Reportaje: La censura en Dakota del Sur – Juez acalla a activista pro marihuana como condición de libertad vigilada

Durante la mayor parte de esta década, Bob Newland ha sido la voz de la reforma en la legislación sobre la marihuana en Dakota del Sur. El fotógrafo y habitante de Black Hills ha organizado Festivales del Cáñamo, ha hecho presión por leyes de reforma en el capitolio estatal, ha cruzado el estado de modo implacable de Black Hills a Sioux Valley y ha organizado campañas de recolección de firmas a favor de la marihuana medicinal. Es director de NORML Dakota del Sur y fundador de South Dakotans for Safe Access. En cuanto activista pro reforma de la legislación sobre la marihuana, Newland ha sido imparable - hasta este momento.

Arrestaron a Newland a principios de este año después que detuvieron su vehículo por portar una cantidad ligeramente inferior a 112 gramos de marihuana en lo que su abogado llamó una “misión de misericordia”. Inicialmente acusado de tenencia con intención de distribuir, el activista veterano aceptó un acuerdo y se confesó culpable de tenencia de cantidad inferior a 220 gramos de marihuana, delito que conlleva una sentencia máxima de dos años en la penitenciaría estatal. Los fiscales aceptaron no hacer recomendaciones condenatorias.

El lunes Newland compareció ante el tribunal en Rapid City para enterarse de su destino. El juez John Delaney no hizo que le cayera encima todo el peso de la ley – lo sentenció a un año de prisión, siendo que todos los días, salvo 45, fueron suspendidos -, pero le deparó un embarazo. Mientras estuviera bajo la supervisión del tribunal durante el año que viene, Newland no debe ejercer su derecho, garantizado por la Primera Enmienda a la Constitución de EE. UU., a militar por la reforma de la legislación sobre la marihuana en Dakota del Sur.

De acuerdo con Rapid City Journal, que contó con una reportera en la sala de audiencia, el juez Delaney veía dos problemas en la militancia pro reforma de la legislación sobre la marihuana de Newland. Estaba determinado a no dar la apariencia de que Newland había salido impune de buenas y no quería que las palabras de Newland incentivaran a los jóvenes a tomar o consumir drogas.

“En cuanto hombre público, usted no va a asumir la postura de alguien que ha recibido una pena leve”, advirtió Delaney a Newland antes de hablar cómo los tribunales de menores están repletos de chiquillos que poseen problemas con las drogas. "Noventa y cinco por ciento de mis faltistas crónicos están consumiendo marihuana”, dijo Delaney.

La condición de quedar sin libertad de expresión para el régimen de libertad vigilada provocó ira e hizo que se arquearan las cejas no sólo en Dakota del Sur, sino en todo EE. UU. Los reformadores de las políticas de drogas y defensores de las libertades civiles no son los únicos que expresan preocupación. Jurisconsultos están haciendo lo mismo.

“Renunciar a nuestros derechos según la Primera Enmienda no puede ser una condición para la libertad vigilada”, dijo Allen Hopper, director del Departamento Jurídico del Proyecto de Reforma de la Legislación sobre la Droga de ACLU. “La Constitución [de EE. UU.] protege claramente el derecho a militar por el cambio político sin temor de repercusiones penales. Es una vergüenza que el tribunal se sienta obligado a amordazar la expresión protegida en un intento equívoco de defender a la sociedad de temores infundados al debate abierto. Bob Newland nomás es la última víctima de políticas de drogas insubsistentes que siguen atascando nuestras prisiones y pisoteando nuestros derechos”.

“Los tribunales imponen condiciones a los presos en libertad vigilada todo el tiempo, pero esta especie de condición no es nada común”, dijo Chris Hedges, profesor de Derecho en la Universidad de Dakota del Sur. “La gente debe poder argumentar que se debería cambiar la ley, pero ahora no puede hacerlo. Siempre tenemos que preocuparnos cuando se infringe la libre expresión de alguien”, dijo.

“Bob es un ejemplo clásico de activista individual que fue uno de los activistas solitarios en todo el estado y que ahora conoce inteligentemente los dolores de la prohibición”, dijo Allen St. Pierre, director ejecutivo de la división nacional de NORML. “Los que están familiarizados con las leyes y las prácticas de Dakota del Sur no se sorprendieron con la pena de prisión, pero apretar las clavijas a los derechos garantizados por la Primera Enmienda es otra cosa. Los jueces ponen todo tipo de restricción a la gente en libertad vigilada, pero no suelen decir que no se puede tener parte en actividades protegidas por la Primera Enmienda”.

Fue precisamente el rol de Newland en cuanto rostro de la reforma de las políticas de marihuana en el estado que se granjeó el régimen de libertad vigilada censor, dijo St. Pierre. “La captura de Bob por marihuana apenas fue una aberración, pero el juez reconoció que en su delante se encontraba el principal alborotapueblos del estado respecto a la marihuana. Si en su delante estuviera Perico de los palotes, dudo de que diría que no se puede conversar con alguien sobre esto”.

“Es atroz”, dijo Bruce Mirken, director de comunicación de Marijuana Policy Project. “No me puedo imaginar por qué, como parte de una sentencia penal, se debería impedir que alguien argumentara que la ley por que fue arrestado es equivocada y que se debería cambiarla. Esto es profundamente inquietante. Piense lo que uno piense del individuo o de la ley, sí contamos con algo llamado Primera Enmienda y debería aplicarse al Sr. Newland como a cualquiera. No puedo imaginarme cómo el pueblo de Dakota del Sur podría ser puesto en peligro si se permite que el Sr. Newland milite por aquello en que cree”.

“Es muy triste lo que le ha pasado a Bob el lunes”, dijo Emmett Reistroffer, quien ha asumido el lugar de Newland como líder de South Dakotans for Safe Access, que actualmente lleva a cabo una campaña de recolección de firmas para someter una iniciativa pro marihuana medicinal a votación en el 2010. “Jamás he oído hablar de eso antes en mi vida. No soy abogado, pero lo primero en que pienso es: ¿en qué se funda el juez para privar a alguien de sus derechos garantizados por la Primera Enmienda?”

El mismo Newland quedó sorprendido con la condición del régimen de libertad vigilada, pero no sabía si valía la pena contestarla. En lo que tal vez sean sus últimas palabras sobre el asunto – hasta el año que viene, de todos modos -, él le dijo a la Crónica que temía los “efectos negativos” de impugnarla. En otras palabras, no quiere que lo metan a la cárcel por más tiempo que el que ya tendrá que cumplir.

“Me parece una estipulación condenatoria bastante desacostumbrada, de una especie que nunca he visto en todos mis años de activismo y observación de condenas contra otras personas por sustancias ilegales. Seguramente linda con una especie de supresión de la libre expresión que esperamos ver en países totalitarios”, dijo. “El juez Delaney quiso hacer una declaración con la sentencia y seguramente la hizo. Si estuviera inclinado a contestar la estipulación, los efectos negativos inmediatos sobre mi vida casi seguramente superarían cualquier logro que pudiera alcanzar. Por lo tanto, debo decir que acato la decisión del juez de la misma manera que acato todas las otras estipulaciones de la sentencia. Si hasta el momento esta declaración no me ha hecho sobrepasar los confines de asumir un ‘rol público’ en la militancia pro reforma, quizá sea mejor que espere un año para contribuir a ello”.

Pero puede que todavía no acallen a Newland. Esas palabras fueron escritas el miércoles, antes de que el Proyecto de Reforma de la Legislación sobre la Droga de ACLU tuviera la oportunidad de discutir la cuestión con él. Tal organización está definitivamente interesada en dar trámite al caso. Si Newland desea proseguir con la impugnación de la estipulación que veda la libertad de expresión, los grupos de reforma en las políticas de drogas quedarán a su lado, dijeron St. Pierre y Mirken.

“Los grupos reformadores de las políticas de drogas tienen un interés inmediato en este caso”, manifestó St. Pierre. “Establece un precedente terrible y qué aberración es que le digan a uno qué asuntos políticos uno puede discutir. El derecho a ejercer la libre expresión política es el fulcro en que esto girará”.

Newland también puede conseguir algo de consuelo de la profesora Hutton, que enseña derecho. Newland debe tener la libertad de impugnar la condición que veda la libertad de expresión sin miedo de represalias jurídicas, dijo Hutton. “Si justo interpuso algo para impugnarla, ello no puede ser utilizado en contra suya”, dijo.

Irónicamente, la condición del juez para la libertad vigilada puede terminar siendo una bendición para el movimiento en Dakota del Sur, dijo St. Pierre. “Simplemente el hecho de que esto haya sucedido ha llamado la atención de gente de todo el mundo”, dijo. “Por más doloroso que sea, Bob probablemente brindará más visibilidad ahora a este debate que 10 años gastando el cuero de los zapatos - y sin decir palabra”.