En una votación oral el martes por la noche, la Cámara de los Diputados de los EE.UU. votó en la aprobación de una medida que forzaría a los distritos escolares de todo el país a adoptar políticas que permiten que los profesores y funcionarios escolares realicen búsquedas aleatorias y arbitrarias de todos los estudiantes a cualquier momento con base en la “sospecha razonable” de que un estudiante pueda estar portando drogas o armas. Defendida por el Dip. Geoff Davis (R-KY), la Ley de Seguridad de los Estudiantes de 2006 [Student Safety Act of 2006 (H.R. 5295)] no tuvo ninguna audiencia y fue acelerada por la Cámara.

[inline:stratfordraid.jpg align=left caption="espere más de esto si el proyecto Davis es aprobado"]"Las drogas y la violencia no pertenecen a nuestras escuelas”, dijo el Dip. Davis durante el debate el martes. “Creo firmemente en nuestra Constitución y nuestra Carta de Derechos y esta legislación no ofrece carta blanca a cualquiera para conducir búsquedas aleatorias y arbitrarias. La Corte Suprema ha sostenido que los profesores y funcionarios escolares pueden usar su juicio para tomar decisiones que ayudarán a controlar sus clases y proteger a sus estudiantes. Es una ley sencilla de buen sentido”.

En verdad, el proyecto no da carta blanca para búsquedas, hace que los distritos escolares se la traguen. De acuerdo con un análisis del proyecto hecho por el Servicio de Pesquisa del Congreso, ello “requiere que los estados, las agencias educacionales y los distritos escolares municipales consideren razonable la búsqueda de un estudiante menor de edad en el terreno escolar público y permisible si conducida por un profesor o funcionario escolar de tiempo integral, actuando sobre cualquier sospecha plausible [cambiada en la versión final para “razonable”] con base en la experiencia y juicio profesionales para asegurar que la escuela siga libre de todo y cualquier tipo de armas, materiales peligrosos o narcóticos ilegales”. Y para asegurarse que los distritos escolares entendieron el mensaje, observa el análisis, el proyecto “niega los fondos Escuelas Seguras y Educación Ciudadana, proporcionados de acuerdo con la Ley de Educación Elementar y Secundaria de 1965 [Elementary and Secondary Education Act of 1965], a estados, agencias educacionales y distritos escolares municipales que no consideren dichas búsquedas razonables y permisibles”.

Algunos demócratas de la Cámara se levantaron para oponerse al proyecto. “Este proyecto retiraría la financiación de cualquier distrito escolar que decida que los profesores y administradores municipales saben más que el Congreso cómo volver sus escuelas seguras”, dijo la Dip. Lynn Woolsey (D-CA). “Es un error suponer que todo estudiante es tan culpable como alguna persona problemática. Detendremos cualquier nuevo programa que quiera rotular a toda la juventud como culpable”, prometió.

“Como alguien que enseñó durante seis años en una de las escuelas y comunidades más duras en el país, tengo serias reservas en cuanto a lo que esta legislación hace de verdad”, dijo el Dip. Danny Davis (D-IL). “No estoy solo. La Asociación Estadounidense de Administradores de Escuelas, la Asociación Nacional de Consejos Escolares, la Asociación de Padres y Maestros, la ACLU, la Federación Estadounidense de Profesores y mi propio distrito escolar de Chicago están todos preocupados. Estamos preocupados que esta legislación invalide las políticas de búsquedas en las escuelas que ya fueron promulgadas por una política única. Este proyecto establece una política que da a los profesores la autoridad de realizar búsquedas cuando esa autoridad debe estar con el consejo escolar. Y ello penaliza a las escuelas por no obedecer al negarles los fondos de la Ley de Escuelas Seguras y Libres de las Drogas [Safe and Drug-Free Schools Act]. Aunque todos nosotros queramos que nuestras escuelas sean lugares seguros y protegidos, este proyecto es dubio, innecesario y quita los derechos que deberían ser reservados a las comunidades locales”.

Aunque los demócratas se pronunciaran contra el proyecto en debate el martes por la noche, ninguno de ellos dio el paso sencillo de pedir una votación abierta, lo que podría haber resultado en la derrota de la medida. Ya que el proyecto fue acelerado, exigía la votación de dos tercios en la Cámara y no está claro que el proyecto pudiera haber ultrapasado esa valla si los congresistas hubieran sido forzados a votar abiertamente. Ahora, el proyecto se dirige hacia el Senado para ser ponderado.

“Estamos decepcionados no solamente con la Cámara al aprobar este proyecto, sino con la cobardía demostrada por los demócratas al no pedir una votación abierta para hacer que los legisladores fueran a público”, dijo Tom Angell, director de comunicación del Students for Sensible Drug Policy (SSDP). “Cualquier miembro podía haber pedido votación abierta, pero nadie lo hizo y eso puede haber hecho la diferencia. Ningún congresista sintió que era lo suficientemente importante hacer que sus colegas fueran a público respecto de esta cuestión”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.

Junto con la DRCNet y la Drug Policy Alliance, el SSDP trabajó casi sin aviso previo para movilizar a la oposición al proyecto, el cual se creía haber tenido una muerte pacífica, pero que fue revivido en el último momento como maniobra de campaña del Dip. Davis. La ACLU y una serie de otros grupos de concienciación se unieron a los grupos de reforma que se oponían al proyecto. El único grupo grande de concienciación que apoyaba al proyecto era la Asociación Nacional de la Educación.

“Hicimos un análisis muy bueno cuando recibimos la legislación y lo que nos dejó intrigados de verdad era la manera que ellos definían las búsquedas como una actividad desempeñada por un profesor o un funcionario de la escuela pública de tiempo integral”, dijo Tor Cowan, director de legislación de la Federación Estadounidense de Profesores, que se opuso al proyecto. “No creemos que los profesores deban ser entrenados para ser policías. Si un profesor cree que un estudiante está llevando un arma o tiene drogas, debería encaminarlo al vicedirector o supervisor de disciplina, que ha sido entrenado por el distrito respecto de lo que es permisible y él determinaría cuál sería el próximo paso. Eso es preferible a tener 50 profesores, todos con una comprensión distinta de lo que significaba sospecha razonable, intentando hacer esto”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.

“Desde la perspectiva de un administrador”, prosiguió Cowan, “ellos sienten que tienen políticas a puestos que pueden ser puestas en peligro por este proyecto. Ya tenemos requerimientos y órdenes federales suficientes y esto puede llevar a desafíos de políticas que ya han sido establecidas por la Corte Suprema. La corte da condiciones a los distritos escolares cuando se trata de establecer la sospecha razonable”.

El martes, pese a que los legisladores le hayan dado al tema de que el proyecto protegería la seguridad de los profesores y estudiantes igualmente, Cowan se encolerizó con la implicación de que los opositores del proyecto no estaban preocupados con la seguridad. “Es un argumento falso decir que a las personas que no apoyan esto no les importa la seguridad escolar”, dijo. “Ya es muy claramente de interés del profesor – no apenas en sí mismo, sino en el interés de sus estudiantes y de su escuela – informar sus sospechas de que un estudiante está llevando un arma o usando drogas al administrador adecuado en la escuela. Ya existen los medios para garantizar la seguridad y asegurar que las escuelas sigan libres de las drogas y de la violencia”.

“Tenemos un par de problemas con este proyecto también”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance, uno de los grupos de reforma de las políticas de drogas que lidera la oposición. “Primero, el Congreso está diciendo que si no se establece una política que permita que los profesores y administradores pasen a los estudiantes en revista, entonces no se recibirá dinero federal. Los autores del proyecto dicen que están intentando mantener el estatus quo, pero es absurdo. Ahora, los distritos escolares pueden establecer sus propias políticas y deberían poder establecer sus propias políticas. Si quieren proteger los derechos de privacidad de los estudiantes, deberían poder hacerlo sin miedo de perder la financiación federal”, le dijo él a la Crónica.

“Segundo, de la manera que este proyecto está redactado, implica fuertemente que la política del distrito escolar tiene que ser una en que ellos puedan realizar búsquedas masivas y aleatorias”, prosiguió Piper. “Si el director escucha el rumor de que alguien está vendiendo marihuana, puede buscar a todos los estudiantes en el edificio, y quien sabe si esos tipos de buscas son constitucionales. Nuestra gran preocupación es que los administradores escolares tengan la idea equivocada sobre los límites de sus poderes constitucionales”.

“En los casos controladores de la Corte Suprema sobre estas búsquedas, la corte sostuvo que los administradores escolares no necesitaban causa probable para pasar a los estudiantes en revista, solamente la ‘sospecha razonable’, la cual es un estándar menor”, dijo Jesselyn McCurdy, consultora legislativa en el Gabinete Legislativo de Washington de la ACLU. “Pero, la corte no decidió específicamente sobre si tiene que haber o no la sospecha individualizada; en realidad, en su decisión, dijo específicamente que no estaba expresando un fallo sobre las búsquedas masivas”, le dijo ella a la Crónica.

“Estamos preocupados que el texto vago en el proyecto lleve a los administradores a pensar que pueden hacer buscas masivas y completas como la que hicieron en Goose Creek”, el local de un ahora notorio allanamiento antidroga en que la policía blandió armas y los sabuesos invadieron un colegio secundario de Carolina del Sur, dijo McCurdy. “Sin tener en cuenta si el proyecto realmente permite eso, es medio tonto. Se puede aprobar cualquier proyecto que se quiera, pero si es inconstitucional, alguien lo desafiará y forzará a la Corte Suprema a determinar su constitucionalidad. Dado que la mayor parte de los distritos escolares ya tienen políticas sobre las búsquedas en las escuelas a puestos, esto apenas causará más confusión respecto de lo que las escuelas pueden y no pueden hacer”.

“Nos oponemos a esta legislación porque es una política única ordenada desde Washington”, explicó Angell del SSDP. “Envía el mensaje de que el Congreso sabe más que los administradores escolares cómo mantener las drogas fuera de las escuelas, y eso es ofensivo, por eso todos estos grupos de concienciación se pronunciaron contra ello. Si se vuelve ley, corremos peligro de ver más allanamientos a la Goose Creek. Muchas escuelas ya permiten las búsquedas con base en el estándar bien frágil de sospecha razonable, pero actualmente tienen una opción. Ahora, el Congreso está intentando hacer que lo hagan bajo la amenaza de perder la financiación federal”.

Ahora, el proyecto va al Senado, donde los reformadores esperan que sea derribado. Si no, están preparados para clavarle una estaca en su corazón. “Vamos a observar al Senado para asegurar que no intenten transformar este proyecto en ley”, dijo Angell. “Muchas veces al final de la sesión las cosas son atadas a proyectos totalmente no-relacionados y estamos muy cansados de eso. Vamos a alertar a las masas y pedirle a la gente que llame al Senado si somos informados que este proyecto está pasando”, dijo.

Aunque el esfuerzo de oposición no haya logrado detener el proyecto en la Cámara, las organizaciones lograron entregar miles de correos-e y hacer innumerables llamadas telefónicas a los diputados en menos de una semana. Y ellos van a observar lo que sucede a continuación.