El lunes una comisión de jueces federales encargada de supervisar el sistema penitenciario californiano decidió temporalmente que el estado debe libertar a decenas de miles de presos de su hinchada población penitenciaria para reducir el hacinamiento. La comisión de tres jueces dijo que ninguna otra acción mejoraría unas condiciones tan horribles que los reclusos cometen suicidio o se mueren por falta de cuidado médico adecuado con regularidad.

[inline:matthewcate.jpg align=left caption="Matthew Cate, secretario de CDCR, reacciona a la orden judicial (cdcr.ca.gov/News/2009_Press_Releases/Feb_09.html)"]El estado debe presentar un plan para disminuir el número de reclusos en dos a tres años, dijeron los jueces. Ellos sugestionaron un blanco de 108.000 a 121.000 internos de la actual población penitenciaria californiana de 158.000 más o menos. Eso significa que algo entre 36.000 y 50.000 prisioneros serían puestos en libertad.

De acuerdo con el informe de fin de año del 2007 de la Secretaría de Administración Penitenciaria y Servicios de Rehabilitación (CDCR, por sus siglas en inglés) de California, unos 34.000 infractores de la legislación antidroga se encontraban presos en el Golden State. Esa cifra comprende unos 1.500 infractores a causa de la marihuana o del hachís.

“Simplemente hay demasiados prisioneros para el aforo existente”, escribieron en la orden de 10 páginas. “Las pruebas presentadas en juicio demostraron abrumadoramente que el hacinamiento es la causa primordial de las condiciones inconstitucionales que han sido descubiertas en las prisiones californianas”.

La comisión de San Francisco dijo que puede celebrar más vistas antes de tomar la decisión final. Ella indicó que el estado puede reducir la población penitenciaria a la cantidad exigida a través de cambios en las políticas para la libertad condicional y otras sin poner la seguridad pública en peligro.

Reducir el tamaño del sistema penitenciario estatal más grande de EE.UU. “podría lograrse a través de medidas de reforma que no perjudicarían la seguridad pública y podría muy bien causar un efecto positivo. Esto es particularmente verdadero si se considera que el sistema penitenciario superpoblado de California es en sí mismo un riesgo para la seguridad pública, como han reconocido el gobernador y expertos que han prestado declaraciones ante la Corte”, dijeron los jueces.

La orden sucedió poco después de que los jueces escucharan dos días de conclusiones definitivas la semana pasada. Los jueces dijeron que esperaban forzar el estado a o llegar a un acuerdo con los abogados de los presidiarios que presentaron la querella o tomar providencias por sí mismo para rectificar la situación. No había sido posible llegar a un acuerdo en negociaciones anteriores, lo que llevó a un juicio de dos semanas de duración en noviembre y diciembre del 2008.

“Por supuesto, el gobernador y yo discrepamos bastante de las conclusiones de la comisión y nuestra respuesta se fundará en la mejor manera de proteger al público con base en la liberación de internos ordenada por los tribunales”, dijo Michael Cate, director de CDCR, en una declaración

Pero los jueces dijeron que, en gran parte, California lo ha buscado y que los ahorros provenientes de las reformas podían ayudar a sufragar los servicios de reinserción para el esperado chorro de ex presos. “California, como la mayor parte de los otros estados, está en medio de una crisis económica sin precedentes”, observó la comisión. La fuerza pública estatal, los tribunales y los servicios de rehabilitación están empleados al máximo en la crisis deficitaria del presupuesto de US$ 42 mil millones del estado.

Los jueces señalaron que la CDCR ha pronosticado que puede ahorrar de US$ 800 a US$ 900 millones al año si reduce menos presos en régimen de libertad condicional a prisión por violaciones técnicas y si aumenta las reducciones de condenas por buena conducta para los internos que asistan a clases y programas profesionales. “Con base en estas cifras, parece que el estado puede financiar totalmente con facilidad todos los programas comunitarios rehabilitadores y otros… sin gastar cualesquier fondos salvo aquellos que sean proporcionados con regularidad en el presupuesto de las prisiones”, escribieron los jueces.

Todavía no está listo, pero podemos estar presenciando el comienzo del fin de los excesos de la sobreencarcelación de California. Qué lástima que sea necesaria una intervención de los tribunales federales para alejar al estado de su adicción al apresamiento masivo.