En su primera revisión de la legislación sobre la incautación de activos de Canadá, el viernes pasado la Corte Suprema canadiense falló que el gobierno no puede decomisar la casa de una mujer de Vancouver que cultivó marihuana allí. En Craig vs. Corona, el tribunal decidió por 5 votos contra 2 que Judy Ann Craig podía quedarse con su casa pese a que fuera condenada por cultivar más de US$ 100.000 en marihuana en ella.

[inline:canadasupremecourt1.jpg align=right caption="la Corte Suprema canadiense (Philippe Landreville, scc-csc.gc.ca)"]Pero en dos casos relacionados, por 4 votos contra 3 el tribunal superior decidió sostener un mandamiento parcial de incautación en contra de un hombre de Quebec y ratificar por unanimidad el decomiso de una casa perteneciente a una pareja de Surrey, en Columbia Británica, que la compró solamente para cultivar marihuana. El trío de fallos significa que los jueces canadienses deben sopesar los pormenores de cada caso y pueden dictar mandamientos de incautación graduados conforme a las circunstancias de cada caso.

“Se puede anticipar la incautación total, por ejemplo, en el caso de una propiedad fortificada que fue comprada para efectos criminosos y se dedica únicamente a la producción y distribución comerciales de sustancias ilegales, tal vez con una relación con el crimen organizado”, escribió la ministra Rosalie Abella por la mayoría en el tribunal. “Por el otro lado se podría denegar el mandamiento de incautación en el caso de un individuo sin antecedentes penales y sin relaciones con el crimen organizado que cultive poquísima marihuana en su casa”.

Los fallos también ordenan que los tribunales inferiores consideren la incautación de activos aparte de las penas de prisión o las multas para que los reos no puedan efectivamente comprar su salida de la cárcel. “Los que no posean propiedad no deben ser tratados con más severidad que los que la tienen”, escribió Abella. “A mi juicio, la pérdida o la retención de la libertad no debe depender de la posibilidad de que un individuo posea propiedad disponible como alternativa sacrificial”.

Craig, 57, no tenía antecedentes penales cuando empezó a cultivar para un amigo con sida en 1998. Pero reconoció ganar cerca de US$ 100.000 al año con su operación y contaba con 186 plantas cuando la capturaron en el 2003. Empero, la consideraron una cultivadora de menor entidad sin lazos con pandillas. Cumplió una sentencia de un año de libertad vigilada y pagó una multa de US$ 100.000 por impuestos impagados y un recargo de US$ 15.000 a la víctima.

El abogado de Craig, Howard Rubin, le dijo a The Canadian Press que estaba encantado con los resultados. “No es una criminal de carrera. No pertenece a Hell’s Angels. Es una señora de 57 años de edad que trabaja durísimo”, dijo y agregó que actualmente trabajaba como mayorista. “Fue un tremendo peso para ella que ahora ha sido levantado. Esta herramienta de incautación puede terminar siendo muy opresiva si la utilizan contra gente que tiene pequeñas operaciones de cultivo y no posee ningún antecedente penal y ninguna implicación con el crimen organizado - como la Sra. Craig”.