Drug War Chronicle

Durante 30 años, los habitantes de la Isla de Hawái han soportado todos los años los descensos de helicópteros y las redadas contra plantaciones de marihuana del “Operativo Cosecha Verde”. Pero la semana pasada, el gobierno local le dijo “no, gracias” a la financiación estadual y federal que lo sustenta.

En enero, la Corte Suprema de California decidió que los empleadores podían despedir a empleados que se sacaron positivo para marihuana aun si fueran pacientes legales conforme a la legislación californiana. Ahora, un proyecto que desharía ese fallo ha sido aprobado por la Asamblea estadual.

Un tribunal de apelaciones californiano ha declarado inconstitucional una ley de 2004 que establece límites para la cantidad de marihuana que los pacientes pueden tener porque busca enmendar una iniciativa electoral y apenas los votantes pueden hacerlo.

Una agente penitenciaria de Connecticut va presa, dos inspectores de Aduanas del Aeropuerto JFK también, un agente de la Patrulla Fronteriza de Arizona acepta un acuerdo y un agente antidroga de Connecticut es reducido a prisión. Una semana más en la lucha contra la droga.

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Un tribunal de apelaciones brasileño en São Paulo ha decidido que la tenencia de drogas no es crimen. El fallo sólo se aplica a un caso, pero ha establecido un precedente importante.

En una decisión sorpresiva, la Corte Suprema de Columbia Británica ha sostenido que la legislación federal antidroga de Canadá es inconstitucional cuando aplicada al inyectorio de Vancouver. Por lo tanto, el local va a permanecer abierto a pesar de los deseos del gobierno Harper.

Llegó la temporada de los festivales musicales de verano y con ella los ejercicios anuales de imposición de la legislación antidroga dirigidos hacia los frecuentadores y viajeros en general. He aquí unos cuantos consejos para evitarse problemas.

People are being killed in prohibition-related violence in Mexico at a rate 50% higher than last year. Mexico's attorney general claims that's a sign of success in the drug war.

A new study from the Drug Policy Alliance finds that New Jersey is spending more than $330 million a year to imprison drug offenders. The study comes as the state legislature ponders a first baby step toward reforming its tough drug sentencing laws.