El lunes la presidenta Gloria Arroyo de las Filipinas se nombró secretaria antidroga del país y ordenó que las agencias del gobierno se preparen para la lucha contra los grandes narcotraficantes. Pero, en ese ínterin, ella ha anunciado nuevas órdenes de marcha en otro frente: los exámenes toxicológicos con estudiantes. Como uno de sus primeros actos como secretaria antidroga, ella ordenó que los estudiantes fueran examinados aleatoriamente en todos los colegios secundarios del país, ya públicos, ya privados.

[inline:gloria-arroyo.jpg align=left caption="Gloria Arroyo, presidenta filipina y alta demagoga de la lucha contra la droga"]La causa inmediata de la toma de las riendas de las políticas de fiscalización de las drogas fue el “escándalo de los Alabang Boys” en que tres traficantes de éxtasis lograron ser absueltos al principio, pese a las fuertes pruebas en contra suya, lo que llevó a sospechas de fiscales corruptos. Esta semana Arroyo ordenó la suspensión de cinco fiscales en espera de más investigaciones.

Pero los problemas en la lucha contra la droga de las Filipinas pueden ir mucho más allá de los Alabang Boys. Los luchadores antidrogas filipinos han compilado un registro funesto al enjuiciar con base en las pruebas en casos de delitos de drogas, debido, por lo visto, a incompetencia y corrupción a partes iguales. De los casi 100.000 casos presentados por la Agencia de Represión a Drogas de Filipinas (PDEA, por sus siglas en inglés), en los últimos cinco años, casi 78.000 todavía están sin solución.

Arroyo ha prometido cambiar todo. “Los gobiernos que dilaten las providencias contra las drogas ilegales o las consideren un asunto policíaco rutinario lo hacen por su cuenta y riesgo”, dijo Arroyo en una reunión con su gabinete el lunes. “Un país inundado de drogas ilegales es un país comprometido, su ley y sus instituciones del orden quedan maculadas y corrompidas. Temporalmente actuaré como secretaria, o supervisora, de la guerra contra las drogas ilegales”, agregó Arroyo, haciendo hincapié en que la campaña incluiría un estímulo a la represión legal y al enjuiciamiento.

El martes Arroyo mostró que hablaba en serio al enviar al secretario ejecutivo Eduardo Ermita para que les comunicara a los reporteros que había mandado que las agencias policíacas prepararan un orden de batalla contra los traficantes. “Nuestras agencias policías que estén involucradas en la campaña deben proponer acciones específicas contra los que sean personas importantes de implicación conocida en el narcotráfico. No es necesario decir que la Presidenta quiere la identificación inmediata de los que puedan estar sujetos a esta campaña y llevarlos a la Justicia”, dijo Ermita en la rueda de prensa en el Palacio.

Eso vale para cualquiera que esté metido con las drogas, advirtió. “No habrá vacas sagradas en esto. La puja llegará hasta el fin. Cualquiera que esté involucrado, quienquiera que sea, tendrá que responder ante la ley”.

Pero son los estudiantes de secundaria quienes van a quedar primero a la merced de la recién revigorizada guerra contra las drogas de Arroyo. El Ministerio de Educación anunció esta semana que aunque ya hubiera planeado reinstituir los exámenes toxicológicos aleatorios con estudiantes – las Filipinas lo hicieron entre el 2003 y el 2005 -, ahora adelantaba a un ritmo acelerado para convenirles a los anhelos de Arroyo.

Y los exámenes con estudiantes pueden ser solamente el principio. Algunas figuras políticas de las Filipinas hablan de examinar a empleados de los centros de atención telefónica subcontratados, otros piden exámenes con universitarios y actualmente el gobierno pondera examinar a todos sus funcionarios.