Búsqueda y aprehensión: Tribunal federal de California desestima búsquedas de celular sin orden judicial

El 23 de mayo, una jueza de juzgado distrital federal en Alta California decidió que la policía necesitaba una orden de búsqueda para examinar los contenidos de los celulares confiscados de las personas que están siendo arrestadas. Aunque la policía pueda típicamente pasar revista a las personas en el momento del arresto y en la actuación, la jueza sostuvo que para buscar un celular se necesita una orden de búsqueda.

El caso surgió de un allanamiento contra un dispensario de marihuana medicinal en diciembre de 2004 de parte de la Jefatura de Policía de San Francisco en el cual cinco personas fueron arrestadas. Tres de ellas – Edward Park, Brian Ly y David Lee – fueron llevados a una comisaría local, donde el inspector de la policía de San Francisco, David Martinovich, admitió buscar el teléfono de un hombre y pedir que otro inspector de la policía buscara los teléfonos de los dos otros hombres.

“Creía que una búsqueda de los teléfonos celulares en la comisaría durante el proceso de actuación era permisible como revista de actuación”, dijo Martinovich en los documentos judiciales. Él admitió examinar el celular y apuntar los contenidos de su libreta de direcciones.

Los tres hombres presentaron una solicitud de supresión de las pruebas, diciendo que la búsqueda sin orden judicial de los celulares infringía la Cuarta Enmienda. La jueza distrital de los EE.UU., Susan Illston, estuvo de acuerdo.

“Este tribunal decide… que, para fines de análisis de la Cuarta Enmienda, los celulares deben ser considerados ‘posesiones dentro del control inmediato de un arrestado’ y no parte de ‘la persona’”, escribió Illston en su fallo. “Esto porque los celulares modernos tienen la capacidad de almacenar cantidades inmensas de información privada”.

Illston expresó preocupación por las infracciones del derecho a la privacidad de las personas. “Diferentemente de los buscapersonas y libretas de direcciones, los celulares modernos registran las llamadas recibidas y hechas y también pueden contener libretas de direcciones, calendarios, mensajes de voz y texto, correo-e, vídeo y fotos. Los individuos pueden almacenar informaciones altamente personales en sus celulares y pueden registrar sus pensamientos y conversaciones más privados en sus celulares a través del correo electrónico y mensajes de texto, voz e instantáneas”, observó.

“Cualquier decisión contraria podía tener consecuencias dilatadas”, prosiguió Illston. “En la audiencia, el gobierno aseveró que, pese a que los oficiales aquí limitaran sus búsquedas a las libretas de direcciones de los teléfonos, los oficiales podían haber buscado cualquier información – como correos-e o mensajes – almacenada en los celulares”.

El gobierno no mostró ningún propósito además del de avanzar en las investigaciones criminales, concluyó Illston. “El tribunal decide que el gobierno no ha cumplido su carga para mostrar, por una preponderancia de las pruebas, que es práctica normal de la policía buscar los contenidos de un celular como parte del proceso de actuación”, escribió ella. “De hecho, el gobierno no ha articulado ningún motivo por el cual sea necesario buscar los contenidos de un celular a fin de cumplir cualquiera de los intereses legítimos del gobierno servidos por una búsqueda en la actuación: a saber, impedir el robo de propiedad de los arrestados y falsas afirmaciones de robo de parte de los arrestados e identificar contrabando y demás artículos”.

Como Illston señaló en su fallo, no hay fallo controlador sobre estas cuestiones ni en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de los EE.UU. ni en la Corte Suprema de los EE.UU. En un caso federal similar, el juez presidente decidió en favor del gobierno. Probablemente estas cuestiones serán más resueltas en los tribunales federales de apelación.