Frente a presiones presupuestarias y una población penitenciaria que ha cuadruplicado en los últimos 25 años a causa de severas leyes de condenación mínima obligatoria, la semana pasada el Senado de Pensilvania votó en la aprobación de un proyecto que refrenaría los costes galopantes con prisiones al tramitar a algunos presos por el sistema con más rapidez y desviar a otros al tratamiento de la toxicomanía. La Cámara ya ha aprobado una medida parecida y se espera que apruebe este proyecto, quizá aun esta semana.

En lo que serían los cambios más grandes en el sistema de justicia penal del Keystone State en años, se aceleraría la programación de las condiciones, los presos actualmente abrigados en cárceles comarcales mientras cumplen sus condenas serían transferidos a lechos recién desocupados en penitenciarías y los infractores no violentos de la legislación antidroga serían condenados nuevamente a programas de tratamiento de la drogodependencia.

El gobernador Ed Rendell (D) ha apoyado los cambios, así como la Secretaría de Administración Penitenciaria estatal. La secretaría lidió con algo más que 10.000 presos a principios de los años 1980; ahora el sistema retiene a más de 46.000. De acuerdo con el último informe mensual sobre la población carcelaria, casi todas las 32 instalaciones penitenciarias del estado están al 100% de la capacidad o más. La página web de la secretaría no lista cuántos infractores de la legislación antidroga, pero en la mayor parte de los estados forman un promedio de algo entre el 20% y el 25% de las poblaciones carcelarias.

Las leyes sobre las condenas mínimas obligatorias aprobadas a principios de los años 1990 con miras a los criminales violentos terminaron apresando a infractores no violentos durante largas sentencias también, le dijo el senador Stewart Greenleaf (R-Montgomery) a la Associated Press. “Fueron proyectos importantes y trataron de los infractores violentos, pero ello está surtiendo un efecto más general que el que anticipamos y es importante que salgamos a reconocerlo”, dijo Greenleaf, un ex fiscal comarcal que preside el Comité sobre el Judiciario.