Pese a adoptar formalmente la reducción de daños como parte de una estrategia nacional antidroga en 2003, el gobierno canadiense sigue gastando la vasta mayoría de sus fondos antidrogas en medidas legales no comprobadas y probablemente contraproducentes, de acuerdo con un estudio publicado el lunes. El informe fue lanzado al mismo día en que la encuesta del Vancouver Sun, la cual descubrió que dos tercios de los canadienses apoyan tratar el consumo de drogas como cuestión de salud pública. Juntos, el estudio y la encuesta son una crítica acerba para el gobierno conservador del primer ministro Steven Harper, que ha prometido una nueva estrategia nacional antidroga con un fuerte énfasis en la represión legal.

Producido por el BC Center for Excellence in AIDS, que ha sido financiado parcialmente por el gobierno provincial de Columbia Británica, "Canada's 2003 renewed drug strategy -- an evidence-based review” [La estrategia antidroga renovada de 2003 de Canadá – un examen basado en pruebas], ofrece una crítica devastadora de lo que sus autores llaman de “americanización” de las políticas de drogas canadienses. El estudio advierte que la dependencia continua de dichas políticas sería un “desastre”.

[inline:canada-parliament.jpg align=left caption="Parlamento Canadiense, Ottawa (cortesía de la Biblioteca del Parlamento)"]El estudio descubrió que de $368 millones que el gobierno federal canadiense gastó en programas antidrogas en 2004-05, unos $271 millones, o 73%, fueron invertidos en medidas de represión legal como investigaciones de la Real Policía Montada Canadiense, el control de las fronteras y los procesos federales de los delitos de drogas. Otros $51 millones (14%) fueron destinados a los programas de tratamiento y $26 millones (7%) fueron gastados en “coordinación y pesquisa”, en tanto que los programas de prevención y reducción de daños estuvieron a régimen de hambre con $10 millones (2,6%) cada uno.

Canadá tiene poco que mostrar por todo ese dinero gastado en la imposición de la ley antidroga, sugirió el estudio. El informe mostró que la Estrategia Antidroga de Canadá no ha logrado estancar los grupos de canadienses que prueban drogas ilícitas. En 1994, 28,5% de los canadienses informaron haber consumido drogas ilícitas durante sus vidas; por vuelta de 2004, ese dato había saltado a 45%.

La proporción de gastos antidrogas federales dedicados a las actividades de represión legal ha disminuido de los 95% en 2001 después que el ex gobierno liberal empezó a enfatizar la reducción de daños y la prevención en vista de las críticas del auditor general federal y otros críticos. Pero, para los autores del estudio lanzado el lunes, la parte del presupuesto dedicada a la imposición de la ley sigue inaceptablemente alta.

“Aunque la meta declarada de la Estrategia Antidroga de Canadá sea reducir el daño, las pruebas obtenidas a través de este análisis indican que el énfasis abrumador sigue estando en los abordajes convencionales basados en la represión, los cuales son costosos y a menudo exacerban, en vez de reducir, los daños”, concluyó el informe.

“Los gastos federales actuales en iniciativas científicamente comprobadas que objetivan el VIH/SIDA y otras enfermedades graves son insignificantes cuando comparados a los fondos dedicados a la represión legal”, dijo el Dr. Julio Montaner, director del BC Center for Excellence in HIV/AIDS y uno de los principales autores del informe. “Sin embargo, aunque las intervenciones de la reducción de daños sustentadas a través de la estrategia antidroga estén siendo puestas a un padrón extraordinario de prueba, aquéllas que reciben la proporción más grande de la financiación siguen siendo subevaluadas o ya han probado ser ineficaces”.

Ese comentario fue un ataque directo hecho contra la reluctancia del gobierno Harper a reautorizar el Insite, la instalación de Vancouver que es el único local de inyección segura de Norteamérica para usuarios de drogas duras. El 01 de septiembre, cuando el ministro de Sanidad, Tony Clement, le dio a la instalación sólo un año de reautorización (había solicitado tres), él cuestionó públicamente las pesquisas que muestran que el local es eficaz, que salva vidas y que no aumenta los índices de consumo de drogas o de criminalidad en el barrio. Se necesitaban más pesquisas, dijo Clement.

Al mismo día, la Asociación de la Policía Canadiense, que representa a oficiales de alto rango y grado, condenó públicamente las medidas de reducción de daños. El vicepresidente de la Asociación, Tom Stamatakis, le dijo a los medios en la época que la reducción de daños estaba absorbiendo demasiado dinero de la ley. “Este enfoque de reducción de daños ha llevado a niveles sin precedentes de criminalidad en nuestra ciudad”, dijo, pidiendo una nueva estrategia nacional antidroga que se concentre en el tratamiento, la prevención y la represión.

Pero, eso es precisamente lo que no se necesita, descubrió el estudio del BC Center. “La propuesta americanización de la estrategia antidroga hacia afianzar un abordaje severo que confíe en la represión legal será un desastre”, dijo el Dr. Thomas Kerr, coautor del estudio. “Es como si el gobierno federal estuviera dispuesto a ignorar una montaña de ciencia para llevar a cabo una agenda ideológica”.

“Creo estupendo que este estudio haya sido lanzado”, dijo Donald McPherson, coordinador de políticas de drogas de la ciudad de Vancouver. “Ello muestra claramente que aunque haya existido algún movimiento desde 2001, todavía no hay una estrategia antidroga muy equilibrada. La encuesta de esta semana muestra que el público lo comprende, que la gente entiende que esto es ante todo una cuestión de salud”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “Espero que la gente en el gobierno federal examine las pruebas y perciba por fin que los abordajes comprobados son preferibles a los abordajes del tipo ideológicamente contrario a las drogas. El hecho que el público lo comprenda les ayudará a los políticos a comprenderlo”.

El estudio también conquistó los aplausos de la parlamentaria del Este de Vancouver del Nuevo Partido Demócrata (NDP), Libby Davies, que en un mensaje a eNDProhibition, la ala antiprohibicionista del partido, dijo que concordaba que “el gobierno conservador debe parar de fiarse en un abordaje represivo para tratar de problemas asociados con el consumo de drogas ilegales en Canadá. Mis colegas del NDP y yo hemos apoyado un abordaje de reducción de daños, concienciación y prevención al consumo de drogas ilegales durante mucho tiempo en Canadá”, añadió.

“Los prohibicionistas nunca han sido convocados a justificar la prohibición y este informe está diciendo que no pueden justificar estas políticas”, dijo Eugene Oscapella de la Canadian Foundation for Drug Policy. “Esto es dicho por una organización creíble y ello ayudará a influenciar a la opinión pública”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “Ello repercutirá junto a los canadienses en general, pero dudo mucho que haga que los conservadores cambien el rumbo de las cosas. Esta gente está bien dispuesta a ignorar los hechos en la búsqueda de sus metas ideológicas”.

Aunque la encuesta del Vancouver Sun del lunes mostrara que sólo un tercio de los canadienses son a favor de abordajes legales severos, observó Oscapella, ese un tercio es la base del Partido Conservador. “Los conservadores estarán de acuerdo con sus bases en esto, pero hasta el punto en que este informe conciencie el público, puede causar impacto en las márgenes”.

La Crónica de la Guerra Contra las Drogas contactó al Ministerio de Justicia canadiense en busca de comentarios, pero sus funcionarios nos encaminaron al Ministerio de Sanidad de Canadá, que no ha contestado las preguntas.