las infracciones que son consideradas contravenciones de acuerdo con la Ley de Sustancias Controladas [Controlled Substances Act] federal, pero que son consideradas crímenes según la ley estadual en los estados en que las personas fueron condenadas, pueden calificarse como “crímenes agravados” de acuerdo con la ley de inmigración.

Muchos de aquellos deportados de acuerdo con la ley de inmigración fueron en realidad declarados culpables de crímenes serios, pero muchos otros no lo fueron. En un caso cubierto por la Crónica de la Guerra Contra las Drogas, João Herbert, que fue adoptado por una pareja estadounidense de un orfanato brasileño cuando niño, pero que nunca solicitó la ciudadanía estadounidense, fue arrestado en su adolescencia por vender una bolsita de marihuana. Fue condenado a libertad vigilada, pero las autoridades federales buscaron exitosamente deportarlo de acuerdo con la ley de 1996. Enviado a una tierra que nunca conoció, él sobrevivió algunos años como profesor de inglés antes de ser muerto por la policía brasileña en 2004.

En los casos delante de la corte el martes, López vs. Gonzales y Toledo-Flores vs. EE.UU., las infracciones por las cuales los EE.UU. buscan deportar a los inmigrantes son aún más triviales que las del caso de Herbert. José Antonio López era dueño de una bodega y de un puesto de tacos en Sioux Falls, SD, que vino de México en 1985. El hombre casado y padre de dos hijos, que son ciudadanos estadounidenses, se confesó culpable de decirle a alguien cómo obtener cocaína. Dicha infracción es una contravención de acuerdo con la ley federal, pero era crimen según la ley de Dakota del Sur. Los funcionarios federales de inmigraciones clasificaron su infracción como “crimen agravado” de acuerdo con la ley de inmigración y lo deportaron a México.

Reymundo Toledo-Flores fue arrestado por tenencia de cocaína en Tejas, donde eso es contravención, pero cuando fue atrapado intentando reentrar al país recibió una sentencia de prisión de dos años porque las autoridades de inmigraciones consideraron su aprehensión en Tejas un “crimen agravado” de acuerdo con la ley de inmigraciones. Él está recurriendo de la sentencia.

“El problema aquí es que la ley estadual y la ley federal no están de acuerdo en la determinación de la gravedad de la infracción”, dijo el Desembargador David Souter durante la argumentación oral del martes. “¿No es muy raro que el Congreso hubiera querido una lectura del estatuto que volvería su definición de contravención un crimen agravado para fines de las leyes de inmigración?” preguntó.

Los abogados del gobierno Bush debatieron que los funcionarios de inmigraciones clasificaron correctamente ambos casos. “La definición estatutaria de ‘crimen agravado’ abarca grandes categorías de conducta criminal de acuerdo con la ley estadual, sin exigir un paralelo con la ley federal”, escribió el Subfiscal General de Justicia de los EE.UU. en documento presentado a la corte.

El Subfiscal de Justicia Edwin Kneedler le dijo a la corte el martes que la ley de inmigración “mira la ley estadual”. Si un delito de drogas es crimen según la ley estadual, es un crimen deportable de acuerdo con la ley federal, debatió.

Pero tres ex abogados del Servicio de Inmigración y Naturalización discordaban en una posición favorable que ellos presentaron. “No hay indicios claros de que el Congreso pretendiera que la definición de crimen agravado se aplicara a los delitos de drogas que son... contravenciones de acuerdo con la ley federal”, escribieron ellos.

El Desembargador Jefe John Roberts estaba teniendo ideas similares. “Debe hacerle sospechar”, le dijo a Kneedler, “que su análisis de una infracción de ‘tráfico de drogas’... lleve a la conclusión de que la simple tenencia se iguala al tráfico de drogas”.

“Los inmigrantes no deberían ser echados del país por hacer lo que el presidente de los Estados Unidos hizo”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Está claro que el tipo de delitos de drogas que discutimos aquí no es el tipo de delitos que el Congreso pretendía cuando aprobó esa ley”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “También parece que esto plantea problemas de protección igual porque parece que ser deportado o no depende del estado en que se fue condenado. En aquellos estados en que la tenencia de drogas es crimen, se es deportado; en aquellos que no es, no se es deportado”.

Los grupos de derechos de los inmigrantes y de las libertades civiles están pidiendo a la corte que rechace la interpretación amplia de la ley del gobierno federal y aun el Center for Immigration Studies, que generalmente defiende una línea dura en la represión a la inmigración, no se quedó tan entusiasmado con la deportación de pequeños infractores de la legislación antidroga. “Si la legislatura estadual ha decidido que esto es un crimen serio y alguien que lo comete será deportado, no es como si esa persona no supiera que eso era ilegal”, dijo el Dr. Steven Camarota, director de pesquisa del grupo. “No veo ningún problema en echar a estas personas. En algunos casos, con todo, las personas se confiesan culpables de crímenes sin darse cuenta de que estarían sujetas a deportación y eso levanta una cuestión de justicia”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “Todo el sistema de justicia criminal debe moderar la justicia con la misericordia, pero con la inmigración hemos creado tantas excepciones y renuncias que a veces es bueno ser duro”.

Para Camarota, todo el debate sobre la deportación de inmigrantes por pequeñas infracciones de la legislación antidroga “no es nada” en comparación con los verdaderos problemas de inmigración que el país se enfrenta. “Estamos hablando de miles de personas cuando hay 37 millones de inmigrantes en el país”, señaló. “No hay nada equivocado en la forma por la cual el gobierno está abordando esto, pero parece que hay demasiado debate sobre algo tan pequeño. Deberíamos poner los recursos en la imposición general de las leyes de inmigración”.

“La ley de 1996 es destructiva de verdad”, dijo Arnaldo García de la National Network for Immigrant and Refugee Rights. “En cualquier semana, hay 20.000 residentes permanentes legales que cometieron pequeñas infracciones esperando en la cárcel de acuerdo con los trámites de deportación. Eso incluye casos como el de un chico de 20 años que tuvo relaciones con su enamorada de 17 años e incluye cosas como el arresto de personas con tenencia de pequeñas cantidades de marihuana”, le dijo él a la Crónica. “El gobierno federal está intentando institucionalizar un doble estándar. Los residentes legales tienen derechos iguales bajo nuestro sistema judicial, pero después que completaron sus sentencias, son sometidos a una punición injusta – la proscripción para siempre. Ésta es una enorme fenda en la fundación del tratamiento igual bajo la ley”.

Hay poca cosa que los residentes permanentes pueden hacer, dijo García. “Lo que se puede hacer es asegurarse de que se conoce la ley”, dijo. “Si se es arrestado, se necesita tener el consejo de un abogado de inmigraciones para saber las consecuencias de la acusación y si ella es una infracción deportable. Algunos jueces trabajarán contigo – haciendo cosas como condenarte a 364 días en vez de 366, la diferencia entre una contravención y un crimen --, pero el INS solamente quiere deportarte. He visto personas que entran para hacer su teste de ciudadanía y la inmigración las está aguardando porque fueron presas cuando adolescentes”.

La protección final contra la deportación según la ley de inmigración es volverse ciudadano estadounidense. “Eso es más fácil decir que hacer”, dijo García. “Hay una enorme espera. Estoy trabajando con una familia que envió su petición de reunificación en 1994. Su caso está saliendo ahora”.

Reportaje: Más Allanamientos Antimarihuana Medicinal en California: ¿El Nuevo Estatus Quo?

Por lo menos cinco dispensarios distintos de marihuana medicinal en California han sido allanados en los últimos diez días, totalizando hasta ahora más de 30 este año, de acuerdo con los defensores de la marihuana medicinal. Pero, eso significa que aproximadamente 200 dispensarios existentes no han sido allanados, lo que sugiere que lo que está pasando es más una pequeña batalla de atrito que una ofensiva total de la Administración de Represión a las Drogas (DEA) de los EE.UU. y de sus aliados, entre funcionarios recalcitrantes del aparato judiciario-legal estadual y municipal y servidores elegidos.

He aquí el más reciente listado de bajas:

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foto cortesía ASA
El miércoles pasado en Modesto, un día después que la ciudad de Modesto votó en la revocación de una disposición municipal que exenta a las organizaciones sin fines lucrativos de su ordenanza que prohíbe los dispensarios, los agentes de la DEA allanaron al California Healthcare Collective, uno de los dos dispensarios restantes en el área. Un vocero de la DEA le dijo a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas esta semana que la Policía de Modesto empezó a investigar el dispensario, de ahí entregó el caso a los federales. Cuatro personas fueron arrestadas bajo acusaciones federales de distribución de marihuana.

Al día siguiente, los agentes de la DEA y de la policía municipal allanaron al dispensario North Valley Discount Caregivers en Grenada Hills y confiscaron todo el cannabis medicinal en el lugar. Los dos dependientes fueron arrestados bajo acusaciones estaduales relacionadas con la marihuana.

Al mismo día, los adjuntos del Sherif de la Comarca de Stanislaus allanaron al 2816 Collective en una área rural cerca de Modesto usando una orden estadual de búsqueda. La policía confiscó cerca de un kilo de marihuana seca y las fichas de los pacientes. El colectivo había cerrado un día antes en razón del allanamiento en Modesto. Con tanto el California Healthcare en Modesto como el 2816 Collective fuera del negocio, la región entera está destituida de dispensarios ahora, dejando a millares de pacientes en la estacada.

El martes, la DEA allanó por lo menos a ocho ubicaciones en el área de la Bahía de San Francisco, confiscando más de 12.000 plantas, $125.000 en efectivo y un auto deportivo de lujo. A pesar de algunos informes iniciales histéricos en los medios locales, todos los allanamientos estaban relacionados con el dispensario New Remedies en San Francisco, que involucraba a la misma gente que trabajaba en Compassionate Caregivers, que fue allanado por la DEA en Los Ángeles en Mayo de 2005, cuando los federales encontraron más de $300.000 en efectivo, ocasionando la investigación que culminó en los allanamientos del lunes.

El miércoles, la DEA y los oficiales de la ley municipal allanaron al dispensario Palm Springs Caregivers en la Comarca de Riverside, confiscando cannabis medicinal, pero sin realizar ninguna detención en ese momento. El allanamiento ocurrió un día después que el Consejo de Supervisores de la Comarca de Riverside votó en la prohibición de los dispensarios en áreas municipales no-incorporadas, que ni siquiera incluyen a Palm Springs, y un mes después que el Fiscal de la Comarca de Riverside, Grover Trask, lanzó un informe gubernamental que debatía que los dispensarios son ilegales según la ley estadual y federal.

Los allanamientos precipitaron el Proyecto de Respuesta de Emergencia del grupo de defensa de la marihuana medicinal, el Americans for Safe Access, que reunió manifestantes el viernes pasado en la sede de la DEA en Los Ángeles, así como en Modesto, Oakland, Sacramento, San Diego, San Francisco y Santa Ana. Los manifestantes también recibieron los allanamientos del martes en San Francisco y más acciones están programadas para el día de hoy.

“Con nuestro programa de respuesta de emergencia, toda vez que hay un allanamiento federal – y podemos descubrirlo en una cuestión de horas --, activamos nuestra respuesta local, como hicimos en San Francisco esta semana”, dijo Caren Woodson del ASA. “Pero ahora, estamos activando la respuesta nacional de emergencia para el viernes. Es un día de llamadas. Estamos instándolos a todos a llamar a la administradora de la DEA, Karen Tandy, e informarla sobre lo que piensan de estos allanamientos. Karen Tandy tiene mucha discreción y necesita ejercerla”.

Aunque el ASA esté liderando una batalla inmediata, no está sólo entre los grupos del movimiento en la tentativa de descubrir qué está pasando. De acuerdo con la DEA, no es nada especial, apenas la imposición de las leyes contra la marihuana. “Los dos casos en los cuales nuestro gabinete estaba involucrado, Modesto la semana pasada y aquí en el área de la Bahía esta semana, fueron la culminación de investigaciones de largo tiempo”, dijo la funcionaria de información pública de la DEA de San Francisco, Casey McEnry. “En Modesto, la policía de Modesto empezó a investigar y de ahí nos pasó la investigación, y con la New Remedies, les habíamos presentado órdenes como con la Compassionate Caregivers en LL.AA. en Mayo de 2005 y supimos en Diciembre de 2005 que ellos habían cambiado sus nombres y habían abierto una tienda en Oakland”, le dijo ella a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.

“No podemos saber lo que piensa la DEA, pero no hay ninguna señal de una ofensiva total”, dijo Bruce Mirken, director de comunicación del Marijuana Policy Project (MPP). “Esta gente en San Francisco ya estaba siendo objetivada – eran víctimas de su propio éxito --, pero seguramente hay muchos otros lugares funcionando abiertamente. Si la DEA quisiera, podía ir tras ellos con poco esfuerzo, pero parece que han tomado la decisión de no hacerlo”.

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foto cortesía ASA
McEnry de la DEA no contestó directamente las preguntas sobre si la agencia había tomado la decisión política de no ir agresivamente en contra de los casi 200 dispensarios del estado, pero ella sí dio un aviso. “El cómputo de la planta mágica es cero, el número de la distribución es cero si se quiere estar seguro de que no vayamos posiblemente a tocar su puerta”, dijo ella. “Cualquiera que cultive o distribuya marihuana corre riesgo”.

Aunque eso pueda ser una bravata dados los recursos limitados de la agencia, es preocupante para los dispensarios y sus defensores. “Estos dispensarios de cannabis legal certificados por el estado les parecen a la DEA abrigos de distribución de drogas”, dijo Woodson. “Si un dispensario sirve a 150 personas por día, el dependiente se parece a un rey del narcotráfico para ellos. Son blancos fáciles, están en la lista telefónica. Y ahora algunas de estas personas se enfrentan a sentencias muy duras, algunas de hasta prisión perpetua”.

No es apenas la DEA. “Tenemos el envolvimiento esporádico de la policía municipal en los allanamientos, principalmente en las comarcas en que el gobierno municipal no es favorable, como las Comarcas de Modesto o Riverside, que es donde queda Palm Springs”, dijo Mirken. “Eso nos dice cómo es importantísimo que los gobiernos municipales comprendan la Proposición 215 y oigan de sus bases que el acceso al cannabis medicinal es importante”.

“Ellos están escogiendo locales en que las autoridades locales no tienen una postura amigable”, dijo Woodson del ASA.

“Estos allanamientos son irrisorios cuando hay más de 200 dispensarios en funcionamiento”, dijo Dale Gleringer, director de la NORML California, “pero no queremos presenciar su diseminación. Temo que esto vaya a ser un campo de batalla durante algún tiempo aquí hasta que logremos un régimen que permita mejores sistemas de dispensarios y producción. La falta de un sistema de producción legal causa muchos problemas y todos en el negocio de los dispensarios están trabajando en el mercado negro o gris y están vulnerables a las incertidumbres legales”.

Aunque los dispensarios de marihuana medicinal sigan siendo numerosos en Los Ángeles y en el área de la Bahía de San Francisco, los allanamientos están teniendo un impacto muy real sobre la oferta en algunas áreas del estado. “En San Diego, hace algunos meses había una docena de dispensarios en funcionamiento, pero después de los allanamientos, han desaparecido y el acceso al cannabis medicinal ya casi no existe”, dijo Woodson. “Hay apenas un puñado de servicios de entrega ahora y no pueden tratar de la demanda. Hay una situación similar en Modesto – no hay ningún dispensario en el área ahora”.

“Creo que eso va a seguir a corto plazo, hasta que algo pase políticamente para cambiar la dinámica”, dijo Mirken. “Eso puede no ocurrir hasta que haya un cambio de régimen en Washington, y quizá no aun así, dependiendo de la inteligencia de los demócratas. No parece que las cosas van a cambiar drásticamente en California en el próximo mandato. La mayoría de las personas en el gobierno estadual y en algunos gobiernos municipales por lo menos hace boca a boca en apoyo a la Proposición 215, pero no hemos visto mucha acción de los funcionarios del estado con la influencia para intentar detener los allanamientos. En verdad, no veo ningún cambio a nivel estadual”, dijo.

Woodson del ASA no estaba tan lista para desistir del gobierno estadual. “Aquí en California, nosotros necesitamos hacer que más funcionarios estaduales se pronuncien y denuncien estos allanamientos”, dijo ella. “La legislatura estadual como un todo necesita tratar de esta cuestión y crear normas o redactar prohibiciones que ordenen a la ley estadual y municipal a no participar de estos allanamientos antimarihuana medicinal. La legislatura no está haciendo su trabajo si no protege adecuadamente a los pacientes”.

Otra cosa que la legislatura puede hacer es reiterar y expandir su apoyo a la Proposición 215. “Ellos deberían recodificarlo y tomar una posición en contra de los allanamientos federales”, dijo Woodson. “Y ellos deberían exigir que nuestra delegación federal prestara más atención a esta cuestión. Todo lo que Diane Feinstein sabe decir es sobre la metanfetamina; ella y Barbara Boxer no han levantado ni un dedo para ayudar a la marihuana medicinal. A nosotros también nos gustaría ver más oficiales de la ley entrenados en la cuestión del cannabis medicinal”.

“California no hará nada en todo el estado hasta que la ley federal cambie”, predijo Gleringer. “Veo este padrón de allanamientos esporádicos siguiendo hasta que haya un cambio en la ley federal. Hace dos o tres años, yo habría dicho que estábamos corriendo peligro mortal, pero, en verdad, no hemos tenido nada sino un aumento en el número de dispensarios aun después de perder dos decisiones en la Corte Suprema. De alguna forma, me es difícil creer que esto vaya a cambiar, especialmente dado lo que pasó en LL.AA. Hace dos años, no había ningún club en LL.AA., ahora hay cien. Me parece que la segunda ciudad más grande del país está siendo firmemente inundada de dispensarios. Cuando era solamente en el área de la Bahía, estaba preocupado que los federales pudieran cerrarlos, pero perdieron su oportunidad. Ahora, todo lo que pueden hacer es prender a alguien de vez en cuando e intentar macular la imagen de los dispensarios, pero ellos están aquí para quedarse”.

Editorial: ¿Queremos Realmente Ayudar a Nuestros Hijos a Encontrar Traficantes de Drogas?

Repetimos el editorial de Julio de David Borden sobre este tópico debido a su pertinencia esta semana.

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sesión usual de edición de David Borden del jueves por la tarde
Uno de los artículos sobre la guerra a las drogas de esta semana es un esfuerzo legislativo en el estado de Maine para crear un comité para estudiar la posibilidad de un registro, accesible al público en general, de gente que ha sido condenada varias veces por delitos de drogas. Los defensores han retratado la idea como una manera de ayudar a las familias a proteger a sus hijos de personas que puedan querer darles drogas en Maine.

Aun usando la lógica de la guerra a las drogas (que, generalmente, es una mala idea), esta idea fracasa decisivamente. La mayoría de los niños no empieza a usar drogas porque le son ofrecidas por traficantes profesionales. La mayoría de los chicos empieza a usar drogas porque le son ofrecidas por otros chicos - niños que les están ofreciendo por razones sociales o porque se han involucrado en dicha empresa criminosa, pero en cualquiera de los casos no por los adultos varias veces condenados que aparecerían en la página web del estado. También es importante recordar que la mayoría de los traficantes de drogas nunca fue atrapada, por lo tanto, nunca aparecerá en el registro por ese motivo.

Entonces, aunque un registro permita que los padres tengan ciencia de alguna parte de los verdaderos traficantes de drogas que existen, no tendrá en cuenta (y quizá desvíe la atención de) las maneras más comunes a través de las cuales las drogas llegan a las manos de sus hijos. Además, el mismo proceso económico incontenible que vuelve cualquier prisión de un traficante una oportunidad de empleo para nuevos traficantes, también debe aplicarse, por lo menos parcialmente, a cualesquiera traficantes reincidentes que perdieron el negocio porque algunos padres lograron hacer que sus hijos mantuviesen distancia de cualquier traficante - si los niños son determinados o simplemente voluntariosos, terminan consiguiendo sus drogas de otra persona.

Con todo, más resplandeciente es un argumento que fue señalado en una publicación de un blog "de teste" por un miembro de nuestro personal, Scott Morgan, en nuestra página web que será lanzada pronto. Scott usó un registro similar en Tennessee, limitado a infractores por delitos de metanfetamina, para mostrar cuán útil sería (quizá sea) para cualquier joven, en cualquier comarca en el estado, que desee encontrar pistas de gente en su comarca que pueda venderle metanfetamina u otras drogas - un resultado exactamente opuesto a lo que el registro pretende prevenir.

La diferencia principal entre el registro de Tennessee y el registro propuesto de Maine, sin contar que el de Maine incluye todas las drogas ilegales, es que el de Maine está limitado a infractores "habituales" de la legislación antidroga, la gente que ha sido condenada varias veces por tráfico de drogas. Pero, los infractores reincidentes son exactamente las personas que tienen más chances de infringir la ley nuevamente - los listados más útiles para los niños u otros que quieran localizar vendedores de drogas convenientemente restringidos. De cualquier forma, no se puede escapar de la idea de que un registro de infractores de la legislación antidroga es en verdad una campaña publicitaria sufragada por el contribuyente que apoya al tráfico de drogas.

Al fin, debemos regresar a la cuestión de que la principal manera por la cual los jóvenes empiezan a involucrarse en el consumo de drogas es a través de la influencia de los otros chicos - en muchos casos, comprando las drogas de otros chicos, en las escuelas. Éste es uno de los factores que ha llevado a un aumento en la predominancia de armas en las escuelas - adonde va el mercado ilegal, también tienden a ir las armas.

Pero no necesitaba ser así. Aunque el consumo de alcohol por menores de edad sea una cuestión importante (el alcohol es una droga como cualquiera de las otras, y bien destructiva), por lo menos los chicos no lo están comprando de otros chicos, en la escuela, de personas que portan armas. Esa situación existe con las drogas ilegales precisamente porque las hemos prohibido. Con la legalización de las drogas, los problemas criminales asociados con el comercio en drogas desaparecían - nada de tráfico armado de drogas en las escuelas, nada de guerras por territorio o mercados a cielo abierto.

Y aunque el daño del consumo de drogas no desaparezca cuando la prohibición se termine, el puro nivel de destructividad que está asociado actualmente con la adicción en particular también caería considerablemente, ya que los usuarios no estarían más sujetos a las impurezas aleatorias y a las fluctuaciones en la pureza, que actualmente llevan a intoxicaciones y sobredosis; y los precios altos que las drogas callejeras tienen también caerían, permitiendo que muchos, si no la mayoría, de los adictos que son llevados ahora a comportamientos extremados como el robo y la prostitución consigan su dinero para comprar drogas para por lo menos sufragar el vicio a través de medios legales de sustento. Intensificar la política fracasada de la prohibición no logrará esto.

Mientras tanto, por lo menos vamos a mantener la calma con estas ideas desatinadas como registros de infractores de drogas. La estigmatización continua de personas que ya han sido castigadas debe ser motivo suficiente. Pero si no es, la lógica increíblemente débil por detrás de esta idea debe serlo. ¿Queremos realmente ayudar a nuestros hijos a encontrar traficantes de drogas? Yo no quiero.

Editorial: Do We Really Want to Help Kids Find the Drug Dealers?

We repeat David Borden's July editorial on this topic due to its timeliness this week.

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David Borden's usual Thursday evening editing session
One of this week's drug war news items is a legislative effort in the state of Maine to create a committee to study the possibility of a registry, accessible to the general public, of people who have been convicted repeatedly of drug offenses. Supporters have portrayed the idea as a way to help families protect their children from people in Maine who may want to provide drugs to them.

Even using drug war logic (generally a bad idea), this idea fails pretty decisively. Most kids don't start using drugs because they are offered them by professional dealers. Most kids start using drugs because they are offered them by other kids -- kids who are providing either for social reasons or because they have gotten involved in the criminal enterprise, but in either case not the repeatedly convicted adults who would pop up on the state's web site. It's also important to remember that most drug dealers never get caught, hence will never appear in the registry for that reason.

So while a registry would enable parents to be aware of some fraction of the serious drug dealers out there, it will miss (and perhaps divert attention from) the more common pathways through which drugs might get into the hands of their children. Furthermore, the same unstoppable economic process that turns any bust of a dealer into a job opportunity for new dealers, must also apply, at least partly, to any repeat dealers who lose business because some parents were able to keep their children clear of any given dealer -- if the kids are determined or even just willing, they'll wind up getting their drugs from someone else.

Most glaring, however, is an argument that was pointed out in a blog post by a member of our staff, Scott Morgan, last July. Scott used a similar registry in Tennessee, limited to methamphetamine offenders, to show how usable it would be (perhaps is) to any young people, in any given county in the state, wishing to find leads on people in their county who might be able to sell them meth or other drugs -- an outcome exactly the opposite of what the registry purports to want to prevent.

The main difference (no pun intended) between Tennessee's registry and Maine's proposed registry, other than Maine's including all illegal drugs, is that Maine's is to be limited to "habitual" drug offenders, people who have been convicted of drug dealing multiple times. But repeat offenders are exactly the people who are the most likely to offend yet again -- the most usable listings for kids or others wanting to locate drug sellers conveniently narrowed down. But widening the registry to include all drug offenders won't help either -- because increasing the number of listings would also increase the registry's usability to kids wanting to find dealers. Either way you can't get around the idea that a drug offender registry is effectively a taxpayer-subsidized advertising campaign supporting drug dealing.

In the end, we must return to the issue that the primary way young people start to get involved in drug use is through the influence of other kids -- in many instances buying the drugs from other kids, in the schools. This is one of the factors that has led to an increased prevalence of handguns in schools -- where the underground market goes, so also tend to go weapons.

But it need not be that way. While use of alcohol by minors is a big issue (alcohol is just as much of a drug as any of the others, and a rather destructive one), at least kids are not buying it from other kids, in the school, from people who carry guns. That situation exists with the illegal drugs precisely because we have banned them. With drug legalization, the criminal problems associated with the trade in drugs would largely vanish -- no more armed drug trade in the schools, no more turf wars or open air markets.

And while the harm from the use of the drugs themselves will not simply disappear when prohibition is ended, the sheer level of destructiveness currently associated with addiction in particular would also drop substantially, as users would no longer be subject to the random impurities, and fluctuations in purity, that currently lead to poisonings and overdoses; and the high street prices drugs currently have would also drop, enabling many if not most addicts who are now driven to extreme behaviors like theft and prostitution to get the money to buy drugs to at least afford the habit through legal means of earning. Escalating the failed policy of prohibition won't accomplish this.

In the meanwhile let's at least cool it with these hare-brained ideas like drug offender registries. The continued stigmatization of people who have already been punished ought to be enough reason. But if it's not, the incredibly poor logic behind this idea ought to be. Do we really want to help kids find the drug dealers? I don't.

Documentary: Waiting to Inhale

Dear Drug War Chronicle reader:

Many drug reform enthusiasts read two weeks ago on our new blog about a new video documentary, Waiting to Inhale: Marijuana, Medicine and the Law, and an exciting debate here in Washington between two of my colleagues and a representative of the US drug czar's office that followed the movie's screening. I am pleased to announce that DRCNet is making this film available to you as our latest membership premium -- donate $30 or more to DRCNet and you can receive a copy of Waiting to Inhale as our thanks for your support.

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I've known about Waiting to Inhale for a few years, and I am pretty psyched to see it out now and making waves. People featured in the movie -- medical marijuana providers Mike & Valerie Corral and Jeff Jones, patient spokesperson Yvonne Westbrook, scientist Don Abrams -- are heroes whose stories deserved to be told and whose interviews in this movie should be shown far and wide. You can help by ordering a copy and hosting a private screening in your home! Or you and your activist friends can simply watch it at home for inspiration. (Click here for more information including an online trailer.)

Your donation will help DRCNet as we pull together what we think will be an incredible two-year plan to substantially advance drug policy reform and the cause of ending prohibition globally and in the US. Please make a generous donation today to help the cause! I know you will feel the money was well spent after you see what DRCNet has in store. Our online donation form lets you donate by credit card, by PayPal, or to print out a form to send with your check or money order by mail. Please note that contributions to the Drug Reform Coordination Network, our lobbying entity, are not tax-deductible. Tax-deductible donations can be made to DRCNet Foundation, our educational wing. (Choosing a gift like Waiting to Inhale will reduce the portion of your donation that you can deduct by the retail cost of the item.) Both groups receive member mail at: DRCNet, P.O. Box 18402, Washington, DC 20036.

Thank you for your support. If you haven't already checked out our new web site, I hope you'll take a moment to do so -- it really is looking pretty good, if I may say so myself. :) Take care, and hope to hear from you.

Sincerely,


David Borden
Executive Director

Book Review: "De los Maras a los Zetas: Los secretos del narcotrafico, de Colombia a Chicago" by Jorge Fernandez Menendez and Victor Ronquillo (Mexico City: Editorial Grijalbo, 2006, 290 pp. PB)

If one wishes an object lesson in the unintended consequences of drug prohibition, one need look no further than the other side of the Rio Grande. Like all borders, the US-Mexican border has always been the scene of a lively trade in contraband. Although the authors of "From the Maras to the Zetas: The Secrets of the Drug Trade, From Colombia to Chicago" don't get into the prehistory of Mexico's powerful drug trafficking organizations, way back in those halcyon days of the 1960s and 1970s, a lot of marijuana moved across that border, but it was a largely peaceful trade, often a family affair.

In 1982, when President Ronald Reagan, having declared a new war on drugs, sent Vice-President George H.W. Bush to Miami to head up a new effort to block the flood of Colombian cocaine flowing across the Caribbean to Florida, the Colombians adjusted by shifting smuggling routes through Mexico. The Colombian used existing smuggling networks, which since then have grown into a Frankenstein monster, not only in the eyes of the Mexican state, but also in the eyes of their Colombian counterparts, who have found themselves squeezed out of end-stage distribution to the US and the massive profits that followed.

Fueled by Colombian cocaine, American dollars, and American weaponry, in the past 20 years, Mexico's so-called "cartels" -- a misnomer for these brutally competitive trafficking organizations -- have corrupted legions of Mexican police, soldiers, and politicians, and murdered as many more. Every time the Mexican state, hounded by its partner to the north, tries to crack down on the cartels, the result is not social tranquility or the end of the drug trade, but bloody gang wars as the different organizations fight for position -- and the flow of drugs never seems to be affected.

In the past couple of years, the cartels have become so brazen and the death toll from the constant "ajuste de cuentas" ("adjusting of accounts" or "settling scores") so horrendous -- more than 1,500 last year and a like number so far this year -- that they appear to be working with impunity.

Enter Mexico City journalists Jorge Fernandez Menendez and Victor Ronquillo. With the drug trafficking groups beheading police and engaging in street battles with RPGs in Acapulco and wreaking mortal havoc along the US border, their timing couldn't be better because they aim to explain the murky workings of the Mexican drug trade. They study and report on Mara Salvatrucha, the much screamed about gang that grew out from the children of Salvadoran refugees in Los Angeles and other American cities (another lesson in unintended consequences) who learned all too well the ways of the thug life, then re-exported it back home to Central America. According to Fernandez and Ronquillo, Mara Salvatrucha controls much of the traffic in illegal immigrants and drugs -- on Mexico's southern border. But like the truly Mexican criminal organizations, its tentacles extend far to the north as well.

They also provide the skinny on the Zetas, the US-trained former anti-drug elite force that switched sides and now acts as the armed forces of Osiel Cardenas and the Gulf Cartel -- one more lesson in unintended consequences. Thanks to the paramilitary skills of the Zetas, Cardenas has been able to directly confront the Mexican state, as when his men killed six prison employees in Matamoros in early 2005 in retaliation for a federal government crackdown on imprisoned cartel leaders.

There is much, much more in between. Fernandez and Ronquillo warn that imprisoned cartel leaders spent part of their time behind bars buddying up with imprisoned leftist guerrillas and could be either learning tactical lessons or forging unholy alliances with them. Despite the apparent ideological differences between Marxist rebels and drug traffickers, the Mexican cartels have shown that when it comes to business they are nonpartisan. They will corrupt politicians of any party, make deals with whoever can benefit them, and kill those who get in their way.

The cartels circle around power. When the old-time PRI ran the government, the cartels corrupted the PRI. When the PAN government of President Vicente Fox came to power, they attempted to corrupt it, and as Fernandez and Ronquillo demonstrate, they have arguably succeeded. PANista politicians have been caught attending the funerals of leading narcos, PANista local administrations have been bought off, and the narcos even managed to place an associate in President Fox's inner circle before the taint of scandal drove him off.

But while Fernandez and Ronquillo are quite good in unraveling the mysteries of the cartels and explicating the results of decades of prohibitionist drug policy, they fail to make the leap to the next level. For them, "From the Maras to the Zetas" is a desperate wake-up call for the Mexican public and political class, a warning that the power of the cartels threatens the integrity of the Mexican state. They do not take the next step and ask if there is not a better way. But then again, they really don't have to -- the book itself is eloquent testimony to the corrupt and bloody legacy of prohibition in Mexico.

Yes, the book is only available in Spanish. It won't be much use to many of our North American readers, but Drug War Chronicle also goes out in Spanish and Portuguese, and perhaps if we can drum up a little interest here in Gringolandia, an American or Canadian publisher will print a translation. Goodness knows we get very little serious reporting up here about the Mexican drug war.

In the meantime, for you English-only speakers out there with an interest in this topic, I recommend the recent report from the Washington Office on Latin America, "State of Siege: Drug-Related Violence and Corruption in Mexico."

Feature: More California Medical Marijuana Raids: The New Status Quo?

At least five California different medical marijuana dispensaries have been raided in the last ten days, bringing the total so far this year to more than 30, according to medical marijuana supporters. But that means nearly 200 existing dispensaries have not been raided, suggesting that what is occurring is more like a low-level battle of attrition than an all-out assault by the US Drug Enforcement Administration (DEA) and its allies among recalcitrant state and local law enforcement and elected officials.

Here is the latest casualty list:

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photo courtesy ASA
Last Wednesday in Modesto, one day after the city of Modesto voted to repeal a municipal provision exempting nonprofits from its ordinance banning dispensaries, DEA agents raided the nonprofit California Healthcare Collective, one of only two remaining dispensaries in the area. A DEA spokesperson told Drug War Chronicle this week the Modesto Police Department began investigating the dispensary, then handed the case over to the feds. Four people were arrested on federal marijuana distribution charges.

The following day, DEA and local law enforcement agents raided the North Valley Discount Caregivers dispensary in Grenada Hills and seized all the medicinal cannabis at the site. The two operators were arrested on state marijuana charges.

That same day, Stanislaus County Sheriff's deputies raided the 2816 Collective in a rural area near Modesto using a state search warrant. Police seized about two pounds of dried marijuana and patient files. The collective had closed the day before because of the Modesto raid. With both California Healthcare in Modesto and the 2816 Collective gone, the entire region is now destitute of dispensaries, leaving hundreds of patients in the lurch.

On Tuesday, the DEA raided at least eight locations in the San Francisco Bay area, seizing more than 12,000 plants, $125,000 cash, and a fancy sports car. Despite somewhat hysterical initial reports in the local media, all the raids were connected with the New Remedies dispensary in San Francisco, which involved the same people involved in Compassionate Caregivers, which was raided by the DEA in Los Angeles in May 2005, when the feds found more than $300,000 in cash, sparking the investigation that culminated in the Monday raids.

On Wednesday, DEA and local law enforcement officers raided the Palm Springs Caregivers dispensary in Riverside County, seizing medicinal cannabis, but not making any arrests at the time. The raid came one day after the Riverside County Board of Supervisors voted to ban dispensaries in unincorporated county areas, which does not include Palm Springs, and one month after Riverside County District Attorney Grover Trask issued a white paper arguing that dispensaries are illegal under both state and federal law.

The raids triggered the Emergency Response Project of the medical marijuana defense group Americans for Safe Access, which brought out protestors last Friday at DEA headquarters in Los Angeles, as well as Modesto, Oakland, Sacramento, San Diego, San Francisco and Santa Ana. Demonstrators also greeted the Tuesday raids in San Francisco, and more actions are set for today.

"With our emergency response program, every time there is a federal raid -- and we can usually find that out in a matter of hours -- we activate our local response, as we did in San Francisco this week," said ASA's Caren Woodson. "But now, we're activating the national emergency response for Friday. It's a call-in day. We are urging everyone to call in to DEA administrator Karen Tandy and let her know how they feel about these raids. Karen Tandy has a lot of discretion, and she needs to exercise it."

While ASA is leading the immediate battle, it is not alone among movement groups in trying to figure out just what is going on. According to the DEA, it's nothing special, just enforcing the federal marijuana laws. "The two cases in which our office was involved, Modesto last week and here in the Bay area this week, were both the culmination of long-term investigations," said San Francisco DEA public information officer Casey McEnry. "In Modesto, the Modesto police began investigating and then passed it on to us, and with New Remedies, we had served warrants on them as Compassionate Caregivers in LA in May 2005, and we learned in December 2005 that they had changed their name and set up shop in Oakland," she told Drug War Chronicle.

"We can't read the DEA's mind, but there is no sign of an all-out offensive," said Bruce Mirken, director of communications for the Marijuana Policy Project (MPP). "These guys in San Francisco were already in the crosshairs -- they were victims of their own success -- but there are certainly plenty of other places operating openly. If the DEA wanted to, it could go after them with little effort, but it seems like a decision has been made not to do that."

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photo courtesy ASA
The DEA's McEnry did not respond directly to questions about whether the agency had taken a political decision to not aggressively crack down on the state's roughly 200 dispensaries, but she did issue a warning. "The magic plant count number is zero, the distribution number is zero if you want to be safe from us possibly knocking at your door," she said. "Anyone who cultivates or distributes marijuana is at risk."

While that may be bluster given the agency's limited resources, it is worrisome for dispensaries and their supporters. "These state-certified legal cannabis dispensaries look to the DEA like drug distribution havens," said Woodson. "If a dispensary is serving 150 people a day, the operator looks like a drug kingpin to them. They're like sitting ducks, they're listed in the phone book. And now some of these people are facing very severe sentences, some of up to life in prison.

It isn't just the DEA. "We have sporadic local police involvement in raids, mostly in counties where local government is not supportive, like Modesto or Riverside County, which is where Palm Springs is," said Mirken. "That tells us it is really important that local governments understand Proposition 215 and hear from their constituents that access to medicinal cannabis is important."

"They're picking locations where local decision-makers don't have a friendly attitude," said ASA's Woodson.

"These raids are really a drop in the bucket when you have 200 dispensaries out there," said Dale Gieringer, head of California NORML, "but we don't want to see them spread. I fear this is going to be a battlefield for awhile here until we come up with a regime that allows for better systems of dispensaries and production. The lack of a legal production system causes a lot of problems, and everybody in the dispensary business is operating in the black or grey market and vulnerable to legal uncertainties."

While medical marijuana dispensaries remain numerous in Los Angeles and the Bay area, the raids are having a very real impact on availability in some areas of the state. "In San Diego, a few months ago there were a dozen dispensaries in operation, but after the raids, they're gone and access to medical cannabis is largely gone," said Woodson. "There are only a handful of delivery services now, and they can't handle the demand. It's a similar situation in Modesto -- there aren't any dispensaries in the area now."

"I think it's going to continue for the short term, until something happens politically to change the dynamic," said Mirken. "That might not be until there is regime change in Washington, and maybe not even then, depending on how smart the Democrats are. It doesn't seem like anything is going to change drastically in California in the near term. Most people in the state government some local governments at least pay lip service to supporting Proposition 215, but we haven't seen much strong action from state officials with the clout to try to stop the raids. I really don't see anything moving on the state level," he said.

ASA's Woodson wasn't quite ready to give up on state government. "Here in California, we need to see more state officials standing up and denouncing these raids," she said. "The state legislature as a whole needs to take this issue on and create guidelines or craft prohibitions directing state and local law enforcement not to participate in these medical marijuana raids. The legislature is not doing its job if it is not properly protecting patients."

Another thing the legislature could do is restate and expand on its support for Proposition 215. "They should re-codify it and take a stand against the federal raids," said Woodson. "And they should demand our federal delegation pay more attention to this issue. All Diane Feinstein can talk about is meth; she and Barbara Boxer haven't raised a finger to help on medical marijuana. We would also like to see more law enforcement officers trained on the medical cannabis issue."

"California will do nothing statewide until federal law changes," predicted Gieringer. "I see this pattern of sporadic raids continuing until there is a change in the federal law. Two or three years ago, I would have said we were in mortal danger, but in fact, we've had nothing but an increase in the number of dispensaries even after we lost two Supreme Court decisions. Somehow I have a hard time believing that this is going to be reversed, especially given what happened in LA. Two years ago, there weren't any clubs in LA, now there are a hundred. It looks to me like the nation's second largest city is firmly infected with dispensaries. When it was just the Bay area, I was concerned the feds could shut it down, but they blew their chance. Now all they can do is bust someone every once in awhile and try to tarnish the image of the dispensaries, but they are here to stay."

Announcement: New Format for the Reformer's Calendar

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With the launch of our new web site, The Reformer's Calendar no longer appears as part of the Drug War Chronicle newsletter but is instead maintained as a section of our new web site:

The Reformer's Calendar publishes events large and small of interest to drug policy reformers around the world. Whether it's a major international conference, a demonstration bringing together people from around the region or a forum at the local college, we want to know so we can let others know, too.

But we need your help to keep the calendar current, so please make sure to contact us and don't assume that we already know about the event or that we'll hear about it from someone else, because that doesn't always happen.

We look forward to apprising you of more new features of our new web site as they become available.

Feature: Cases of Immigrants Deported for Minor Drug Offenses Heard at US Supreme Court This Week

The US Supreme Court Tuesday heard oral arguments in two consolidated cases that question whether immigrants who are legal US residents should face mandatory deportation for small-time offenses such as drug possession. Thousands of immigrants face such wrenching punishment, and according to the National Network for Immigrant and Refugee Rights, more than a million and a half people have been deported since the introduction of mandatory deportation for "aggravated felonies" under the 1996 Immigration and Nationality Act that is being challenged in these cases.

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US Supreme Court
That law expanded the definition of "aggravated felonies" -- crimes for which deportation is mandatory -- beyond serious violent crimes, which had been the previous standard. The cases before the Supreme Court this week revolve around whether offenses that are considered misdemeanors under the federal Controlled Substances Act but are considered felonies under state law in the states where people were convicted can qualify as "aggravated felonies" under the immigration law.

Many of those deported under the immigration law were in fact found guilty of serious crimes, but many others were not. In one case covered by the Drug War Chronicle, Joao Herbert, who was adopted by American parents from a Brazilian orphanage as a young child but who never applied for US citizenship, was arrested as a teenager for selling a small bag of marijuana. He was sentenced to probation, but federal authorities sought successfully to deport him under the 1996 law. Sent to a land he never knew, he scraped by for a few years as an English teacher before being gunned down by Brazilian police in 2004.

In the cases before the court Tuesday, Lopez v. Gonzales and Toledo-Flores v. US, the offenses for which the US seeks to deport immigrants are even more trivial than in Herbert's case. Jose Antonio Lopez was a Sioux Falls, SD, grocery store and taco stand owner who legally emigrated from Mexico in 1985. The married father of two children, who are US citizens, pleaded guilty to telling someone how to obtain cocaine. Such an offense is a misdemeanor under federal law, but was a felony under South Dakota law. Federal immigration officials classified his offense as an "aggravated felony" under the immigration law and deported him to Mexico.

Reymundo Toledo-Flores was arrested for cocaine possession in Texas, where it is a misdemeanor, but when he was caught trying to reenter the country he was hit with a two-year prison sentence because immigration authorities considered his Texas bust an "aggravated felony" under the immigration law. He is appealing the sentence.

"The problem here is that state law and federal law are at odds in determining the gravity of the offense," Justice David Souter said during oral arguments Tuesday. "Isn't that very strange that Congress would have wanted a reading of the statute that would turn its definition of a misdemeanor crime into an aggravated felony for purposes of the immigration laws?" he asked.

Bush administration attorneys argued that immigration officials correctly classified both cases. "The statutory definition of 'aggravated felony' encompasses large categories of criminal conduct under state law, without requiring a federal-law parallel," the US solicitor general wrote in a brief to the court.

Deputy Solicitor General Edwin Kneedler told the court Tuesday that the immigration law "looks to state law." If a drug offense is a felony under state law, it is a deportable felony under the federal law, he argued.

But three former Immigration and Naturalization Service general counsel disagreed in a friend of the court brief they submitted. "There is no clear indication that Congress intended the definition of aggravated felony to apply to drug offenses that are... misdemeanors under the federal law," they wrote.

Chief Justice John Roberts was thinking along similar lines. "It must give you pause," he told Kneedler, "that your analysis of a term 'drug-trafficking' offense... leads to the conclusion that simple possession equates with drug trafficking."

"Immigrants shouldn't be kicked out of the country for doing what the president of the United States did," said Bill Piper, director of national affairs for the Drug Policy Alliance. "It is clear that the type of drug offenses we are talking about here are not the type of offenses Congress intended when it passed that law," he told Drug War Chronicle. "It also seems like this raises equal protection issues because it looks like whether you get deported or not depends on which state you were convicted in. In those states where drug possession is a felony, you get kicked out; in those where it isn't, you don't."

Immigrant rights and civil liberties groups joined in calling on the court to reject the federal government's broad interpretation of the law, and even the Center for Immigration Studies, which generally hews to a hard line on immigration enforcement, was not overly enthusiastic about deporting small-time drug offenders. "If the state legislature has decided this is a serious crime and someone who commits it will get deported, it's not like that person didn't know it was illegal," said Dr. Steven Camarota, director of research for the group. "I don't see a problem with making those people go. In some cases, however, people plead guilty to a crime not realizing they would be subject to deportation, and that raises a fairness issue," he told Drug War Chronicle. "The whole criminal justice system is supposed to temper justice with mercy, but with immigration we've created so many exceptions and waivers that sometimes it's good to come down hard."

For Camarota, the whole debate over deporting immigrants for small-time drug offenses is "small potatoes" compared to the real immigration issues facing the country. "We are talking about a few thousand people when there are 37 million immigrants in the country," he pointed out. "There is nothing wrong with the way in which the government is approaching this, but it does seem like an awful lot of debate over something so small. We should be putting resources into general enforcement of immigration laws."

"The 1996 law is really destructive," said Arnaldo Garcia of the National Network for Immigrant and Refugee Rights. "On any given week, you have 20,000 or so legal permanent residents who committed small offenses sitting in jail under deportation proceedings. That includes things like a 20-year-old who had sex with his 17-year-old girlfriend, and it includes things like people getting arrested with small amounts of marijuana on them," he told the Chronicle. "The federal government is trying to institutionalize a double standard. Legal residents have equal rights under our court system, but after they have completed their sentences, they are then subjected to an unfair punishment -- banishment for life. This is a big crack in the foundation of equal treatment under the law."

There is little legal permanent residents can do, said Garcia. "What you can do is make sure you know the law," he said. "If you get arrested, you need to get the advice of an immigration attorney to know the consequences of the charge and whether it's a deportable offense. Some judges will work with you -- doing things like sentencing you to 364 days instead of 366, the difference between a misdemeanor and a felony -- but the INS just wants to deport your ass. I've seen people going in for their citizenship tests and immigration is waiting for them because they got busted as a teenager."

The ultimate protection from deportation under the immigration law is to become a US citizen. "That's easier said than done," said Garcia. "There is a huge backlog. I'm working with one family that submitted a reunification petition in 1994. Their case is just coming up now."

Weekly: This Week in History

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October 6, 2000: Former US President Bill Clinton is quoted in Rolling Stone: "I think that most small amounts of marijuana have been decriminalized in some places, and should be."

October 7, 1989: Former US Secretary of State George P. Shultz tells an alumni gathering at Stanford Business School, "It seems to me we're not really going to get anywhere until we can take the criminality out of the drug business and the incentives for criminality out of it. Frankly, the only way I can think of to accomplish this is to make it possible for addicts to buy drugs at some regulated place at a price that approximates their cost... We need at least to consider and examine forms of controlled legalization of drugs... No politician wants to say what I have just said, not for a minute."

October 7, 2003: Comedian Tommy Chong begins a nine-month federal prison sentence for operating a glass blowing shop that sold pipes to marijuana smokers.

October 8, 1932: The Uniform State Narcotics Act is passed, endorsed by the federal Bureau of Narcotics as an alternative to Federal laws. By 1937 every state prohibits marijuana use.

October 9, 2000: PBS begins a special two-day program entitled "Drug Wars." The series examines America's ceaseless efforts over the past three decades to stop the flow of illegal drugs into the country, and shows how the drug war wastes hundreds of billions of dollars, alters the criminal justice system, puts millions of people in jail, and allows organized crime to thrive.

October 10, 2002: Drug Czar John Walters travels to Las Vegas, Nevada and begins two days of making appearances around the state illegally lobbying against Question 9, a proposal to amend the state constitution by making the possession of three ounces or less of marijuana legal for adults. The measure is defeated at the polls the following month.

October 12, 1984: The Comprehensive Crime Control Act becomes law, establishing federal "mandatory minimum" sentencing guidelines allowing judges no discretion in handing down prison terms. Over the next two years drug sentences increase by 71% nationwide.

Sentencing: California Governor Signs Bill To Shorten Parole for Offenders Who Take Drug Treatment

California Gov. Arnold Schwarzenegger (R) quietly signed a bill Saturday that will allow nonviolent offenders to get off parole early if they complete an intensive drug treatment program. Under the new law, parolees who wish to participate will be sent directly to a five-month residential treatment program. Upon graduation, they will get off parole.

The new law will take effect in January. Only nonviolent offenders will be eligible, and they must have completed at least six months of drug treatment while in prison.

Post-release parole has proven onerous for many offenders. According to the California Department of Corrections and Rehabilitation, 47% of parolees are returned to prison as parole violators. These are people who committed administrative infractions -- failing to notify the parole officer of a new address or new job, coming up positive on a drug test -- not new criminal offenses. An additional 15% of parolees are returned to prison on new criminal charges. There are currently more than 116,000 people on parole in California.

Sponsored by state Sen. Jackie Speier (D-Hillsborough), the bill won the support of a variety of groups, including the powerful prison guards union. "Parolees who demonstrate that level of commitment to treatment deserve recognition for their effort, union spokesman Lance Corcoran told the Los Angeles Times Wednesday. "It's a concept worth supporting," he said. "The only question is how they are going to come up with enough drug treatment beds for everybody who qualifies.

Sen. Speier told the Times she sponsored the measure because about three-quarters of the state's 172,000 inmates have drug or alcohol issues. "If we can help them conquer their addictions and get them off this treadmill of returning to prison, we'll save the taxpayers hundreds of millions of dollars," Speier said.

Now the question is where the money is going to come from. The state will save $4,340 per year for each ex-convict it doesn't have to supervise. The bill signed this week does not earmark any funds for expanded treatment, but Speier suggested the savings on parole costs could pay for new beds.

Hemp: California Governor Vetoes Industrial Hemp Bill

California Gov. Arnold Schwarzenegger (R) last Friday vetoed a bill that would have allowed California farmers to grow industrial hemp. Sponsored by Assemblyman Mark Leno (D-San Francisco), Assembly Bill 1147 would have defined industrial hemp as an agricultural crop, limited its THC content to less than 0.3%, and mandated annual testing of fields to ensure content limits are met.

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(courtesy Independent Media Center)
In his veto message, Schwarzenegger said the measure conflicted with federal law and would have made it more difficult for law enforcement to monitor illicit marijuana crops. While he acknowledged recent successful court battles waged by the hemp industry, Schwarzenegger said "no court has specifically ruled that a live cannabis plant is a non-controlled substance or that farming these plants is not a regulated activity. As a result, it would be improper to approve a measure that directly conflicts with current federal statutes and court decisions. This only serves to cause confusion and reduce public confidence in our government system."

Schwarzenegger fell for the standard US police excuse that allowing hemp production would make it more difficult to stop outdoor marijuana grows: "Finally," he said, "California law enforcement has expressed concerns that implementation of this measure could place a drain on their resources and cause significant problems with drug enforcement activities. This is troubling given the needs in this state for the eradication and prevention of drug production."

Oddly enough, police in countries where hemp farming is a legal and productive part of the economy don't seem to have any problem distinguishing between industrial hemp and marijuana.

The hemp industry was not pleased. "Gov. Schwarzenegger's veto is a letdown for thousands of farmers, business people, and consumers that want to bring back industrial hemp to California to create jobs, new tax income and to benefit the environment," said Eric Steenstra, founder and President of Vote Hemp, the nation's leading industrial hemp farming advocacy group, in a Monday press release denouncing the veto. "The veto was not based on facts but instead an irrational fear he would look soft on drugs in an election year. His veto message shows he knew industrial hemp is an economic development and agriculture issue, but he instead allowed himself to be cowed by confused drug war lobbyists. AB 1147 would have reigned in the overreach by federal authorities that has prevented non-drug industrial hemp varieties of cannabis from be being grown on US soil for fiber and seed. It is disingenuous to cite federal restrictions when drug war lobbyists refuse to sit down with the large coalition of farmers, business people and environmentalists who crafted the industrial hemp legislation. Industrial hemp will continue to be the only crop that is legal to import, sell and consume, but illegal to grow, in California."

"It's unfortunate that Governor Schwarzenegger vetoed AB 1147. We had looked forward to the hemp oil and seed in our products being grown and produced right here in California," said David Bronner, chair of the Hemp Industries Association Food and Oil Committee and president of Alpsnack/Dr. Bronner's Magic Soaps. "Farmers in California, like farmers all across the United States, are always looking for profitable crops like hemp to add to their rotation. This veto clearly points out why HR 3037, the Industrial Hemp Farming Act of 2005, needs to be passed on the federal level."

Seven states (Hawaii, Kentucky, Maine, Maryland, Montana, North Dakota and West Virginia) have now changed their laws to give farmers an affirmative right to grow industrial hemp commercially or for research purposes. But the bill Gov. Schwarzenegger vetoed differs from those laws. In those seven states, the laws require a DEA license to grow the crop, one the agency is historically reluctant to provide. The California bill would have explicitly provided that the federal government has no basis or right to interfere with industrial hemp in California.

Law Enforcement: This Week's Corrupt Cops Stories

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We have them at every stage of the criminal justice process this week, from arrest to guilty plea to sentencing. For a pair of greedy, wheeling-dealing cops in St. Louis and Miami, the ride through the criminal justice funhouse is just getting started. A former St. Paul cop has just copped a plea, and now former cops in Connecticut and Hawaii are heading to prison. Let's get to it:

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Miami-Dade Police Department patch (or item # 180033018469 on ebay)
In Miami, a Miami-Dade County police officer was arrested last Friday on cocaine trafficking charges, the US Attorney for the Southern District of Florida announced in a press release the same day. Officer Errol Benjamin is accused of selling 13 pounds of coke while in uniform. He is charged with possession of cocaine with intent to distribute and faces up to life in prison and a $4 million fine, the feds noted.

In St. Louis, a suburban Hillsdale, Missouri, police officer was indicted in an elaborate cocaine distribution conspiracy, the office of the US Attorney for the Eastern District of Missouri announced in a press release last Friday. Hillsdale Police Sgt. Christopher Cornell conspired with a tow truck company operator to rip off drug dealers and resell their cocaine, the feds charged. The tow operator would set up drug runners to deliver cocaine in Hillsdale and notify Cornell, who would stop and jail them for minor violations, leaving their cars at the roadside. The towing company would then tow the cars, steal the drugs, and resell them. US Attorney Catherine Hanaway estimated that the scheme had brought in $2.4 million in profits. The indictment seeks the forfeiture of Cornell's property, including a Mercedes Benz and other cars.

In St. Paul, Minnesota, a retired St. Paul police officer pleaded guilty last Friday to possessing methamphetamine with the intent to distribute, the St. Paul Pioneer Press reported. Clemmie Howard Tucker, a 23-year veteran who retired in 1998, was busted trying to pick up 22 pounds of cocaine and 12 pounds of meth at the Greyhound Bus Depot in neighboring Minneapolis. Police put the value of the seized drugs at $4 million. Although Tucker was tearful and contrite during his plea, it doesn't matter: He faces a mandatory minimum 10-year prison sentence. Pending cocaine charges will probably be dropped at sentencing, Tucker's lawyer said.

In Bridgeport, Connecticut, a former Bridgeport police officer was sentenced to 45 months in prison for peddling oxycodone, the active ingredient in the popular pain reliever OxyContin. Former Officer Jeffrey Streck, 40, a 10-year veteran, pleaded guilty in January to conspiring to possess oxydone with the intent to distribute after being arrested by the FBI in 2005. According to the Associated Press, Streck was arrested as part of a three-month investigation into large-scale cocaine and marijuana trafficking and had arranged an Oxycontin buy.

In Honolulu, a Honolulu police officer who pleaded guilty to selling more than $5,000 worth of methamphetamine to an undercover informant was sentenced to five years and five months in prison on September 28, the Honolulu Star-Bulletin reported. Robert Henry Sylva, 50, had faced three counts of distributing meth during 2004, but copped to one count in a December plea agreement. Although Sylva faced an federal advisory guideline sentencing range of 7 to 12 years, US District Judge David Ezra cut him some slack at federal prosecutors' request after they said he had cooperated with investigators after being busted.

Sentencing: Federal Bill to Create Criminal Drug Dealer Registry Introduced

It was just a matter of time. First came the laws mandating that society's favorite demonized criminals, sex offenders, must register their whereabouts with the state even after they have completed serving their sentences. Next, various states began passing legislation requiring convicted methamphetamine cooks to do the same. Now, a Republican congressman from New Mexico, Rep. Steve Pearce, has filed federal legislation that would create a national online "criminal drug dealer" registry and require the states to do the same or risk losing federal aid.

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Do we really want to help kids find the drug dealers?
Last month, Pearce introduced yet another cutesy acronym of a bill, HR 6155, the "Communities Leading Everyone Away From Narcotics through Online Warning Notification Act," or the "CLEAN TOWN Act." Under the proposed bill, anyone convicted of a drug distribution, conspiracy, or possession with intent to distribute offense would be required to register with authorities annually and provide them with their name, address, employer and/or school information, social security number, criminal history, physical description, copy of official identification, and other personal information. Length of registration would vary from five years from the end of sentence for a first offender to 10 years for a second offender to life for a three-time offender.

The bill would require both the US attorney general and the various states to establish such registries. States that failed to comply would be penalized by withholding a percentage of the federal crime control funds they receive through the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act. Convicted drug dealers could be exempted from registration if they become snitches, or in the anodyne language of the bill, if they provide "substantial assistance in the investigation or prosecution of another person who has committed an offense."

The bill mandates that states pass laws criminalizing failure to register. Such laws must carry sentences of greater than one year. In other words, they must be felonies.

In a press release touting his new legislative baby, Pearce coached his sponsorship of the bill in terms of protecting the children and gave his constituents credit for the idea. "During our methamphetamine awareness tour across the 2nd District in August, I heard repeatedly that we should treat convicted drug dealers like we do convicted sex offenders," Rep. Pearce said. "Both have the capacity to violate our children and destroy their lives. Our communities need more tools to protect our children. In particular, parents and teachers have a right to know when someone who could poison their son or daughter lives in their neighborhood."

No other legislators have so far stepped forward to cosponsor the bill. It has been referred to the House Judiciary Committee.

Sentencing: Arizona Legislative Initiative Would Roll Back Reforms When It Comes to Methamphetamine Offenders

A decade ago, voters in Arizona approved a groundbreaking initiative, Proposition 200, "The Drug Medicalization, Prevention, and Control Act of 1996", which barred judges from sending first- or second-time drug possession offenders to prison. Instead, drug possessors are placed on probation and sometimes sent to drug court. But now, the Arizona legislature, concerned with the demon drug du jour, wants to treat those convicted of methamphetamine possession differently -- to be sent to jail or prison instead of getting probation and drug court.

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Arizona State Prison Complex - Safford
On the November ballot is Proposition 301, an initiative sponsored not by the voters but by the state legislature. If Arizona legislators wanted to go on the record as partially undoing Prop. 200, they could have voted to amend it. Instead, they crafted this proposition and dropped it in the laps of the voters.

"Meth is highly addictive and destructive," wrote Maricopa County (Phoenix) Attorney Andrew Thomas in a ballot argument for the measure. "There is a strong connection between meth abuse and identity theft. Phoenix has the second highest rate of methamphetamine abuse of all the nation's cities, as evidenced by drug tests done on arrestees... This proposition will change the law so that people arrested for possession of meth can be sentenced to jail or prison after their first conviction for drug possession. Currently, meth users can be incarcerated only after their second or third conviction for drug possession, or if they refuse to participate in treatment. Time in jail is often the only thing that offers meth addicts a secure, drug-free environment and an opportunity to reflect on their situation."

Proposition 301 singles out meth offenders for special treatment, and it does so on the basis of inaccurate ballot language -- language that survived a court challenge not on the merits, but because the challenge came too late. In the Arizona Legislative Council's analysis of the initiative, which is part of the ballot, the council informs voters that: "This change in the law will allow judges to use a jail term as a condition of probation to force methamphetamine users to comply with court mandated drug treatment and rehabilitation."

That language is misleading at best. While under current law, judges may not sentence people to jail or prison for first- or second-time drug possession offenses, they can put them on probation and send them to jail for violating it, as in, for instance, not complying with court-ordered drug treatment programs.

"Their spin is that this thing is simply a tool to force people to stay in treatment," said Caroline Isaacs of Meth Free Arizona -- "No" on 303. "That is completely contradictory to the bill's actual language," she told the Tucson Weekly last week. "Everybody is rightfully concerned about the extent of meth use in our community. But Proposition 301 would take us in exactly the wrong direction, in terms of dealing with our meth problem. To say the solution is to not provide treatment to people is absolutely backwards."

It is not just activists like Isaacs who oppose the measure. Pima County Superior Court Judge Barbara Sattler, who presides over the county's drug court program, told the Weekly "there is a lot of misconception concerning Proposition 301... It is true that first- and second-time offenders who possess small amounts of drugs (be it meth, cocaine, heroin, etc.) cannot be initially sent to prison or jail. However, if they violate treatment orders or get arrested for other felonies or drug offenses, they can be sent to jail or prison. Second-time offenders can get jail time up front as a condition of probation (although again they can not go to prison up front). Violating a treatment order means failing to drug test, testing positive for drugs or failing to attend treatment, whether that is going to counseling or failing to live in a halfway house catering to drug offenders," Judge Sattler wrote. "You can also go to jail or prison if you reject probation or refuse drug treatment."

A win for Proposition 301 would be a disaster, wrote Judge Sattler. "Incarcerating people keeps them off the streets, but when they come out, if they have not had treatment, they will begin using again. If this prop is passed, it will cost the taxpayers lots of money and clog prison with nonviolent addicts. While there is some drug treatment, in jail or prison, it is minimal and available only to a small percentage of prisoners.

"I think the bill is very short-sighted in targeting meth only," she continued. "While meth is certainly a horrible, highly addictive drug, addicts can be treated. Drug courts and other programs have had success. In the past, other drugs such as heroin and crack cocaine were the 'meth' of their time. The solution is not to target one drug. In a few years, there will be a new drug that takes the place of meth."

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