El año pasado en los suburbios de Washington, DC, la diecinueveañera Alicia Lannes sufrió una sobredosis de heroína. La muchacha estaba en su cuarto y enviaba mensajes de texto a su novio y proveedor de heroína, Skylar Schnippel, cuando él se percató de que algo estaba mal. Pero cuando percibió que Lannes estaba en apuros, no llamó ni al número telefónico de emergencia ni a sus padres. Más bien, llamó a algunos amigos y pidió que fueran a verla. A las 04:00 de la madrugada, se esforzaron por ver a través de su ventana, vieron que estaba inconsciente y llamaron a los paramédicos. Poco después de las 05:00, su padre, Greg Lannes, fue despertado por paramédicos que golpeaban su puerta principal.

“Encontramos a mi hija echada al costado de su cama”, le dijo Lannes al Washington Post. “Había fallecido. Había pasado por mucha cosa en su corta vida”.

[inline:goodsamaritan1.jpg align=left caption="el Dr. Reardon y su hijo Danny"]Seis años antes, el dentista Daniel Reardon de Washington pasó por una situación parecida. Su hijo, Danny, 19, estudiante de primer año en la Universidad de Maryland, falleció tras una noche de borrachera. Los integrantes de la asociación estudiantil lo pusieron en un sofá, tomaron su pulso y se turnaron para observarlo. Pero el joven Reardon paró de respirar en algún momento durante la noche y hasta que los integrantes de la asociación estudiantil llamaron una ambulancia a las 03:30 de la madrugada, Rearson había sufrido muerte cerebral. Murió seis días después sin volver en sí.

En los dos casos, la gente que podría haber salvado las vidas de las víctimas con una acción rápida dudó en llamar ayuda, sobre todo por miedo de las implicaciones jurídicas. Ya fuera el consumo de heroína ya el consumo de alcohol de parte de menores de edad, tanto amigos como las mismas víctimas enfrentaban la posibilidad de ser enjuiciados por tomar o consumir drogas.

Ayer Daniel Reardon prestó declaración ante un comité de la Asamblea General de Maryland para instar a los diputados a que aprueben un proyecto de ley que podría haber salvado la vida de su hijo. El Comité de la Cámara sobre el Judiciario celebraba vistas sobre el HB 1273, un proyecto de ley del Bueno Samaritano para sobredosis, que protegería a las víctimas de sobredosis y a la gente que busca ayuda para ellas contra ser enjuiciadas criminalmente.

Pese a que Nuevo México sea el único estado que ha aprobado dicha ley, varias facultades y universidades han instituido políticas parecidas. “Hay cerca de 90 facultades por todo EE.UU. que tienen estas amnistías en caso de emergencia médica”, dijo Stacia Cosner, estudiante de último año en la Universidad de Maryland e integrante del grupo Students for Sensible Drug Policy (SSDP, por sus siglas en inglés), que ha apoyado la ley de Maryland. “Cerca de un tercio es de instituciones públicas; el resto es de facultades privadas, normalmente pequeñas”.

Desdichadamente, la Universidad de Maryland no es una de ellas – todavía. “Hemos estado trabajando en esto por aquí hace un par de años y ha habido algún progreso, pero todavía no se ha adoptado nada formalmente”, dijo Cosner.

Ello funciona en la Universidad George Washington en Washington, dijo Cosner, al aludir a la investigación corriente allá. “Desde que instituyeron el programa, las llamadas al número telefónico de emergencia médica han aumentado bastante”, dijo.

Ahora el movimiento se propaga más allá del campus universitario. Este año, además de Maryland, las Asambleas en por lo menos siete otros estados – Connecticut, Hawái, Illinois, Nebraska, Nueva York, Rhode Island y Washington – están ponderando leyes del Buen Samaritano para sobredosis. (La labor del Estado de Washington fue estrangulada en un momento anterior de este mes tras no lograr salir de un comité.)

Hay un buen motivo para dichas leyes. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 22.000 personas murieron de sobredosis farmacológicas (tanto lícitas como ilícitas) en todo EE.UU. en el 2005, el último año para el que hay estadísticas disponibles, lo que significa que las sobredosis solamente pierden para los accidentes de tránsito como causa de muerte para los jóvenes. Sólo cerca del 15% de las sobredosis fatales resulta en muerte inmediata, lo que quiere decir que providencias rápidas pueden salvar vidas.

“Nunca debería ser un delito llamar al número telefónico de emergencia”, dijo Naomi Long, directora del Proyecto DC y Maryland de la Drug Policy Alliance, que lidera la carga a favor del proyecto en Anápolis, la capital del Estado de Maryland. “El proyecto trata de salvar vidas sin comprometer la seguridad pública. En estos tiempos económicos difíciles, Maryland debe centrar sus recursos en salvar vidas, no en arrestar a los Buenos Samaritanos”.

El proyecto de ley del Buen Samaritano “trata de darles a innúmeros ciudadanos de Maryland una segunda oportunidad en la vida”, dijo el diputado Kris Valderrama, ponente del proyecto. “Deberíamos aprobar leyes que pasen la idea de que salvar vidas es nuestra primera prioridad”.

“Necesitamos estas leyes para proteger vidas y ayudar a la gente que se encuentra en situaciones confusas a tomar la decisión correcta de llamar ayuda si es necesario”, dijo Amber Langston, directora de relaciones de la región este de SSDP. “La gente puede dudar en llamar al número telefónico de emergencia o no llamar por miedo de ser castigada. Aun unos cuantos momentos de hesitación pueden costar la vida de alguien. Si las metas de nuestras políticas de drogas son las de salvar vidas, entonces promulgar la legislación del Buen Samaritano son buenas políticas de drogas”.

En calidad de organización estudiantil, SSDP está especialmente preocupado por los jóvenes, dijo Langston. “Es una cuestión que afecta particularmente a los jóvenes, quienes por lo general tienen menos experiencia y más miedo de la retribución”, argumentó.

“Sabemos que la gente se está muriendo de sobredosis y son muertes evitables, innecesarias”, dijo Long de la DPA. “Necesitamos crear una situación tal que la gente llame ayuda de inmediato. Los proyectos de ley en Maryland y en otras partes son un intento de eliminar la amenaza percibida de enjuiciamiento de parte de la gente que quiere hacer lo correcto, pero se encuentra en una situación difícil”.

Hay que ver si se aprueba el proyecto de Maryland este año, pero las vistas han sido una oportunidad de abrir los ojos de los legisladores para el problema, dijo Long. “Hemos podido concienciar a los legisladores sobre la manera por que el miedo al arresto y al castigo hace que la gente dude en llamar al número telefónico de emergencia. Tenemos algunos relatos muy conmovedores, pero lo importante es que el proyecto todavía tiene una lucha dificilísima que trabar”, dijo.

“Me parece estupendo que algunas Asambleas estatales estén intentando ponerse al nivel de un buen programa de reducción de daños”, dijo Hilary McQuie, directora de la Harm Reduction Coalition para la región oeste. “La gente alude con frecuencia al miedo a la retribución en cuanto principal motivo para no buscar ayuda. Si estas leyes logran ser aprobadas y aceptadas de manera que cambien el comportamiento de la gente acerca de lo que sucede con una situación de sobredosis, esto realmente podría causar impacto en las vidas de las personas. Podría salvar sus vidas”.

Pero aprobar un proyecto de ley del Buen Samaritano es solamente el comienzo, dijo McQuie. “Hay un lapso entre los cambios en la ley y los cambios en las llamadas al número telefónico de emergencia”, dijo. “Tarda un poco hasta que la gente tenga confianza en el sistema. También hay que concienciar a la policía y a la gente en torno a los usuarios de drogas de que la ley existe y no hay fondos para ello. Estas labores son maravillosas, pero necesitan más recursos para ser implementadas con eficacia”.