Penas: Ministro de Justicia de EE.UU. evoca fantasma de subida en delitos de sangre si presos por crack son libertados y advierte que puede intentar bloquearlo

Dos veces en dos días la semana pasada, Robert Mukasey, el ministro de Justicia de EE.UU., arremetió contra la decisión de diciembre de la Comisión de Penas de EE.UU. de aplicar reducciones en las condenas federales contra el crack a prisioneros que están actualmente entre rejas, advirtiendo que pueden provocar una subida en los delitos de sangre el jueves pasado y dando a entender al día siguiente que puede intentar bloquear las liberaciones.

La decisión de la Comisión de Penas trajo alguna justicia a unos 19.500 presos federales, cerca de 85% de los cuales son negros, quienes fueron sentenciados de acuerdo con las severas leyes federales contra el crack. Unos 2.500 de ellos podrán empezar a solicitar reducciones de sentencia en marzo, un proceso que indudablemente durará meses y no resultará automáticamente en reducciones para todos.

Con todo, el jueves pasado, en discurso ante la Conferencia de Alcaldes de EE.UU., Mukasey advirtió que unos 1.600 infractores condenados por crack, “muchos de los cuales son integrantes de pandillas violentas”, pueden ser puestos en libertad hasta marzo. “Antes de dar ese paso, necesitamos pensar bastante para ver si ésa es la mejor manera de lidiar con esto – para ver si sirve mejor a los intereses de la justicia y la seguridad pública”, dijo Mukasey. “Un influjo repentino de criminales oriundos de prisiones federales en sus comunidades puede acabar en un aumento de nuevas víctimas con un resultado trágico, pero previsible”.

Los juristas y analistas de la reforma condenatoria contactados por el Los Angeles Times no tardaron en criticar los comentarios de Mukasey. “En la grande barredura del sistema de justicia penal de EE.UU., la liberación de este número minúsculo de presos no afectará las tasas de criminalidad. Sin embargo, va a mejorar considerablemente la equidad percibida de nuestro sistema de justicia penal”, dijo Paul Cassell, profesor en la facultad de derecho de la Universidad de Utah y destacado conservador, al señalar que ningún prisionero sería puesto en libertad a menos que un juez fallara que no era una amenaza a la comunidad. “Todos estos presos van a ser libertados en el futuro”, dijo Cassell, “entonces, el dispositivo de retroactividad simplemente proporciona una ligera aceleración de su fecha de liberación”.

Las cifras de Mukasey son engañosas, dijo Marc Mauer, director ejecutivo del Sentencing Project. “Cerca de 700.000 personas egresan de la prisión este año, muchas de las cuales fueron condenadas por un delito de sangre. Entonces el cambio quiere decir que ahora tendremos 701.600. Parece que no está captando el mensaje”, dijo Mauer.

Pese a las críticas, Mukasey volvió a hacer de las suyas el viernes pasado. En una sesión informativa con la prensa, él dijo que el Ministerio de Justicia puede intentar bloquear las reformas en las directrices condenatorias que resultarán en las liberaciones tempranas. “Vamos a intentar hacer lo que podamos para mitigarlo”, dijo Mukasey. “Es obvio que a nosotros nos gustaría que se hiciera algo con respecto a una cosa que, de primero, creemos no haber sido prudente”. El ministerio puede indicar una ley para bloquearlas, dijo, aunque reconociera que sería difícil aprobarla en el Congreso demócrata.

“Muchos de esos [reos aptos para la puesta en libertad] estaban implicados en violencia y se puede esperar que continúen después que salgan”, les dijo Mukasey a los reporteros. Él reiteró sus comentarios del día anterior de que temía que los presos que van a ser libertados prematuramente podrían no haber recibido ni capacitación profesional ni tratamiento de la drogodependencia. “Nada de eso habrá sucedido o mucho de ello no habrá sucedido, cuando algunas de estas personas salgan”, dijo. “Y eso causa ansiedad”.

Douglas Berman, profesor de derecho en la Universidad Estadual de Ohío y publicador de la bitácora Sentencing Law and Policy, especuló: “Sospecho que ahora el ministro Mukasey se esté ‘manifestando excepcionalmente’ sobre todo para influenciar a los jueces de distrito federal mientras ponderan solicitudes de modificación en las condenas para el crack. Como el ministro lo sabe, ningún reo recibirá reducción de sentencia sin aprobación judicial. Durante el período pos-Booker, manifestaciones severas de parte del Ministerio de Justicia de EE.UU. han hecho que los jueces fueran particularmente cautelosos con sentencias indulgentes que podrían devenir temas de conversación política ‘dura con la criminalidad’. Sospecho que el ministro y la Justicia esperan que dichas manifestaciones sobre dirigirse al Congreso puedan facilitar que los fiscales federales locales se opongan a reducciones en las condenas en casos individuales”.