Editorial: ¿Se Puede Ser Más Claro?

La semana pasada y ésta la Crónica de la Guerra Contra las Drogas ha informado sobre tres casos de presos que han alcanzado visibilidad en el clamor por el alivio de las condenas injustas. La semana pasada se informó el caso de Richard Paey, un paciente del dolor en silla de ruedas que falsificó prescripciones a fin de obtener analgésicos para su consumo personal (a los médicos no les gusta prescribir remedios para el dolor en los EE.UU.) y fue condenado por tráfico, en que aun el fiscal no cree que él estuviera involucrado, y sentenciado a una pena mínima obligatoria de 25 años en un tribunal de Florida. Un tribunal de apelaciones de Florida rechazó la apelación de Paey, pero dio el paso atípico de expresar simpatía por él en su decisión y sugestionó que buscara la clemencia del gobernador.

También la semana pasada se informó el caso de Weldon Angelos, que cumple 55 años en el sistema federal porque portó (pero no usó ni blandió) un arma de fuego durante una pequeña transacción con marihuana en Salt Lake City. El juez, un conservador importante que solía ser el escribiente de Antonin Scalia, destrozó la sentencia mínima obligatoria cuando la pronunció. La Corte Suprema de los EE.UU. dejó que la sentencia siguiera al negarse a oír el caso, a pesar del apoyo demostrado a Angelos en un alegato firmado por 150 ex funcionarios del Departamento de Justicia, incluso por cuatro ex Fiscales Generales. El Salt Lake Tribune y el Washington Post han pedido la conmutación de la sentencia y que el Congreso cambie la ley que la produjo. Como señala el Tribune, “Angelos estaba operando en un mundo en que todos portan armas porque, como dice la canción, siempre se anda con dinero. Es pueril que la ley que establece la sentencia o los fiscales que la invocaron deban sentirse ofendidos con la presencia de un arma en ese ambiente”.

Esta semana, damos informaciones sobre Tyrone Brown, un habitante de Dallas que cuando tenía 17 años de edad hace 16 años fue condenado a prisión perpetua por sacar positivo por consumo de marihuana mientras estaba en régimen de libertad vigilada por un asalto a mano armada de $2. Los defensores, así como órganos de la prensa como el Dallas Morning News y el programa 20/20, han dado a su caso un nivel de atención tal que el gobernador y el consejo de condicionales de Tejas pueden muy bien ponerlo en libertad muy pronto. Entre sus más recientes defensores está el juez – ahora ex juez, gracias a una elección perdida – que lo condenó.

Es bueno ver las voces de apoyo a estas víctimas de la guerra a las drogas. Pero, el coro aún no condice con el volumen y el nivel de ultraje que la situación merece. Ningún sistema “legal” puede ser considerado justo, o aun civilizado, cuando dichas farsas pueden ser posibles aun en teoría. ¿Qué tipo de sociedad permite que un adolescente reciba pena de prisión perpetua por simple consumo de marihuana? ¿Quién puede aun concebir 55 años por un pequeño delito no-violento? ¿Qué tipo de funcionariado se atreve a encarcelar a un paciente en silla de ruedas, que nunca hirió a nadie, por 25 años meramente por buscar aliviarse de su dolor? Aun la mayoría de los criminales probablemente tiene una moralidad superior a ésa.

El Presidente Bush y los gobernadores de Florida y Tejas deberían actuar ahora – Diciembre, este mes – para ayudar a Paey, Angelos y Brown. El Congreso de los EE.UU. y las legislaturas estaduales deberían actuar el próximo mes para abrogar las sentencias mínimas obligatorias y las normas de condenación para ayudar a incontables otros que aún son víctimas de las sentencias injustas y opresivas de la guerra a las drogas. Que el tratamiento justo y racional dentro de la justicia criminal sea un indicador de la decencia básica – ningún servidor elegido o señalado que aplique punición cruel y atípica debe ser considerado un verdadero servidor público. Eso no podía ser más claro.

Mientras tanto, use los siguientes enlaces para ayudar a algunos de los desdichados:

Richard Paey
Tyrone Brown
Clarence Aaron

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