Proyecto de condenas mínimas obligatorias para las drogas de los conservadores canadienses atrae firme oposición, pero ¿será que se puede detenerlo?

La semana pasada, el gobierno federal conservador de Canadá presentó una ley – el proyecto C-26 - que crearía sentencias obligatorias de prisión para delitos de tráfico y producción de drogas, inclusive el cultivo de marihuana. La acción marca la firme adopción de políticas de lucha contra las drogas a la estadounidense de parte del gobierno del primer ministro Steven Harper y es parte de un paquete general de leyes “duras con la criminalidad”. Aunque la medida cuente con bastante apoyo entre las bases culturalmente conservadoras de Harper y la comunidad de la ley, también ha provocado muchísima oposición, y las tentativas de tramitarlo por el parlamento seguramente resultarán en una batalla campal.

Pero, el proyecto de Harper sobre la droga va a avanzar – o no – dentro del contexto de un gobierno minoritario capaz de ejercer la amenaza de cualquier convocación prematura de elecciones contra un Partido Liberal oposicionista que no cree estar a la altura del desafío en el presente momento. Porque el gobierno Harper es minoritario, ello va a necesitar el apoyo de algunos miembros de la oposición para ser aprobado y hay que ver si los liberales querrán hacer de las sentencias más duras para infractores de la legislación antidroga un punto litigioso.

Aunque la parlamentaria Libby Davies (Vancouver Este), crítica de las políticas de drogas del Nuevo Partido Democrático (NDP, por la sigla en inglés), ya haya denunciado la medida, ni los liberales ni el Bloque Quebequense han emitido declaraciones sobre eso. Ninguno de los partidos tampoco había contestado las solicitaciones de comentario hechas por la Crónica al cierre de la edición.

“Los productores y traficantes de drogas que amenazan la seguridad de nuestras comunidades deben enfrentar penas más duras”, dijo Rob Nicholson, el ministro de Justicia, en una declaración que anunciaba la legislación. “Por esto nuestro gobierno está tomando las providencias para imponer penas de prisión para los delitos de drogas graves que involucren el crimen organizado, la violencia o a los jóvenes”.

De acuerdo con el ministro de Justicia, la legislación enmendará la ley sobre las drogas de Canadá, la Ley de Drogas y Sustancias Controladas [Controlled Drugs and Substances Act], para incluir las siguientes sentencias mínimas obligatorias y demás penas incrementadas:

• Una sentencia obligatoria de un año de prisión será impuesta por traficar drogas como la marihuana cuando llevado a cabo para fines del crimen organizado o cuando involucra un arma o se emplea violencia;

• Una sentencia obligatoria de dos años de prisión será impuesta por traficar drogas como la cocaína, la heroína o las metanfetaminas a jóvenes o por traficarlas cerca de una escuela o de un área frecuentada normalmente por jóvenes;
• Una sentencia obligatoria de dos años será impuesta por la infracción de dirigir un gran cultivo de marihuana de por lo menos 500 plantas;
• La pena máxima para la producción de cannabis aumentaría de 7 para 14 años de prisión; y
• Penas más duras serán presentadas para traficar GHB y flunitrazepam (más conocidas como drogas de violación durante cita).

“Las drogas son peligrosas y destructivas, sin embargo vemos a jóvenes canadienses siendo expuestos a ellas y consumiéndolas tan jóvenes y cultivos y laboratorios de drogas apareciendo en nuestras áreas residenciales”, dijo el ministro Nicholson. “Al introducir estos cambios, nuestro mensaje es claro: si vendes o produces drogas – vas pagarlo con una pena de prisión”.

De acuerdo con una rueda de prensa del Ministerio de Justicia sobre la legislación, los delitos de tráfico de marihuana que involucran por lo menos tres kilogramos de hierba estarían sujetos a condenas mínimas obligatorias de un o dos años si hay “factores agravantes”. Para merecer una sentencia mínima obligatoria de un año, la infracción tendría que ser “para el beneficio del crimen organizado”, involucrar el empleo o la amenaza de fuerza o violencia o estar comprometido con alguien condenado por un delito parecido dentro de los últimos 10 años. Factores agravantes que pueden granjear una condena mínima obligatoria de dos años incluyen traficar en prisión, en o cerca de un colegio o “cerca de un área frecuentada normalmente por jóvenes”, en concierto con un joven o vender a un joven.

La propuesta de ley también incluye sentencias mínimas obligatorias para cualquier delito de cultivo de marihuana – si “la infracción es cometida con el propósito de traficar”. Para hasta 200 plantas, es una pena obligatoria de seis meses de prisión; para 201-500 plantas, es un año de cárcel; y para más de 500 plantas, es una mínima obligatoria de dos años. Las penas aumentan para nueve, 18 y 36 meses respectivamente si hay “factores de salud y seguridad” involucrados. Ellos incluyen la utilización de propiedad ajena para cometer el delito, crear un posible riesgo a la salud o a la seguridad para niños, crear un posible riesgo a la seguridad pública en áreas residenciales o tender trampas.

“¿Con qué rapidez podemos retroceder?” preguntó Eugene Oscapella, abogado, profesor de criminología en la Universidad de Ottawa y director de la Canadian Foundation for Drug Policy. “El gobierno está tambaleando de error en error respecto a las cuestiones de las políticas de drogas. La Corte Suprema canadiense desestimó una pena mínima obligatoria de siete años para la importación de estupefacientes y ahora este gobierno está intentando inmiscuirse y establecer mínimas obligatorias que van a dar con el escrutinio constitucional. No se debe hacerlo en términos de políticas de drogas sensibles”, dijo.

La ley puede tener consecuencias involuntarias si es aprobada, dijo Oscapella. “Incrementar las penas de siete para 14 años por cultivar cannabis puede asustar a los pequeños cultivadores y dejar el campo abierto para el crimen organizado. Este proyecto actúa como escoba para barrer a los pequeños y ¿quién va a llenar esa laguna?”

“Este proyecto va a dejar a George W. Bush muy contento”, dijo Davies del NDP. “Él sabrá que por lo menos Stephen Harper está siguiendo su ejemplo. El proyecto tiene todos los sellos desagradables de la sedicente ‘guerra a las drogas’ que ha estado bramando en los Estados Unidos durante aproximadamente 40 años. Como en los EE.UU., la retórica y el sesgo de este proyecto juegan con los temores de los pasadores de drogas, especialmente respecto a los jóvenes, visto que promete ponerse duro con los traficantes y pasadores y proteger a nuestros niños en y alrededor de las dependencias escolares”.

Qué lástima que no vaya a funcionar, dijo Davies. “El único problema es que, como la historia y la realidad nos muestran, esta dependencia torpe de la represión legal no es apenas un fracaso; es un fracaso colosal, económica, social y culturalmente. La imposición de la ley respecto a las drogas visa normalmente a pequeños traficantes y usuarios e irónicamente refuerza el monopolio del crimen organizado y de los capos del narcotráfico, quienes o escapan de la represión o están en la mejor posición para negociar acuerdos”.

La ley tampoco estaba siendo felicitada por la comunidad canábica de Canadá. “Aunque sea retratada como equilibrada en los temas de conversación del gobierno, esta ley es todo menos eso”, dijo Tim Meehan de la Patients Against Ignorance and Discrimination on Cannabis, una organización defensora de la marihuana medicinal recién formada y ubicada en Ontario. “Diferentemente de la indulgencia de hecho que los canadienses reciben delante de los tribunales si tienen un jardín chiquito, en este proyecto no hay exención para el cultivo personal – aun una planta va a granjear seis meses, lo que es efectivamente nueve meses a menos que se esté cultivando en la propia casa, en una región rural y a kilómetros de escuelas o aun de un parque en que los niños pasan el tiempo”.

“Ellos definen crimen organizado como por lo menos tres personas trabajando para el beneficio de por lo menos una”, señaló Marc Emery, editor de la revista Cannabis Culture, quizá el defensor más conocido de la marihuana de Canadá. “Eso quiere decir que si cultivas una planta y me das un poco a mí y yo la vendo a alguien, somos crimen organizado ahora. Si cultivas unas cuantas para la venta, recibes una mínima obligatoria de nueve meses y te quitan a tus hijos. Van a necesitar una nueva prisión en Columbia Británica todos los años si esto es aprobado”.

Emery también predijo otras consecuencias involuntarias. “El precio va a subir después de un año de la aprobación y eso va a hacer que importemos la hierba de los EE.UU. por primera vez”, profetizó.

Pero, por supuesto, el proyecto de ley sí tiene sus simpatizantes, no sólo entre las bases conservadoras, sino también entre las poderosas organizaciones de la ley. “Apoyamos la legislación”, dijo Barry MacKnight, el jefe de la Policía de Fredericton en Nuevo Brunswick y director de la Asociación Canadiense de los Jefes de Policía. “Nuestra opinión en general es la de que debe haber un abordaje equilibrado al problema de la droga y las sentencias mínimas obligatorias son solamente parte de eso. Un abordaje judicial muy agresivo hacia los traficantes y fabricantes de drogas tiene coherencia con nuestros objetivos”, dijo. “Esto no tiene miras al joven que fuma un porro atrás de un edificio”.

Aunque tales palabras puedan tener la intención de tranquilizar a tipos como Meehan y Emery, la nación canábica de Canadá no debería confundir la conducta del jefe con la tolerancia. “Cuando se trata de la marihuana, nuestro mensaje es claro”, dijo MacKnight. “El jurado se ha pronunciado: La marihuana es una droga nociva. Claramente, estamos concentrados en las drogas más nocivas, pero no se puede aislar la marihuana de este debate. Cuando se trata de la producción y del tráfico, la marihuana es parte de la subcultura de las drogas”.

Aun el guerrillero Emery está convocando una serie de manifestaciones por todo el país afuera de las oficinas de los parlamentarios el 17 de noviembre. “Hay 308 oficinas parlamentarias y planeamos tener a por lo menos una docena de personas afuera de cada una de ellas usando uniformes de prisión y sujetando carteles que dicen: ‘Éste es tu hijo con las nuevas leyes conservadoras contra la droga’”, dijo. “No se fumará marihuana en estos eventos – se trata de política, no de desafío – y también vamos a tener personas de traje distribuyendo información. El objetivo es concienciar al parlamentario y al público. Estamos comunicando a todos que le digan a su parlamentario que lo paralice, o mejor aún, lo revoque – legalizar la marihuana y acabar con la prohibición”.

Mientras que Emery lleva la lucha a la calle, los demás van a pasear por los vestíbulos en tanto que buscan bloquear el proyecto. Hace mucho que la Red Jurídica Canadiense sobre el VIH/SIDA se ha opuesto a la condenación mínima obligatoria, aun publicando un informativo de 2006 detallando sus objeciones. El miércoles, Richard Elliott, el director ejecutivo del grupo, dijo que iba a contestar el proyecto de ley en el parlamento.

“No sabemos si vamos a poder detenerlo, pero vamos a intentar conversar con los parlamentarios oportunos y pedir para comparecer delante del Comité Permanente de Justicia y Cuestiones Jurídicas, como hicimos el año pasado”, dijo Elliott. “También vamos a exponer por qué este abordaje no es particularmente bueno a los ministros pertinentes, pese a que yo sospeche que no van a estar abiertos a escuchar cualesquier críticas”.

Entonces les tocará a los liberales, al NDP y al Bloque detener el proyecto, y, como principal partido de oposición, los liberales son de suma importancia. Como los conservadores amenazan convocar elecciones tempranas, la cuestión es saber si los liberales van a correr el riesgo de provocar las elecciones por el proyecto de ley sobre las drogas. No cuente con eso, dijo Elliott.

“Aun si logramos convencer a algunos liberales de que este abordaje está mal, no estoy seguro de que vayan a estar dispuestos a sacrificarse por esta cuestión en particular”, dijo. “La situación política actual es realmente muy favorable para el partido gobernante porque los de la oposición no están listos”.

“Ésta es una de esas cuestiones que provocan reacciones instintivas”, dijo Oscapella. “Cuando se habla de cómo tenemos que ser duros con las drogas, los políticos tienden a acompañar. Pero es muy importante que este proyecto sea bloqueado; una vez que se tenga mínimas obligatorias, es dificilísimo librarse de ellas”.

Para eso, aguarde el surgimiento y la tentativa de coordinación de una coalición creciente de opositores. Algunas facciones de los partidos de oposición se van a sumar a la pelea, así como organizaciones de la sociedad civil y quizá, considerando las costas que tendrán que sufragar, algunos gobiernos provinciales. Pero precisan organizarse rápido; los conservadores pueden tomar providencias deprisa.

“Sospecho que ésta será una de sus prioridades más altas”, dijo Elliott. “Pueden tramitarlo con rapidez y sospecho que habrá audiencias en los comités a principios del año que viene y, después de eso, una votación de la Cámara en una versión final”, predijo.

“Se trata de crear la percepción de que son duros con la criminalidad”, dijo Elliott. “Desdichadamente, nos vamos más en su dirección con esta ley y esto apenas va a empeorar las cosas”.

“Son tiempos asustadores”, dijo Oscapella. “Miramos hacia abajo, vemos qué fracaso colosal estas políticas han sido en los EE.UU. y decimos: ‘Oye, hagámoslo por aquí también’”.