Penas: Gobernador de Maryland veta proyecto de ley para darles elegibilidad a condicional a infractores reincidentes por ventas de drogas

El miércoles, el gobernador de Maryland, Martin O’Malley, vetó un proyecto de ley que habría proporcionado la posibilidad de condicional a las personas que cumplen condenas por reincidencia en ventas de drogas. Según la ley actual de Maryland, dichos infractores deben cumplir una sentencia mínima obligatoria de 10 años sin posibilidad de condicional. La ley no se habría aplicado a infractores violentos.

Pero en una entrevista concedida a la Associated Press para explicar su veto, O’Malley dijo que consideraba el tráfico de drogas un delito de sangre en sí mismo. “El narcotráfico es un delito de sangre y las morgues de muchas de nuestras comarcas y del estado están llenas de cadáveres que han sido llevados demasiado temprano a causa de la distribución de las drogas”, dijo O’Malley cuando llamado a explicar su veto. Maryland ya les da oportunidades de recibir tratamiento químico a los reincidentes, afirmó, añadiendo que el proyecto “amplía innecesariamente la ley actual y vuelve la libertad vigilada una posibilidad, aunque remota, para los narcotraficantes motivados por la ganancia y el lucro apoyados por la violencia, no la adicción”.

El proyecto de ley, el HB 992, fue aprobado en la legislatura con apoyo bipartidista y respaldado por una amplia coalición de reformadores de las políticas de drogas, la comunidad de la fe, trabajadores de la salud, oficiales de la ley, proveedores de tratamiento químico y también por el Washington Post y el Baltimore Sun. La coalición no está satisfecha con O’Malley.

“El veto es un equívoco decepcionante”, dijo el director ejecutivo del Justice Policy Institute, Jason Ziedenberg. “En vez de dar un pequeño paso en la dirección correcta hacia el tratamiento en vez de la prisión, O’Malley está aferrándose tercamente a las políticas fracasadas de severidad con la criminalidad del pasado. El gobernador no mostró liderazgo y visión en esta decisión”.

“El gobernador O’Malley ha dejado Maryland fuera del compás con los otros estados que se dirigen hacia políticas de condenación más vivas y eficientes”, dijo Naomi Long, directora del proyecto del Área Metropolitana del Distrito de Columbia de la Drug Policy Alliance. “Este veto fue un lapso de liderazgo e hiere las labores de Maryland para implementar los tipos de reformas reales que causarían impacto de verdad”.

El estado de Maryland gasta millones de dólares todos los años aprisionando a infractores no violentos de la legislación antidroga, cuya vasta mayoría estaría mejor si tuviera opciones de tratamiento químico. Un informe reciente del Justice Policy Institute descubrió que las leyes de condenación de Maryland afectan desproporcionadamente las comunidades de color y pueden ser la manera menos eficaz y más cara de promover la seguridad pública.

“La lucha por políticas de condenación más eficientes y justas no se ha acabado”, dijo el diputado Curtis Anderson (D-Baltimore), un ponente de la legislación. “Los electores de Maryland quieren políticas de condenación más justas y eficientes. Seguiremos trabajando con el gobernador para implementar esas reformas”.