Marihuana: Iniciativa de Oregón para regular ventas empieza a recolectar firmas

Oregón ya ha despenalizado la tenencia de marihuana y promulgado el segundo programa estadual de marihuana medicinal más grande de EE.UU. y ahora algunos activistas oregoneses están listos para avanzar aún más. Esta semana, empezó la recolección de firmas para la Ley de Tributación del Cannabis de Oregón [Oregon Cannabis Tax Act (OCTA, por su sigla en inglés)], la cual estipularía que se vendiera marihuana en tiendas minoristas, entre otras cosas.

De acuerdo con los patrocinadores de la iniciativa, la ley estipularía “regular y tributar las ventas a adultos; autorizar el cultivo de la droga para la venta en tiendas de bebidas alcohólicas para consumo externo y negocios exclusivamente para adultos; permitir que adultos cultiven su propia marihuana y los agricultores cultiven cáñamo industrial sin autorización; y dejar que médicos receten cannabis exonerado de impuestos a pacientes que sufran de una variedad de enfermedades y lesiones”.

D. Paul Stanford de la Campaign for the Restoration and Regulation of Hemp (CRRH, por su sigla en ingles) y Madeline Martínez, directora de la NORML Oregón encabezan la labor en favor de la iniciativa. Falta ver si otros elementos de la comunidad pro marihuana a veces díscola del estado van a adherir.

Partes de la comunidad han estado a la defensiva mientras se alistaban para rechazar un ataque contra la Ley de Marihuana Medicinal de Oregón [Oregon Medical Marijuana Act (OMMA, por su sigla en inglés)] de parte de Kevin Mannix, el especialista conservador en iniciativas de combate contra la criminalidad. Pero recientemente Mannix desistió de la agresión contra la OMMA, al menos por ahora, y Stanford y Martínez están listos para pasar con facilidad por la brecha.

Los organizadores necesitan 80.000 firmas para llevar la medida a votación en las elecciones de noviembre de 2010. Dicen que ella va a generar millones de dólares al año para el fondo general del estado a través de las ventas a adultos. Se invertirían los ingresos adicionales oriundos de los impuestos sobre la marihuana en programas de tratamiento de la toxicomanía.