Marihuana medicinal: DEA amenaza a caseros de dispensarios de San Francisco, dispensarios interponen demanda y Conyers realizará audiencias

En una repetición de una táctica empleada por primera vez en contra de los dispensarios de las regiones de Los Ángeles y Sacramento, esta semana la DEA envió cartas a docenas de dueños de edificios alquilados a dispensarios sanfrancisqueños advirtiéndoles que sus propiedades podían ser incautadas. Los administradores de los dispensarios contestaron interponiendo una demanda en tribunal federal para detener a la agencia y un congresista de alto rango ha prometido realizar audiencias sobre el asunto.

La marihuana medicinal ha sido legal en California desde 1996, y, actualmente, cientos de dispensarios están funcionando en el estado para proveer marihuana a pacientes habilitados conforme a la ley reconocidamente permisiva del estado. Los allanamientos de la DEA y el enjuiciamiento federal no han logrado impedir su crecimiento y las misivas a los caseros son apenas el último empuje en la guerra de la agencia contra la voluntad de los votantes californianos.

“Por esta notificación, usted tiene ciencia de los propósitos para los cuales la propiedad está siendo utilizada”, manifestaba un ejemplar de la carta enviada a los caseros sanfrancisqueños, firmada por el agente especial a cargo de la oficina de la DEA San Francisco, Javier Pena. “Además, usted queda avisado que infracciones de las leyes federales respecto a la marihuana pueden resultan en enjuiciamiento criminal, prisión, multas e incautación de bienes”.

La epístola no dio fechas tope.

San Francisco ya tuvo hasta 40 dispensarios, pese a que solamente 28 hayan postulado a permisos según el proceso municipal de regularización que empezó en julio. Pero los dispensarios también pueden estar relacionados con otros edificios en que se cultiva o se almacena marihuana medicinal.

“Los federales hacen lo que les da la gana… [y] lo han hecho antes”, le dijo el concejal sanfrancisqueño Ross Mirkarimi al San Francisco Chronicle, agregando que no lo cogerían por sorpresa con una ofensiva. “Apenas espero que se coordinen con la policía municipal y que tengan ciencia del nuevo sistema reglamentar que tenemos en vigor y sean susceptibles a ello”.

Sin embargo, los administradores de dispensarios no estaban tan optimistas. La semana pasada, un agrupamiento del sector anteriormente poco conocido, el Sindicato de los Proveedores de Marihuana Medicinal, se juntó al Arts District Healing Center de la región de Los Ángeles en la presentación de una demanda federal que acusaba a la DEA de extorsionar a los caseros. La demanda busca un requerimiento judicial para impedir a la DEA enviar más cualquier carta amenazadora.

Los administradores de dispensarios y sus simpatizantes también aguardan las audiencias sobre la cuestión en el Comité de la Cámara sobre el Judiciario. En respuesta a las denuncias desde California, el viernes pasado, el diputado John Conyers (D-MI), presidente del comité, anunció que iba a realizar vistas acerca del tema.

“Estoy profundamente preocupado por informes recientes de que la Administración de Represión a las Drogas está amenazando a caseros individuales con incautación de bienes y posible prisión si se rehúsan a desalojar organizaciones que dispensan marihuana medicinal legalmente a pacientes que padecen”, dijo Conyers en una declaración. “El comité ya ha cuestionado a la DEA a propósito de sus tentativas de socavar la ley estadual californiana sobre este asunto y pretendemos contestar con dureza esta táctica en específico como parte de nuestras labores de supervisión”.

“Cuando vi la declaración del diputado Conyers con respecto al abuso de poder de parte de la DEA a fin de desbaratar la ley californiana, supe que nuestros trámites legales estaban empezando a compensar”, dijo James Shaw, director ejecutivo del Sindicato. “La DEA ha alienado a demasiados ciudadanos con sus duras ‘tácticas por encima de la ley’ por demasiado tiempo. Acogemos todo el apoyo que podamos encontrar en nuestros esfuerzos para asegurar que nuestros derechos sean protegidos”.

Steven Schectman, el abogado principal del Sindicato, dijo que ha contactado la oficina del diputado Conyers a fin de darle a su personal ejemplares del litigio que fue presentado tanto en tribunal estadual como federal. “Espero que podamos apoyar al Comité sobre el Judiciario de cualquier manera. A consecuencia de nuestra pesquisa e investigación de la campaña de correspondencia de intimidación de la DEA, como preparación para nuestro pleito, nos hemos vuelto el grupo más entendido, afuera de la DEA, que comprende de la mejor manera el alcance y la importancia de sus tácticas. Estamos aquí para ayudar”.