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Reportaje: Bush revela el Plan México y propone paquete de ayuda antidroga de $1.5 billón

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El martes, el presidente Bush solicitó formalmente $550 millones del Congreso para la ayuda antidroga a México y Centroamérica el año que viene. El requerimiento de financiación es apenas el primer plazo de un paquete de ayuda de dos o tres años que debe totalizar $1.4 billón aproximadamente. El financiamiento fue incluido en el último proyecto complementar de financiación para las guerras en Irak y Afganistán, siendo que el techo de ésta fue estipulado en $46 billones.

“Eso entrega una ayuda vital a nuestros colaboradores en México y Centroamérica que están trabajando para dispersar los carteles del narcotráfico, luchar contra el crimen organizado y detener el tráfico de seres humanos”, dijo Bush en la Casa Blanca, poco tiempo después de llamar al presidente mexicano Felipe Calderón.

Bush y Calderón
Pero aunque la propuesta cuente con el apoyo de los dos gobiernos, probablemente atraerá exámenes atentos en el Congreso controlado por los demócratas. Ella también esta siendo criticada o abordada con cautela por congresistas en ambos países, observadores de México y analistas de las políticas de drogas.

“Aunque espere con ansiedad la renovación del plan antiestupefacientes para México y Centroamérica, el Congreso no fue consultado cuando el plan fue desarrollado. No es una buena manera de empezar un esfuerzo tan importante para luchar contra el incremento en el narcotráfico y la violencia en la región”, dijo el diputado Eliot Rangel (D-NY), presidente del Subcomité de la Cámara sobre el Hemisferio Occidental, que realizó una audiencia a propósito de la propuesta el jueves. “Espero que el gobierno sea más abierto con los congresistas ahora que anunció el plan”, agregó, con aspereza.

El paquete antidroga se enfrenta a la carga adicional de pertenecer a la ley de presupuestos para la guerra en Irak, altamente impopular. Nancy Pelosi (D-CA), la lideresa de la mayoría en la Cámara, ha hecho muestras de que la aprobación de la ley de presupuestos por entero puede ser difícil en la Cámara. Pero, por otra parte, la lideresa demócrata en la Cámara lo ha dicho antes y la guerra sigue siendo financiada.

México es el principal productor de marihuana y metanfetaminas importadas para los EE.UU. en orden a abastecer los insaciables mercados norteamericanos. Junto con Colombia, produce la mayor parte de la heroína consumida en los EE.UU y es el principal conducto para la cocaína suramericana destinada hacia ese país.

México también es la escena de un antiguo estado de guerra que aparentemente siempre se intensifica entre las organizaciones rivales del narcotráfico – los llamados carteles – por el control del rentable negocio billonario y también entre los carteles y el estado mexicano. Más de 2.100 personas, inclusive cerca de 200 policías y militares, han muerto en la guerra a las drogas de México hasta este momento del año, haciendo que 2007 esté en vías de ser el año más sangriento hasta ahora.

El presidente mexicano Felipe Calderón se ha conseguido el loor de los combatientes de las drogas estadounidenses por tomar medidas agresivas contra los carteles desde que tomó posesión en diciembre. Desde entonces, ha mandado a unos 25.000 efectivos del ejército a ciudades como Tijuana, Mazatlán y Acapulco, además de estados cultivadores de drogas de suma importancia. Aunque el gobierno afirme incrementar los arrestos y las redadas, las drogas siguen fluyendo, así como la sangre. El gobierno de Calderón ha anunciado que está preparándose para gastar $7 billones en el proseguimiento de la lucha contra las drogas además de la oferta de ayuda de los EE.UU.

En Centroamérica, los problemas son parecidos, aunque de menor escala. Aunque México sea plagado por la violencia hipervaliente de grupos como los zetas, una unidad de de elite formada por ex combatientes antidrogas quienes se pasaron al otro bando y se han metido en matanzas aleccionadoras espectaculares y horrendas, Centroamérica se enfrenta a las pandillas, grupos como la Mara Salvatrucha, compuesta inicialmente por los hijos de los refugiados salvadoreños en los EE.UU. que aprendieron el oficio gángster en el norte antes de regresar a sus patrias para aplicar sus aptitudes recién descubiertas.

México recibirá 90% del paquete estadounidense, unos $500 millones, en tanto que $50 millones serán destinados a países centroamericanos. El paquete de ayuda a México, que ha estado siendo negociado entre funcionarios estadounidenses y mexicanos durante meses, incluirá fondos para helicópteros, barcos, aviones de reconocimiento, sabuesos rastreadores de drogas y equipo de telecomunicación militares. También costeará el entrenamiento de policías y efectivos mexicanos involucrados en la interceptación de cargamentos de drogas de camino a los Estados Unidos. Pero, diferentemente del Plan Colombia, el programa subsidiario billonario de lucha contra la droga y la insurgencia con el cual es comparado con frecuencia, el paquete no pide que más militares o contratistas estadounidenses trabajen en México.

La reacción de Latinoamérica y de analistas de las políticas de drogas en Washington fue de lo crítico a lo preocupado. “A primera vista, muchísimo de esto parece ser un desperdicio de dinero”, dijo Adam Isaacson, director de programa en el Center for International Policy. “Hay cerca de $200 millones para barcos y helicópteros para la interdicción. Eso es mejor que gastar dinero en la fumigación de cultivos, pero la verdad es que es jugar al gato y al ratón. Lo que necesitamos realmente es reducir la demanda”.

“Los EE.UU. tienen la obligación moral de ayudar a México a tratar con la violencia relacionada con las drogas a causa de las políticas y del consumo estadounidenses”, dijo Maureen Meyer, socia para México y Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, sigla en inglés). “Pero necesitamos clarificar que, aunque este paquete pueda causar un impacto positivo a corto plazo sobre el narcotráfico y la violencia en México, no se debería esperar que contuviera el flujo de drogas hacia los Estados Unidos”.

“Este paquete de cooperación refleja el reconocimiento creciente del gobierno Bush de la partición de responsabilidad de los Estados Unidos por el narcotráfico y la violencia relacionada con las drogas en México”, dijo Joy Olson, la directora ejecutiva de la WOLA. “Tratar de este problema no es algo que debiera enfrentar solo. Pero la cooperación es una calle de doble sentido”, señaló Olson. “Pese a que el paquete mencione una cantidad indeterminada de dinero para reducir el consumo de drogas en México, no ha sido acompañado por ninguna iniciativa federal de peso para disminuir la demanda de drogas en los Estados Unidos”.

“Una de las razones por la cual estamos en este lío es que nuestros políticos creyeron que era una idea estupenda ayudar gobiernos extranjeros a trabar la guerra a las drogas junto con nosotros, entonces entrenaron unidades de elite mexicanas en la lucha contra las drogas hace dos décadas”, advirtió Sanho Tree, director del Proyecto de Políticas de Drogas en el Institute for Policy Studies.

“El problema es que no tenían como asegurar la lealtad de los efectivos que entrenaron y se olvidaron que la prohibición de las drogas corrompe en igualdad de condiciones”, prosiguió Tree. “Por fin, una unidad de elite entrenada por los EE.UU. llamada zetas se pasó al otro bando y devino el matón del Cartel del Golfo. Cuando se oye hablar de batallas con ametralladoras y bazucas en Nuevo Laredo, es que nuestro Frankenstein está regresando para asombrarnos. Ahora el gobierno Bush – que nunca aprende con la historia – quiere repetir la calamidad”.

“La propuesta de ‘intensificación’ de la guerra contra las drogas del presidente Bush les costará demasiado a los contribuyentes, no va a funcionar y puede aumentar la violencia tanto en México como en los Estados Unidos”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Las estrategias respecto de la demanda han fracasado para la cocaína, la heroína, la marihuana y virtualmente todas las drogas a las cuales han sido aplicadas (inclusive el alcohol durante la Ley Seca). Principios económicos fundamentales demuestran el porqué: con tanto que exista una fuerte demanda de drogas, habrá una oferta para abastecerla. Aun si tuviera éxito, el Plan México de Bush sólo se saldría bien en valorizar la cocaína, aumentar los lucros de los grandes carteles de la droga e incentivar el ingreso de más elementos criminosos al lucrativo mercado de la cocaína”.

Tales inquietudes y críticas fueron repetidas al sur de la frontera. “No hará una diferencia tener más helicópteros porque estás sólo combatiendo el lado armado de los carteles. Tienes que perseguirlos por el lado de sus finanzas y encontrar sus cuentas bancarias; así se les puede debilitar”, dijo Ernesto Mendieta, asesor en seguridad y ex fiscal antidroga de México. “Rastrear ese dinero consume tiempo y no llega a los noticieros, pero hay que hacerlo”, le dijo Mendieta a la Reuters.

“No es la solución mágica. Ayudará pero se necesita inteligencia, infiltrados y no se puede conseguir eso sólo con dinero”, le dijo Jorge Chabat, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a la misma agencia.

Pero ese tipo de afirmación deja a Isaacson del CIP un poquito nervioso. “Estamos preocupados por los aspectos de inteligencia y vigilancia de esto”, dijo. “¿Quiénes van a recibir esto? ¿Cómo son entrenados? ¿Hasta qué punto estas agencias están infiltradas por los traficantes? ¿Cuáles son sus antecedentes en derechos humanos? Estamos muy preocupados por este aspecto del paquete”, dijo.

La WOLA también tenía sus inquietudes, especialmente por la falta de detalles respecto de algunas facetas del plan. La organización quiere asegurar que el paquete de ayuda no termine subvirtiendo la democracia en la región. “Si los fondos son enviados directamente a las fuerzas militares de los países beneficiarios, el plan puede socavar la fiscalización civil de las fuerzas armadas y debilitar las labores de fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública”, observó el grupo.

Ahora, le medida va al Congreso, donde las primeras audiencias ya han entrado en curso. Por lo menos un observador, Isaacson del CIP, cree que va a pasar por el proceso. “Este Plan México va a ser examinado con mucho cuidado”, dijo. “Será aprobado, aunque a costa de ser alterado radicalmente”, dijo.

Pero no va a tener mucha importancia, sugirió. “Sobre todo, hay muchísimo dinero que ganar y es la demanda de nuestra población consumidora de drogas lo que lo vuelve una orientación profesional atrayente para la gente en México”.

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