Condenación: Nueva Yérsey toma providencias para encoger “zonas libres de drogas”, policías protestan

El gobernador Jon Corzine (D) de Nueva Yérsey, todos los 21 fiscales y la comisión sentenciadora estadual están de acuerdo que la ley de zonas libres de drogas del Garden State es ineficiente y desequilibrada racialmente y que debería ser enmendada, pero algunos agentes de seguridad de Nueva Yérsey discrepan. Aunque Corzine y sus aliados quieran reducir las zonas de libres de drogas, estos policías están haciendo presión por penas aún más duras.

Conforme a la actual ley neoyersina, cualquiera que sea atrapado vendiendo drogas a menos de 300 metros de un colegio o a 150 metros de un parque, edificio o vivienda pública está sujeto a un aumento en la pena, incluso sentencias mínimas obligatorias. Según la propuesta presentada por el estado e incorporada en un proyecto de ley pendiente, el A2877, las zonas libres de drogas serían reducidas en 60 metros, las condenas serían incrementadas para las ventas dentro de las zonas, pero se sobreseerían las sentencias mínimas obligatorias.

Las zonas libres de drogas se popularizaron como herramienta de la ley hecha para proteger a los niños de narcotraficantes, pero, como señalo la Comisión de Nueva Yérsey para Revisar la Condenación Penal en un informe de 2005 y nuevamente en un informe adicional este año, las zonas cubren enormes terrenos de la región urbana de Nueva Yérsey, sometiendo con efecto a los habitantes negros y morenos de la ciudad a penas mucho más severas que las enfrentadas por sus homólogos suburbanos o rurales. De acuerdo con la comisión, 96% de las personas presas según la ley son negras o hispanas.

Las leyes de zonas libres de drogas surtían otro efecto pernicioso también. Pese a que no detuvieran el tráfico de drogas dentro de las zonas, ellas sí resultan en sentencias mínimas obligatorias duras para los condenados. Vender una bolsa de marihuana en la zona hacía recibir un año de prisión, en tanto que una piedra de crack resultaba en tres. Consecuentemente, más reos cuestionaban sus casos, atascando los tribunales con traficantes de drogas de menor entidad.

Además de atascar las cortes, los fiscales también se quejaron que las mínimas obligatorias querían decir que había poca flexibilidad para hacer otros casos de delitos de drogas. Así, efectivamente los fiscales han tirado las mínimas obligatorias a cualquiera que acepte un acuerdo de confesión. Ahora, apenas los que contestan sus cargos en el tribunal y pierden reciben mínimas obligatorias.

Pero aunque el gobernador, los fiscales y la comisión condenadora quieran reformar más la ley sobre las zonas libres de drogas, algunos policías quieren tomar la dirección opuesta. “Déjenlo en 300 metros”, dijo John Rodger, jefe de policía de Rahway. “Y aumenten la pena en la zona de 60 metros”, le dijo él al Home News Tribune esta semana.

Con todo, Rodger reconoció que no podía acordarse de ninguna transacción en drogas que hubiera sucedido en o cerca de patios de recreo, un sentimiento compartido por la antigua fiscal de la Comarca de Middlesex, Caroline Meuly. La ley sobre las zonas libres de drogas tiene “un objetivo elogiable”, dijo, “pero no puedo pensar en ningún fichero (de un caso en materia penal) en que la gente haya vendido o visado a niños”.

Reformar la ley sobre las zonas libres de drogas de Nueva Yérsey como sugieren Corzine y compañía sería una mejora, pero aún visaría ante todo a narcotraficantes de menor entidad pertenecientes a minorías urbanas. Es mejor limitarla a casos de ventas reales de drogas a jóvenes o revocarla de una vez.