Con la puesta en libertad temprana de algunos presos por piedra de cocaína lista para ponerse en marcha la semana que viene y la acumulación de presión para que se haga algo con respecto a la disparidad entre las sentencias para delitos de piedra y polvo de cocaína, esta semana la Cámara de los Diputados volvió su atención hacia la cuestión. Una audiencia del martes en el Subcomité de Criminalidad, Terrorismo y Seguridad Nacional del Comité de la Cámara de EE.UU. sobre el Judiciario presenció una discusión animada tanto de las reducciones retroactivas de condenas para actuales prisioneros por crack como de una serie de proyectos de ley que buscan tratar de las disparidades entre las sentencias para la piedra y el polvo.

[inline:almamaegroves.jpg align=left caption="Alva Mae Groves murió en prisión a los 86 mientras cumplía una condena de 24 años por piedra de cocaína tras rehusarse a testificar en contra de sus hijos (foto por cortesía de november.org)"]También el martes, mientras integrantes de la Cámara debatían los méritos de las varias propuestas, grupos reformadores de las políticas de drogas y de los derechos y las libertades civiles encabezaron un día de presión en el Capitolio. Para los activistas, era fundamental mantener la retroactividad para que las reducciones en las sentencias para infractores de las leyes que prohíben la piedra de cocaína se apliquen a los que están actualmente presos y persuadir a congresistas a respaldar juntos un proyecto de reforma condenatoria que disminuya las disparidades.

El día de presión fue iniciado con una conferencia de prensa matutina que contó con los diputados Bobby Scott (D-VA), Bobby Rush (D-IL), Sheila Jackson-Lee (D-TX) y Chris Shays (R-CT), así como Dorothy Gaines y Michael Short, ex presos por crack que recibieron clemencia en diciembre del presidente Bush tras cumplir más de 15 años. Después de eso, se fueron al Capitolio.

“Estuvimos en reuniones el día entero”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance, que unió fuerzas con delegaciones estaduales y organizaciones nacionales, incluso con la ACLU, el Sentencing Project y la Families Against Mandatory Minimums en el día de acción en el Capitolio. “Hubo muchísimas buenas interacciones y hay mucho optimismo respecto a las perspectivas de cambio en el Capitolio. Hay un fuerte presentimiento de que la legislación puede tramitar en una o dos semanas”, dijo.

La cuestión es: ¿qué ley? Se han presentado por lo menos cuatro proyectos – el H.R. 79, el H.R. 360, el H.R. 4545 y el H.R. 5035 – que tratarían de la disparidad condenatoria entre piedra y polvo de cocaína en la Cámara y hay más en el Senado. Ellos ordenan cambios que van de la total igualación de las penas para la piedra y el polvo a la reducción de la discrepancia a una razón de 20:1.

Según las actuales leyes condenatorias, escritas durante la histeria del crack de mediados de los años 1980, son necesarios 500 gramos de polvo de cocaína para granjearse una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión, pero apenas 5 gramos de piedra de cocaína. Esa disparidad de 100:1 ha resultado en la prisión de miles de personas, negras en su mayoría (aunque la mayor parte de los consumidores de crack sea blanca), durante largos períodos de tiempo.

“Parece que la mayor parte de los congresistas y el público está de acuerdo que la actual disparidad en las penas para la piedra y el polvo de cocaína es injustificada y que debería ser arreglada”, dijo el diputado Scott, presidente del subcomité, mientras inauguraba la audiencia del martes. “Sin embargo, aún no hay un consenso claro sobre qué debería ser ese arreglo”.

La base para la disparidad condenatoria entre la piedra y el polvo no estaba fundada en la ciencia ni en pruebas, “sino en pujas políticas para saber quién sería el más duro con la epidemia de crack que se creía estar barriendo a Estados Unidos hace varios años”, dijo Scott. “Seguro que no hay una base sensata para una sentencia mínima obligatoria de cinco años por la mera tenencia de cinco gramos de crack, cuando se puede recibir libertad vigilada por tener una tonelada de polvo, porque las sentencias mínimas obligatorias para el polvo sólo se aplican a casos de distribución, no de tenencia”.

Luego Scott presentó su proyecto, el H.R. 5035, como el mejor arreglo. “Es un proyecto sencillo que hace lo máximo para tratar de los problemas en las leyes actuales que condenan la cocaína”, dijo Scott. “Primero, elimina la distinción legal entre piedra y polvo de cocaína, tratándolas como la misma droga, lo que son. El proyecto también elimina todas las sentencias mínimas obligatorias para delitos de cocaína. Y, por ende, autoriza fondos para juzgados estaduales y federales de delitos de drogas, que han demostrado ser eficaces en la prevención de la reincidencia y ahorran dinero cuando comparados con períodos más largos de encarcelación”.

El diputado Charles Rangel (D-NY), uno de los arquitectos de las severas leyes condenatorias sobre el crack en los años 1980, cambió de opinión el martes – como lo ha hecho durante algunos años. “No resta duda en mi mente de que esa gente que creía que la gente involucrada en la tenencia de crack debería ser sentenciada a más tiempo pensaba que ello serviría mejor a la comunidad de alguna forma”, dijo. “Claramente, ése no es el caso y hallamos que tomar la discreción al determinar quien va o no va a ser preso es mostrar falta de confianza en nuestros jueces”.

La diputada Jackson-Lee, cuyo proyecto, el H.R. 4545, también trata de la disparidad condenatoria entre piedra y polvo, dijo que era tiempo de “eliminar por fin las injustas y desiguales” disparidades y de “enderezar los tuertos” creados por las duras leyes antidrogas de los años 1980. “Durante los últimos 21 años”, dijo Jackson-Lee, “hemos dejado que la gente que ha cometido crímenes parecidos cumpla sentencias drásticamente diferentes por lo que ahora sabemos ser diferencias desacreditadas e infundadas”.

A pesar de los pesares, no todo fue un festival pro reforma y antidisparidad en el comité. El diputado Louie Gohmert (R-TX), presidente de la bancada minoritaria, dijo que, aunque apoyara los intentos de reparar la disparidad condenatoria entre piedra y polvo, temía que la decisión de la Comisión de Penas para volver las directrices condenatorias retroactivas resultara en la liberación de criminales violentos. “Como ex juez y presidente de tribunal, soy atentamente reacio a revocar legislativamente el juicio anterior de jueces o jurados, quienes estaban en la mejor posición para considerar el delito y el delincuente”, dijo.

Él fue repetido por un representante del Ministerio de Justicia de EE.UU. “Cualquier reforma debe venir del Congreso, no de la Comisión de Penas de EE.UU.; y, en segundo lugar, cualquier reforma, salvo en circunstancias limitadísimas, deben aplicarse prospectivamente apenas, no retroactivamente”, declaró Gretchen Schappert, fiscal de EE.UU. del Distrito Oriental de Carolina del Norte, al mostrar la postura del Ministerio de Justicia. “Seguimos creyendo que una variedad de factores justifica totalmente penas más altas para delitos de crack. Se ha dicho que mientras que el polvo de cocaína destruye a un individuo, la piedra de cocaína destruye a una comunidad, y seguramente ésa ha sido mi experiencia”. Michael Mukasey, ministro de Justicia de EE.UU., ha estado intentando bloquear las liberaciones retroactivas también y actualmente la página web del ministerio dedica su principal enlace a un discurso que hizo al Orden Fraterno de la Policía sobre el tema.

Pero el comité también escuchó a Michael Short, un baltimorense que cumplió cerca de 16 años de prisión por vender 56 gramos de crack antes que el presidente Bush le concediera clemencia el año pasado. “Sé que lo que hice estaba mal”, le dijo Short al comité. “Vendí drogas ilegales y merecía ser castigado. Pero lo que hice y quién era no justificaban la sentencia que recibí. Y aunque hoy esté contando mi historia, también es la de muchos hombres que conocí en prisión, infractores no violentos que cumplen 10, 20 ó 30 años por delitos de piedra de cocaína. No me fueron necesarios 20 años para convencerme del error en mi modo de ser, para castigarme o meterme por camino. En conjunto, mi sentencia era demasiado larga. Era demasiado larga en razón de la manera por que la ley trata el crack. Doce años es la especie de condena que capos del tráfico deberían recibir – los grandes narcotraficantes. Pero yo no era capo. Fui condenado como uno porque la droga por la que fui condenado era el crack”.

Short también se opuso a la caracterización de los infractores por crack como criminales peligrosos hecha por el Ministerio de Justicia y algunos miembros del comité. “He escuchado algunos de los comentarios que personas en cargos de poder han hecho sobre los prisioneros por piedra de cocaína – de que somos pandilleros violentos y que por eso nuestras sentencias tienen que ser tan largas. No soy así y la mayoría que dejo atrás en prisión tampoco lo es”, dijo. “Pese a que cometiera un equívoco terrible, no hubo violencia en mi crimen. Yo no era pandillero. Fui sentenciado a tanto tiempo a causa de un estereotipo”.

Ahora, con audiencias habiendo sido realizadas en las dos cámaras del Congreso – el Senado condujo una hace dos semanas -, es tiempo de poner esos proyectos en marcha. Y eso es lo que pasa entre bastidores en el Capitolio, dijo Piper.

“Los senadores Sessions, Biden y Hatch están sentándose para intentar elaborar un acuerdo”, dijo. “Están intentando proponer algo con lo que todos puedan estar de acuerdo y que también pueda ser aprobado en el pleno. Presiento que no va a ser la eliminación total de la disparidad en las condenas, pero algo entre la razón de 20:1 de Hatch y la de 1:1 de Biden. Probablemente terminará siendo 5:1 ó 10:1”, predijo Piper.

Reducir la disparidad en las penas para la piedra y el polvo sería un “suceso maravilloso”, dijo Robert Weiner, ex director de relaciones públicas del general Barry McCaffrey, secretario antidroga. “Estas sentencias son una locura, hacen parte de la distorsión grosera del sistema de justicia penal. Si se va a cometer el crimen, se debería cumplir la pena, pero ella debería ser la misma para el mismo crimen”, dijo.

Pero el intento estridente del Ministerio de Justicia de EE.UU. para coartar la retroactividad puede echar todo por la borda, advirtió Piper. “Eso complica las cosas”, reconoció. “Esperamos no dejarlo entrar en ningún proyecto acordado. Miles de familias esperan que sus seres amados regresen a casa pronto y no queremos decepcionarlos”.

Ahora, tras años de inacción, puede ser que el Congreso finalmente actúe. Pero aún no se ha cerrado el negocio y hay muchos obstáculos entre ahorita y la aprobación de un proyecto que devolvería alguna justicia a las sentencias para la piedra de cocaína.