Ruta de colisión: Política “coca sí; cocaína no” de Bolivia va en contra de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y, probablemente, de los EE.UU.

Se avecina un confronto por el esfuerzo del presidente boliviano Evo Morales de racionalizar la producción de la coca en su país y expandir los mercados para los productos hechos con coca. Tras décadas de esfuerzos infructíferos para suprimir el cultivo de la coca en Bolivia – la política “cero coca” adoptada por los Estados Unidos e impuesta contra gobiernos bolivianos sucesivos – Morales, un ex líder del sindicato de los cocaleros, ha elaborado políticas que permiten el aumento del cultivo de la coca de los 30.000 acres permitidos según la ley boliviana actual para 50.000 acres. Ahora, el gobierno Morales también está haciendo presión por la expansión de los mercados legales para los productos de la coca y, en una empresa conjunta con el gobierno venezolano, se está preparando para empezar a exportar los productos de la coca a ese país.

Eso cayó mal tanto a los Estados Unidos como a la burocracia antidroga internacional sedeada en las Naciones Unidas. Esta semana, la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes (JIFE) apuntó directamente a Bolivia en su informe anual correspondiente a 2006 (vaya a Temas Especiales, a partir del párrafo 171). En el informe, la JIFE acusa a Bolivia de infringir la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que define la planta de la coca como droga ilícita.

“La situación en Bolivia, país este que durante muchos años no ha actuado en consonancia con las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados de fiscalización internacional de drogas, sigue siendo motivo de especial preocupación para la Junta”, dice el informe. “Bolivia es un gran productor de hoja de coca y su legislación nacional permite el cultivo del arbusto de coca y el consumo de la hoja de coca con fines que no son médicos, lo que es incompatible con las disposiciones de la Convención de 1961”.

La JIFE estaba particularmente preocupado que Bolivia “haya señalado su intención
de examinar la legislación nacional vigente en materia de fiscalización de drogas con miras a utilizar la hoja de coca en una amplia gama de productos, algunos de los cuales podrían exportarse”. Eso también sería incompatible con la interpretación de la JIFE de la Convención.

El lenguaje del informe de la JIFE es un claro dardo apuntado a la política declarada del gobierno Morales de “coca sí; cocaína no” y a sus esfuerzos para el consumo de la hoja de coca para productos medicinales y nutricionales. Peor aún, en la opinión de la JIFE, Bolivia podía dar un malo ejemplo a los demás países productores de coca: “La Junta también expresa su inquietud por la posibilidad de que los acontecimientos relacionados con la política de Bolivia tengan repercusiones en otros países de América del Sur”, declaró el informe con preocupación.

Los Estados Unidos también expresaron preocupación con las políticas bolivianas de la coca bajo Morales, así como inquietudes sobre los lazos de Morales con el líder venezolano Hugo Chávez, cuyo gobierno finalizó un acuerdo con Bolivia a principios de este mes para financiar la construcción de plantas de procesamiento de la coca en Bolivia y para importar los productos de la coca boliviana a Venezuela. Hasta el presente momento este año, el gobierno de los EE.UU. ha limitado sus expresiones de preocupación a inquietudes sobre las naturalezas “antidemocráticas” de los dos líderes izquierdistas sudamericanos, pero el plazo de la revisión anual del Departamento de Estado de la observancia de los demás países a las políticas antidrogas de los EE.UU. se termina a fines de este mes. Una cuestión de suma importancia es la de si las políticas de Morales llevarán a los EE.UU. a suspender la certificación de Bolivia respecto de estar en consonancia con aquellos objetivos.

La semana pasada, el gobierno boliviano no ayudó nada cuando su ministro de relaciones exteriores y cultos, David Choquehuanca, le dijo a un encuentro de la Organización de los Estados Americanos que Bolivia nunca erradicaría la coca y que estaba más interesada en el “consenso” que en la “democracia”. “La lucha de los pueblos indígenas va más allá de la democracia”, dijo Choquehuanca. “En la palabra democracia todavía existe la palabra sometimiento, y someter al prójimo no es vivir bien, por eso queremos resolver nuestros problemas mediante el consenso”.

Por supuesto, ahorita no hay consenso internacional sobre la coca y si los funcionarios y analistas bolivianos con los cuales la Crónica de la Guerra Contra las Drogas conversó esta semana están correctos, tampoco hay ningún indicio de que el gobierno boliviano esté a punto de doblegarse frente a los guerreros antidrogas en Washington y Viena.

La industrialización del procesamiento de la coca y la expansión de los mercados legales son el plan de acción correcto, dijo el congresista boliviano Asterio Romero el miércoles. Miembro del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, Romero apoya fuertemente la política “coca sí; cocaína no”. “Primero, quiero decir que vengo del Chapare, yo era un líder cocalero. Siempre era ‘coca cero’, pero nunca habrá cero coca”, le dijo él a la Crónica. “Luchamos por muchos años, tuvimos mucha gente muerta y presa porque la coca es una fuente de subsistencia económica para nosotros. Nunca permitiremos que otros gobiernos nos impongan la ‘coca cero’. Somos una nación soberana; es una cuestión de la dignidad boliviana”, dijo.

“Aunque, sí, combatamos el narcotráfico – y nos estamos saliendo muy bien; las redadas de cocaína y precursores químicos están en alza –, también tenemos que despenalizar el cultivo de la coca y la industrialización es el camino”, discutió Romero. “Tenemos que revalorizar la coca, tenemos que encontrar más mercados para la coca. Hay países amigos que nos ayudan, como Venezuela, y les agradecemos por eso”.

“Con su oposición a la hoja de coca, la JIFE solamente fomenta el narcotráfico”, dijo Silvia Rivera, fundadora del grupo boliviano Coca y Soberanía, profesora emérita de sociología en la Universidad de La Paz y asesora de Romero. “Toda hoja que tenga usos buenos y saludables es una hoja que no va a los narcotraficantes”, le dijo ella a la Crónica. “Esa es la mejor manera de luchar contra los narcotraficantes. Esos burócratas en la ONU simplemente no lo entienden; ellos creen que la coca es una droga”.

"Pasa lo mismo con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo Rivera. “Los estadounidenses no logran reconocer la racionalidad de otras formas de vida y su abordaje es verdaderamente esquizofrénico. Teme el narcotráfico, pero crea las condiciones para que florezca intentando impedir otros usos para la coca. Los EE.UU. intentan discutir que Evo es a favor de los traficantes de cocaína, pero es la política de los EE.UU. que los ayuda. Además, los EE.UU. han respaldado a los narcodictadores en el pasado porque eran fascistas radicales. A esos los EE.UU. apoyan y dan armas para que puedan matar a las personas”.

En verdad, en vez de batirse en retirada en vista de las críticas de la JIFE y de los EE.UU., el gobierno Morales parece determinado a hacer presión con su acuerdo para ofrecer los productos de la coca a Venezuela. Bolivia también está haciendo alarde de ir a la raíz del problema a través de la realización de un esfuerzo para enmendar la Convención Única para quitar la coca de su lista de drogas ilícitas.

“Ésta es una manera para que Chávez vaya al límite y vea cuáles son las fronteras”, dijo Kathryn Ledebur de la Red Andina de Información, que ha acompañado la economía boliviana de la coca y los esfuerzos para reprimirla durante años. “¿Quién lo va a detener? Ya existen exportaciones considerables de la hoja de coca al norte de Argentina y nadie dice nada sobre eso. Con todo, si esto ayuda a agudizar el enfoque sobre cambiar la Convención Única, eso es bueno – ella necesita ser enmendada”.

Ledebur dudaba que el gobierno Morales hiciera un esfuerzo concertado para enmendar la Convención Única en Viena el año que viene. “Vamos a decir que su política doméstica de coca es más avanzada que su política internacional”, dijo ella. “Veo pocas chances de lograr algo a menos que haya algún tipo de esfuerzo concertado de presión con Perú y yo no veo al presidente García como alguien que esté dispuesto a ir activamente en contra de los EE.UU.”

Dicha acción exigiría una concertación de los países productores de coca, dijo Romero, y él no creía que eso fuera a pasar tan pronto. “Es el trabajo del gobierno boliviano cambiar la Convención de Viena”, dijo, “pero también es el trabajo de Colombia y de Perú juntarse a nosotros en la ONU. Aunque aquí en Bolivia tengamos con Evo un gobierno con apoyo popular para esto, en Perú y Colombia, los gobiernos son neoliberales y pro imperialistas y no se van a unir a nosotros. Pero, somos antineoliberales y vamos a mantener esta posición. Sin embargo, estamos dispuestos a conversar de gobierno a gobierno y de hombre a hombre sobre esto”.

Pero para Romero y el gobierno boliviano, defender la coca es una cuestión de orgullo nacional. “Somos un gobierno soberano y vamos a seguir adelante con nuestras políticas”, dijo. “La coca no es peligrosa, la coca no es veneno. Trabajaremos bilateralmente con los países que apoyen nuestra posición. Y los países que intenten impedirnos ahora, como los EE.UU., bueno, quizá podamos enviarles alguna coca también”.

Como Bolivia ya está confrontando la JIFE, la próxima providencia de las políticas de coca del gobierno Morales será la decisión de la certificación de los EE.UU., que debe ocurrir a mediados de marzo. Pero dada la coyuntura actual en los asuntos hemisféricos, con la marea creciente de los gobiernos izquierdistas y los EE.UU., obcecados como están con los asuntos en el Oriente Medio, perdiendo influencia en la región, los EE.UU. pueden muy bien dar un paso hacia atrás y aislar y castigar a Bolivia a través del proceso de certificación.

“Los EE.UU. no logran salir de su armazón antidroga de usar los militares y la erradicación forzada”, dijo Ledebur, “pero no hay acuerdo dentro del gobierno Bush sobre lo que hacer con la certificación. Si le quita la certificación a Bolivia, pierde la poca palanca que tiene. Ahora, Bolivia tiene otras formas de asistencia, y no sólo Chávez; ya no tiene que obedecer ciegamente a las órdenes de los Estados Unidos. Si los EE.UU. optan por quitarle la certificación ahora, ¿qué hacen el año que viene?” preguntó.

Esto se está poniendo muy interesante. La política “coca sí; cocaína no” del gobierno Morales es un anatema tanto para los EE.UU. como para la JIFE, pero parece que ambos no pueden hacer mucha cosa para detenerla y es posible que el reto boliviano ponga directamente la mira en la Convención Única de 1961, quizá dándole en lleno a lo que es el espinazo legal del régimen global de la prohibición de las drogas. Esté atento.