Reportaje: Comisión de Penas de EE.UU. examinará alternativas a encarcelación

La Comisión de Penas de EE.UU., el comité que instaura las directrices condenatorias para los tribunales federales, ha hecho muestras de que pretende concentrarse en fomentar alternativas a la encarcelación el año que viene, una acción bien recibida por los defensores de la reforma, pero contrariada por los conservadores y, probablemente, el Ministerio de Justicia de EE.UU. Las intenciones de la comisión fueron mencionadas en una anotación en el Diario Oficial de EE.UU. y sucede luego de aprobarse el plazo del 08 de septiembre para comentarios públicos.

Creada en 1984, la Comisión de Penas consiste en siete señalados del presidente que luego son confirmados por el Comité del Senado sobre el Judiciario de EE.UU. El comité se hace cargo de hacer recomendaciones condenatorias que automáticamente entran en vigor a menos que el Congreso estadounidense vote proactivamente para rechazarlas.

Aunque el Congreso haya promulgado nuevas sentencias severas varias veces en ataques de histeria anticriminalidad o antidroga, la Comisión de Penas tiene menos propensión a pasiones políticas y más probabilidades de tomar providencias en cuanto influencia restrictiva sobre la manía encarceladora del Congreso. Hace más de una década, por ejemplo, la comisión ha instado las reformas de las disparidades entre las penas contra la piedra y el polvo de cocaína que han apresado a miles de afroamericanos durante años por la piedra en tanto que personas en su mayoría blancas que tengan cantidades parecidas de polvo de cocaína cumplen mucho menos tiempo de prisión. El año pasado, la comisión promulgó cambios en las directrices condenatorias federales a fi n de reducir las sentencias para los infractores por crack.

Pese a las objeciones del Ministerio de Justicia de EE.UU., la comisión fue allende, volviendo las reducciones retroactivas para que algunos de los miles de infractores por piedra de cocaína que cumplían condenas largas pudieran salir de prisión unos cuantos meses antes.

Pero como unos 2.3 millones de personas están entre rejas en EE.UU., incluso más de 200.000 en el sistema federal – más de la mitad por delitos de drogas -, este año la comisión hizo muestras de que quiere ver más labores para reducir esas cifras. Este verano, hizo un simposio de dos días sobre las alternativas a la encarcelación, y, ahora, con el anuncio en el Diario Oficial, parece que la comisión seguirá por ese camino.

“El simposio veraniego fue una reunión buenísima de expertos en justicia penal”, dijo Kara Gotsch, directora de militancia del Sentencing Project, un comité de expertos de Washington, DC. “Había jueces, gente de la libertad vigilada y condicional, policías, académicos y militantes allá para platicar sobre lo que hacen los estados con relación a las alternativas a la encarcelación. Discutieron programas exitosos que desvían a la gente de la prisión. La comisión ha demostrado su interés en esta cuestión y ha dicho que distribuiría los materiales del simposio, entonces esperamos que la comisión busque aplicar parte de esto a alternativas a la encarcelación en el ámbito federal, inclusive expandir el cuadriculado condenatorio para que incluya las alternativas”.

No todos estaban tan entusiasmados. En un artículo del fin de semana en el Wall Street Journal, el Ministerio de Justicia de EE.UU. no parecía estar nada impresionado. La vocera Laura Sweeney dijo que aunque el ministerio esté interesado en el empleo de tecnologías de monitoreo expansivo, “no creemos que la utilización de alternativas deba expandirse sin más investigación rigurosa que muestre su eficacia para promover la seguridad pública”.

Igualmente, Michael Rushford de la conservadora Criminal Justice Legal Foundation, orientada hacia los derechos de las víctimas, advirtió que recurrir a menos apresamiento masivo podía resultar en aumentos en la criminalidad y la violencia. “Tengo edad suficiente para acordarme de los años 1960 y las tasas altísimas de criminalidad y homicidio que teníamos entonces”, dijo. “Aunque pueda haber un rol para el desvío de delincuentes juveniles, infractores por delitos graves necesitan estar entre rejas”.

Aunque no se sepa con seguridad qué podría recomendar la comisión, el simposio de verano oyó hablar mucho de los tribunales para delitos de drogas, corrección domiciliaria comunitaria y demás alternativas al encarcelamiento. Parece bien claro que la comisión quiere reducir el flujo de nuevos reclusos antes que lleguen a las puertas de la prisión.

“Vamos a ver qué puede ser propicio al principio antes que reduzcan alguien a prisión”, le dijo Ricardo Hinojosa, juez de tribunal de distrito y presidente de la comisión, al Wall Street Journal. Pero la comisión va a actuar con cautela, dijo.

“Las prioridades de la comisión para el año que viene todavía no están finalizadas”, dijo Gotsch, quien espera que ella también considere más reformas en el armazón de las penas para la piedra de cocaína y las sentencias mínimas obligatorias. “Pero el simposio y este anuncio nos han animado. Militantes como nosotros y la Families Against Mandatory Minimums (FAMM, por su sigla en inglés) seguirán haciendo presión por modificaciones en el cuadriculado condenatorio para priorizar las alternativas a la encarcelación. Está claro que la cuestión está en evidencia y ésa es una buena noticia”, dijo.

La Comisión de Penas puede – debe – causar impacto sobre el Congreso de EE.UU., dijo Gotsch. “Si logramos persuadirlos en materia de alternativas a la encarcelación, sería estupendo. Cuando la comisión hable sobre la cuestión de las penas, el Congreso debería hacerle caso”.