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Reportaje: Secretario antidroga de ONU ataca a legalizadores, que dicen “ya era hora”

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Mientras el mundo marca el fin del primer siglo de la prohibición de las drogas – se firmó el primer convenio antidroga internacional en Shanghái en 1909 -, la burocracia antidroga mundial se encuentra en la defensiva. Frente a una serie de críticos cada vez más vehementes, esta semana la burocracia contraatacó cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó su Informe Mundial sobre las Drogas del 2009. Es una señal de progreso que por fin la ONUDD se sienta compelida a enfrentar – no ignorar - a quienes la critican.

manifestación de HCLU durante la cumbre sobre las drogas de la ONU en marzo del 2009 en Viena
Además de su acostumbrada cuantificación de los cambios marginales en los niveles de producción y consumo de drogas y de las exhortaciones para intentar combatir más la amenaza de la droga, el informe de este año fue notable por su prefacio, escrito por Antonio Maria Costa, director de ONUDD, y, en un revés del tono, si no de las políticas, alguna alusión aprobatoria al experimento portugués de ocho años con la despenalización.

Acerca de la despenalización en Portugal, el informe señaló que:

“Portugal es un ejemplo de un país que recientemente decidió no reducir a los consumidores a prisión. De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la ‘despenalización’ del consumo de drogas de Portugal en el 2001 está prevista en los parámetros del Convenio: la tenencia de drogas todavía está prohibida, pero las sanciones quedan supeditadas al derecho administrativo, no el derecho penal. Los que tienen una pequeña cantidad de drogas para consumo personal reciben una citación, no son arrestados. Se incautan las drogas y el sospechoso debe comparecer ante una comisión. Se averiguan los patrones de consumo de drogas del sospechoso y los usuarios pueden ser multados, encaminados al tratamiento o sometidos a libertad vigilada. Los casos de narcotráfico siguen siendo enjuiciados y la cifra de delitos de narcotráfico detectada en Portugal se acerca del promedio europeo.

Estas condiciones mantienen las drogas fuera del poder de los que las evitarían según un sistema de plena prohibición al paso que incentivaría el tratamiento, no la encarcelación, para los usuarios. Entre aquellos que no acogerían bien una citación recibida de un agente de policía están los turistas y, consecuentemente, según consta, la política de Portugal no ha resultado en un aumento en el turismo por drogas. Asimismo, parece que ha disminuido una serie de problemas relacionados con las drogas”.

El informe procede a decir que “aunque la encarcelación siga siendo la principal reacción a los narcotraficantes detectados, solamente se la debería aplicar en casos excepcionales contra los usuarios”. Además del argumento de Costa que manifiesta que “la gente que consume drogas necesita ayuda médica, no retribución penal” en el prefacio, ello indica que la ONUDD no se opondría a la despenalización, pero eso no dice el informe. En cambio, defiende juzgados de delitos de drogas y tratamiento para la toxicomanía.

Cuando se trata de la legalización, en el prefacio Costa reconoció a sus críticos antiprohibicionistas y trató de hacer frente a sus argumentos. Vale la pena citar sus comentarios detenidamente:

“Últimamente, se han alzado algunas voces, limitadas pero en aumento entre los políticos, los medios de difusión y hasta la opinión pública, que afirman: la fiscalización de drogas no está dando resultados. El volumen de estas voces sigue aumentando y el mensaje se está extendiendo. Gran parte de este debate público se caracteriza por generalizaciones injustificadas y soluciones simplistas. Sin embargo, el eje mismo del debate destaca la necesidad de evaluar la eficacia del enfoque actual. Tras haber examinado la cuestión sobre la base de nuestros datos, la ONUDD ha llegado a la conclusión de que, aunque los cambios son necesarios, éstos deberían alentar diferentes medios de proteger a la sociedad contra las drogas y no de impulsar el objetivo diferente de abandonar esta protección.

“Se han formulado distintos argumentos a favor de que se ponga fin a la fiscalización de drogas sobre la base de argumentos i) económicos; ii) de salud; y iii) de seguridad, y una combinación de los tres.

“El argumento económico a favor de la legalización de las drogas propugna: legalicemos las drogas y generemos ingresos fiscales. Este argumento está cobrando mayor popularidad ya que los gobiernos nacionales buscan nuevas fuentes de ingresos en el marco de la crisis económica actual. Este argumento a favor de legalizar y gravar no es ético ni económico. Propone un impuesto perverso, generación tras generación, a los grupos marginados (perdidos a causa de la adicción) para estimular la recuperación económica. ¿Acaso los partidarios de esta causa también están a favor de legalizar y gravar otros delitos aparentemente de difícil solución como la trata de personas? Los esclavos de hoy en día (que se cuentan por millones) indudablemente generarían buenos ingresos fiscales que permitirían el rescate de bancos quebrados. El argumento económico también se basa en una lógica fiscal equivocada: toda reducción del costo de la fiscalización de drogas (debido a una reducción de los gastos de las fuerzas de seguridad) estará contrarrestada por un gran aumento de los gastos de salud pública (debido al incremento del consumo de drogas). La moraleja es que las transacciones perversas no deben legalizarse simplemente porque son difíciles de controlar.

“Otros han sostenido que, después de la legalización, podría evitarse una amenaza para la salud (como una epidemia de drogas) mediante la reglamentación del mercado de estupefacientes. Esto también es ingenuo y corto de miras. En primer lugar, cuanto más estrictos sean los controles (sobre cualquier cosa), tanto mayor y más veloz será el mercado (delictivo) paralelo que aparecerá, lo cual invalida el concepto. En segundo lugar, sólo unos pocos países (ricos) pueden permitirse controles tan complejos. ¿Cómo afectará esto al resto (la mayor parte) de la humanidad? ¿Por qué desencadenar una epidemia de drogas en el mundo en desarrollo en aras de argumentos libertarios formulados por un grupo de presión a favor de las drogas que puede darse el lujo de tener acceso a tratamiento por consume de drogas? Las drogas no son dañinas porque se fiscalicen, se fiscalizan porque son dañinas; y causan daño, sea el adicto rico y bello, o pobre y marginado.

“La cuestión más grave atañe a la delincuencia organizada. Toda actividad en el Mercado fiscalizada por la autoridad genera transacciones paralelas ilegales, como ya se señaló. Inevitablemente, la fiscalización de estupefacientes ha generado un mercado delictivo de dimensiones macroeconómicas que usa la violencia y la corrupción para mediar entre la demanda y la oferta. Si legalizamos las drogas, la delincuencia organizada perderá su actividad más lucrativa, afirman, pues, los críticos.

“No lleguemos a conclusiones apresuradas. La ONUDD tiene plena conciencia de las amenazas que plantean las mafias internacionales de drogas. Nuestras estimaciones del valor del mercado de drogas (en 2005) no tuvieron precedentes. La Oficina también fue la primera en dar la voz de alarma sobre la amenaza del tráfico de drogas a países de África occidental y oriental, el Caribe, América Central y los Balcanes. Al hacerlo, hemos destacado la amenaza a la seguridad que plantea la delincuencia organizada, una cuestión que ahora se examina periódicamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Tras iniciar este debate sobre las drogas y la delincuencia, y tras haber reflexionado extensamente al respecto, hemos llegado a la conclusión de que estos argumentos que relacionan las drogas con la delincuencia organizada son válidos y deben tenerse en cuenta. Insto a los gobiernos a que reajusten su combinación de políticas sin demora e impongan una mayor fiscalización de la delincuencia, sin disminuir la fiscalización de las drogas. En otras palabras, mientras que el argumento sobre la delincuencia es correcto, las conclusiones alcanzadas por sus partidarios son erróneas.

“¿Por qué? Porque no estamos ante un problema económico, estamos ante un problema humano. La política económica es el arte de administrar el dinero y de lograr un equilibrio entre inflación y empleo, entre consumo y ahorros, entre contrapesos internos y externos. La vida humana es otra cosa. Si comenzamos a hacer concesiones respecto de ella, terminaremos violando los derechos humanos de algunos. No puede haber intercambios, ni quid pro quo cuando la salud y la seguridad están en juego: la sociedad debe, y puede, proteger ambos bienes con determinación absoluta.

“Insto a los heroicos partidarios de la causa de los derechos humanos en todo el mundo a que ayuden a la ONUDD a promover el derecho a la salud de los toxicómanos: deben recibir ayuda y reintegrarse a la sociedad. La adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados, ni dispararse contra ellos, ni tampoco, como sugieren los defensores de este argumento, sacrificarlos para reducir la amenaza a la seguridad que plantean las mafias internacionales. Desde luego, estas últimas deben combatirse de la forma en que lo sugerimos más abajo.

“En primer lugar, los encargados de hacer cumplir la ley deberían centrarse en los traficantes y no en los consumidores de drogas. La toxicomanía es un problema de salud: las personas que consumen drogas necesitan ayuda médica, no ser castigados como delincuentes. Debe prestarse atención a los grandes consumidores de drogas. Éstos son los que más drogas consumen, los que causan el mayor daño tanto a sí mismos como a la sociedad y los que generan mayores ingresos a las mafias de las drogas. Los tribunales especializados en drogas y la asistencia médica probablemente puedan crear sociedades más saludables y seguras que el encarcelamiento. Insto a los Estados Miembros a que luchen por el logro del objetivo del acceso universal al tratamiento de la toxicomanía como un compromiso para salvar vidas y reducir la demanda de drogas: esto traerá aparejados la caída de la oferta y los ingresos de la delincuencia conexos. Avancemos hacia el logro de este objetivo en los próximos años y luego evaluemos sus repercusiones beneficiosas en la próxima oportunidad en que se reúnan los Estados Miembros para examinar la eficacia de la política sobre drogas (2015).

“En segundo lugar, debemos poner fin a la tragedia de las ciudades fuera de control. Las transacciones sobre drogas, al igual que la mayoría de los delitos, se producen en entornos urbanos controlados por grupos delictivos. Este problema empeorará en las megaciudades del futuro, a menos que la gobernanza siga el ritmo de la urbanización. Sin embargo, detener a personas y confiscar las drogas de uso personal es como arrancar malas hierbas, hay que volver a hacerlo al día siguiente. El problema sólo puede resolverse abordando la cuestión de los barrios marginales y el abandono en nuestras ciudades, mediante la renovación de la infraestructura y la inversión en las personas, ayudando especialmente a los jóvenes, que son vulnerables a las drogas y al delito, mediante educación, empleo y deportes. Los guetos no crean toxicómanos ni desempleados, a menudo sucede precisamente lo contrario. Y en este proceso prosperan las mafias.

“En tercer lugar, y esto es lo más importante, los gobiernos deben valerse, a nivel individual y colectivo, de los acuerdos internacionales para luchar contra la sociedad ‘incivil’. Esto significa que deben ratificarse y aplicarse la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los protocolos conexos sobre la trata de personas, las armas y los migrantes […].

“Nuestros países pueden hacer mucho más para enfrentarse con la fuerza brutal de la delincuencia organizada: también debe abordarse el contexto en el que operan las mafias […].

“En suma, la delincuencia organizada transnacional nunca se detendrá mediante la legalización de los estupefacientes. Las arcas de las mafias se alimentan también del tráfico de armas, personas y sus órganos, la falsificación y el contrabando, la extorsión y los préstamos usurarios, los secuestros y la piratería, así como la violencia contra el medio ambiente (la tala ilegal, el vertimiento de desechos tóxicos, etc.). El argumento que favorece las concesiones entre la droga y la delincuencia que se analiza supra es el mismo que promueve el viejo programa de legalización de los estupefacientes, que propugnan permanentemente los grupos de presión a favor de las drogas. (Obsérvese que los partidarios de esta postura no la ampliarían para incluir las armas, cuya fiscalización, afirman, debería realmente hacerse cumplir y aumentarse; en otras palabras, no a las armas, sí a las drogas).

“Hasta ahora, la mayor parte de nuestra sociedad se ha opuesto tenazmente y con éxito, al programa de legalización de estupefacientes. Sin embargo, debe cambiar la política de lucha contra la delincuencia. Ya no basta con decir: no a las drogas. Ahora debemos afirmar con la misma vehemencia: no a la delincuencia.

“No queda más opción que mejorar tanto la seguridad como la salud. Poner fin a la fiscalización de los estupefacientes sería un error colosal. Igualmente catastrófico es seguir haciendo caso omiso de la amenaza que la delincuencia organizada plantea a la seguridad”.

Aunque solamente se pueda leer el prefacio de Costa como un ataque contra la postura antiprohibicionista (aunque en esencia pida la despenalización del consumo de drogas), ello también marca un embate contra los antiprohibicionistas. Y ellos están listos para enfrentarlo.

“El secretario antidroga de la ONU habla dando una de cal y otra de arena. Por un lado, admite que la prohibición mundial de las drogas desestabiliza gobiernos, aumenta la violencia y destruye vidas”, dijo Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la organización Drug Policy Alliance. “Pero, por el otro lado, expone argumentos simplistas que dispensan la necesidad de un debate serio sobre las políticas de drogas alternativas. El informe presupone erróneamente que la prohibición representa la forma cabal de fiscalización cuando, en verdad, representa la renuncia a ella”, añadió Nadelmann.

“Antonio Maria Costa, el ‘secretario antidroga’ del mundo, quiere hacerle creer que el movimiento pro legalización pide la abolición de la fiscalización de las drogas”, dijo Jack Cole, director ejecutivo de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP, por sus siglas en inglés) y detective antidroga encubierto retirado. “Por el contrario, exigimos que los gobiernos reemplacen la política fracasada de la prohibición por un sistema que realmente reglamente y fiscalice las drogas, incluso su pureza, sus precios y también a quienes las producen y a quienes se las puede vender. No puede haber fiscalización efectiva bajo la prohibición, como lo deberíamos haber aprendido con nuestro experimento fallido con el alcohol en EE. UU. entre 1920 y 1933”.

LEAP quiere seguir dialogando y quiere que los ciudadanos de todo el mundo le digan a la ONUDD qué piensan. “Pedimos a la gente que acceda a http://www.DrugWarDebate.com, donde pueden enviar un mensaje al ‘secretario antidroga’ mundial para concienciarlo respecto a los efectos de las políticas que debería estar encabezando”, dijo Cole. “Ya es hora de actuar. Claro está que los prohibicionistas están preocupados por el rápido aumento de la influencia política de los reformadores cuando nos atacan en la página uno de su informe anual, pero ni siquiera aluden a nosotros en el del año anterior”.

Tras ignorar a los críticos antiprohibicionistas durante años – el movimiento pro legalización ni siquiera fue mencionado en el informe del año pasado – la burocracia antidroga mundial se ha puesto a pelear de golpe y porrazo. Costa ha expuesto sus razones en favor de una prohibición de las drogas más lista y mejor y sus argumentos merecen ser tratados con seriedad.

Pero como bien señalara Mohandas Gandhi, el exitoso líder de un movimiento social no violento: “Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan, entonces ganas”. Parece que la lucha antiprohibicionista se encuentra ahora en su penúltima etapa.

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