Esta semana, legisladores en Estados Unidos dieron los primeros pasos hacia aprobar un paquete de ayuda antidroga de tres años presupuestado en $1.3 billón a México que contribuye bastante con auxilio a los militares mexicanos. El Ejército mexicano necesita toda la ayuda que pueda recibir ya que, con 30.000 efectivos desplegados contra narcotraficantes violentos por el presidente Felipe Calderón, traba una guerra contra los llamados carteles, dicen los defensores del paquete.

Pero aun mientras el paquete de ayuda, conocido como Iniciativa Mérida por la ciudad mexicana en que funcionarios estadounidenses y mexicanos elaboraron los detalles, era redactado, las Fuerzas Armadas de México volvían a demostrar los riesgos de emplear soldados para imponer la ley. En la noche del 26 de marzo cerca de la localidad de Santiago de los Caballeros en el municipio de Badiraguato ubicado en las montañas del Estado de Sinaloa, una patrulla militar de cinco hombres abrió fuego contra un Hummer blanco manejado por un munícipe que regresaba de EE.UU. Cuando el polvo bajó, había cuatro muertos en el vehículo, dos estaban heridos – y no había ningún arma.

Fue la segunda vez en menos de un año que soldados abrieron fuego en Badiraguato, matando a varios civiles inocentes. El junio último, tres profesores y dos de sus hijos fueron muertos cuando soldados acribillaron su auto a balazos en un puesto de control. Se sobreseyó el caso después que los militares le pagaron $1,600 a cada familia.

Ver aún otra matanza injustificada de los militares fue lo suficiente para Mercedes Murillo, directora del Frente Cívico Sinaloense, la organización independiente de derechos humanos. En septiembre, asesinaron al hermano de la activista veterana tras discutir las matanzas de junio en su programa de radio, pero eso no la impidió de interponer una demanda con la intención de terminar con lo que es, en efecto, impunidad para soldados que cometen delitos de derechos humanos contra civiles.

Conforme a la ley mexicana – resultado de un acuerdo político post-revolucionario para mantener a los militares fuera de la política -, integrantes de las Fuerzas Armadas no responden ante Justicia en los tribunales civiles, sino en fueros militares especiales. Este privilegio hace que soldados acusados de abusos de derechos humanos sean juzgados por miembros de su propia institución y, con demasiada frecuencia, absueltos de cualquier fechoría, no importa cuales sean los hechos.

Ahora, Murillo y su equipo jurídico, a instancias de la viuda del conductor del Hummer, han interpuesto una demanda en el Juzgado de Distrito de Sinaloa en Mazatlán, impugnando al sistema del fuero. Ella dijo que no espera éxito inmediato.

“Es el primer caso presentado en México contra las acciones que el Ejército ha tomado”, dijo Murillo. “Sabemos que cuando lo presentemos en Mazatlán, los jueces no nos van a dar nada. Entonces, debemos llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de México y puede haber gente que estudie lo que estamos presentando”.

Pero Murillo no cuenta con los tribunales mexicanos; su visión va allende. “No creo que podamos ganar, pero aun si la Suprema Corte dice que los militares pueden hacer lo que les da la gana, eso va a preparar el terreno para ir a la Corte Interamericana. La impunidad militar viola los tratados internacionales que México ha firmado”, argumentó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos son instituciones autónomas encargadas por la agremiación hemisférica de interpretar y aplicar el Tratado Americano sobre Derechos Humanos y asegurar la conformidad de los gobiernos a ello. México es signatario de ese tratado.

“Emplear a los militares para la represión a la droga en México es un problema grave”, estuvo de acuerdo Ana Paula Hernández del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en el Estado de Guerrero al sureste de México. Además de ser una de las regiones más pobres del país, hace mucho que las montañas guerrerenses han sido el hogar de agricultores de adormidera y marihuana, así como de la ocasional guerrilla de izquierda a través de las décadas. Los militares han estado apostados allí hace años.

Pero aunque la mayor parte de la atención actualmente se concentre en el despliegue de militares para combatir contra los carteles en las grandes ciudades, Hernández citó el rol más tradicional de los militares en la lucha contra la droga: la erradicación manual de cultivos ilícitos. “Es una tarea casi imposible e inútil ya que el cultivo de plantas ilícitas es una cuestión de supervivencia en la región montañosa, como en otras partes del país”, dijo. “En estas regiones, los agricultores tienen dos opciones – o cultivan plantas ilícitas o migran, entonces por supuesto que van a seguir encontrando maneras de cultivar plantas ilícitas. No se terminará nunca a menos que se trate de los motivos sociales y estructurales de eso”.

Pero, al contrario, gobiernos mexicanos en sucesión han mandado a los militares para desenraizar las plantaciones de adormidera y marihuana. Por lo menos, eso es lo que declaran, pero Hernández no está segura de que lo hacen en serio. “Éste el pretexto para desplegar a los militares en muchas regiones rurales e indígenas, pero en muchos casos se trata más de una estrategia de lucha contra la insurgencia que de erradicación de cultivos”, dijo.

La presencia militar en dichas regiones es “intimidante y amenazadora”, dijo Hernández. Arman su campamento donde les da la gana, muchas veces destruyendo cultivos lícitos y cosechas en el decurso, robándose el agua de la comunidad, ingresando a los hogares de la gente para agarrar su comida, deteniendo a las personas en las carreteras para interrogarlas, etcétera. Peor aún, los militares se han convertido en los principales perpetradores de abusos contra los derechos humanos en la región, cometiendo violaciones graves como estupro, por ejemplo”, dijo Hernández. “Es algo muy común, pero raramente denunciado”.

Tlachinollan ha documentado unos 80 casos de violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por militares en la región últimamente, incluso el estupro de dos mujeres, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, de parte de soldados en 2002, dijo Hernández. Pero a causa del sistema de fuero militar, nadie ha sido castigado.

“No se ha hecho justicia en ningún caso”, dijo. “Es muy difícil, casi imposible, obtener justicia en casos en que los militares están involucrados. Siguen intocables en cierta medida y, sin duda, no responden de sus acciones a la sociedad en absoluto”.

En cuanto a Cantú y Fernández, han desistido de la justicia mexicana y ahora buscan reparación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su caso tramita después de una vista en octubre último.

Aunque ciudadanos y activistas mexicanos luchen para refrenar a los militares, algunos expertos estadounidenses se preguntan si involucrar a los soldados en la imposición de la legislación antidroga trae cualquier beneficio. “No creemos que sea un problema que pueda ser solucionado militarmente”, dijo Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés). “El empleo de los militares en la lucha contra la droga no es novedad – continuamente traen a los militares porque la policía o es demasiado débil o demasiado corrupta para tratar con los traficantes -, pero la cuestión es saber si pueden lidiar con el presente desafío, y creemos que no”, dijo.

Pero aun si los militares no logran detener la producción y el tráfico de drogas, seguirán siendo el recogedor de políticos mexicanos en apuros a menos que verdaderas reformas sucedan, dijo Olson. “Hay que hablar de una reforma considerable en la policía. Hasta que eso pase, los militares serán empleados una y otra vez sin solucionar el problema”.

Murillo estuvo de acuerdo que se necesitan las reformas en la policía y prometió nunca desistir de la lucha por la justicia. “Mataron a mi hermano porque criticaba al Ejército”, dijo, “pero estamos tan acostumbrados a los soldados que ya no les tenemos miedo. No tengo nada que perder. Mis hijos e hijas están casados, mi marido tiene 82 años. Si me matan, no me importa. Es la única manera de trabajar. No se puede tener miedo”.