Cae otra agente penitenciaria, un policía californiano pica en el anzuelo, un oficial de la Policía de Nueva York recibe un tirón de orejas, un policía de Massachusetts es capturado, un policía estatal de Massachusetts acepta un acuerdo y un supervisor de exámenes toxicológicos de Houston se pone codicioso. Otra semana más en la lucha contra la droga. Vamos a ello:

En Glendora, California, el 20 de mayo arrestaron a un ex policía de Glendora por presuntamente robar dinero y metanfetamina durante una emboscada el año pasado. El ex oficial Timothy Radogna, 33, fue acusado de hurto mayor, tenencia de drogas para ventas y tenencia de drogas con arma de fuego. La Policía de Glendora llevó a cabo una “investigación de integridad” contra Radogna después de recibir información de que no registraba drogas y dinero como pruebas. La policía dejó dinero y metanfetamina en un auto y le pidió que registrara las pruebas. Se embolsó US$ 1.000 y una pequeña cantidad de metanfetamina. El policía con tres años de servicios prestados al cuerpo fue suspendido después de la emboscada el semestre pasado y lo despidieron en diciembre. Puede recibir hasta nueve años de prisión.

En Houston, el 21 de mayo arrestaron a un supervisor de exámenes toxicológicos de la Comarca de Harris por aceptar un soborno de US$ 200 para entregar un formulario fraudulento de examen toxicológico. Thomas Walker, 22, empleado de la Secretaría de Supervisión Comunitaria y Administración Penitenciaria, había trabajado para la comarca durante solamente dos meses cuando aceptó dinero de un investigador encubierto de la fiscalía para presentar una muestra no contaminada de orina cuando el investigador no entregó ninguna. Lo acusan de cohecho y adulteración de documento del gobierno. Ha dimitido después que le dijeron que sería despedido. Puede recibir hasta 20 años de prisión por cohecho.

En Mashpee, Massachusetts, el 20 de mayo un ex policía de Mashpee fue arrestado por cargos de delitos de drogas después que la Policía de Barnstable ejecutó una orden de registro en su casa. Acusan al ex policía Joseph Kelley, quien dimitió del cuerpo en febrero, de un cargo de tráfico en derivados de opiáceos después que la policía encontró 200 pastillas de oxicodona y varias otras pastillas y líquidos. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Kelley como parte de una “investigación de OxyContin en curso”, dijeron.

En la Ciudad de Nueva York, el 21 de mayo absolvieron a un sargento de la Policía de Nueva York de cargos de venta de drogas, pero lo condenaron por improbidad. El sargento Michael Arenella había sido acusado de supervisar a una banda de agentes antidrogas encargados de robar cocaína en piedra y dinero de traficantes y utilizarlos para pagar a informantes. Un juez de la Corte Suprema del estado lo declaró inocente de los cargos de venta y tenencia, pero sí lo condenó por improbidad por falsificar denuncias y robar US$ 40 de policías encubiertos que fingían ser narcotraficantes y darlos a un informante. Con su condenación, él es automáticamente despedido del cuerpo. Puede recibir hasta un año de prisión.

En Saugus, Massachusetts, el 20 de mayo un ex policía estatal de Massachusetts se confesó culpable de cargos de confabulación y distribución de cocaína. El ex policía estatal John Foley, 64, tras 37 años de servicios prestados al cuerpo, fue arrestado en diciembre del 2007 por agentes del FBI y de la DEA y policías estatales y municipales por revender cocaína en Saugus. Puede recibir hasta 20 años de prisión y multa de US$ 1 millón cuando lo sentencien el 29 de julio.

En la Ciudad de Nueva York, el 20 de mayo una ex agente penitenciaria de la Ciudad de Nueva York fue sentenciada a tres años de prisión por contrabandear drogas en Rikers Island. Tamar Peebles, 27, había admitido aceptar US$ 1.500 de un investigador encubierto y recoger lo que creía que eran heroína y marihuana para entrega en la prisión. Se confesó culpable de un cargo del delito de tentativa de venta de sustancia fiscalizada y un cargo de cohecho. Peebles fue una de seis agentes penitenciarios municipales capturados en un montaje policial de 16 meses que descubrió a guardias dispuestos a entregar artículos contrabandeados a presos a cambio de efectivo. Todavía están en trámite los casos de los otros cinco.