En su último ejemplo de vigilancia policíaca fanática que salió mal, un integrante del equipo SWAT de la policía de Lima en Ohío mató a tiros a una joven madre e hirió al niño que sujetaba en sus brazos durante una redada con miras al novio de la mujer, quien presuntamente estaba vendiendo drogas desde la residencia. El viernes pasado, Tarika Wilson, 26, fue muerta con dos tiros en un cuarto en el piso superior por el sargento Joseph Chevalia de la policía de Lima. Su hijo de un año, Sincere, también fue baleado, bien como dos pit bulls que estaban en la casa. El niño perdió su dedo índice izquierdo, pero no corre riesgo de vida. Uno de los pit bulls fue muerto.

Desde la semana del incidente, la policía de Lima no ha dado ningún detalle sobre lo que llevó a los disparos, salvo para decir que estaban ejecutando una orden de registro de drogas para el novio de Wilson, Anthony Terry. Terry fue preso en el sitio y acusado de tenencia de piedra de cocaína, que fue encontrada en la casa junto con marihuana.

Sin embargo, la policía sí llegó a pedir disculpas preventivamente. “Ésta es una situación terrible que fue el resultado de una situación peligrosísima que sucede cuando se ejecuta una orden de registro de alto riesgo”, dijo George Garlock, el jefe de policía de Lima.

Garlock no explicó qué volvía la orden de registro algo “de alto riesgo” ni explicó por qué mandó a un equipo de la SWAT a allanar un hogar en que los policías sabían que había niños presentes. Además de su hijo de un año, Wilson era madre de cinco otros que tenían entre 3 y 8 años y vivían en la casa.

Los oficiales botaron por lo menos una granada de aturdimiento antes de atacar la residencia, pero la explosión sucedió afuera porque sabían que había niños presentes. “En razón de la posibilidad de haber niños allá, no fueron propulsadas adentro”, dijo Garlock.

La policía de Lima ha entregado la investigación del incidente a la Agencia de Identificación e Investigación Criminal de Ohío porque los disparos involucraron a un policía limeño. Se espera que dure varias semanas.

A mediados de la semana, el FBI anunció que iba a sumarse a la investigación. Pero familiares y vecinos enfadados no van a esperar respuestas. Una muchedumbre de más de 300 personas marcharon con familiares de un centro comunitario al hogar en que ocurrió la matanza para expresar su indignación y de ahí a la comisaría.

“Acuérdense del bebe hospitalizado y de la mujer que está siendo diseccionada porque la policía de Lima se pasó de la raya”, le dijo Brenda Johnson, directora ejecutiva del centro comunitario, a la muchedumbre antes de empezar la marcha. La Sra. Johnson dijo que era irresponsable que la policía allanara un hogar con tantos niños adentro. “De esta vez fue el hijo de otra persona”, dijo. “La próxima vez puede ser su hijo, su nieto”.

De acuerdo con Junior Cook, vecino y primo de Wilson, la policía “derribó la puerta y empezó a disparar”. Él también negó que Terry vendiera drogas en la casa. “Nadie nunca vino y llamó a esa puerta ni compró drogas allí”, dijo Cook.

“No todos los policías son malos. Algunos de ellos tienen hijos”, le dijo el pastor Arnold Manley de la Iglesia Baptista Pilgrim Rest a la muchedumbre. “Pero la mayoría de los de Lima lo son”.

Residentes y activistas comunitarios han prometido marchas todos los sábados hasta que se haga justicia. El lunes, más de 200 de ellos comparecieron a una reunión acalorada con policías y el concejo municipal para exigir providencias.

“¿El hombre que le disparó no es sospechoso? ¿Y si fuera yo?” gritó Quintel Wilson, el hermano de la víctima. “¿Adónde estaría? Preso. ¡Sin fianza! Víctima es la palabra aquí”.

“Vamos a providenciar que se haga justicia”, dijo el obispo Richard Cox, funcionario de la Conferencia de los Líderes Cristianos del Sur.

El concejal Tommy Pitts, presidente del comité de servicios de seguridad del concejo, dijo que hace mucho que la policía de Lima ha blanqueado a los negros. “Eso no me sorprende”, dijo sobre los disparos.

Que el recurso a equipos SWAT paramilitarizados y fuertemente armados para ejecutar órdenes rutinarias de registro de drogas pueda resultar en bajas civiles no debería sorprender a nadie que acompaña su empleo. En 2006, Radley Balko, analista del Instituto Catón, presentó un informe confiable sobre el tema, Overkill: The Rise of Paramilitary Police Raids in America, que mostraba decenas de casos de personas muertas o maltratadas durante dichas redadas.

Los allanamientos siguen pese a la pequeña señal de apoyo público que tienen. El octubre pasado, la StoptheDrugWar.org (publicadora de este boletín) encargó una encuesta Zogby que descubrió que dos tercios se oponen al empleo de equipos a la SWAT en redadas antidrogas rutinarias. Ahora, desde Ohío, viene más una razón para estar en su contra.