Han fracasado dos intentos distintos de imponer exámenes toxicológicos aleatorios e infundados a grupos diferentes en Luisiana – uno gracias a una impugnación judicial, el otro merced a la política. Los resultados deben poner un fin a la barahúnda acerca de los exámenes toxicológicos en el Bayou State en los últimos meses, pero, si uno conoce la clase política de Luisiana, puede que eso no suceda.

[inline:drugtestinglab.jpg align=right caption="laboratorio de exámenes toxicológicos"]En la primera derrota, el Distrito Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge celebró una orden de consentimiento con la Federación de Maestros de la zona y la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que acepta no someter a los maestros a exámenes toxicológicos sin sospechas particularizadas. Anteriormente, los maestros y ACLU habían cursado una querella contra el distrito escolar a causa de su política de exigir que cualquier profesor o profesora que se lesionara en el trabajo pasara por un examen toxicológico, independientemente de cualquier sospecha de que él o ella estuviera intoxicado(a).

El caso se refería a Peggy Reno, quien llegó a ser maestra del año de East Baton Rouge. En septiembre del 2008 un estudiante le dio un puñetazo. Pese a que no hubiera indicios ni sospechas de que estuviera bajo los efectos de drogas o alcohol, el distrito escolar le exigió que se tomara un examen toxicológico invasivo.

“La Constitución [de EE. UU.] requiere correctamente que tales cacheos invasivos se fundamenten en sospechas razonables”, dijo Adam Wolf, abogado de ACLU. “Los servidores públicos, como todos nosotros, no pueden ser forzados a probar su inocencia cuando no hay pruebas de que hayan hecho algo equivocado”.

“En este caso, tanto el buen sentido como la Constitución [de EE. UU.] pedían un cambio de dirección”, dijo Katie Schwartzmann, abogada de ACLU Luisiana. “Es un desperdicio de tiempo y dinero, ni hablar de una burda infracción de los derechos de los educadores, el hacer exámenes toxicológicos sin sospechas”.

Como si ese escollo no bastara, el lunes se estranguló un proyecto de ley en el Legislativo de Luisiana que habría exigido la realización de exámenes toxicológicos con los beneficiarios de prestaciones sociales por 11 votos contra 5 en el Comité de Presupuestos de la Cámara. Su ponente, el diputado John LaBruzzo (R-Metairie), había argumentado que su propuesta podía ahorrar dinero para el estado con problemas de salud duraderos ocasionados por la toxicomanía y ayudaría a las familias a conseguir tratamiento para la adicción.

Según el proyecto de ley, se exigiría que las personas que recibieran beneficios en efectivo del Programa de Asistencia Temporal Independencia de la Familia pasaran por exámenes toxicológicos a fin de permanecer en el programa. Si se constatara la presencia de drogas en sus organismos, tendrían que tratar su adicción o perderían sus beneficios.

“Examinamos para asegurar que los niños estén en un ambiente seguro en que sus padres no estén consumiendo drogas abusivamente”, dijo LaBruzzo en comentarios citados por Associated Press.

Pero otros legisladores atacaron el proyecto de ley con base en principios fiscales y constitucionales. “Usted visa a un grupo específico de individuos”, dijo la diputada Patricia Smith (D-Baton Rouge). El diputado Jim Fannin (D-Jonesboro), presidente del comité, cuestionó el costo del proyecto, calculado en US$ 625.000 para el primer año y US$ 2,6 millones a lo largo de cinco años. El estado con problemas de liquidez no puede permitirse el lujo de nuevos programas costosos, dijo, al depositar su voto en contra del proyecto.