Reportaje: Asamblea de Nueva York aprueba proyecto que reforma legislación Rockefeller sobre la droga – La lucha procede al Senado

El miércoles la Asamblea de Nueva York aprobó un proyecto que revocaría gran parte de la durísima legislación Rockefeller sobre la droga del estado. Promulgada en 1973 por el gobernador Nelson Rockefeller (R), la legislación es una de las más duras en Estados Unidos y ha servido de modelo para leyes “duras con la delincuencia” por todo aquel país desde entonces.

Por 96 votos contra 46, la Asamblea aprobó el A 6085, que restableció la discreción de los jueces al sentenciar a infractores de la legislación antidroga de menor entidad con la abrogación de disposiciones en la ley que exigen que los fiscales aprueben la decisión que un juez tomó de desviar a alguien de la prisión hacia el tratamiento de la toxicomanía. El proyecto también expandiría el sistema estatal de juzgados de delitos de drogas del estado al autorizar uno para cada comarca en el estado. El proyecto de ley contiene disposiciones que niegan la libertad vigilada o condenas a cárceles municipales a adultos que vendan drogas a menores de edad, traficantes que trafiquen mientras estén armados y “capos del narcotráfico”.

Ahora todas las miradas se vuelven hacia el Senado estatal, donde se ha introducido un proyecto idéntico. Para complicar las cosas, el mes pasado la Comisión de Penas del Estado de Nueva York publicó sus propias recomendaciones mucho menos reformistas, las cuales deberían ser la guía del gobernador David Paterson (D) para reformar la ley. El gobernador no está vinculado por las recomendaciones de la mayoría de la comisión, pero todavía no se sabe con seguridad qué hará Paterson.

Gracias a la legislación Rockefeller – y pese a las reformas en el 2004 y el 2005 que no causaron ningún impacto sobre los infractores menos peligrosos apresados conforme a ella -, actualmente casi 12.000 personas están entre rejas a causa de la droga en Nueva York. Aun después de toda la reparación del 2004-2005, el sistema carcelario estatal sigue inundado de nuevas víctimas de la ley Rockefeller. Más de 5.000 personas fueron reducidas a prisión por delitos de drogas no violentos el año pasado.

Más del 42% de los prisioneros por la ley Rockefeller – más de 5.000 personas – cumple largas penas por simple tenencia de drogas, muchos de ellos condenados por los delitos de drogas de nivel más bajo, que implican sólo pequeñas cantidades de drogas. Por ejemplo, medio gramo de cocaína puede conllevar cargos criminales de Clase D. Hasta el mes pasado 1.098 personas se encontraban presas por ese delito.

El aprisionamiento masivo de infractores de la legislación antidroga les cuesta mucho a los contribuyentes del Empire State. De acuerdo con la Correctional Association of New York, el estado gasta US$ 525 millones al año para encarcelar a infractores de la legislación antidroga y ha gastado US$ 1,5 mil millones en la construcción de prisiones para alojarlos.

“Más de 35 años después de la promulgación de la legislación Rockefeller sobre la droga, claro está que estas leyes que ordenan el aprisionamiento aun para infractores de menor entidad han fracasado en combatir con eficacia la toxicomanía o en reducir la incidencia de los delitos de sangre”, dijo el diputado Sheldon Silver (D-Manhattan), líder de la Asamblea, antes de la votación el miércoles. “Esta ley devuelve la humanidad a las políticas de drogas aquí en Nueva York. Expande las opciones condenatorias disponibles para los jueces sin poner a la gente en peligro. Los jueces están en las mejores condiciones de saber quiénes merecen la prisión y quienes no la merecen. La penitenciaría y las sentencias obligatorias de prisión no son soluciones mágicas para tratar de la toxicomanía y los problemas que la acompañan; restablecer la discreción judicial es la solución”.

“Hace mucho que estas reformas deberían haber sucedido”, dijo el diputado Jeffrion Aubrey (D-Queens), el principal ponente del proyecto de ley. “Esta ley estipula un abordaje más sensato, abarcador y económico para tratar de los infractores de la legislación antidroga de menor entidad y de los drogadictos. Piensen en todos los recursos que han sido gastados en encerrar a infractores no violentos de la legislación antidroga y que podían haber sido invertidos en la educación, rehabilitación y capacitación profesional que pueden salvar vidas. Los programas de tratamiento en la Ciudad de Nueva York tienen un índice de reincidencia del 10 por ciento para los participantes un año después que lo concluyen en comparación con un 60% a 70% para los que no están en los programas. El tratamiento funciona”.

Los activistas que han pasado años intentando hacer que la legislatura haga caso a los pedidos de reforma en la legislación Rockefeller – o la revocación total – manifestaron satisfacción con la votación en la Asamblea. Pero aunque estuvieran de acuerdo que el proyecto contenía reformas considerables, algunos dijeron que se quedaba corto.

“Como todos, de la Comisión de Penas al gobernador, hablan en reformar la legislación Rockefeller sobre la droga, es crucial examinar toda propuesta y asegurarse de que constituya una verdadera reforma”, dijo Gabriel Sayegh, director de proyectos de la organización Drug Policy Alliance. “Para que sea una reforma verdadera y significativa, toda propuesta debe incluir el restablecimiento de la discreción judicial en los casos de delitos de drogas; la expansión de programas que proporcionen alternativas a la encarcelación y el tratamiento comunitario de la toxicomanía; reformas condenatorias justas y equitativas; y la reparación condenatoria retroactiva para la gente que cumpla sentencias injustas según la legislación Rockefeller sobre la droga. La Asamblea ha incluido estas disposiciones y su propuesta constituye una verdadera reforma”.

“Hoy el Estado de Nueva York está más cerca de la justicia que nosotros estábamos ayer”, dijo Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés). “Al aprobar este proyecto de ley, la Asamblea de nuestro estado desiste de 36 años de fracaso y se dirige hacia una reforma considerable de la legislación Rockefeller sobre la droga”.

“La legislación Rockefeller sobre la droga se ha frustrado por toda medida – costo, consumo de drogas, seguridad pública”, añadió Robert Perry, el director legislativo del grupo. “Con la aprobación del proyecto de Jeff Aubrey, la Asamblea ha tomado providencias respecto a la directiva del gobernador Paterson para reformar fundamentalmente las políticas de drogas fracasadas del estado. El proyecto cambia el paradigma al alejarse de la encarcelación masiva y acercarse a un modelo de salud pública”.

Pero la NYCLU también dijo que “en ciertos sentidos esenciales, la propuesta de la Asamblea no realiza totalmente los principios de reforma en que se funda la ley”. Listó varios ejemplos:

• El proyecto deja en vigor un plan condenatorio que permite sentencias máximas irrazonablemente severas para delitos de drogas no violentos de menor entidad;

• El proyecto desclasifica para el tratamiento y la rehabilitación a los individuos que más puedan necesitar dichos programas; y
• El proyecto crea un procedimiento innecesariamente agobiante para archivar antecedentes penales después que alguien haya concluido un programa de tratamiento de la toxicomanía.

“Es un primer paso esencial, pero alentamos al gobernador Paterson y al Senado estatal a que autoricen la discreción judicial para desviar a los individuos de la prisión en todos los casos adecuados; a que expandan y mejoren la calidad de la alternativa a programas de encarcelación; y a que proporcionen la justicia hace tanto buscada a miles de familias que han sido destrozadas por la legislación Rockefeller sobre la droga”, dijo Lieberman.

Randy Credico del William Moses Kunstler Fund for Racial Justice, que ha formado parte del movimiento pro reforma en la legislación Rockefeller durante años, hizo una crítica más radical. “No es solamente la legislación Rockefeller sobre la droga – necesitamos poner a punto totalmente el sistema de justicia penal, de la condenación y el nombramiento de jueces a la selección de jueces de parte de la fiscalía, el perfilamiento racial y la veda a cacheos. La gente necesita centrarse en el sistema de justicia penal en conjunto o un número de personas igual al que tenemos ahora será reducido a prisión”, le dijo a la Crónica el mes pasado.

Pero en este momento el enfoque está centrado en hacer que la ley que reforma la legislación Rockefeller llegue al gabinete del gobernador. Sayegh de la DPA dijo que había buenas señales en el Senado. “El proyecto del Senado que fue introducido por el senador Eric Schneiderman (D-Bronx) es el mismo que fue introducido en la Asamblea”, señaló. “Tenemos muchas esperanzas respecto a ello”.

Pero Sayegh temía lo que propondrá el gobernador Paterson. “Por lo visto el gobernador ha distribuido una propuesta a los líderes legislativos que no ha sido dada al público”, dijo. “Esperamos que no copie y pegue las recomendaciones de la Comisión de Penas, considerando que ellas no constituyen una verdadera reforma”.

Empero, Sayegh predijo medidas rápidas en Albany. “Esto tramita con rapidez. Creemos que podemos ver un proyecto negociado del Senado en una a dos semanas”, dijo. “Considerando la crisis fiscal a que hacemos frente, estas reformas harán que el estado ahorre millones y millones de dólares. Éste es el momento”.

Si y cuando se apruebe una revocación considerable de la legislación Rockefeller sobre la droga, entonces tal vez la gente empiece a preguntarse primeramente por qué y si los usuarios y vendedores de drogas deberían ser arrestados si no hay perjuicio a terceros. Puede que el tratamiento de la toxicomanía y los juzgados de delitos de drogas sean una mejora con relación a años de prisión, pero en una sociedad que tratara a sus ciudadanos como adultos, dichas instituciones autoritarias quedarían reservadas para la gente que haya demostrado que su consumo de drogas perjudica a los demás.