La nueva estrategia antidroga británica – Un poco más dura, quizá un poco más lista, pero esencialmente la misma de siempre

La semana pasada, el Ministerio del Interior de Gran Bretaña lanzó su nueva estrategia nacional antidroga de 10 años y todo indica que Gran Bretaña mantendrá esencialmente las mismas políticas que ha tenido durante los últimos 10 años. Como su homólogo estadounidense (vide artículo en esta edición aquí), la estrategia británica enfatiza la represión legal, con roles secundarios para el tratamiento y la concienciación sobre las drogas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, hay unos 332.000 “usuarios de drogas problemáticos” en el país fomentando un mercado de drogas ilegales calculado entre $8 $13 billones. Estas personas responden de entre mitad o un tercio del robo y el robo con allanamiento de morada en el país y el consumo de drogas de Clase A le cuestan al país cerca de $30 billones al año en dispendios con criminalidad y sanidad, dijo el Ministerio del Interior.

La nueva estrategia de 10 años estipulará más herramientas para que la fuerza pública persiga a traficantes y consumidores de drogas:

• La policía podrá incautar bienes pertenecientes a traficantes sospechosos al arrestarlos en vez de esperar la condenación, como actualmente deben hacerlo. La policía también podrá incautar un abanico más grande de bienes y el estatuto de limitaciones actual de 12 años relativo a la confiscación de activos será abandonado;

• Los tribunales podrán imponer órdenes de “comportamiento antisocial” contra narcotraficantes condenados, lo que los prohibiría de ingresar a ciertas áreas o tomar parte en ciertas conductas que acompañan el narcotráfico;
• Se incrementará el registro de drogas en los aeropuertos;
• La policía será más agresiva en el cierre de “narcocasas”;
• El gobierno creará una campaña informativa llamada “Delate a una rata” [Rat on a Rat].

El gobierno británico también va a perseguir a consumidores de drogas al amenazarles de cortar sus beneficios si se rehúsan a participar de programas de tratamiento de toxicomanía. “No creemos que sea correcto que el contribuyente ayude a sustentar vicios en drogas cuando los individuos pueden recibir tratamiento para superar barreras al empleo”, decía la estrategia.

Por el otro lado, la nueva estrategia también aumentará el apoyo a consumidores de drogas para ayudarles a encontrar vivienda y trabajo y creará proyectos piloto para “explorar el potencial de un empleo más flexible de los fondos para lidiar con las necesidades individuales”. También extenderá programas de mantenimiento con heroína y metadona para usuarios que no responden a otras alternativas de tratamiento y también buscará regímenes innovadores y eficaces de tratamiento.

Aunque el Ministerio del Interior estuviera felicitándose por el buen trabajo, los críticos no tardaron a acusarlo de promocionar las mismas políticas fracasadas de siempre, tomando parte en un proceso consultivo deshonesto y manipulando datos para describir un cuatro más abrillantado de sus éxitos y escamotear sus fracasos.

“La nueva estrategia antidroga sucede después de diez años de un fracaso desastroso de políticas, con todo, durante el proceso fingido de consulta y revisión del año pasado, el Ministerio del Interior no reconoció el fracaso completamente ni tomó parte de modo significativo en un debate sobre políticas alternativas. Al contrario, se ha reivindicado éxito con un alarde vergonzoso de estadísticas escogidas a dedo y tergiversaciones del Ministerio del Interior”, dijo Steve Rolles de la Fundación Transform Drug Policy. “En comparación, documentos que el gobierno intentó suprimir demuestran claramente que se han enterado de la natura contraproducente de la represión a las drogas del lado de la oferta durante muchos años, con todo siguen invirtiendo dinero en ella – algo del orden de los $6 billones al año – pese al conocimiento de que contribuía con más $32 billones al año en costes con la criminalidad”.

Con su nueva estrategia antidroga, el gobierno “está jugando a la política con la vida de la gente”, prosiguió Rolles. “Ahora tenemos una estrategia antidroga moldeada por necesidades políticas en vez de cualquier prueba de lo que funciona realmente”, dijo. “Trágicamente, la nueva estrategia no pasa de una regurgitación lamentable de equívocos pasados con un poquito de tergiversación cosmética y falsas apariencias. Sus perspectivas de causar un impacto significativo sobre los daños relacionados con la droga a los individuos y las comunidades son cero”.

“Las políticas de drogas sirven a la gratificación de los políticos”, dijo el parlamentario laborista Paul Flynn, antiguo partidario de la reforma de la ley sobre las drogas, en un comentario en The Guardian. “El bulo es que políticas ‘duras’ son populares y cosechan muchísimos votos. Quitarles beneficios a los adictos es ‘duro’. Son necesarias ‘políticas inteligentes’. Ellas exigen coraje – un bien en escasez en el parlamento”.

La Drugscope, la “organización benéfica que trata de las drogas” de Gran Bretaña, fue un poco más amable en su respuesta a la estrategia. “La inversión del gobierno en los últimos 10 años debería ser reconocida, pero aún hay mucho que hacer para reducir los daños que las drogas causan”, dijo Martin Barnes, director de la organización. “Se acoge bien el énfasis en apoyar a familias y mejorar los resultados para la gente que pasa por tratamiento de la toxicomanía. Sin embargo, aunque la estrategia sea fuerte en aspiración, no se sabe cómo se presentarán el cambio y la mejora, particularmente en una época de reducción de fondos para el tratamiento adulto y los servicios de drogas de los jóvenes”.

Barnes también aplaudió el compromiso del gobierno con mejorar el acceso a la capacitación profesional para consumidores problemáticos, pero criticó la propuesta de quitarles beneficios a los usuarios. “Sería absurdo quitarles beneficios, particularmente ya que uno de los objetivos de la estrategia es romper el vínculo entre las drogas y la criminalidad. El palo de la coerción y las amenazas de quitarles beneficios serán contraproducentes sin apoyo positivo, asesores bien entrenados y el abordaje a la desgana de los empleadores de reclutar ex consumidores de drogas”, predijo Barnes.

Barnes tampoco estaba muy entusiasmado con la represión legal más dura. “Ya se esperaba el anuncio sobre las incautaciones de activos, pero la policía municipal necesita trabajar junto con los servicios de tratamiento y prevención a las drogas si es que va a haber un impacto real en reducir los daños de las drogas en las comunidades”, dijo.

Pequeños cambios y desplazamientos en las énfasis en las estrategias antidrogas no son suficientes – se necesita un cambio radical en las políticas, dijo Rolles de la Transform. “El primer paso, si es que hay cualquier esperanza de que el daño relacionado con la droga sea reducido a largo plazo, es que el gobierno empiece a decir la verdad. Esto quiere decir reconocer el fracaso de un abordaje conducido predominantemente por la represión y empezar a desplazar el cambio de políticas hacia iniciativas comprobadas de salud pública. Esto involucrará la inversión de dinero en concienciación, prevención, tratamiento y el trato con la privación social que subyace el consumo de drogas más problemático – en vez de aún más represión policíaca y militar de mano dura que sólo sirve para empeorar los problemas de las drogas, llenar nuestras prisiones y maximizar los daños de las drogas”.