Reportaje: Con investigador de Universidad de Massachusetts a una decisión de obtener aprobación para cultivar marihuana, defensores aumentan la presión sobre DEA

Seis años después que presentó por primera vez una petición junto a la Administración de Represión a las Drogas (DEA, sigla en inglés) para cultivar marihuana a fin de suplir a los investigadores, ahora el profesor de agronomía en la Universidad de Massachusetts, Lyle Craker, está a una decisión de lograr la aprobación de su proyecto de la DEA. La semana pasada, una jueza de derecho administrativo de la DEA expidió una recomendación final de que el proyecto reciba permiso para seguir adelante.

Actualmente, la única marihuana disponible para la investigación científica y médica es cultivada en una instalación del gobierno de los EE.UU. en la Universidad de Mississippi y es distribuida a través del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, sigla en inglés). Pero el NIDA ha probado ser extremadamente reluctante en aprobar las solicitaciones de los científicos de acceso a la marihuana cuando la investigación que están planeando conducir es sobre sus usos medicinales.

“El registro del demandado para cultivar marihuana sería de interés público”, escribió la jueza de derecho administrativo, Mary Ellen Bittner, en su decisión. “Actualmente, hay una oferta inadecuada de marihuana disponible para fines de investigación”, concluyó, señalando también que el riesgo de desvío era mínimo y que Craker había cumplido con todas las leyes aplicables.

Pero la decisión de la jueza no es compulsoria. La decisión final sobre la petición de Craker será tomada por el viceadministrador de la DEA y no es nada seguro que el funcionario siga las recomendaciones de la jueza. Históricamente, la agencia se ha opuesto a cualesquier esfuerzos para terminar el monopolio del gobierno sobre el cultivo de marihuana para fines de pesquisa y ya ha declarado que no está de acuerdo con las conclusiones de la jueza.

Respaldado por la organización sin ánimo de lucro Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS, sigla en inglés), que financiará la investigación, y representado por el Proyecto de Reforma de la Ley sobre las Drogas de la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles, Craker ha perseverado durante más de media década mientras su solicitación languidecía en las entrañas de la DEA. Ahora, falta apenas un obstáculo.

En un intento de presionar la DEA para responder la petición favorablemente, el Dr. Craker y sus patrocinadores y defensores realizaron una rueda de prensa el miércoles en la sed de la agencia en el norte de Virginia para aumentar la presión. “Trabajar con la marihuana medicinal parece tan similar al trabajo que estamos haciendo con otras plantas medicinales que nunca he comprendido qué la DEA le encuentra de malo”, dijo Craker.

“Aquí, la DEA tiene la oportunidad de hacer lo que dice, que ha sido que los defensores de la marihuana deberían trabajar en realizar la investigación en vez de meter juicios”, dijo el presidente de la MAPS, Rick Doblin. “Se ha vuelto cada vez más obvio que la DEA ha estado obstruyendo la investigación médica posiblemente benéfica y ya es hora de que cambien”, dijo.

“Durante casi 20 años, la MAPS ha estado intentando realizar la investigación”, señaló Doblin. “La FDA ha aprobado dos protocolos nuestros, uno para examinar la consunción a causa del SIDA y otro para examinar la marihuana medicinal para las migrañas. Ambos fueron bloqueados por el NIDA, que se rehusó a proporcionarnos la marihuana que necesitábamos para hacer los estudios. Hemos estado luchando durante cuatro años para comprar 10 gramos para la investigación con vaporizadores para un sistema de consumo sin fumo. Actualmente, el gobierno detenta el monopolio y nuestro poder de hacer pesquisa está fundamentalmente comprometido”, observó.

“Hemos ganado el último asalto en la litigación perenne, con la jueza de la DEA haciendo la recomendación de que el Dr. Craker obtuviera un permiso”, dijo Doblin. “Desdichadamente, tenemos que desencadenar una tremenda campaña de cabildeo para hacer que la DEA haga lo que dice. El gobierno está demasiado atrapado en la guerra a las drogas para sentirse a gusto financiando estudios que podrían contradecir la propaganda y ‘mandar el mensaje equivocado’. Tenemos una situación en que el gobierno está concentrado en suprimir la investigación, no en facilitarla”.

Quien también estaba en la rueda de prensa era la paciente consumidora de marihuana medicinal, Angel Raich, cuyo reto a las leyes federales sobre la marihuana llegó hasta la Corte Suprema de los EE.UU. antes de ser rechazado en 2005. “Es extremamente frustrante que el gobierno federal haya hecho un esfuerzo tan grande para impedir la investigación que podía ayudar a pacientes como yo”, dijo la californiana, que consume marihuana para aliviar los síntomas de ataques, síndrome de emaciación y un tumor cerebral inoperable, entre otras enfermedades. “Ya es hora de que el gobierno y la DEA paren de jugar con las vidas de los pacientes”, dijo ella.

“La ACLU está involucrada porque creemos que pacientes como Angel deberían pode comprar su remedio de una farmacia, como todos”, dijo Allen Hopper del Proyecto de Reforma de la Ley sobre las Drogas de la ACLU. “La jueza Bittner llegó a la única decisión que podía según la ley”, argumentó, señalando que Bittner reconoció que el NIDA tenía reservas de marihuana para investigación, pero a las cuales los investigadores rutinariamente no lograban obtener acceso.

“Estamos aquí hoy día”, prosiguió Hopper, “porque ahora estamos a un paso de adentrar el proceso de aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, sigla en inglés). Estamos seguros que la administración hará lo correcto, pero también estamos preparados para dirigirnos al tribunal de apelaciones federal para forzar la DEA a hacer lo correcto si necesario”.

Una variedad impresionante de políticos y grupos está preparada para presionar la DEA en la dirección correcta. Los senadores de Massachusetts, John Kerry (D) y Edward Kennedy (D), y 38 miembros de la Cámara de los Diputados se han sumado a una amplia gama de organizaciones científicas, médicas y sanitarias en el reto a las políticas del gobierno federal de bloquear los canales administrativos y de obstruir la investigación que puede llevar al desarrollo de la marihuana como medicamento recetado. Estas organizaciones incluyen la Fundación Linfoma de los Estados Unidos, la Asociación Nacional de Políticas de Salud Pública, la Fundación Esclerosis Múltiple y también muchas asociaciones estaduales de medicina y de enfermeras.

Ahora, le toca a la DEA tomar la decisión final. La administradora de la DEA que tomará la decisión no está obligada por la recomendación de la jueza Bittner y tampoco se exige que la tome dentro de algún plazo. Le toca a la presión del público producir los resultados deseados. La rueda de prensa del miércoles fue sólo el comienzo.