Con el ex Primer Ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, depuesto este otoño por golpe militar, las víctimas de su esfuerzo sangriento para suprimir el consumo de drogas en 2003 pueden al fin tener alguna justicia. De acuerdo con los grupos legales y de derechos humanos tailandeses, no menos de 2.500 personas fueron ejecutadas sumariamente como usuarias o traficantes de drogas por la policía tailandesa que imponía la promesa de Thaksin de suprimir las drogas en Tailandia.

[inline:thailandembassyprotest.jpg align=left caption="protesta de 2003 en la embajada tailandesa, David Guard de DRCNet en la delantera"]El nuevo Primer Ministro, el Gen. Surayud Chulanont, ha prometido reabrir por lo menos 40 casos de asesinatos en que las familias dieron parte formalmente al Consejo de Abogados Tailandeses y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si estos primeros casos producen resultados, se espera que más familias de los muertos pasen a hacer denuncias formales. El gobierno anterior identificó eventualmente unos 2.598 asesinatos en que amigos o familiares culparon a la policía antidroga, pero nadie ha sido procesado, mucho menos condenado, por aquellos crímenes.

El esfuerzo para traer Thaksin y sus comparsas a la justicia está siendo encabezado por el ex Senador Kraisak Choonhaban, un defensor antiguo de los derechos humanos. Kraisak ha pedido el proceso criminal de Thaksin y de otros altos oficiales en vez de perseguir a la infantería. La campaña de Kraisak ha recibido el apoyo del copresidente de derechos humanos del Consejo de Abogados Tailandeses, Somchai Homla, que pidió investigaciones serias de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra a las drogas de Thaksin.

Aparentemente, el Gen. Surayud ha aprendido algunas lecciones del ataque sangriento de Thaksin contra los usuarios de drogas. La semana pasada, él avisó a la policía y las autoridades antidrogas que mantengan escrupulosamente la ley en la realización de campañas antidrogas. “Nuestro trabajo debe atenerse a los derechos humanos y al imperio de la ley. No haremos nada ilegal. Como funcionarios del estado, tenemos que clarificar este problema primero”, dijo él en un discurso para unos 300 oficiales antidrogas y de la policía.

Pero, como su predecesor, el Gen. Surayud aún está conduciendo campañas antidrogas. Por lo menos, él ha prometido usar métodos pacíficos y ha ordenado una evaluación de la última campaña tras seis meses. Con suerte, los defensores de los derechos humanos no tendrán que hacer sus protestas contra él.