Esta semana, tanto la Corte Suprema como la Comisión de Penas de los EE.UU. tomaron providencias para reparar iniquidades en la condenación de reos federales de la legislación contra la piedra de cocaína, pero los cambios en la condenación serán apenas marginales salvo si el Congreso hace algo para enmendar o deshacer las sentencias mínimas que ha ordenado para el crack. Varios proyectos en ese sentido están pendientes, pero el Congreso aún tiene que tomar providencias respecto a ellos.

[inline:karen-garrison.jpg align=right caption="Karen Garrison, con la foto de sus hijos Lawrence y Lamont, estudiantes inocentes condenados por asociación delictuosa relacionada con la piedra y el polvo de cocaína (foto de sentencingproject.org)"]Con todo, las severas políticas de condenación contra la piedra de cocaína que han estado en vigor durante más de dos décadas recibieron un golpe un-dos esta semana. El lunes, la Corte Suprema sostuvo una decisión acerca de las penas de un juez de juzgado de distrito federal de sentenciar a un reo por crack a una condena bien debajo de las directrices federales de condenación. Al día siguiente, la Comisión de Penas anunció que su decisión anterior de reducir las sentencias para el crack se aplicaría a casi 20.000 reclusos federales que cumplen pena por cargos relacionados con la piedra de cocaína.

En la Corte Suprema, los ministros votaron por 7 a 2 para permitir a jueces federales la discreción de sentenciar a infractores a condenas de prisión bien debajo del abanico punitivo establecido por las directrices federales de condenación. El fallo fue impartido en dos casos, Kimbrough vs. EE.UU. y Gall vs. EE.UU.. Las decisiones ofrecen orientación importante a jueces federales que hayan estado luchando contra cuestiones de condenación desde que la Corte Suprema sostuvo en 2005 que las directrices federales de condenación ya no eran obligatorias, sino solamente accesorias.

En el primer caso, el juez de primera instancia sentenció al narcotraficante condenado Derrick Kimbrough a 10 años por su delito de drogas aunque las directrices exigieran una condena de 14 a 17 años y medio. Aquel juez las llamó “ridículas” y “claramente inadecuadas” cuando aplicadas a Kimbrough. Un tribunal federal de apelaciones en Richmond rescindió la sentencia, declarando que una condena tan debajo de las normas era irrazonable. Pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo.

“El juzgado de distrito apuntó directamente a las circunstancias particulares del caso de Kimbrough y otorgó peso a la opinión coherente y enfática de la Comisión de Penas de que la disparidad entre la piedra y el polvo de cocaína está en desacuerdo con [la ley federal de condenación]”, escribió la ministra Ruth Bader Ginsburg por la mayoría.

En su fallo en Kimbrough, la ministra Ginsburg señaló la polémica corriente respecto a la disparidad en las condenas para la piedra y el polvo de cocaína – es necesario que haya 100 veces la misma cantidad de piedra para que el polvo ocasione condenas mínimas obligatorias – y escribió que los jueces pueden tenerlo presente cuando condenen a reos por crack. “En vista de todo eso”, escribió, “no sería un abuso de discreción que un juzgado de distrito concluya, cuando condene a un reo en particular, que la disparidad entre la piedra y el polvo resulta en una sentencia más larga que lo necesario”.

En el segundo caso, Brian Gall había sido sentenciado a libertad vigilada por su rol en una banda de distribución de éxtasis mientras cursaba la facultad. El juez en el caso citó la breve participación de Gall en la confabulación y su vida honesta desde entonces al apartarse de las reglas condenatorias, que exigían tres años de prisión. Esa sentencia fue rescindida por un tribunal federal de apelaciones en San Luis, el cual sostuvo que el castigo de Gall era irrazonablemente blando. El juez de condena debe mostrar circunstancias extraordinarias para justificar tal sentencia, sostuvo el tribunal de apelaciones. Eso no es necesario, dijo la Corte Suprema.

“Un tribunal de apelaciones puede tomar en cuenta el grado de discrepancia y considerar la extensión del desvío de las directrices, pero no puede requerir circunstancias ‘extraordinarias’ o emplear una fórmula matemática rígida”, escribió el ministro John Paul Stevens por la mayoría.

El tribunal de apelaciones “no dio la debida deferencia a la decisión razonada y razonable del juzgado de distrito acerca de la condena”, escribió Stevens.

En conjunto, los dos fallos del lunes crean un nuevo estándar más severo para que los tribunales de apelación anulen las decisiones condenatorias de los jueces. Ahora, el tribunal de apelaciones debe hallar que una condena en particular es irrazonable y que el juez abusó de su discreción al evaluar los factores que resultaron en esa sentencia.

“Hasta la fecha, los casos son las decisiones más claras y fuertes de que los jueces naturales federales pueden ejercer su discreción para tomar sus responsabilidades condenatorias en serio otra vez”, dijo Carmen Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de los Abogados Defensores (NACDL, por la sigla en inglés). “No resta duda de que el cálculo inadecuado de las directrices está en cuestión – individualmente, cuando impuesto en un caso en particular, y, categóricamente, donde la Comisión no haya seguido la orden del Congreso de que la sentencia sea ‘suficiente, pero no más larga que lo necesario’”.

“En una época de incremento de la conciencia pública respecto a las penas excesivas y al tratamiento dispar dentro del sistema judicial, el fallo de hoy que asevera la discreción condenatoria de los jueces es crucial”, dijo Marc Mauer, director ejecutivo de The Sentencing Project. “Sentencias obligatorias duras, particularmente aquéllas para delitos que involucran la piedra de cocaína, han creado una disparidad racial injusta y castigos excesivos para delitos de poca gravedad”.

“Esta decisión aclara que los jueces federales tienen el derecho de votar en conciencia y de ignorar las directrices condenatorias que sean racistas, inicuas o crueles”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “El fallo reducirá disparidades raciales en el sistema de justicia penal y ojalá les transmita a los fiscales federales la idea de que deberían parar de desperdiciar recursos con infractores no violentos de menor entidad a causa de la piedra de cocaína y, al contrario, concentrarse en desbaratar a las mafias”.

El martes, le tocó a la Comisión de Penas darle una paliza a las sentencias para el crack. En noviembre, ella enmendó las directrices de condenación para la piedra de cocaína para reducir las sentencias medias de 10 años y un mes para ocho años y 10 meses, pero la cuestión clave para activistas, reformadores y para prisioneros y sus familias era saber si el cambio en las normas sería retroactivo. El martes, la comisión anunció que sí.

“La retroactividad de la enmienda sobre la piedra de cocaína entrará en vigor el 03 de marzo de 2008”, dijo la comisión. “No todos los infractores de la legislación contra la piedra de cocaína estarán aptos para una condena más baja conforme a la decisión. Un juez federal de condena tomará la determinación final de concederle o no al infractor una sentencia más baja y en cuanto debería ser disminuida. Esa determinación será tomada apenas después de considerar muchos factores, inclusive la orden de la comisión de ponderar si la reducción de la condena del infractor supondría un peligro a la seguridad pública. Además, se anticipa que el impacto total ocurra de grado en grado a lo largo de aproximadamente 30 años, debido a la naturaleza limitada de la enmienda a las directrices y al hecho de que muchos infractores por piedra de cocaína aún van a requerir, según la legislación federal, cumplir sentencias obligatorias de cinco o diez años en razón de la cantidad de crack involucrada en sus delitos”.

“En su cerne, ésta es una cuestión de equidad”, dijo un integrante de la comisión, el juez William K. Sessions III del Juzgado de Distrito de los Estados Unidos en Vermont. “Este día es histórico. Este sistema de justicia es y siempre debe ser ciego para el color”.

Con la retroactividad, unos 19.500 infractores por crack actualmente presos podrán solicitar reducciones de sentencia. De acuerdo con la comisión, los prisioneros aptos pueden esperar una reducción media de 17% en sus condenas y unos 3.800 estarán aptos para puesta en libertad hasta el fin de 2008, aunque eso no les sea asegurado. Pero, enfatizó la comisión, en última instancia, las reducciones dependerán de los jueces de condena, que tendrán amplia discreción para decidir quienes van a recibir el indulto.

El senador Edward Kennedy (D-MA), presidente del Comité de Sanidad, Educación, Trabajo y Pensiones, dijo que estaba satisfecho con la acción de la comisión. “Cerca de 20.000 infractores no violentos de la legislación antidroga de menor entidad estarán aptos para la reducción en las excesivas condenas de prisión que recibieron en el pasado a causa de la disparidad inaceptable en las directrices condenatorias entre los delitos de piedra y polvo de cocaína”, dijo Kennedy. “Aquellos que infringen la ley merecen ser castigados, pero nuestro sistema dice que el castigo debe ser proporcionado y justo. La actual disparidad condenatoria entre la piedra y el polvo de cocaína no es ninguno de los dos”.

“La Comisión de Penas tomó la decisión dura, pero justa de remediar la injusticia, mostrando coraje y liderazgo en la aplicación retroactiva de las directrices. Claramente, la justicia no debería ser activada en la fecha en que un individuo es sentenciado”, dijo Julie Stewart, presidenta y fundadora de la Families Against Mandatory Minimums. “La retroactividad de la directriz para el crack no sólo afecta las vidas de casi 20.000 individuos presos, sino la de miles más – madres, padres, hijas e hijos – quienes esperan ansiosamente que regresen a casa”, dijo Stewart.

Pero aunque tanto la Corte Suprema como la Comisión de Penas hayan tomado providencias para reducir las sentencias severas y dispares asignadas a los infractores por crack, las condenas mínimas obligatorias impuestas por el Congreso para tales delitos quieren decir que estas providencias apenas causarán un impacto marginal sobre la duración de las sentencias y la población carcelaria federal. Apenas el Congreso puede ajustar esas sentencias mínimas obligatorias.

Como señaló un integrante de la comisión, el juez Rubén Castillo del Juzgado de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Norteño de Illinois, la comisión ha recomendado desde 1995 que el Congreso tome providencias para reparar la disparidad en las penas. “Nadie se ha presentado delante de nosotros para justificar la razón de 100 para 1”, dijo el juez Castillo, refiriéndose al dispositivo de la ley federal que impone la misma sentencia mínima de 10 años para tener 50 gramos de piedra y para tener 5.000 gramos de polvo de cocaína.

Se han presentado cuatro proyectos de ley en el Congreso para reducir la disparidad entre piedra y polvo de cocaína – dos de demócratas y dos de republicanos. Dos de los proyectos, presentados por los senadores republicanos Jeff Sessions de Alabama y Orrin Hatch de Utah, reducen la disparidad, pero no la eliminan. El tercero, presentado por el senador demócrata Joe Biden de Delaware, eliminaría la disparidad completamente. Se espera que el Senado realice audiencias sobre la ley en febrero. El diputado demócrata Charles Rangel de Nueva York ha presentado el único proyecto de ley de parte de la Cámara que acabaría con la disparidad al igualar las sentencias para piedra y polvo de cocaína al nivel actual del polvo. El Senado está listo para tener audiencias sobre la cuestión a principios del próximo año. Ninguna ha sido programada en la Cámara y los partidarios de la eliminación de la disparidad dicen que los demócratas de la Cámara están ignorando la cuestión.

“El obstáculo más grande a la eliminación de la disparidad racista entre el polvo y la piedra no es el Gobierno Bush o la ley, son los líderes demócratas en la Cámara”, dijo Piper, quien señaló que ellos habían presuntamente impedido a comités tratar de la cuestión. “Aunque la Corte Suprema, la Comisión de Penas y los senadores demócratas y republicanos lleven la reforma adelante, los demócratas en la Cámara ni siquiera quieren realizar audiencias sobre la cuestión. Su silencio en esto les envía la señal a comunidades de todo el país de que a ellos no les importa reducir las disparidades raciales”.