Era apenas una cuestión de tiempo. Primero, vinieron las leyes que ordenaban que los criminales demonizados favoritos de la sociedad, los criminales sexuales, debían registrar sus paraderos junto al estado aun después de haber cumplido sus sentencias. Después, varios estados empezaron a aprobar legislación que exigía que los preparadores de metanfetamina condenados hicieran lo mismo. Ahora, un congresista republicano de Nuevo México, el Dip. Steve Pearce, ha entrado con legislación federal que crearía un registro electrónico nacional de “narcotraficantes criminales” y exigiría que los estados hagan lo mismo o corran el riesgo de perder el auxilio federal.

¿queremos ayudar a nuestros hijos a encontrar narcotraficantes?

El proyecto exigiría que tanto el fiscal general de los EE.UU. como varios estados establecieran dichos registros. Los estados que no obedecieran serían penalizados mediante la suspensión de un porcentaje de los fondos federales de control de la criminalidad que reciben a través de la Ley Abarcadora de Control de la Criminalidad y Calles Seguras [Omnibus Crime Control and Safe Streets Act]. Los narcotraficantes condenados pueden ser exentos de registro si se vuelven delatores, o, en el texto anódino del proyecto, si dan “asistencia considerable en la investigación o proceso de otra persona que haya cometido una infracción”.

El proyecto ordena que los estados aprueben leyes penalizando la inobservancia al registro. Dichas leyes deben tener sentencias de duración superior a un año. En otras palabras, deben ser crímenes.

En un comunicado de prensa alardeando su nuevo bebe legislativo, Pearce presentó su defensa del proyecto en términos de protección de los niños y le dio a sus bases de apoyo el crédito por la idea. “Durante nuestra gira de concienciación sobre la metanfetamina por todo el 2º Distrito en Agosto, escuché varias veces que deberíamos tratar a los narcotraficantes condenados como tratamos a los infractores sexuales”, dijo el Dip. Pearce. “Ambos tienen la lisura de violentar a nuestros hijos y destruir sus vidas. Nuestras comunidades necesitan más herramientas para proteger a nuestros niños. En particular, los padres y maestros tienen el derecho de saber cuando alguien que puede envenenar a su hijo o hija vive en el barrio”.

Hasta ahora, ningún otro legislador ha dado su apoyo al proyecto. Ha sido enviado al Comité Judiciario de la Cámara.