Ya está – Una iniciativa que convierte los delitos de tenencia adulta de marihuana en la menor prioridad de la fuerza pública de Fayetteville en Arkansas estará en la votación del 04 de noviembre. Pero los fiscales y funcionarios de la fuerza pública de la zona dicen que eso no importa.

Eddy Lepp, el activista californiano pro marihuana medicinal y legalización de la marihuana, puede recibir una condena de 10 años a cadena perpetua tras ser condenado por un jurado federal por cultivar más de 24.000 plantas.

Esta semana hay policías y agentes penitenciarios metiéndose en un lío de la lucha contra la droga de una costa a otra, de San Diego a Chicago y de Florida a Maryland.

“<em>Dying to Get High</em>” [Muriendo para colocarse] de los sociólogos Wendy Chapkis y Richard Webb es una obra innovadora que proporciona un retrato minucioso de uno de los colectivos pro marihuana medicinal más famosos del país.

La disposición antidroga de la Ley de Enseñanza Superior [<em>Higher Education Act</em> (HEA, por su sigla en inglés)] impide que estudiantes con condenaciones por delitos de drogas obtengan ayuda financiera por períodos específicos. El Fondo John W. Perry fue creado para ayudar a algunos de esos estudiantes y crear conciencia de la injusticia del dispositivo. Este año, está ayudando a dos estudiantes a permanecer estudiando.

En noviembre, los residentes californianos votarán en una tremenda iniciativa complicada de “tratamiento en vez de cárcel” conocida como Ley de Rehabilitación del Infractor No Violento [<em>Nonviolent Offender Rehabilitation Act</em> (NORA, por su sigla en inglés)], la cual aparecerá en la votación como Propuesta 5 [<em>Proposition 5</em>]. Ahora las líneas de batalla se están formando.

Después de un simposio de verano que reunió a expertos en cuestiones de justicia penal y condenación, la Comisión de Penas de EE.UU. ha anunciado que va a convertir las alternativas a la encarcelación en una de sus prioridades para el próximo año. Con un récord de más de 200.000 personas en prisión federal – siendo que más de la mitad es de infractores de la legislación antidroga -, es una buena noticia.

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