Los votantes de Massachusetts aprobaron la despenalización de la marihuana por un margen de casi dos contra uno en noviembre de 2008, pese a las protestas horrorizadas de la fuerza pública del Bay State. Ahora merced a la inclusión de una frase en la iniciativa electoral y una orientación de la fiscal general estatal Martha Coakley, los enemigos de la despenalización ven una brecha para seguir trabando su lucha perdida al buscar aprobar ordenanzas municipales que multarían o, en algunos casos, sujetarían a sanciones penales a personas que consumen marihuana en público.

[inline:quincymass.jpg align=right caption="fiesta precabildeo de “Gutterheads” y “Girls 4 Ganja” en la semana de la vista de Quincy"]Según la iniciativa aprobada en noviembre y en vigor desde principios de este mes, la pena máxima para la tenencia de marihuana (28 gramos o menos) es una multa de US$ 100. Pero como observó la Secretaría Ejecutiva de Seguridad y Protección Pública (EOPSS, por sus siglas en inglés) en las directrices para la fuerza pública publicadas a principios de este mes: “La Cuestión 2 permite que las ciudades y municipios aprueben ordenanzas o reglamentos que prohíben el consumo de marihuana o THC en público y estipulen más penas para el consumo en público. La EOPSS recomienda que las municipalidades promulguen dichos reglamentos u ordenanzas y le den a la policía la opción de tratar el consumo en público como delito leve”.

La fiscal general Coakley estaba contenta por echarle una mano. Su gabinete redactó y distribuyó una ordenanza modelo para prohibir el consumo de marihuana en público, que podría incluir sanciones penales o civiles o las dos. Una serie de municipios y ciudades de Massachusetts ha demostrado interés por aprobar tales ordenanzas, lo que no cae bien a los defensores de la despenalización, y ahora irrumpen luchas a causa de las ordenanzas por todo el estado.

Los repenalizadores no se han salido tan bien como podrían haber esperado. La primera municipalidad que sometió la ordenanza a votación, Worcester, la desaprobó la semana pasada. La jefe de policía Lisa Holmes de West Newbury pidió una ordenanza contra el fumar de marihuana en público, pero el Concejo le dijo que no por unanimidad allá. En Methuen y Quincy, los activistas del Bay State han logrado notificar a funcionarios electos de la zona que pueden esperar problemas si aprueban dichas ordenanzas.

Pero aún no se han acabado esas luchas y faltan muchas más que trabar. En Framingham, la secretaría municipal de Salud aprobó una medida que enmendaba la veda al fumar para incluir la marihuana, pero la legislación estatal ya prohíbe prender productos a base de tabaco u otros combustibles en edificios públicos. En Braintree, una ordenanza que proponía una multa de US$ 500 para el consumo en público será discutida en las próximas semanas. En Auburn, donde el jefe de policía dijo que la ley sobre la despenalización era imposible de imponer, se espera que redacte una ordenanza para multar a los que fuman en público. Querellas por las ordenanzas también suceden en Danvers, Everett, Haverhill, Melrose, Milford, Newburyport, North Andover, Plymouth, Revere, Wakefield y Watertown, conforme a los activistas de Massachusetts. Y probablemente habrá más en el futuro – o tal vez no, si ocurren derrotas sucesivas.

Además, si los activistas logran movilizarse en esos municipios como sucedió el martes por la noche en Quincy, puede ser que ahuyenten a los repenalizadores. En Quincy, más de 60 personas comparecieron al ayuntamiento con letreros y pancartas para expresar la oposición a cualquier ordenanza. Movilizados por celular, Facebook, MySpace y el sitio web BostonFreedomRally.com, cerca de dos tercios de los manifestantes eran jóvenes, dijo Scott Gacek de BostonFreedomRally.com.

“Muchas personas de nuestra gente justo habían votado por primera vez, por Obama y por la despenalización, y ahora les parece que ignoran sus votos”, dijo Gacek al explicar la comparecencia de los jóvenes. Pese a que la ordenanza estuviera en la orden del día, el Concejo Municipal titubeó durante horas en la cuestión de la zonificación, pero la muchedumbre se quedó noche adentro y mandó al Concejo un mensaje sonoro de oposición.

“El Concejo introdujo la medida y sin ninguna discusión votó en encaminarla a los comités de seguridad pública y de ordenanzas, pero, por lo visto, parece que los trámites no han sido agilizados”, dijo Gacek.

Buena es la acción ciudadana, afirmó Bill Downing, presidente de MassCann, la filial de la NORML Massachusetts. “Si la gente quiere participar en estas protestas en lugares como Quincy, eso es importante. Si la gente lee esto en Maine o Nuevo Hampshire o Rhode Island, puede ingresar a nuestra lista electrónica y leer las noticias en el sitio web de MassCann y participar. Por favor”.

Para Downing, las providencias respecto a las ordenanzas son el último suspiro de los dinosaurios antidespenalización. “Para mí, la gente que perdió la votación se come de envidia”, dijo. “Ojalá las personas de todo el estado que votaron por esto vean tales acciones como un insulto, como deberían. Ello puede terminar ayudándonos a progresar hacia leyes mejores sobre la marihuana porque esta gente solamente se vilipendia”.

“La fiscal general Coakley fue hostil para con nosotros desde el principio y después de las elecciones mandó una ordenanza modelo”, dijo John Leonard, ex presidente de MassCann y actualmente integrante de la junta del Drug Policy Forum of Massachusetts (DPFMA, por sus siglas en inglés). “Ahora se abalanzan sobre esto por todas partes. Estamos en vías de formular un plan de acción aquí en el DPFMA”, dijo. “Combatimos estas cosas a diestro y siniestro y necesitamos un poco de ayuda. Nos agrada que el Marijuana Policy Project viniera e hiciera la iniciativa, pero ahora nos quedamos con las repercusiones”.

En gran parte el MPP dictó el texto de la iniciativa de noviembre de 2008 y financió la campaña. Los activistas de la zona discrepaban de parte del texto de la iniciativa, pero lo relevaron para apoyar la campaña juntos. En el debate a veces rencoroso en las preliminares para la iniciativa, el texto sobre las ordenanzas no era un problema.

Quizá debiera haberlo sido, sugirió Leonard en retrospectiva. “Es una vergüenza que la Cuestión 2 estipulara leyes sobre el consumo en público”, dijo Leonard. “Tradicionalmente las utilizan para sustancias legales, como el alcohol y el tabaco. La marihuana ya es ilegal en público”.

Downing también le echó la culpa a la formulación de la Cuestión por algunos de los problemas actuales. “La misma cuestión decía que no impedía que los municipios aprobaran ordenanzas municipales. Si no lo hubieran puesto ahí, todo esto podría haber sido evitado. No me entienda mal”, prosiguió Downing. “Le agradecemos al MPP por todo lo que hizo, pero ahora nosotros tenemos que tratar de esto”.

El DPFMA se moviliza para defender las ordenanzas, dijo Leonard. “Vamos a comprar cuñas publicitarias en Quincy, que es la ciudad más grande en que esto es un problema, y vamos a pedir a todas las organizaciones nacionales que contribuyan con la adopción de una ciudad y den su apoyo. Queremos detenerlo ya”, dijo.

El MPP está un poquito más optimista respecto a las ordenanzas que los activistas del Bay State. “La verdad es que lo importante es saber si las propuestas específicas son un intento de subvertir la intención de la Cuestión 2 o si es simplemente una ordenanza razonable contra las molestias al público”, dijo Bruce Mirken, director de comunicación del MPP. “Si van a utilizarlo como pretexto para darles antecedentes penales a las personas, entonces ahí hay un problema”. Pero son los electores de Massachusetts los que pueden detener o no las ordenanzas, dijo Mirken. “Les toca a las personas de la zona decidir que están dispuestas a tolerar y hasta que punto se van a organizar para detener algo que no les gusta”.

No es un problema tan grande, dijo otro líder reformador nacional. “No tememos que esto vaya a causar un gran perjuicio”, dijo Keith Stroup de la NORML nacional. “Parece que, en su mayor parte, son bravuconadas de los perdedores. No les gustó la iniciativa, entonces corren a decir que ‘en mi ciudad nos vamos a poner duros’, pero van a descubrir que no muchos funcionarios electos van a querer enfrentarse a la voluntad expresa de los votantes”.

“Queremos asegurar que esta ley funcione bien, y, si no lo hace, vamos a tener que trabajar con la gente para arreglarla”, dijo Stroup. “Pero no vamos a volver a arrestar a fumadores de marihuana. Creo que el pueblo de Massachusetts aprecia su nueva ley y hacer que la policía preste más atención a los delitos graves”.

Continuarán las luchas por las ordenanzas. A lo mejor, resultarán en una derrota retumbante de los repenalizadores. Pero aun si los enemigos de la despenalización logran aprobar ordenanzas en algunas municipalidades, ello puede ser una victoria pírrica: Mientras intentan hacerlo, despiertan a toda una nueva generación de activistas pro marihuana del Bay State. Quizá la cláusula de las ordenanzas municipales resulte ser un Caballo de Troya para la construcción del movimiento pro reforma de las políticas de drogas.