Reportaje: Mirando la bola de cristal - ¿Qué podemos esperar en el 2009?

En el otro reportaje de esta edición, recordamos el año pasado y examinamos los altibajos en las políticas de drogas. Aquí, como es lógico, esperamos ver algunas de las mismas cuestiones. Como las políticas de drogas prohibicionistas están bien arraigadas, muchos problemas son perennes – y lo seguirán siendo hasta que sean solucionados.

Por supuesto, la lucha de Estados Unidos contra la droga no termina en nuestras fronteras, entonces aunque se preste mucha atención a cuestiones interiores de políticas de drogas, nuestras políticas de drogas también causan un impacto importante sobre nuestra política exterior. En verdad, Afganistán, que se puede decir que es nuestra crisis de políticas más grave en el extranjero, se encuentra inextricablemente entrecruzado con nuestra guerra a la droga, mientras que nuestras políticas de drogas en este hemisferio también están engendrando una crisis en nuestra frontera al sur y alienación y pérdida de influencia en Sudamérica.

La marihuana medicinal en los estados de EE.UU.

En noviembre los votantes de Michigan lo convirtieron en el 13º estado con marihuana medicinal y el primero en el Medio Oeste de EE.UU. Ahora casi un cuarto de la población estadounidense vive en estados con marihuana medicinal y es probable que esa cifra aumente este año. Hay labores legislativas en marcha en Kansas, Illinois, Minnesota, Nueva Yérsey y Nueva York, entre otros, y es probable que uno o más de ellos se sumen a los otros este año. También surge interés en la marihuana medicinal en algunos lugares improbables, como Idaho, donde un legislador ha prometido introducir un proyecto de ley este año, y Dakota del Sur, donde activistas que fueron derrotados en las encuestas en 2006 intentan presentar un proyecto en la Asamblea este mes.

El gran experimento de California con la marihuana medicinal

Como con tantas otras cosas, cuando se trata de la marihuana medicinal, California es un mundo aparte. Con su legislación escrita con vaguedad que permite que prácticamente cualquiera con US$150 para una consulta con un médico para buscar la certificación de paciente registrado de marihuana medicinal y con su próspero sistema de cooperativas, colectivos y dispensarios, el Golden State ha creado una situación de riesgo bajísimo para los consumidores y protecciones considerables aun para cultivadores y vendedores.

Mientras los flujos de ingresos tributarios de los dispensarios entran en el erario ávido de dinero del estado, la marihuana medicinal también está creando hechos políticos sobre el terreno. El Estado de California no va a tomar providencias contra un valioso generador de renta.

Y si el presidente electo Obama mantiene su palabra, pronto la DEA se quitará también. Pero aunque no lo haga y prosigan las redadas contra los dispensarios, parece extremamente improbable que los federales logren devolver el genio a la botella. Durante ocho años el gobierno Bush intentó y logró clausurar solamente una pequeña fracción de los gerentes, cuya mayoría fue reemplazada por competidores de todos modos.

El sistema estatal de los dispensarios, aunque actualmente sea una labor de retazos con algunas regiones bien abastecidas con tiendas y otras comarcas enteras sin ninguna también es un modelo realista de lo que puede ser la regulación de la venta de marihuana. Pese a los lamentos y rechinamientos de dientes de los enemigos de la marihuana, en su mayoría, los dispensarios han funcionado sin problemas y han demostrado ser buenos vecinos comerciales y comunitarios.

El régimen de marihuana medicinal de California sigue evolucionando mientras el estado forcejea con la realidad que crearon los electores hace más de una década. Continuaremos observando y reportando al paso que – quizá – California abre camino para la venta tributada y regulada de marihuana y no solamente para los pacientes.

¿Qué hará Obama?

Será el inicio de una nueva era en Washington, DC, cuando el presidente electo Obama se convierta en presidente Obama en menos de tres semanas. Aunque el presidente no pueda aprobar leyes, puede proporcionar el liderazgo al Congreso y valerse de sus poderes ejecutivos para hacer algunos cambios, como desconvocar la DEA en California, lo que ha prometido hacer.

Lo único que sabemos es que no va a intentar legalizar la marihuana. Como respuesta a preguntas generadas por el público respecto a la legalización de la marihuana, su equipo ha contestado sucintamente: No.

Un indicio temprano de las inclinaciones de Obama será la selección de un sustituto para John Walters, director del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas de EE.UU. Aunque haya habido especulaciones sobre algunos posibles candidatos, ninguno de ellos muy emocionantes para los reformadores de las políticas de drogas, ningún candidato ha sido nombrado todavía.

El presidente Obama también enviará presupuestos al Congreso. Esos documentos darán indicios clarísimos de sus prioridades respecto a cuestiones de interés para los reformadores, desde el polémico programa de subvenciones para financiar destacamentos policíacos antidrogas y niveles de gastos con prevención y tratamiento de la toxicomanía hasta la financiación de las aventuras de la lucha contra la droga de Estados Unidos en el extranjero.

Se dice que Obama no va a gastar su capital político para intentar deshacer décadas de políticas antidrogas, pero tal vez hable el hacha presupuestaria. Sabemos muy bien que actualmente no hay dinero que desperdiciar en el presupuesto federal.

¿Qué hará el Congreso de EE.UU.?

Ahora los demócratas controlan no solamente la Casa Blanca, sino las dos cámaras del Congreso. Un área que observaremos de cerca es el progreso, si es que hay, de la reforma condenatoria federal. Por de pronto hay más de 100.000 presos federales de la lucha contra la droga, muchos de los cuales son infractores por crack de menor entidad que cumplen sentencias durísimas merced a las labores de gente como el vicepresidente electo Joe Biden, antiguo luchador antidroga del Congreso. Se han introducido varios proyectos distintos acerca de la disparidad en las penas contra la piedra y el polvo de cocaína. El mejor fue de autoría del mismo Biden, una señal de los tiempos que cambian, aun si lo hacen despacio. Ya es hora de que se apruebe uno de estos proyectos, ojalá uno bueno.

El diputado Barney Frank (D-MA) presentó un proyecto de ley federal sobre la despenalización de la marihuana el año pasado. El mejor pronóstico es el de que no va a resultar en nada, pero siempre se puede ser pillado gratamente de sorpresa.

El diputado John Conyers (D-MI), presidente del Comité de la Cámara sobre el Judiciario de EE.UU., ha aparecido como crítico vehemente de la injerencia federal en los programas estatales de marihuana medicinal. Conyers puede valerse de su puesto para poner la cuestión de relieve, y, tal vez, presentar una ley pensada para tratar del problema de la interferencia federal.

Un área en que el Congreso de EE.UU., incluso los cuadros demócratas, ha demostrado ser vulnerable a la política de la dureza con la delincuencia es la financiación federal de los destacamentos antidrogas. En un ataque raro de sanidad fiscal, hace años que el gobierno Bush intenta reducir tales subvenciones a cero, pero el Congreso sigue intentando volver a ponerlos en el presupuesto – y más un poco. Vamos a observar esas luchas por la financiación este año para ver si algo ha cambiado.

México

Con el número de víctimas de la violencia relacionada con la prohibición sobrepasando los 5.000 el año pasado, México está en medio de una guerra multifacética que no va a terminar en el futuro inmediato, especialmente dado el apetito insaciable de Estados Unidos por las sustancias prohibidas que enriquecen obscenamente a los carteles mexicanos del narcotráfico. Como el año pasado el gobierno Bush y el Congreso de EE.UU aprobaron un paquete antidroga de US$1.4 mil millón conocido como Iniciativa Mérida para ayudar a los militares y la policía, ahora EE.UU. invierte bastante en la intensificación de la violencia.

El Centro Nacional de Información sobre Drogas ha identificado a los carteles mexicanos del narcotráfico como la amenaza criminosa número uno de EE.UU. y es probable que la violencia al sur de la frontera empiece a rezumarse por la línea. Eso solamente va a aumentar la presión entre figuras policíacas y políticas para que “hagan algo”. Pero, dada la actual mentalidad entre los legisladores, es improbable que casi cualquier cosa que puedan estar inclinados a hacer para “ayudar” sea útil.

La guerra a los carteles en México también causa impacto sobre la política interior mexicana, ya que la popularidad del presidente Felipe Calderón sufre una caída considerable. La angustia por la intensificación de la violencia ya ha proporcionado una apertura para platicar sobre la reforma de las políticas de drogas en México, el PRD de la oposición dice que hay que discutir la legalización y el mismo Calderón ha anunciado que quiere despenalizar la tenencia de drogas (pese a que no se sepa de qué manera eso causaría algún impacto perceptible sobre el tráfico o la violencia).

Espere que prosiga la violencia y esté atento para ver si la presión política resulta en algún cambio político real. La Crónica de la Guerra Contra las Drogas probablemente se va a dirigir hacia Tijuana pronto para realizar reportajes sobre el terreno.

La lucha andina contra la droga

… no va bien. Pese a la inversión de miles de millones de dólares en el Plan Colombia, la producción de coca allá se encuentra aproximadamente en el mismo nivel que una década atrás. Las exportaciones de cocaína continúan aparentemente inmunes a todas las labores para suprimirlas, a pesar de que parezca que más se dirigen hacia Europa actualmente. Durante el gobierno Bush, la guerra contra las drogas de EE.UU. en Colombia se ha transformado en apoyo abierto a la guerra antiinsurgencia del gobierno colombiano contra los rebeldes izquierdistas de las FARC, quienes han sido debilitados, pero que, como están llenos de dólares del tráfico, no van a desaparecer. Las organizaciones paramilitares de derechas, quienes también se benefician con el tráfico, tampoco. ¿Será que el gobierno Obama va a intentar algo nuevo?

Mientras tanto, Bolivia y Venezuela, los únicos países destacados en particular por el gobierno Bush por no acceder a los objetivos de EE.UU. en materia de políticas de drogas, se han convertido en aliados en un bloc de izquierdas emergente que busca desafiar la hegemonía estadounidense en la región. Los dos países han echado a la DEA – Venezuela en 2005, Bolivia el semestre pasado – y están cooperando para expandir los mercados para el naciente sector boliviano de la coca. Esta semana el presidente boliviano Evo Morales reconoció que parte de la producción de coca está siendo desviada a los traficantes de cocaína, pero dijo que no necesita la ayuda de EE.UU. para lidiar con ello.

Y, en Perú, donde el presidente Alan García ha mandado al Ejército para erradicar los cocales en conformidad con las políticas estadounidenses, aumenta el descontento en las regiones cocaleras, los cocaleros avanzan hacia territorios indígenas, lo que causa más problemas, y los insurgentes del Sendero Luminoso, que ya fue considerado decisivamente derrotado, ha resurgido - pese a que, por lo visto, sin su ideología maoísta – como organización criminosa del narcotráfico y protectora de los cocaleros. El gobierno peruano le echa la culpa al Sendero Luminoso por la muerte de 25 soldados, policías y trabajadores antidrogas en emboscadas el año pasado. Espere el aumento de ese número este año.

Afganistán

Más de siete años después de la invasión de EE.UU. para derrocar al Talibán y destruir a la Al Qaida, Afganistán es el productor más grande de opio del mundo y lo ha sido cada año desde que el Talibán fue echado del poder. Aunque los imperativos de la lucha contra la droga de EE.UU. sigan fuertes, están en conflicto con los objetivos generales del combate a la insurgencia allá, y cualquier intento de suprimir el plantío de adormideras o el tráfico de opio no solamente causará un enorme impacto sobre la economía nacional, sino que probablemente va a conducir a los agricultores afganos a los brazos pacientes del resurgente Talibán, quien se calcula que gane cientos de millones de dólares al año con la tributación y protección del tráfico. Con eso se puede comprar muchísimas armas para apuntar a efectivos afganos, estadounidenses y de la OTAN.

El presidente electo Obama ha prometido revigorizar la guerra de EE.UU. en Afganistán con el envío de 20.000 efectivos más y la OTAN ha estado de acuerdo reluctantemente en atacar el narcotráfico al perseguir a traficantes vinculados con el Talibán o varios caudillos – pero no los que tienen relaciones con el gobierno en Kabul. El año pasado fue el más sanguinario hasta el momento para las fuerzas de la coalición en Afganistán; este año seguramente lo sobrepasará.