Reportaje: En el aniversario de la muerte de Kathryn Johnston, encuesta descubre que la mayoría de los estadounidenses es contraria al empleo de tácticas a la SWAT en allanamientos antidrogas rutinarios

Hace un año esta semana, Kathryn Johnston fue muerta a tiros por agentes antidrogas atlanteños cuando abrió fuego contra ellos cuando derrumbaron su puerta en una redada “inadvertida” de drogas. La matanza ha tenido inmensas repercusiones en la región de Atlanta, especialmente porque abrió un mirador hacia las prácticas corruptas y cuestionables de la policía en la brigada antidroga.

Aunque la matanza de Johnston sacudiera la región de Atlanta, también puso el tema de las tácticas policíacas agresivas de lucha contra las drogas a la cabeza. Todos los años, equipos de la SWAT realizan unos 40.000 allanamientos por todo el país, de acuerdo con los cálculos, muchos de los cuales visan a los infractores de la legislación antidroga. La táctica, en que la policía fuertemente armada en indumentaria a la militar derriba puertas, tira granadas lumínicas de aturdimiento y, en general, se porta como si estuviera buscando a insurgentes en Bagdad, se ha vuelto rutinaria y es el relleno de varios programas de telerrealidad.

Pero si los allanamientos son populares junto a los telespectadores de programas como DALLAS SWAT, no son necesariamente tan populares junto al público estadounidense. De acuerdo con una encuesta de 1.028 posibles votantes encargada por la StoptheDrugWar.org (DRCNet, por la sigla en inglés) y llevada a cabo por la Zogby Internacional en octubre, una sólida mayoría de encuestados dijo que dichas tácticas no tenían justificativa para redadas rutinarias de drogas.

He aquí exactamente la pregunta que fue hecha: “El año pasado, Kathryn Johnston de 92 años fue muerta por la policía atlanteña que ejecutaba una orden de búsqueda de drogas en una dirección equivocada proveída por un informante. Informes muestran que la policía emplea a equipos de la SWAT para realizar allanamientos hasta 40.000 veces al año, frecuentemente para la represión a las drogas de menor entidad. ¿Usted está o no está de acuerdo que la policía que hace investigaciones rutinarias sobre las drogas en situaciones no emergenciales debería valerse de tácticas de entrada agresiva como el derrumbe de puertas, el accionamiento de granadas lumínicas de aturdimiento o la realización de búsquedas en plena noche?”

Cerca de dos tercios – 65,8% - dijeron que la policía no debería utilizar rutinariamente tales tácticas. Con pequeñas variaciones, ese sentimiento se mantuvo a través de las líneas geográfica, demográfica, religiosa, ideológica y partidaria.

La oposición al uso rutinario de tácticas de la SWAT para la imposición de la legislación antidroga varió de los 70,7% en el Oeste a los 60,5% en el Este. Los habitantes de grandes ciudades (60,7%), de pequeñas ciudades (71,2%), de los suburbios (66,7%) y de las regiones rurales (65,0%) fueron todos contrarios al empleo rutinario de tácticas de la SWAT.

Entre los demócratas, 75,1% fueron contrarios a los allanamientos; entre los independientes el dato fue de 65,5%. Aun en las filas republicanas, la mayoría – 56% - se opuso a las redadas. De un extremo a otro de las líneas ideológicas, 85,3% de los autoproclamados progresistas estuvieron en contra de los allanamientos, así como 80,8% de los liberales, 62,9% de los moderados y 68,9% de los libertarianos. Aun la gente que describe a sí misma como conservadora o muy conservadora se opuso por poco a la utilización rutinaria de tácticas de la SWAT, visto que 51,5% de la primera y 52,5% de la segunda dijeron que no. Entre los afroamericanos, 83% fueron contrarios a la práctica.

“Estos hallazgos no me sorprenden”, dijo el criminólogo de la Universidad de Nebraska-Omaha, Samuel Walker, un destacado experto en políticas. “Cuando se hacen preguntas vagas sobre la criminalidad, la gente dice una cosa, pero cuando la pregunta es formulada para clarificar la práctica, como ésta, la gente tiene la impresión de qué tipo de situaciones emergenciales podría pedir métodos especiales y qué tipo de situaciones son rutinarias y pueden ser tratadas sin las tácticas a la SWAT. Creo que hay esperanza cuando la gente parece tener un sentido tan claro de lo que es y de lo que no es adecuado”, dijo.

“Estamos satisfechos, pero tampoco nos sorprendemos con una respuesta tan buena en esto”, dijo el director ejecutivo de la DRCNet, David Borden, autor de la pregunta. “No es muy difícil decir que la gente no debería ser herida a tiros, quemada o traumatizada en sus hogares cuando hay otra manera viable de encargarse de una situación”. La organización está planeando hacer más, dice, y ha publicado una página informativa sobre la cuestión en http://stopthedrugwar.org/policeraids (exclusivamente en inglés).

“Si se cree que el sistema de justicia penal es 100% perfecto, hay tendencia a apoyarlo, pero con estas redadas de drogas, se han cometido demasiados errores, demasiadas puertas han sido pateadas, demasiados inocentes han sido muertos”, dijo Peter Christ, un ex capitán de la policía de Nueva York que pasó 20 años en la corporación hasta jubilarse y devenir un miembro fundador de la Law Enforcement Against Prohibition (LEAP, por la sigla en inglés). “Las personas lo entienden y perciben que la abuelita muerta en Atlanta podía haber sido una de ellas”.

La verdadera pregunta, dijo Walker, era saber cómo traducir la opinión pública en cambios en las políticas. “Apenas deseo que esto pueda traducirse en el dominio político”, dijo.

Para Christ, cambiar las prácticas de la policía y las políticas de drogas es un proceso de concienciación lento, aun de una generación a otra. El dijo que el movimiento para reformar las leyes sobre las drogas se parece con el movimiento por los derechos de las mujeres. “Ninguna de las personas que empezó ese movimiento en los años 1830 sobrevivió para emitir un voto”, dijo, “pero, al fin, triunfaron”.

En Atlanta, la conducta indignante de los agentes antidrogas involucrados en el caso Johnston ha resultado en cambios, al menos por el momento. Ellos le dijeron a un juez que tenían a un informante quien había comprado piedra de cocaína en la casa de Johnston. Era mentira. Dispararon contra una anciana que protegía su hogar 39 veces después que ella intentó estrujar un tiro de una vieja pistola. La esposaron mientras se moría. Ellos plantaron marihuana en su sótano después del hecho. Intentaron, también después de la ocurrencia, hacer que uno de sus informantes dijera que había dado la información, pero, al contrario, él se fue al FBI.

Esta semana, dos de los policías involucrados en la matanza fueron presos por orden judicial hasta la condenación por homicidio involuntario y violaciones de derechos civiles. Un tercero tiene fecha de juicio programada para abril.

La matanza de Johnston también ha sacudido a la Policía de Atlanta. El jefe de policía disolvió la brigada antidroga entera durante meses, endureció las normas para obtener órdenes de búsqueda, especialmente órdenes para búsquedas “inadvertidas”, e instituyó nuevas políticas, forzando a los agentes antidrogas a rotarse con regularidad. Sigue la investigación de la comisaría por parte del FBI, la cual ya dura un año.

Pero, por todo el país, el caso Johnston fue nada más que un punto en el radar y las redadas a la SWAT prosiguen. “No he percibido ningún cambio real en ninguna parte fuera de Atlanta”, dijo Radley Balko, editor de la revista Reason y analista político especializado en cuestiones de las libertades civiles que fue autor del informe definitivo acerca del alza del fenómeno contemporáneo de la SWAT, Overkill: The Rise of Paramilitary Policing in America. “Este año, el ritmo de estos allanamientos ha sido casi el mismo del año pasado”.

Y, como señaló Balko en un comentario en FoxNews.com esta semana, no sólo las redadas, sino también los equívocos, algunos de ellos fatales, continúan:

En febrero de este año, el dieciseisañero Daniel Castillo, Jr. fue muerto en una redada policíaca contra el hogar de su familia en Tejas. Castillo no tenía antecedentes penales. Un oficial de la SWAT abrió la puerta del cuarto mientras Castillo, su hermana y su hijo pequeño dormían. Cuando Castillo se levantó de la cama tras ser despertado por los gritos de su hermana, el oficial de la SWAT le disparó en la cara.

En marzo, la policía de Spring Lake en Minnesota, siguiendo la pista de un informante, allanó el hogar de Brad y Nicole Thompson. La pareja fue forzada a tirarse al piso a punto de pistola y advertida por un policía: “Si se mueven, les disparó en la maldita cabeza”. La policía estaba en la casa equivocada.

En junio, una mujer de 72 años que respiraba con el auxilio de aparatos fue tirada al piso a punto de pistola en un allanamiento antidroga equivocado cerca de Durango en Colorado.

Balko también señaló redadas antidrogas errantes contra inocentes en Temecula en California; Anápolis en Maryland; varios incidentes en Chicago, Filadelfia y la Ciudad de Nueva York; Galliano en Luisiana; Hendersonville en Carolina del Norte; Ponderay en Idaho; Stockton en California; Pullman en Washington; Baltimore; Wilmington en Delaware; Jacksonville en Florida; Alton en Kansas; en la Comarca de Merced en California; y Atlanta en Georgia. Y eso apenas este año.

Dar la vuelta a la apisonadora es una tarea desalentadora. Eso exigiría cambios en las políticas y prácticas de cientos de agencias de la ley distintas alrededor del país y va a ser necesario trabajo en los ámbitos estadual y municipal.

Pero hay algunas perspectivas limitadas de cambio en el ámbito federal. En junio, el Subcomité sobre Terrorismo y Seguridad Nacional del Comité de la Cámara sobre el Judiciario de los EE.UU. realizó audiencias a propósito de la militarización de la policía, y, gracias en parte a la deposición de Balko, el proyecto con respecto a la criminalidad de este año contiene actualmente un texto que refleja las reformas recomendadas en Overkill que limitarían las circunstancias en que altos niveles de fuerza pueden ser utilizados. Con todo, dijo Balko, no se sabe si ese texto va a llegar al proyecto final.

A lo peor, Balko pudo informar al presidente del comité, el diputado Bobby Scott (D-VA) que parte del dinero asignado al COPS, el programa de vigilancia policíaca comunitaria de Bill Clinton, había sido gastado en la instauración de equipos de la SWAT. Cuando una mujer en el gallinero pidió la renovación del financiamiento del COPS, Balko señaló ese hecho.

“¿Me dices que las subvenciones al COPS que repartimos en los años 1990 fueron utilizadas en verdad para empezar equipos de la SWAT?”, preguntó Scott sorprendido.

Balko confirmó que, de hecho, ése era el caso.

“Bueno, seguro que eso no era lo que teníamos en mente”, contestó Scott.

De acuerdo con Balko, por lo menos 40 inocentes han sido muertos en allanamientos antidrogas que se valen de entradas por la fuerza en los últimos años. Nadie sabe cuantos inocentes más han sido heridos por policías alocados por la testosterona ni si sus propiedades han sido gratuitamente destruidas en dichas redadas. Y nadie ni siquiera está contando cuantas personas – inocentes, culpables, familiares – han sido traumatizadas innecesariamente por borceguíes que patean las puertas a las 04:00 de la madrugada y todo lo que pasa a continuación. Y la mayoría de las partes “culpables” es de meros infractores de poca monta que, por ley, son considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

Si los políticos y las agencias de seguridad le dan oídos al público, dichas tácticas se van a convertir en cosa del pasado.