Reportaje: Se prepara campaña internacional para detener ejecuciones por delitos de drogas

Las noticias aparecen generalmente como ecos en los teletipos o quizá como sumarios de un párrafo en los suplementos internacionales de los periódicos: “Irán ahorca a tres por contrabando de heroína”, “Vietnam condena 12 a muerte por drogas”, “Malasia ejecutará hombre por 2,2 kilos de cannabis”. Los anuncios pueden ser breves, pero hay un martilleo firme de ellos. Apenas la semana pasada se informó que Irán había entregado el cadáver de un pakistaní ejecutado por narcotráfico y que Malasia había condenado a un cobrador a muerte por narcotráfico.

Pese a la mortandad de crecimiento firme, el empleo de la pena de muerte como herramienta en la guerra contra las drogas raramente recibe mucha atención, ni hablar de análisis continuo. Pero eso puede empezar a cambiar ya que organizaciones de reducción de daños y derechos humanos se preparan para poner la matanza de infractores de la legislación antidroga sancionada por el estado en el candelero internacional.

El informe, La pena de muerte para infracciones de la legislación antidroga: Una violación del derecho internacional sobre los derechos humanos [The Death Penalty for Drug Offences: A Violation of International Human Rights Law], de autoría de Rick Lines, analista de la Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA, por la sigla en inglés), descubre que unos 32 países tienen dispositivos de pena de muerte para delitos de drogas en vigor, en su mayoría en África del Norte, el Oriente Medio y Asia. Aunque la pena de muerte esté reservada normalmente para ventas, tráfico o manufactura de drogas, las cosas no siempre pasan de esa manera, y, en algunos países, la simple tenencia puede justificarla.

El número de personas ejecutadas por delitos de drogas es fácilmente del orden de cientos, quizá aún más, todos los años. En el mes anterior, sólo Vietnam ha condenado más de 40 personas a muerte por delitos de drogas, en tanto que desde Irán viene un firme martilleo de anuncios de la agencia estatal de noticias de que otro traficante o dos o tres han sido ahorcados. China es famosa por realizar ejecuciones públicas masivas de infractores de la legislación antidroga, mientras que, en Singapur, decenas de ellos se enfrentan al carrasco todos los años.

Con todo, la cifra exacta de ejecuciones no es conocida, visto que, o los países no proporcionan detalles sobre ella, o no hacen desgloses de las causas de los ajusticiamientos.

“Es imposible llegar a un total anual preciso de las ejecuciones por delitos de drogas porque algunos países – China, por ejemplo – no lanzan detalles sobre la cifra de ejecuciones que llevan a cabo todos los años”, dijo Lines. “Aunque no podamos llegar a una cifra exacta, basta con decir que, en algunos países, como se ha detallado en el informe, los infractores de la legislación antidroga constituyen un porcentaje considerable de todos los ajusticiamientos cada año, entonces esta cuestión es de suma importancia en algunos de ellos”.

Esas matanzas violan el derecho internacional sobre los derechos humanos, argumenta el informe. Aunque el derecho internacional no prohíba la pena capital, sí la limita significativamente. El informe señala que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que la pena de muerte puede ser aplicada solamente a los “crímenes más graves”. Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias han fallado que los delitos de drogas no constituyen los “crímenes más graves”, lo que convierte las ejecuciones de infractores de la legislación antidroga en una violación del derecho internacional.

“La pena capital para delitos de drogas es apenas una ilustración de la manera por la cual los derechos humanos han sido sacrificados en nombre de la ‘guerra contra las drogas’”, dijo el profesor Gerry Stimson, el director ejecutivo de la IHRA. “Desdichadamente, la pena de muerte no es el único ejemplo de dichos abusos en el mundo entero. Las prácticas represivas de imposición de la ley, la rehúsa de servicios sanitarios a consumidores de drogas y la proliferación del contagio de VIH entre personas que inyectan drogas debido a la falta de acceso a programas de reducción de daños son demasiado comunes en muchos países por todo el mundo”.

Aunque la IHRA esté trabajando en todas estas cuestiones, ahora se prepara para llevar el tema de la pena de muerte al frente como parte de una campaña para vincular la reducción de daños con los derechos humanos. “Este informe es el primer informe de investigación de nuestro nuevo programa HR2 - reducción de daños y derechos humanos – y uno de nuestros énfasis más acentuados en este nuevo programa es la investigación e incentivo a cuestiones de derechos humanos relacionadas con las políticas de drogas y los abusos de los derechos humanos en contra de personas que consumen drogas”, dijo Lines. “La pena de muerte es una cuestión obvia al respecto y es importante ponerla de relieve junto con nuestra primera publicación. Esto hace parte de una campaña general y vamos a utilizar la investigación de varias maneras para realzar la cuestión en el ámbito internacional en 2008”.

La campaña emergente contra la pena de muerte para infractores de la legislación antidroga hace parte de un esfuerzo general para llamar más atención a los abusos de los derechos humanos en contra de personas involucradas con las drogas, dijo Lines.”Tanto la Human Rights Watch como Amnistía Internacional han dado bastante apoyo a nuestro trabajo en esta cuestión y han proporcionado consejos e informaciones importantes a lo largo del camino”, dijo. “Este enlace es importante para nosotros. Esperamos que la cuestión de la pena de muerte para las drogas pueda ser empleada para plantear la cuestión de los abusos contra los derechos humanos y de las políticas de drogas de modo más general dentro del movimiento de los derechos humanos de la corriente principal”.

La IHRA va a trabajar con grupos de derechos humanos y su red internacional de grupos regionales de reducción de daños para poner la cuestión en el candelero este año. En los EE.UU., eso quiere decir que grupos como la Harm Reduction Coalition van a sumarse a la lucha.

“En general, sentimos que cuanto más represivo el ambiente legal, tanto menos espacio hay para implementar medidas de reducción de daños en torno a la prevención al VIH, a la sobredosis y asuntos relacionados”, dijo Daniel Raymond, director de políticas de la coalición. “Vemos una correlación directa en lugares como Tailandia”, dijo.

La Harm Reduction Coalition ya ha estado trabajando en la cuestión hasta cierto punto y planea hacer más, dijo Raymond. “Hemos realizado un poquito de trabajo acerca de China y su tendencia a celebrar el día internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas ejecutando a la gente y hemos estado involucrados en las discusiones entre la IHRA y las redes regionales de reducción de daños respecto a esto”, dijo. “Vamos a involucrarnos nuevamente ya que esta campaña empieza a alistarse. Estamos muy interesados en presionar y traer la comunidad de reducción de daños en los EE.UU. a esta cuestión”.

Lines dijo que es tiempo de actuar. “Como hice la investigación para este informe, me sorprendí con la poca atención que esta cuestión ha recibido, pese al hecho de que las ejecuciones por delitos de drogas infrinjan claramente el derecho internacional. Había mucho menos material sobre el tema que supuse que habría cuando empecé”, observó. “También me sorprendí por ver que, aunque la tendencia mundial sea claramente hacia la abolición de la pena capital – el número de países que tienen pena de muerte ha disminuido firmemente a lo largo de los últimos 20 años –, al mismo tiempo, el número de países que poseen leyes que cuentan con la pena de muerte para delitos de drogas ha aumentado”, prosiguió Lines. “Eso va totalmente en contra de la tendencia general hacia lejos de la pena capital. Creo que es una cuestión en que podemos casi medir empíricamente los efectos negativos de la guerra contra las drogas sobre los derechos humanos”.

La campaña contra la pena de muerte para delitos de drogas recibió un estímulo el mes pasado cuando la Asamblea General de la ONU pidió una moratoria en la pena de muerte para todos los delitos. Ahora, la IHRA, su red regional y las grandes organizaciones de los derechos humanos están listas para empezar a hacer presión.

“Vamos a empezar a entablar cabildeo y campañas más directas este año”, prometió Lines. “No puedo dar más detalles de momento, pero usted volverá a tener noticias nuestras respecto a esta cuestión”.