Reportaje: Corte Suprema usa caso “Bong Hits 4 Jesus” para limitar los derechos de libertad de expresión de los estudiantes

El lunes, la Corte Suprema de los EE.UU. tomó providencias para restringir los límites sobre la libertad de expresión para los estudiantes de secundaria, decidiendo que una escuela secundaria de Alaska puede castigar constitucionalmente a un estudiante que sujetaba una pancarta de 4,20m que decía “Bong Hits 4 Jesus” durante un evento escolar. En una decisión de 5 a 4, el tribunal superior sostuvo que las escuelas pueden prohibir a los estudiantes de expresar puntos de vista que puedan ser interpretados en cuanto apología al consumo de drogas.

Aunque los tribunales hayan sostenido que los estudiantes en la escuela no tienen los mismos derechos garantizados por la Primera Enmienda que los demás ciudadanos, en una decisión de 1969 respecto de la expresión de puntos de vista contra la Guerra del Vietnam de los estudiantes, la corte sostuvo famosamente que no abrigaba los derechos constitucionales en la puerta de la escuela. Desde entonces, la corte ha reducido la libertad de expresión de los estudiantes en un par de casos y, el lunes, lo hizo nuevamente.

La decisión ocurrió en Morse vs. Frederick, un caso que empezó en 2002 cuando Joseph Frederick condujo un grupo de estudiantes que sujetaba la pancarta mientras un desfile olímpico pasaba de largo. Los estudiantes habían sido dispensados de la escuela para asistir al evento. La directora Deborah Morse interpretó la pancarta como absurda y como un “mensaje pro drogas”, tiró la pancarta abajo y castigó a Frederick con una suspensión de 10 días de la escuela. Frederick interpuso una demanda en tribunal federal acusando que Morse y el distrito escolar habían infringido sus derechos a la libertad de expresión garantizados por la Primera Enmienda y, después de una serie de decisiones que llevó el caso de acá para allá, terminó por fin en la Corte Suprema.

“El mensaje en la pancarta de Frederick es críptico”, dijo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en el fallo de la mayoría. “Pero la directora Morse pensó que la pancarta sería interpretada por aquellos que la veían como si estuviera promoviendo el consumo ilegal de drogas y esa interpretación es llanamente razonable”.

Una serie de organizaciones de la reforma de las políticas de drogas y de las libertades civiles, inclusive la Drug Policy Alliance y el Students for Sensible Drug Policy, así como un amplio espectro de grupos que incluyen los conservadores American Center for Law and Justice, la Christian Legal Society y el Rutherford Institute to the Student Press Law Center, el Lambda Legal Defense and Education Fund y la National Coalition Against Censorship interpusieron o ajuntaron escritos en apoyo a Frederick. La Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, sigla en inglés) debatió el caso de Frederick delante de la corte.

Aunque la decisión apretada limite la expresión estudiantil respecto de actividades ilegales, no les da a los administradores escolares el derecho a suprimir la expresión que defienda posiciones políticas, como la legalización de las drogas. Como observó John Roberts, el presidente de la Corte Suprema, en el fallo de la mayoría: “Claramente, éste no es un caso sobre el debate político acerca de la penalización del consumo o de la tenencia de drogas”.

En un fallo concordante, los ministros Alito y Kennedy se sumaron a la mayoría, con la comprensión de que la decisión “no le da apoyo a ninguna restricción de la expresión que pueda ser interpretada plausiblemente en cuanto comentario acerca de cualquier cuestión política o social, inclusive la expresión sobre cuestiones como ‘la sabiduría de la guerra contra las drogas o de legalizar la marihuana para consumo medicinal’”.

“De hecho, la decisión reduce los derechos a la libertad de expresión para los estudiantes de secundaria”, dijo el profesor de derecho de la UCLA, Eugene Volokh, autor de la bitácora de derecho, la Volokh Conspiracy. “Por un lado, afirma que ‘Bong Hits 4 Jesus’ es un aval del consumo ilegal de drogas, pero, al mismo tiempo, niega que aquellas palabras transmitan cualquier tipo de mensaje político o social, y por supuesto que lo hacen. O era absurdo, en cuyo caso no estaba defendiendo nada, o, si era apología al consumo ilegal de drogas, transmitía un mensaje social y político”.

La decisión puede resultar en tentativas de restringir la expresión estudiantil, dijo Volokh. “Como resultado de esta confusión, los tribunales inferiores pueden decidir que más expresiones estudiantiles no están protegidas a causa de juicios insensatos de que no es defensa política de veras”.

También hay la cuestión difícil de saber qué pasa cuando los estudiantes combinan la defensa del consumo ilegal de drogas y la defensa de una posición política, dijo Volokh. “¿Y si alguien dice: ‘Revoquen las leyes sobre la marihuana porque es divertido y seguro’? Ésa es una cuestión más difícil”.

La reacción de los simpatizantes de Frederick al veredicto fue una mezcla de desilusión, preocupación y alivio. “Nos consolamos un poco por saber que la decisión protege claramente la expresión que desafíe la guerra contra las drogas. Nunca antes la Corte Suprema ha declarado tan claramente que la expresión que ataque la sabiduría de la guerra contra las drogas está protegida dondequiera que pueda ocurrir”, dijo Daniel Abrahamson, director de asuntos legales de la Drug Policy Alliance.

“¿Pero quién va a decidir qué es expresión adecuada?”, prosiguió Abrahamson. “Los estudiantes están en las líneas de frente de la guerra contra las drogas y estamos profundamente preocupados que la libertad de expresión sea administrada ahora por aquellos que puedan querer suprimir la discusión abierta sobre una variedad de tópicos como la eficacia del programa DARE, las políticas escolares de exámenes toxicológicos o las búsquedas aleatorias de casilleros escolares. Nuestros derechos constitucionalmente protegidos a la libertad de expresión no deberían hacer una excepción arbitraria a la guerra a las drogas”.

“Con agradecimiento, la Corte Suprema estuvo de acuerdo con los argumentos que el SSDP expuso en nuestro escrito, limitando la expresión punible a aquélla que promueva expresamente el consumo de drogas”, dijo el director ejecutivo del SSDP, Kris Krane. “Pero estamos preocupados que la decisión de la Corte Suprema pueda causar confusión entre los administradores escolares, quienes pueden exagerar y castigar a los estudiantes por expresiones sobre las políticas de drogas a pesar de la decisión de hoy del tribunal”.

“Estamos decepcionados con la decisión de la Corte Suprema, que permite la censura de la expresión estudiantil sin cualesquiera pruebas de que las actividades escolares fueron interrumpidas”, dijo Douglas K. Mertz, un abogado cooperador de la ACLU que discutió el caso delante de la Corte Suprema.

“La decisión de la Corte impone nuevas restricciones sobre los derechos estudiantiles a la libertad de expresión y crea una excepción a las drogas en la Primera Enmienda”, dijo Steven R. Shapiro, director legal nacional de la ACLU. “La decisión pretende ser reducida y la Corte refutó los argumentos más radicales a favor de la censura escolar. Pero, porque la decisión está basada en el punto de vista de la Corte acerca del valor de la expresión relacionada con las drogas, es difícil saber cuál será su impacto en otros casos que involucren expresiones impopulares.

“La Corte no puede tener las dos cosas”, añadió Shapiro. “O esta expresión no tiene nada que ver con las drogas, que es lo que Joe Frederick afirmó desde el primer momento, o fue suprimida porque los funcionarios escolares no estaban de acuerdo con el punto de vista que se expresaba sobre una cuestión que es asunto del debate en Alaska y alrededor del país”.

Si la decisión es una decepción y una preocupación para los defensores de la libertad de expresión, también es notable por una de las críticas más destacadas de la prohibición de la marihuana ya oída del tribunal superior. En su disensión, el ministro John Paul Stevens, sumado por los ministros David Souter y Ruth Bader Ginsburg, comparó la prohibición actual de la marihuana con la ley seca. “Pero, así como la ley seca en los años 1920 y principios de los años 1930 era cuestionada secretamente por, de lo contrario, miles de patrocinadores honestos de contrabandistas de alcohol y bares clandestinos”, escribió Stevens, “hoy día, las acciones de literalmente millones de, de lo contrario, usuarios honestos de marihuana y de la mayoría de los electores en cada uno de los varios Estados que toleran los usos medicinales del producto me llevan a pensar si el temor de desaprobación de aquellos en la mayoría está silenciando a los oponentes de la guerra contra las drogas. Sin duda, nuestra experiencia nacional con el alcohol nos debería dejar con dudas acerca de aguar la expresión que sugiera – por más inarticuladamente que sea – que sería mejor tasar y regular la marihuana que perseverar en una tentativa fútil de prohibir totalmente su consumo”.

“Aun en secundaria”, prosiguió Stevens, “es menos probable que una regla que permita solamente la expresión de un punto de vista produzca las respuestas correctas que la discusión abierta de los puntos de vista contrarios... En el debate nacional sobre una cuestión seria, es la expresión del punto de vista de la minoría que más exige la protección de la Primera Enmienda. Cualquiera que pueda ser la mejor política, una discusión completa y franca de los costos y beneficios de la tentativa de prohibir el consumo de marihuana es mucho más sabia que la supresión de la expresión porque es impopular”.

Por supuesto, ése es el punto de vista de la minoría. Pero, cuando charlas de ese tipo empiezan a partir de un ministro de la Corte Suprema, ello nos lleva a preguntar cuán hueco es el edificio de la prohibición de las drogas. La disensión de Stevens sugiere que hay mucha podredumbre en el consenso de la guerra a las drogas.