El lunes una comisión de jueces federales encargada de supervisar el sistema penitenciario californiano decidió temporalmente que el estado debe libertar a decenas de miles de presos de su hinchada población penitenciaria para reducir el hacinamiento. La comisión de tres jueces dijo que ninguna otra acción mejorarÃa unas condiciones tan horribles que los reclusos cometen suicidio o se mueren por falta de cuidado médico adecuado con regularidad.
De acuerdo con el informe de fin de año del 2007 de la SecretarÃa de Administración Penitenciaria y Servicios de Rehabilitación (CDCR, por sus siglas en inglés) de California, unos 34.000 infractores de la legislación antidroga se encontraban presos en el Golden State. Esa cifra comprende unos 1.500 infractores a causa de la marihuana o del hachÃs.
âSimplemente hay demasiados prisioneros para el aforo existenteâ, escribieron en la orden de 10 páginas. âLas pruebas presentadas en juicio demostraron abrumadoramente que el hacinamiento es la causa primordial de las condiciones inconstitucionales que han sido descubiertas en las prisiones californianasâ.
La comisión de San Francisco dijo que puede celebrar más vistas antes de tomar la decisión final. Ella indicó que el estado puede reducir la población penitenciaria a la cantidad exigida a través de cambios en las polÃticas para la libertad condicional y otras sin poner la seguridad pública en peligro.
Reducir el tamaño del sistema penitenciario estatal más grande de EE.UU. âpodrÃa lograrse a través de medidas de reforma que no perjudicarÃan la seguridad pública y podrÃa muy bien causar un efecto positivo. Esto es particularmente verdadero si se considera que el sistema penitenciario superpoblado de California es en sà mismo un riesgo para la seguridad pública, como han reconocido el gobernador y expertos que han prestado declaraciones ante la Corteâ, dijeron los jueces.
La orden sucedió poco después de que los jueces escucharan dos dÃas de conclusiones definitivas la semana pasada. Los jueces dijeron que esperaban forzar el estado a o llegar a un acuerdo con los abogados de los presidiarios que presentaron la querella o tomar providencias por sà mismo para rectificar la situación. No habÃa sido posible llegar a un acuerdo en negociaciones anteriores, lo que llevó a un juicio de dos semanas de duración en noviembre y diciembre del 2008.
âPor supuesto, el gobernador y yo discrepamos bastante de las conclusiones de la comisión y nuestra respuesta se fundará en la mejor manera de proteger al público con base en la liberación de internos ordenada por los tribunalesâ, dijo Michael Cate, director de CDCR, en una declaración
Pero los jueces dijeron que, en gran parte, California lo ha buscado y que los ahorros provenientes de las reformas podÃan ayudar a sufragar los servicios de reinserción para el esperado chorro de ex presos. âCalifornia, como la mayor parte de los otros estados, está en medio de una crisis económica sin precedentesâ, observó la comisión. La fuerza pública estatal, los tribunales y los servicios de rehabilitación están empleados al máximo en la crisis deficitaria del presupuesto de US$ 42 mil millones del estado.
Los jueces señalaron que la CDCR ha pronosticado que puede ahorrar de US$ 800 a US$ 900 millones al año si reduce menos presos en régimen de libertad condicional a prisión por violaciones técnicas y si aumenta las reducciones de condenas por buena conducta para los internos que asistan a clases y programas profesionales. âCon base en estas cifras, parece que el estado puede financiar totalmente con facilidad todos los programas comunitarios rehabilitadores y otros⦠sin gastar cualesquier fondos salvo aquellos que sean proporcionados con regularidad en el presupuesto de las prisionesâ, escribieron los jueces.
TodavÃa no está listo, pero podemos estar presenciando el comienzo del fin de los excesos de la sobreencarcelación de California. Qué lástima que sea necesaria una intervención de los tribunales federales para alejar al estado de su adicción al apresamiento masivo.
Add new comment