Reportaje: Fondo de becas en honor a John W. Perry, héroe del 11 de septiembre, auxilia a más estudiantes que pierden ayuda financiera a causa de condenaciones por delitos de drogas

Hace una década, el Congreso de EE.UU. aprobó una enmienda a la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Act (HEA, por su sigla en inglés)] de autoría del diputado Mark Souder (R-IN), el archiguerrero antidroga. Esa enmienda, conocida también como disposición antidroga de la HEA o la Pena de Eliminación de Ayuda, les niega préstamos, becas, aun prácticas a aspirantes a estudiante que tengan condenaciones por delitos de drogas. Desde su inicio, les ha negado ayuda a más de 200.000 aspirantes a estudiante y no se sabe cuántas personas simplemente no postularon por creer, correcta o equivocadamente, que no estarían aptas.

Como respuesta a la enmienda, StoptheDrugWar.org (DRCNet, por su sigla en inglés), en conjunción con Students for Sensible Drug Policy, un grupo fundado a consecuencia de la disposición antidroga, y otros amigos de las libertades civiles y creyentes en el valor de la enseñanza superior fundaron el Fondo John W. Perry para proporcionar auxilio financiero a estudiantes que lo pierdan a causa de condenaciones por delitos de drogas.

El fondo refleja las metas y puntos de vista de su tocayo, el oficial John William Perry de la Policía de Nueva York, un activista del Partido Libertariano y de la ACLU que habló a menudo en contra de la guerra a la droga. Además de vestir el uniforme de la Policía de Nueva York, Perry también era abogado, atleta, actor, lingüista y filántropo. Llenaba sus papeles de jubilación en el cuartel general de la policía cuando los aviones dieron contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Se fue corriendo de inmediato al sitio, donde murió intentando ayudar a los demás.

El Fondo Perry tiene como meta no solamente proporcionar oportunidades educacionales a los que la disposición les negó, sino también plantear la cuestión de las consecuencias injustas y contraproducentes de la disposición, y, por último, revocar la enmienda Souder en su totalidad. Aunque se haya hecho un poco de progreso al coartarse la disposición antidroga, todavía está en vigor. Hace dos años, como respuesta a cada vez más pedidos de revocación de parte de la Coalition for Higher Education Act Reform (CHEAR, por su sigla en inglés), el mismo diputado Souder ofreció una enmienda que restringiría la pérdida de elegibilidad al auxilio a personas que ya estuvieran en la universidad recibiendo la ayuda cuando fueron presas.

Las labores para lograr la abrogación categórica como parte de la renovación de la HEA vacilaron este año cuando los demócratas de la Cámara no tomaron providencias cuando llegó el momento decisivo. Sin embargo, los futuros postulantes tendrán la oportunidad de recobrar la elegibilidad al pasar por dos exámenes toxicológicos inesperados y suministrados por un programa de tratamiento. Dependiendo de cómo se lo implementa, puede crear una manera más corta y menos cara para que los estudiantes recuperen su ayuda financiera.

“Lamentamos que el Fondo Perry siga siendo necesario porque el Congreso no ha revocado totalmente su ley mal concebida contra la ayuda financiera”, dijo David Borden, director ejecutivo de DRCNet y fundador del Fondo. “Además de socorrer a algunos estudiantes merecedores cada año, el fondo también hace una declaración – no creemos apenas que sea una mala ley, la verdad es que distribuimos becas a individuos visados por la lucha contra la droga del gobierno. No queremos que la gente pierda su ayuda financiera a causa de condenaciones por delitos de drogas”, dijo.

Sólo con reformas parciales, aún hay espacio de proporciones considerables para las posibles víctimas de la disposición antidroga de la HEA. Este semestre, el Fondo Perry ayuda a dos de ellas.

Brandi McClamrock asiste al Instituto de Formación Profesional en Administración de Asistencia Sanitaria de Forsyth en Winston-Salem, Carolina del Norte. Tras ser arrestada en una redada de marihuana, descubrió que no estaba apta para ayuda financiera.

“Cursaba la facultad y mi compañera de habitación traficaba marihuana y les ayudé a ella y uno de sus clientes al darle un par de bolsas”, dijo McClamrock. “Mi compañera de habitación me tendía una trampa; había sido presa y los policías le ofrecieron un acuerdo: Si les pudiera conseguir alguien más importante, sobreseerían los cargos. Los policías allanaron mi casa, me arrestaron y me acusaron de tres delitos, pese a que todo fuera por menos de 28 gramos”.

Después de dos años de fechas de comparecencia y gastos de justicia, McClamrock se confesó culpable de acusaciones por la contravención de tenencia con la intención de distribuir. Escapó sin tiempo de prisión, pero tuvo que cumplir dos años de libertad vigilada no supervisada. Pero las consecuencias de su condenación a causa de la marihuana apenas empezaban a hacerse sentir.

“Empezaron a rechazarme para empleos a causa de mis antecedentes penales”, dijo. “He estado sirviendo a la mesa porque no lograba encontrar trabajo en mi área, entonces decidí volver a estudiar en administración de asistencia sanitaria en el instituto de formación profesional de mi región. No tengo dinero para costear la universidad – casi no me alcanza para pagar mis propias cuentas -, pero cuando llené el formulario FAFSA, me negaron”.

Fue una desilusión enorme, dijo McClamrock. “No tenía ni idea de que no me iban a dejar tener ayuda financiera a causa de eso. Tengo 25 años, mis antecedentes penales son un estorbo ¿y ahora ni siquiera puedo volver a estudiar? ¿Aun cuando intento superarme y mejorar mis perspectivas?”

Afortunadamente para McClamrock, un asesor le sugirió que buscara en la Internet becas a que pudiera postular y encontró el Fondo Perry. Aunque la suma que recibió del Fondo fue solamente del orden de los cientos de dólares, fue crucial. “Fue absolutamente la diferencia entre estar en la facultad y no estar en la facultad”, dijo. “Es algo buenísimo”.

Matt Daigle está en su segundo año en el Instituto de Formación Profesional de la Costa del Golfo en Panama City, Florida, donde asiste a cursos prequiroprácticos. También estaba en la facultad cuando fue preso vendiendo marihuana a un agente encubierto. Es el segundo beneficiario del Fondo Perry de este año.

“No estaba apto para ayuda por dos años”, dijo. “Paré de estudiar un semestre entero para trabajar, luego pagué una clase el semestre pasado, pero ahora tengo dinero para regresar. Uno de los orientadores en la facultad se conectó a Internet y encontró el Fondo Perry y fue una ayuda tremenda. Tengo apenas un semestre más de inelegibilidad para la ayuda financiera y esto me mantiene estudiando hasta entonces”, dijo Daigle, satisfecho.

“El Fondo es una tremenda ayuda para mucha gente”, dijo. “De la manera que es la ley, quieren castigarte. Quieren que seas una buena persona, pero luego dificultan hacerlo. El Fondo Perry te informa que hay gente que te respalda y agradezco por eso”.

“Estos estudiantes han sido reducidos a cárcel o prisión, han pagado multas, han pagado abogados, han pasado innúmeras horas solucionando sus situaciones jurídicas”, dijo Borden. “Después de todo ese castigo ya fulminado, ¿por qué deberían seguir siendo tratados de modo diferente?”

“No es que seamos solamente contrarios a tener la prohibición de las drogas, lo que yo soy y John Perry también, muy enérgicamente”, prosiguió Borden. “También es un segundo castigo de la gente que ya ha sido castigada por el sistema de justicia penal. Permanecer en la universidad para concluir su formación es casi por definición un paso positivo. Es una estupidez dificultarlo”.

La revocación categórica – no más reformas limitadas – es necesaria por otro motivo también, dijo Borden. “Con tanto que esta ley esté en vigor, muchísimas personas seguirán suponiendo equivocadamente que son permanentemente inaptas para ayuda financiera. Muchas personas simplemente suponen lo peor y tener esta ley en vigor sólo termina marginando a la gente. Recibimos correos electrónicos casi todos los días de personas que creen que no están aptas cuando lo están”.