Un informe lanzado el martes por el Justice Policy Institute ha descubierto que casi todas las comarcas más populosas del país prendían a negros por delitos de drogas a un índice más alto que a los blancos. De las 198 comarcas examinadas en el informe, 193 de ellas, o 97%, mostraron disparidades raciales en las condenas.

El informe, “El vórtice: El impacto racial concentrado del encarcelamiento por delitos de drogas y las características de las comarcas punitivas” [The Vortex: The Concentrated Racial Impact of Drug Imprisonment and the Characteristics of Punitive Counties], descubrió que comarcas con índices más altos de pobreza y presupuestos policíacos o judiciales más grandes prenden a la gente por delitos de drogas en índices más altos que las que no los tienen. Esas relaciones se mantuvieron quier la comarca tuviera un alto índice de criminalidad o no.

Las cinco comarcas con las disparidades raciales más altas son, por orden de clasificación: la Comarca de Foryth (Winston-Salem) en Carolina del Norte; la Comarca de Onondaga (Siracusa) en Nueva York; la Comarca de Dane (Madison) en Wisconsin; la Comarca de Kane (suburbios de Chicago oeste) en Illinois; y la Comarca de Westmoreland (este de Pittsburgh) en Pensilvania.

Entre los hallazgos importantes:

• Aunque decenas de millones de personas consuman drogas ilícitas, las respuestas de prisión y vigilancia policíaca al comportamiento relacionado con las drogas causa un impacto concentrado sobre un subgrupo de la población. En 2002, hubo 19.5 millones de usuarios de drogas ilícitas, 1.5 millón de arrestos por delitos de drogas y 175.000 personas admitidas a la prisión por un delito de drogas;
• Aunque afroamericanos y blancos consuman y vendan drogas en índices parecidos, es diez veces más probable que los afroamericanos sean presos por delitos de drogas;
• De los 175.000 admitidos a la prisión en todos los Estados Unidos en 2002, más de la mitad era afroamericana, a pesar del hecho de ser menos que 13 por ciento de la población de los EE.UU.;
• No hay relación entre los índices en que la gente es presa por delitos de drogas y los índices en que la gente consume drogas en las comarcas. Por ejemplo, pese a que la Comarca de Rockingham en Nuevo Hampshire tenga un porcentaje más grande de su población informando consumir drogas ilícitas, la Parroquia de Jefferson en Luisiana redujo más gente a prisión por un delito de drogas a un índice 36 veces más grande que el de Rockingham;
• Índices más altos de admisión a la prisión por drogas en las comarcas acompañaban la cantidad de dinero gastado en los sistemas policíaco y judicial, índices más altos de pobreza y desempleo y la proporción de la población afroamericana de la comarca.

“La eliminación exponencial de las personas de color que sufren de toxicomanía de sus comunidades hacia prisiones socava y desestabiliza los barrios – no los deja más seguros”, dijo Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Drug Policy Alliance. “La drogadicción no discrimina, pero nuestras políticas de drogas sí”.

Los investigadores atribuyeron las prácticas policíacas dispares, el tratamiento dispar delante de los tribunales, las leyes de condenación mínima obligatoria para delitos de drogas y las diferencias en la disponibilidad de tratamiento de la drogodependencia para afroamericanos en comparación con blancos como motivos para las disparidades raciales considerables que fueron vistas en los índices de encarcelamiento por delitos de drogas.

“Leyes – como las leyes sobre las drogas – que sean infringidas por un gran porcentaje de la población son particularmente propensas a la represión selectiva”, dijo Phillip Beatty, coautor del estudio. “Los afroamericanos son tan impactados de manera tan desproporcionada porque, en parte, eso puede estar relacionado con las políticas sociales, la cantidad gastada en los sistemas policíaco y judiciario y las prácticas municipales de represión a las drogas”.

Aunque el informe no haga recomendaciones detalladas a las comarcas, los autores sugieren que los legisladores piensen en reformar las políticas de drogas para incluir:

• La desintensificación de la “guerra a las drogas”. Las prácticas de represión a las drogas se concentran en la comunidad afroamericana, pese a las pruebas de que no tengan más probabilidad que sus homólogos blancos de tomar parte en consumo de drogas o conductas de entrega de drogas. Los legisladores municipales, estaduales y federales deben examinar estrictamente las disparidades raciales en los índices municipales de encarcelamiento por delitos de drogas que resulten de estas prácticas y pensar en abordajes alternativas a la reducción del consumo y de las ventas de drogas;
• La consideración cuidadosa de la financiación de la seguridad pública. Aunque los gastos en vigilancia policíaca y judicatura necesiten ser priorizados para ayudar a tratar de los delitos de sangre, otras formas de promover la seguridad pública incluirían inversiones en políticas y servicios de salud pública que reduzcan la pobreza y el desempleo;
• Un cambio en las prácticas probadas de represión a las drogas. Que se reformen las prácticas de represión a las drogas y que se recopilen datos para analizar la equidad de las tácticas y políticas municipales de represión a las drogas.

“En vez de concentrar las labores de la ley en los involucrados con las drogas quienes supongan poca amenaza a la seguridad pública, deberíamos liberar recursos municipales para financiar el tratamiento, la capacitación profesional, la vivienda compasiva y otras estrategias eficaces de seguridad pública”, dijo Jason Ziedenberg, director ejecutivo del Justice Policy Institute.