Exámenes toxicológicos: Juez federal desestima exámenes aleatorios de profesores de junta escolar de Virginia Occidental

El lunes un juez federal en Charleston, Virginia Occidental, detuvo en seco el plan del sistema escolar de la Comarca de Kanawha de llevar a cabo exámenes toxicológicos aleatorios con profesores al dictar una refutación mordaz de la política y la junta escolar mientras lo hacía. Robert Goodwin, juez de distrito de EE.UU., dijo que el plan forzaría a profesores a que se sometan a un registro injustificado e inconstitucional.

Pese a ser avisada con antelación de que la comarca debía esperar una querella judicial costosa y probablemente fútil si se aprobara la política, la junta escolar prosiguió de todos modos en una votación de 4 contra 1 en octubre. La sucursal de Virginia Occidental de la American Federation of Teachers interpuso una demanda para impedir que se implementara la política a fines de noviembre y la West Virginia Education Association y la Unión Americana de las Libertades Civiles se sumaron a la lucha el mes pasado.

El lunes el juez Goodwin concedió un mandamiento judicial temporal a la solicitud. Goodwin dijo que se elaboró el plan de la junta escolar de examinar a un cuarto de los profesores y demás empleados del colegio cada año pese a que no existen pruebas de un problema dominante de drogas en la comunidad y que estaba fundado en hipótesis irrazonables del peor de los casos. Preguntó por qué el distrito tampoco poseía una política para examinar aleatoriamente a profesores para ver si tienen enfermedades tropicales.

“La seguridad total para nosotros y nuestros niños solamente es posible – aunque poco probable – en un estado totalitario”, dijo Goodwin. “¿Quién querrá vivir en una sociedad en que un gobierno desconoce límites para impedir chinchones y moretones?” agregó.

Las decisiones judiciales federales anteriores habían sostenido que los funcionarios del gobierno no pueden ser sometidos a exámenes toxicológicos aleatorios sin necesidad de sospecha – hay un puñado de excepciones, cuya mayoría está relacionada con la seguridad y protección públicas. La junta escolar presentó el argumento novedoso de que los profesores – y los trabajadores de la cafetería y conserjes – ocupaban puestos “sensibles a la seguridad” y que, si tuvieran sus facultades perjudicadas a causa del consumo de drogas, su incapacidad de supervisar una clase podría poner en riesgo la seguridad de los estudiantes. Pero el juez Goodwin no se lo tragó.