El lunes un juez federal en Charleston, Virginia Occidental, detuvo en seco el plan del sistema escolar de la Comarca de Kanawha de llevar a cabo exámenes toxicológicos aleatorios con profesores al dictar una refutación mordaz de la política y la junta escolar mientras lo hacía. Robert Goodwin, juez de distrito de EE.UU., dijo que el plan forzaría a profesores a que se sometan a un registro injustificado e inconstitucional.

Pese a ser avisada con antelación de que la comarca debía esperar una querella judicial costosa y probablemente fútil si se aprobara la política, la junta escolar prosiguió de todos modos en una votación de 4 contra 1 en octubre. La sucursal de Virginia Occidental de la American Federation of Teachers interpuso una demanda para impedir que se implementara la política a fines de noviembre y la West Virginia Education Association y la Unión Americana de las Libertades Civiles se sumaron a la lucha el mes pasado.

El lunes el juez Goodwin concedió un mandamiento judicial temporal a la solicitud. Goodwin dijo que se elaboró el plan de la junta escolar de examinar a un cuarto de los profesores y demás empleados del colegio cada año pese a que no existen pruebas de un problema dominante de drogas en la comunidad y que estaba fundado en hipótesis irrazonables del peor de los casos. Preguntó por qué el distrito tampoco poseía una política para examinar aleatoriamente a profesores para ver si tienen enfermedades tropicales.

“La seguridad total para nosotros y nuestros niños solamente es posible – aunque poco probable – en un estado totalitario”, dijo Goodwin. “¿Quién querrá vivir en una sociedad en que un gobierno desconoce límites para impedir chinchones y moretones?” agregó.

Las decisiones judiciales federales anteriores habían sostenido que los funcionarios del gobierno no pueden ser sometidos a exámenes toxicológicos aleatorios sin necesidad de sospecha – hay un puñado de excepciones, cuya mayoría está relacionada con la seguridad y protección públicas. La junta escolar presentó el argumento novedoso de que los profesores – y los trabajadores de la cafetería y conserjes – ocupaban puestos “sensibles a la seguridad” y que, si tuvieran sus facultades perjudicadas a causa del consumo de drogas, su incapacidad de supervisar una clase podría poner en riesgo la seguridad de los estudiantes. Pero el juez Goodwin no se lo tragó.