Reportaje: Corte Suprema de Columbia Británica decide que inyectorio de Vancouver siga abierto y ley federal antidroga que lo rige es inconstitucional

El martes, en un fallo que aturdió y sorprendió muy placenteramente a los militantes del InSite, el inyectorio de Vancouver, la Corte Suprema de Columbia Británica sostuvo que puede permanecer abierto indefinidamente. La legislación federal antidroga de Canadá es inconstitucional cuando se la aplica al InSite porque entra en conflicto con la Carta de Derechos y Libertades y porque cuestiones de sanidad son de responsabilidad provincial, sustentó el tribunal.

El futuro del InSite ha sido una amarga lucha política entre el gobierno federal conservador del primer ministro Stephen Harper y los reduccionistas de daños, científicos, académicos especialistas y amplios segmentos de la comunidad de Vancouver, incluso el alcalde Sam Sullivan y la Secretaría de Sanidad de la provincia de Columbia Británica. Iniciado em 2003 en el gobierno Harper, el InSite ha estado cojeando con una serie de exenciones temporales de la legislación antidroga de Canadá. La última caducaría el 30 de junio y había una campaña en plena actividad para salvarlo cuando el tribunal puso las cuestiones en debate.

Mientras la lucha política se cocía, algunos actores buscaban recurso en la Justicia. Representados por el abogado John Conroy de Vancouver, la Sociedad Hotelera de Portland, que administra el InSite para la Secretaría de Salud de Columbia Británica, y la Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU, por su sigla en inglés) interpusieron una demanda en los tribunales provinciales en busca de protección para el local y en particular para los trabajadores del lugar que podían correr riesgo conforme a la legislación antidroga federal. Al imponer una prohibición absoluta e indiscriminada de la tenencia de sustancias controladas, la ley impedía el acceso al InSite y a sus servicios de salud. Era una expansión inadecuada del gobierno federal en lo que debería ser una esfera provincial, argumentaron. Fue esta demanda que resultó en la victoria del martes.

En su fallo en PHS Community Services Society vs. Ministro de Justicia de Canadá, el ministro Ian Pitfield declaró parte de la Ley de Drogas y Sustancias Controladas [Controlled Drugs and Substances Act (CDSA, por su sigla en inglés)] inconstitucional y nula de pleno derecho y le dio a Ottawa un año para rectificar la ley para que no interfiera en el tratamiento médico. Mientras tanto, Pitsfield declaró, el InSite está constitucionalmente exento de la legislación antidroga.

“A mi juicio”, escribió Pitfield, “la sección 4(1) de la CDSA, que se aplica a la tenencia para todo propósito sin discriminación ni diferenciación en su efecto, es arbitraria. En particular, prohíbe el suministro de la adicción y sus riesgos relacionados en el InSite. Trata de la misma manera todo consumo de sustancias controladas, ya sean adictivas o no y ya vengan de parte de un adicto o no. En vez de estar racionalmente conectada con una aprehensión razonable del daño, la prohibición generalizada contribuye con el mismo daño que busca prevenir. Es inconsistente con el interés del estado en fomentar la salud individual y comunitaria y en prevenir la muerte y la enfermedad”.

La legislación antidroga prohíbe a los adictos de recibir asistencia sanitaria que podía reducir sus probabilidades de sobredosis o muerte por enfermedad contagiosa y eso infringe sus derechos según la Carta, escribió Pitsfield. “Aunque los consumidores no se valgan del InSite para tratar directamente su adicción, reciben servicios y asistencia en el InSite que reducen el riesgo de sobredosis, lo que es una característica de su enfermedad, evitan el riesgo de contagiarse o de contagiar a otros por la inyección y logran acceso a asesoramiento y consulta que pueden resultar en abstinencia y rehabilitación”, dijo. “Todo esto es asistencia sanitaria”.

Él observó que a la gente que toma alcohol o fuma tabaco en cantidades excesivas no se le niega tratamiento. “No veo ningún motivo racional o lógico por el cual el abordaje deba ser diferente cuando se lidie con la adicción a estupefacientes”, escribió. “Simplemente no puedo estar de acuerdo con la opinión de Canadá de que un adicto debe alimentar su adicción en un ambiente inseguro cuando un ambiente seguro que puede conducir a la rehabilitación es la alternativa”.

Los militantes del InSite, que lucharon años para crearlo, luego más una vez para mantenerlo funcionando en vista de la oposición ideológica de los conservadores, vacilaron entre el éxtasis y la descreencia. “Quiero llorar de tanta felicidad”, le dijo Liz Evans, una de las directoras de la PHS, al Vancouver Sun.

“Es una victoria considerable para la gente en nuestra comunidad”, dijo la parlamentaria provincial Jenny Kwan del Nuevo Partido Democrático (NDP, por su sigla en inglés), en cuyo distrito se ubica el InSite.

La parlamentaria Libby Davies del NDP, quien representa el distrito en el ámbito federal, pasó a la ofensiva en Ottawa el miércoles. “Sr. Presidente, ayer el fallo de la Corte Suprema de Columbia Británica deja clarísimo que el InSite, el inyectorio supervisado a este de Vancouver, es una instalación sanitaria”, dijo durante la investigación parlamentaria. “La decisión también aclara que cerrar el InSite sería ‘inconsistente con el interés del estado en fomentar la salud individual y comunitaria y en prevenir la muerte y la enfermedad’. ¿Será que hoy el ministro de Sanidad puede asegurar a la Cámara de que su gobierno conservador va a observar la decisión del tribunal y no recurrir en este caso importante?”

Aunque el ministro Tony Clement de Sanidad negara cualquier responsabilidad por cualquier decisión respecto a un recurso, dejó saber que su gobierno no estaba contento. “Estamos decepcionados con el juicio”, contestó. “No estamos de acuerdo con el juicio. Por supuesto que vemos qué vamos a hacer y le diría a la Cámara que nosotros, de este lado de la Cámara, sí nos importa tratar a los drogadictos que necesiten nuestra ayuda. Para empezar, nos importa impedir que las personas, especialmente nuestros jóvenes, devengan drogadictos. Ésa es nuestra manera de reducir el daño en nuestra sociedad y tenemos orgullo de llevar ese mensaje al pueblo de Canadá”.

“Si el ministro de Sanidad afirma que le importa la gente que consume drogas y los problemas que enfrenta, entonces respetará la decisión del tribunal”, replicó Davies. “Las conclusiones médicas, científicas y ahora legales simplemente no podían ser más claras. El InSite es una instalación que salva vidas y la reducción de daños es un componente esencial de la estrategia de drogas de Canadá. ¿Cuándo será que el ministro va a dejar su postura ideológica personal a un lado, respetar la decisión del tribunal y ponerse a trabajar en el cambio de las leyes de Canadá sobre las drogas para permitir el acceso a instalaciones sanitarias como el InSite? ¿Cuándo va a hacerlo? Se demora demasiado”.

Clement no contestó, salvo para decir: “Aquí estamos para ayudar a nuestros niños, impedirlos de consumir drogas, para empezar. Aquí estamos para ayudar a los adictos”.

Si quiere auxiliarlos, Clement debería parar de oponerse al inyectorio, dijo la Red Jurídica Canadiense VIH/Sida. “La corte ha reconocido que no se puede penalizar las drogas y a los usuarios negándoles los beneficios de una instalación sanitaria como el InSite y que hacerlo violaría los derechos constitucionales de algunos de los más vulnerables y carentes de dichos servicios de salud”, dijo Richard Elliott, el director ejecutivo de la red.

“Es tiempo de terminar con la palabrería y la distracción que hemos visto hasta el momento”, dijo Elliott. “Las pruebas son muchas y muestran los beneficios de dichas instalaciones sanitarias, incluso en la reducción de la conducta inyectora que corre el riesgo de transmitir VIH y hepatitis C. No se puede permitir que la ideología bloquee el suministro de servicios sanitarios y perpetúe una crisis de salud pública”.

Actualización: El jueves pasado el gobierno anunció que iba a recurrir de la decisión.