En octubre tras varios meses de discusión, la junta escolar de la Comarca de Kanawha (Charleston) en Virginia Occidental votó por 4 a 1 para proseguir con un plan de realizar exámenes toxicológicos aleatorios con profesores y demás funcionarios del distrito escolar. La nueva política expande una política existente que estipula exámenes toxicológicos para profesores sospechosos de consumo de drogas. La medida sucedió pese a varias advertencias de que ello resultaría en un pleito largo y costoso con profesores y libertarianos civiles.

[inline:drugtestinglab.jpg align=right caption="laboratorio de exámenes toxicológicos"]La política de examinar aleatoriamente a profesores y demás empleados sin causa está en la punta de la lanza de la expansión de los exámenes toxicológicos. Aunque los exámenes toxicológicos aleatorios de estudiantes involucrados en atletismo o actividades extracurriculares hayan sido aprobados por la Corte Suprema de EE.UU., los exámenes aleatorios de profesores y demás trabajadores del distrito innovan. Hay un pleito parecido en marcha en Hawái, donde la gobernadora Linda Lingle intenta imponer los exámenes toxicológicos como parte de un nuevo contrato de los profesores y un legislador del Estado de Luisiana trata de hacer lo mismo allá. Pero, además de esos ejemplos, son pocos los datos.

”Es difícil obtener datos firmes sobre esto”, dijo Lisa Soronen de la National School Board Association. “Tenemos casi solamente informaciones anecdóticas, pero mi sensación es la de que los exámenes toxicológicos con profesores son una cuestión más frecuentemente considerada que efectuada porque el coste, las impugnaciones constitucionales y la presión política para no hacerlos los convierten en algo indeseable para muchas juntas escolares”.

La asociación no asume ninguna postura respecto a exámenes toxicológicos con profesores, dijo Soronen. “No hemos asumido posturas específicos ya sobre los exámenes toxicológicos con estudiantes ya con profsores", explicó. “Nuestro mantra es el de fiscalización local. Nuestro punto de vista es el de que los distritos escolares deberían hacerlo, pero ellos mismos deberían tomar las decisiones. Si quieren, deben poder hacerlo”.

Pese a que tanto los tribunales de Virginia Occidental como los de la Corte Suprema de EE.UU. hayan sostenido que los funcionarios del gobierno no pueden ser forzados a participar de programas de exámenes toxicológicos aleatorios sin necesidad de sospecha a menos que estén trabajando en cargos “sensibles a la seguridad”, la junta escolar de Kanawha espera sortear esos fallos al definir que casi todos los empleos escolares son “sensibles a la seguridad”.

“Creo que no hay nada más sensible a la seguridad que alguien que atiende a mi hijo el día entero”, le dijo Becky Jordon, presidenta de la junta escolar y madre, al Charleston Daily Mail a fines del mes pasado.

En artículos de la prensa de la zona, los cuatro integrantes de la junta que votaron por los exámenes toxicológicos aleatorios aludieron a la presión de la comunidad, pese a las pocas pruebas de consumo de drogas entre los empleados del distrito. Esa presión se debió en parte al resultado de tres incidentes bastante divulgados, pero estadísticamente insignificantes que involucraban drogas y funcionarios de colegios en los últimos años. En un caso, un profesor de primaria fue arrestado por tenencia de cocaína, pero después lo absolvieron y él regresó al trabajo. En otro caso, se acusa que una bibliotecaria mantuvo una relación con dos estudiantes que incluyó consumo de drogas. En un tercer caso, apresaron a un profesor de primaria después que la policía encontró materiales de preparación de metanfetamina en su hogar.

Pero algunos integrantes de la junta también dieron a entender que esperaban poder establecer un precedente legal en la expansión del alcance de los exámenes toxicológicos. “En cuanto miembro de la junta elegido por el público, no logré encontrar en las bases electorales alguna razón para no responder por lo menos a la voluntad del pueblo para buscar algo que no estaba totalmente convencido de que hubiera sido eliminado como totalmente inconstitucional”, le dijo Bill Raglin, integrante de la junta, al Daily Mail. “No voy en contra del fallo de los tribunales, pero quiero escuchar lo que van a decir”, dijo. “Y no estoy dispuesto a aceptar lo que el abogado de la ACLU o alguien más me dicen porque es una opinión que tienen – no un fallo judicial”.

Ahora, las advertencias de impugnaciones judiciales se han materializado. El 26 de noviembre, la filial de Virginia Occidental de la American Federation of Teachers (AFT, por su sigla en inglés) cursó una querella en el Juzgado de Distrito de la Comarca de Kanawha buscando impedir que el programa fuera implementado. La semana pasada la West Virginia Education Association (WVEA, por su sigla en inglés) y la Asociación Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) se sumaron a la lucha, presentando una segunda demanda en el juzgado de distrito para impedir que el programa entre en vigor el 1º de enero.

“La Junta no nos deja otra alternativa que presentar una demanda tan pronto como decidieron implementar una política que pone en riesgo la seguridad estudiantil e infringe los derechos constitucionales de sus empleados”, dijo Fred Albert, director de la sucursal AFT-Kanawha. “La política infringe los derechos a la privacidad, protegidos por la Constitución de EE.UU., de los funcionarios escolares que vayan a ser revisados aleatoriamente y que no tengan parte en puestos sensibles a la seguridad. La política, en efecto, pone a todos los profesores bajo sospecha; y esto está mal tanto moral como legalmente”.

“La propuesta de exámenes toxicológicos aleatorios con funcionarios de colegios públicos es una afrenta a nuestros derechos fundamentales y un desperdicio insensato del escaso dinero del contribuyente que no va a incrementar la seguridad estudiantil”, dijo Adam Wolf, un abogado de la Unión Americana de las Libertades Civiles. “Los empleados públicos no deberían tener que renunciar a sus derechos constitucionales como condición para servir a su comunidad”.

El miércoles Albert de AFT-Kanawha le dijo a la Crónica que mientras que la cuestión del consumo de drogas entre empleados probablemente llevó la junta a su decisión, la verdad es que ello carecía de fundamento. “Hace tres años hubo el caso de un administrador pillado con una sustancia, pero él fue absuelto en un tribunal de justicia y reintegrado”, dijo Albert. “Ha habido dos otros casos, pero en ninguno la gente aparecía con las facultades perjudicadas a causa de las drogas. Creo que éste fue el factor principal en la decisión de la junta”.

Albert no tardó a señalar que aunque su organización esté resistiendo a las nuevas políticas, eso no quiere decir que sea a favor de profesores esnifadores de droga. “Mi sindicato no defiende y jamás ha defendido a profesores o cualquier otro funcionario escolar que consuma drogas o esté con sus facultades perjudicadas y ponga a los niños en peligro”, dijo. “Hay una política en vigor, aprobada por la junta hace cerca de un año, de que cualquiera que parezca estar con sus facultades perjudicadas en el trabajo debería ser examinado bajo sospecha. No vemos nada malo en eso. No nos parece que nosotros, que no consumimos drogas ilícitas, debamos ser considerados culpables y tengamos que probar nuestra inocencia”.

Ahora la decisión les tocará a los tribunales. Y la Junta Escolar de Kanawha se prepara para gastar cientos de miles de los escasos fondos para la educación para descubrirlo. Albert y los profesores creen que ese dinero y los calculados $ 40,000 al año para implementar el programa de exámenes toxicológicos aleatorios podían ser gastados de una mejor manera concienciando realmente a los estudiantes.