Los jueces del principal Foro Criminal de Chicago en la Calle 26 con California oyen unos 28.000 casos en materia criminal al año, con cada juez escuchando cerca de 800, o cerca de cuatro por juez por día de trabajo. Acusaciones no violentas relacionadas con las drogas son más de mitad de ellos, de acuerdo con un informe recientemente lanzado por el Chicago Appleseed Fund for Social Justice, una organización de investigación y apoyo dedicada a la justicia social y a la eficacia gubernamental, especialmente por lo que respecta al sistema de justicia penal. El atascamiento de los tribunales con infractores de baja gravedad de la legislación antidroga es un factor de suma importancia en un sistema de justicia penal gravemente problemático, concluye el informe.

[inline:cookcountycourthouse.jpg align=right caption="el foro de la Comarca de Cook (chicagopc.info)"]Con base en más de 100 entrevistas con profesionales del sistema de justicia penal, más de 160 horas de observación en la sala de justicia de más de 500 procesos, entrevistas con víctimas, reos, testigos y familiares y sondeos de jueces, fiscales y abogados de oficio, “Un informe sobre los tribunales de justicia en materia penal de Chicago” [A Report on Chicago's Felony Courts] es una mirada minuciosa, abarcadora y reveladora a la manera por la cual se hace justicia en una de las ciudades más grandes de los EE.UU.

“El puro volumen de casos en los juzgados en materia penal de Chicago abruma a los jueces, fiscales y abogados de oficio”, señala el informe en la primera frase de su sumario ejecutivo. Tras enumerar las dimensiones de la crisis, los autores del informe pasan a hacer una serie de hallazgos y recomendaciones con miras a todos, de la legislatura estadual (ella “ha sobrecargado a los juzgados en materia penal al aprobar leyes penales sin tomar las costas, el impacto o los recursos en consideración” y debería parar de hacerlo) y la Cámara Comarcal de Cook (paren de utilizar los tribunales para patrocinio, denles recursos suficientes) a los administradores del juzgado de la Calle 26 (aumenten en profesionalismo, mejoren las instalaciones).

Pero el grueso de las recomendaciones del informe está dedicado a tratar de infractores no violentos de la legislación antidroga. Como señalaron los autores al describir el problema: “Las acusaciones de delitos no violentos relacionados con las drogas son más de la mitad de los casos. Cuando se pidió que identificara cambios que desearía ver en el sistema de justicia penal, más de un tercio de los profesionales se concentraron en los casos de delitos de drogas. Hubo una frustración casi unánime: ‘Los casos de delitos de drogas han lisiado al sistema’, dijo un fiscal. Otro dijo: ‘Nos hemos vuelto un molino manufacturero, preocupados apenas con la disposición del caso. No hay consideración suficiente de si la persona necesita ser presa o si necesita otra tentativa de rehabilitación’. Se trata del volumen de enjuiciamientos por drogas a través de acuerdos de confesión en cadena de montaje. Hay un sentimiento de la triste realidad entre los trabajadores de la sala de justicia respecto a la incapacidad del sistema de rehabilitar a adictos, pero no hay consenso sobre como hacerse cargo de la toxicomanía. Muchos jueces creen que los programas alternativos de tratamiento existentes son ineficientes. Otro fiscal dijo que el sistema ‘no tiene opción’ sino reducir infractores a prisión.

“A causa de las restrictas opciones de condenación”, prosiguieron los autores, “fiscales y jueces intentan evitar tratar estos casos de delitos de drogas como crímenes, especialmente para infractores primerizos. ‘Normalmente, la gente acusada por tenencia de pequeñas cantidades se va en razón del número de casos’, observa un fiscal, ‘y esos son los casos que deberían estar recibiendo alternativas de tratamiento’. También hay un fuerte incentivo para que los reos se confiesen culpables de acusaciones de delitos de drogas para evitar sentencias mínimas severas. Aunque la reducción de los cargos en casos que involucren drogas puedan permitir libertad vigilada en vez de pena de prisión, muchos infractores no la cumplen porque el sistema no proporciona la supervisión y rehabilitación necesarias para devolverlos a la sociedad productiva. Un ex fiscal del régimen de libertad vigilada nos dijo que ‘la libertad vigilada para adultos que dé apenas una inspección no supervisada es inútil en cuanto forma de rendir servicios reales’. Los jueces discrepan con relación a imponer las condiciones de la libertad vigilada. Ella no puede funcionar sin un programa bien financiado y aplicado de manera consistente”.

Observando que muchos infractores de la legislación antidroga pueden ser rehabilitados y argumentando que su valor en potencia como miembros productivos de la sociedad merece más flexibilidad, el informe hizo las siguientes recomendaciones:

• Aumentar la financiación y la supervisión del sistema de libertad vigilada;
• Expandir el empleo de organizaciones comunitarias privadas para la libertad vigilada supervisada y rehabilitadora;
• Redefinir a jóvenes infractores no violentos como categoría ‘posjuvenil’ de reos;
• Cancelar los antecedentes criminales después de la finalización exitosa de la libertad vigilada;
• Crear hasta cuatro nuevos juzgados de delitos de drogas dedicados a programas de desviación y tratamiento;
• Se necesitan instalaciones con salas de justicia dedicadas exclusivamente a casos que involucren estupefacientes en los cuales los reos estén aptos para la desviación y casos que envuelvan cuestiones de salud mental;
• Crear, a través de la legislación, un modelo de ajuste a la situación para encargarse de la tenencia de pequeñas cantidades de sustancias controladas [Nota del editor: Un “ajuste a la situación” permite que la policía pueda con un asunto sin involucrar al sistema de justicia, o sea, con una advertencia o encaminamiento a un programa de tratamiento.];
• La idea de las escuelas de desincentivo al consumo de drogas, dirigidas bajo aplazamiento del enjuiciamiento de parte de la fiscalía del estado, debería ser expandida. El Programa de Escuela Juvenil de Concienciación sobre la Droga, eliminado debido a restricciones presupuestarias, debería ser restablecido;
• Aumentar el entrenamiento de abogados defensores, fiscales y jueces sobre la disponibilidad de programas de desviación y tratamiento;
• Al crear legislación, debe prestarse atención a reemplazar las sentencias mínimas obligatorias de cárcel por alternativas de tratamiento y rehabilitación.

Jueces, políticos y legisladores de la región de Chicago han demostrado interés en el informe y en sus hallazgos. Falta ver si ese interés pasa la criba del próximo ciclo de noticias. Mientras tanto, las ruedas de la justicia siguen moliendo en la Ciudad de los Hombros Largos, pero a duras penas.